Martínez Alpañez exige terminar el centro de salud de Lo Pagán.
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado la paralización de las obras del nuevo centro de salud de Lo Pagán y ha exigido al Gobierno autonómico que actúe de inmediato para completar la infraestructura.
Martínez Alpañez realizó estas declaraciones durante una visita a las instalaciones acompañado por el concejal de VOX en San Pedro del Pinatar Ismael Pérez. Ambos comprobaron el estado de un edificio que permanece inacabado y que todavía no puede prestar atención sanitaria.
«Otro ejemplo más de la mala gestión del Partido Popular en la Región de Murcia», ha afirmado el portavoz parlamentario, quien sostiene que los retrasos están perjudicando directamente a los vecinos y obligándolos a continuar utilizando unas instalaciones sanitarias que no responden a las necesidades actuales del municipio.
Una obra anunciada con más de 3,2 millones de euros
El Gobierno regional aprobó en diciembre de 2022 la contratación del nuevo centro de salud con un presupuesto base de licitación de 3.223.318 euros. El proyecto estaba incluido en el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026 y podía recibir cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El objetivo era sustituir el actual consultorio de Lo Pagán, un edificio de dos plantas que la propia Comunidad Autónoma describió como deteriorado debido, entre otros factores, a su proximidad al mar. El proyecto contemplaba levantar el nuevo centro, demoler posteriormente el inmueble antiguo y acondicionar el solar como aparcamiento.
Las obras fueron adjudicadas en marzo de 2023 por 2.900.986 euros y debían ejecutarse en dos fases. El plazo inicial expiraba en noviembre de 2024, aunque posteriormente se concedieron distintas ampliaciones.
El Consejo Jurídico avala la rescisión del contrato
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió el pasado 4 de junio un dictamen favorable a la resolución del contrato por incumplimiento de los plazos de ejecución.
El órgano consultivo concluyó que las obras no habían terminado pese a las ampliaciones concedidas y consideró que el retraso era imputable a la empresa contratista. El dictamen avala la incautación de la garantía definitiva y permite reclamar los daños y perjuicios que puedan superar el importe de esa garantía.
La documentación del expediente señala que el grado de ejecución se situaba aproximadamente en el 70,48 %. También recoge trabajos pendientes y diferentes unidades ejecutadas de manera deficiente, entre ellas elementos de climatización, accesos, ventanas, revestimientos y determinadas instalaciones interiores.
VOX considera que, aunque el incumplimiento contractual se atribuya a la adjudicataria, el Gobierno regional debe asumir responsabilidades políticas por el seguimiento, la planificación y el desenlace de una infraestructura financiada con recursos públicos.
La obra pierde la financiación europea prevista
Martínez Alpañez ha afirmado que la rescisión obligará a devolver «más de tres millones de euros» previstos para el proyecto. Sin embargo, la documentación pública consultada no concreta que deba reintegrarse íntegramente esa cantidad.
El dictamen sí confirma que el retraso obligó a la Consejería de Salud a renunciar a la financiación europea prevista, debido a la imposibilidad de terminar la actuación dentro del periodo exigido por el programa FEDER 2021-2027.
La cantidad de 3,2 millones corresponde al presupuesto base de licitación de la obra, mientras que el contrato terminó adjudicándose por unos 2,9 millones. El expediente no cuantifica el importe exacto de la cofinanciación europea perdida.
Para VOX, la pérdida de esos fondos constituye una consecuencia directa de una gestión que no ha conseguido garantizar el cumplimiento de los plazos ni la apertura del centro.
Los vecinos continúan esperando el nuevo centro
Martínez Alpañez ha lamentado que los residentes de Lo Pagán y San Pedro del Pinatar sigan sin disponer de la infraestructura anunciada, pese a que el proyecto comenzó a tramitarse hace varios años.
«No tenemos los servicios que merecemos y los vecinos de San Pedro del Pinatar lo están pagando», ha manifestado el portavoz de VOX.
La resolución del contrato obligará ahora a liquidar las obras realizadas, revisar las deficiencias existentes y determinar qué actuaciones serán necesarias para finalizar el edificio. También será necesario decidir si los trabajos pendientes se someten a una nueva licitación.
VOX reclama que el Gobierno regional presente públicamente un calendario, explique el coste adicional derivado de la paralización y concrete cuándo podrá entrar en funcionamiento el centro.
VOX acusa al PP de perjudicar a las familias
El portavoz parlamentario sostiene que los retrasos, la pérdida de financiación europea y la necesidad de volver a tramitar parte de las actuaciones terminarán teniendo consecuencias para las cuentas públicas.
«La mala gestión del Partido Popular está perjudicando gravemente los bolsillos de las familias», ha denunciado Martínez Alpañez.
VOX exige que el Ejecutivo autonómico garantice la continuidad de las obras, depure las responsabilidades correspondientes y evite que el centro de salud de Lo Pagán permanezca paralizado de manera indefinida.
La formación mantendrá su presión parlamentaria para que San Pedro del Pinatar disponga cuanto antes de unas instalaciones sanitarias modernas, accesibles y adaptadas a la demanda asistencial del municipio.
España conquista su segunda estrella y la política celebra el título en las redes.
España volvió a tocar el cielo. La selección española se proclamó bicampeona del mundo tras imponerse por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de 2026, disputada en Nueva Jersey. Un gol de Ferran Torres durante la prórroga permitió a La Roja sumar su segunda Copa del Mundo, dieciséis años después del histórico triunfo conseguido en Sudáfrica 2010. La política lo festejaba en las redes.
Francisco González rechaza celebrar el debate de L’Hospitalet en pleno éxodo vacacional.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat ha denunciado la intención del Gobierno local del PSC de convocar el Debate sobre el Estado de la Ciudad el próximo 31 de julio, coincidiendo con el inicio del periodo vacacional de agosto.
La formación considera que celebrar en esa fecha uno de los plenos más relevantes del año reduciría la atención pública, dificultaría la asistencia de vecinos y representantes de las entidades locales y limitaría la repercusión del debate sobre la gestión municipal.
El portavoz de VOX en el consistorio, Francisco Javier González, ha calificado la decisión como una «cacicada» y ha acusado al Ejecutivo municipal de actuar unilateralmente para minimizar el control político y ciudadano.
La web oficial del Ayuntamiento confirma que González forma parte del grupo municipal de VOX, integrado por tres concejales, mientras que el PSC dispone de 13 de los 27 representantes de la corporación. David Quirós continúa ejerciendo como alcalde de L’Hospitalet.
VOX cuestiona la elección del 31 de julio
Francisco González sostiene que la fecha planteada no responde únicamente a una cuestión organizativa, sino a la voluntad de reducir la exposición pública de la gestión del Gobierno socialista.
«Fijar el debate más importante del año el 31 de julio, a las puertas de las vacaciones de agosto, demuestra que el PSC tiene mucho que esconder», ha manifestado el portavoz.
VOX considera que un pleno dedicado a analizar la situación general de L’Hospitalet debe celebrarse en un momento que garantice la mayor atención posible y permita que los ciudadanos conozcan los argumentos del Gobierno y de los grupos de la oposición.
La denuncia difundida por la formación se refiere a la intención del Ejecutivo municipal de convocar el pleno en esa fecha. La convocatoria formal, con su horario y orden del día definitivo, deberá publicarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
Un debate extraordinario sobre la gestión municipal
El Debate sobre el Estado de la Ciudad constituye una sesión extraordinaria centrada en el balance de las políticas municipales, la situación de los barrios y las prioridades del Ayuntamiento.
En ediciones anteriores, como las celebradas en marzo de 2017 y marzo de 2018, el pleno extraordinario tuvo como punto único del orden del día el análisis del estado de L’Hospitalet.
VOX defiende que esta sesión debe servir para evaluar públicamente cuestiones como la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, la vivienda, los servicios sociales y la ejecución de las inversiones municipales.
González considera que situar el debate al final de julio debilitaría su función de rendición de cuentas y favorecería lo que ha denominado un «apagón informativo y social».
«Quieren un pleno fantasma, sin ciudadanos, porque les aterra la realidad», ha afirmado. Esta consideración constituye una valoración política de VOX sobre las intenciones del Gobierno municipal.
Críticas a la gestión del PSC
El portavoz de VOX ha acusado al Ejecutivo de David Quirós de evitar un debate con plena atención vecinal sobre los principales problemas de la ciudad.
La formación pretende utilizar la sesión para cuestionar al Gobierno socialista por la situación de determinados barrios y por sus políticas en materia de seguridad, convivencia, limpieza y gestión del espacio público.
El Ayuntamiento mantiene durante el verano de 2026 un dispositivo especial para prevenir el incivismo y reforzar la convivencia. El plan, activo entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, coordina a la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y distintos servicios municipales.
VOX considera que estas actuaciones no impiden que el Gobierno tenga que responder en el pleno por los problemas que, según la formación, continúan afectando a los vecinos.
«El señor Quirós busca que los ciudadanos no conozcan la degradación, la falta de seguridad y el descontrol que sufre nuestro municipio», ha declarado González.
VOX también se distancia del Partido Popular
El Grupo Municipal VOX ha aprovechado su denuncia para marcar distancias con el Partido Popular y presentarse como la alternativa más firme frente al PSC.
González ha acusado al PP de mantener una oposición débil y de buscar habitualmente acuerdos institucionales con los socialistas y otras fuerzas políticas.
«Asistimos una vez más al teatro de un Partido Popular que finge sorprenderse por el autoritarismo del PSC, cuando siempre busca el acuerdo, la foto y el entendimiento con la izquierda y con el separatismo», ha señalado.
El portavoz considera que esta estrategia impide construir una alternativa clara al Gobierno socialista y facilita que el PSC mantenga el control de la agenda municipal pese a no contar con mayoría absoluta.
Estas afirmaciones forman parte de la posición política de VOX sobre el comportamiento de los restantes grupos de la oposición.
«La única oposición real y firme»
Francisco González ha defendido que VOX mantendrá una oposición frontal a las políticas del PSC cuando considere que perjudican a los vecinos.
«El PP ha elegido ser la muleta dócil del sistema, mientras que VOX se mantiene como la única oposición real y firme al servicio exclusivo de los vecinos», ha afirmado.
El portavoz ha señalado que su grupo acudirá al Debate sobre el Estado de la Ciudad para exponer su diagnóstico sobre L’Hospitalet y reclamar responsabilidades por la gestión municipal, con independencia de la fecha que finalmente se establezca.
VOX sostiene que la fiscalización del Gobierno no debe quedar condicionada por pactos entre partidos ni por decisiones organizativas que reduzcan la difusión de las intervenciones de la oposición.
Una fecha que facilite la participación ciudadana
La formación exige que el pleno se celebre en una jornada que permita la máxima asistencia de representantes vecinales, asociaciones, medios de comunicación y ciudadanos interesados.
VOX reclama que el Gobierno municipal acuerde la fecha con el conjunto de los grupos y publique la convocatoria con antelación suficiente.
También pide que el debate pueda seguirse a través de los canales institucionales y que toda la documentación utilizada por el Ejecutivo para presentar su balance sea accesible públicamente.
González considera que la sesión no puede convertirse en un trámite formal ni celebrarse de manera que su impacto quede reducido por el calendario vacacional.
El Grupo Municipal VOX ha concluido reafirmando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de la gestión del PSC en L’Hospitalet.
Ignacio Arcas denuncia el abandono de Marina de Cope ante la inmigración ilegal.
El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia ha denunciado la falta de medios destinados a la vigilancia del litoral murciano, especialmente en la zona de Marina de Cope, en Águilas, y ha exigido al Gobierno de España un refuerzo inmediato de los recursos humanos, marítimos y tecnológicos.
El portavoz parlamentario de VOX, Rubén Martínez Alpañez, y el diputado regional Ignacio Arcas han reclamado una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para impedir desembarcos clandestinos, localizar embarcaciones de alta velocidad y combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas. Ambos figuran como miembros del Grupo Parlamentario VOX en la actividad oficial de la Asamblea Regional.
Desde Marina de Cope, Arcas ha asegurado que este tramo del litoral se encuentra «abandonado» por el Ministerio del Interior debido, según su valoración, a la insuficiencia de agentes y medios operativos.
«Cada vez son más recurrentes las imágenes de embarcaciones de alta velocidad utilizadas para desembarcar inmigrantes ilegales», ha afirmado el diputado.
VOX reclama vigilancia permanente en Marina de Cope
La formación considera que la extensión y características del litoral de Águilas requieren una vigilancia estable y no únicamente dispositivos puntuales cuando ya se ha producido un desembarco.
VOX pide reforzar las patrullas terrestres y marítimas, mejorar los sistemas de detección y garantizar que los agentes cuenten con embarcaciones, vehículos y recursos tecnológicos suficientes para intervenir con rapidez.
Arcas ha defendido que quienes quieran entrar en España deben hacerlo «cumpliendo los trámites establecidos y de forma regular y ordenada».
La preocupación por la actuación de redes organizadas en la costa de Águilas cuenta con antecedentes recientes. El Ministerio del Interior informó en mayo de 2026 del desmantelamiento de un grupo que presuntamente suministraba combustible a embarcaciones utilizadas para trasladar migrantes. La operación localizó en el litoral aguileño un punto clandestino de almacenamiento de combustible y una embarcación que estaba siendo abastecida después de un desembarco.
Martínez Alpañez denuncia desembarcos clandestinos
Por su parte, Rubén Martínez Alpañez ha advertido de la frecuencia con la que, según VOX, se producen llegadas de embarcaciones a la costa de Águilas y otros puntos de la Región de Murcia.
«Cada día llegan embarcaciones con ilegales a las costas de Águilas», ha afirmado el portavoz parlamentario, quien ha relacionado estos desplazamientos con las organizaciones que obtienen beneficios trasladando personas por el Mediterráneo.
La afirmación sobre la frecuencia diaria de las llegadas constituye una denuncia política de VOX. Los balances públicos del Ministerio del Interior ofrecen datos acumulados sobre inmigración irregular por rutas y territorios amplios, pero no una serie diaria específica de desembarcos en Marina de Cope. El último informe disponible recoge los datos acumulados hasta el 15 de julio de 2026.
VOX reclama que el Gobierno detalle el número de embarcaciones interceptadas, las personas localizadas, las operaciones desarrolladas contra las redes y los efectivos destinados actualmente a la vigilancia del litoral murciano.
Repatriación de las personas que entren irregularmente
Martínez Alpañez ha defendido que las personas que accedan de manera irregular deben ser repatriadas y ha pedido «cerrar la puerta a la inmigración ilegal, a las mafias y a la esclavitud».
La Ley de Extranjería contempla la devolución de quienes pretendan entrar ilegalmente en España. Sin embargo, la medida debe acordarla la autoridad gubernativa competente y está sujeta a garantías y excepciones. Cuando se presenta una solicitud de protección internacional, la devolución no puede ejecutarse hasta que se resuelva su admisión a trámite.
Por tanto, la petición general de repatriar a todas las personas que entren irregularmente representa la posición política de VOX, mientras que su aplicación debe realizarse de manera individualizada y respetando la legislación de extranjería, asilo y protección internacional.
Reagrupación familiar de los menores en origen
El portavoz de VOX también se ha referido a los menores que llegan acompañados de sus progenitores y ha defendido que las familias sean repatriadas conjuntamente.
«Si son niños, con sus padres», ha señalado Martínez Alpañez, quien ha reclamado procedimientos orientados a preservar la unidad familiar en el país de origen.
En el caso de los menores no acompañados, la legislación establece que deben quedar bajo la protección de la comunidad autónoma correspondiente. La Administración General del Estado es la encargada de tramitar una eventual repatriación, después de analizar las circunstancias familiares, escuchar al menor y recabar los informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal. Cualquier retorno debe responder al interés superior del menor y puede realizarse mediante reagrupación familiar o entrega a los servicios de protección del país de origen cuando existan condiciones adecuadas.
VOX considera que las administraciones autonómicas deben colaborar para localizar a las familias y favorecer el retorno al entorno familiar siempre que resulte legalmente posible.
Combate contra las redes de tráfico de personas
Martínez Alpañez y Arcas han insistido en que el refuerzo de las fronteras debe ir acompañado de una actuación policial y judicial más intensa contra quienes organizan las travesías.
El Ministerio del Interior informó recientemente de otra operación internacional contra una organización dedicada al tráfico de personas y drogas entre Argelia y España. A la red se le atribuye la entrada irregular de más de 400 migrantes y su relación con una travesía en la que murieron doce personas.
Para VOX, estas investigaciones demuestran que el control de las costas también permite perseguir a quienes obtienen beneficios económicos poniendo en riesgo la vida de los migrantes.
La formación reclama cooperación con los países de origen y tránsito, intercambio de información policial y mayores recursos para investigar a las organizaciones que operan en el Mediterráneo.
Más agentes y medios para proteger el litoral murciano
VOX pedirá al Gobierno de España que explique qué medios están desplegados en Águilas, qué refuerzos están previstos y qué estrategia aplica para impedir nuevos desembarcos clandestinos.
La formación también reclama apoyo para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que intervienen en operaciones de vigilancia, rescate, identificación y persecución de las redes.
Martínez Alpañez y Arcas han concluido que la seguridad de las costas y la lucha contra el tráfico de personas requieren una presencia permanente del Estado, medios materiales suficientes y una política migratoria basada en la entrada legal y ordenada.
VOX mantendrá su exigencia de reforzar la vigilancia en Marina de Cope y en el conjunto del litoral de la Región de Murcia.
Jordi de la Fuente denuncia el despilfarro de subvenciones internacionales.
El Grupo Provincial VOX en la Diputación de Barcelona ha denunciado la pérdida de más de 82.000 euros procedentes de tres subvenciones de cooperación internacional concedidas en 2016 a proyectos desarrollados en Bolivia, Perú y el Líbano.
Según la documentación examinada por la formación, la Administración provincial considera actualmente que las cantidades pendientes de devolución son técnicamente irrecuperables después de varios años de procedimientos administrativos.
VOX sostiene que esta situación evidencia una falta de control sobre el destino y la justificación de unos fondos que pertenecían a los contribuyentes de la provincia. La calificación de las ayudas como un «despilfarro» o como subvenciones a «chiringuitos extranjeros» corresponde a la valoración política de la formación.
El portavoz provincial de VOX, Jordi de la Fuente, ha definido el caso como «un monumento al despilfarro y a la desvergüenza política» y ha reclamado que se determinen las responsabilidades derivadas de la concesión, supervisión y recuperación de las ayudas.
De la Fuente continúa ejerciendo como diputado y portavoz de VOX en la institución provincial.
Tres subvenciones por más de 209.000 euros
Las tres ayudas analizadas alcanzaron conjuntamente los 209.612,40 euros. Se repartieron entre un proyecto de gestión de residuos en Bolivia, otro relacionado con la internacionalización de la ciudad de Lima y un observatorio cultural en la comunidad urbana libanesa de Al-Fayhaa.
Los documentos oficiales consultados confirman tanto la existencia de los proyectos como las cantidades inicialmente aportadas por la Diputación de Barcelona. La afirmación de que más de 82.000 euros han terminado siendo irrecuperables procede de la denuncia formulada por VOX a partir del expediente provincial.
La Diputación mantenía en 2016 una política de cooperación internacional que aquel año concedió 49 subvenciones por un importe total superior a 1,5 millones de euros.
Bolivia: 55.000 euros para asistencia técnica en residuos
La primera subvención ascendió a 55.000 euros y estaba destinada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia para el proyecto denominado «Fortalecimiento institucional en materia de gestión de residuos».
El acuerdo oficial establecía un presupuesto global de 161.000 euros, de los que 55.000 eran aportados por la Diputación de Barcelona. El proyecto incluía asistencia técnica, intercambio de conocimientos, elaboración de instrumentos de planificación, formación y apoyo al desarrollo de las políticas bolivianas sobre residuos.
El documento fue suscrito, entre otros responsables institucionales, por la entonces presidenta de la Diputación, Mercè Conesa; el presidente de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Raül Romeva; y el presidente de la Agencia de Residuos de Cataluña, Josep Rull.
VOX cuestiona que el dinero se destinara fundamentalmente a asistencias técnicas, documentos, formación y desplazamientos, en lugar de financiar infraestructuras directamente perceptibles por los ciudadanos.
No obstante, el convenio oficial definía como finalidad el fortalecimiento de la política pública boliviana sobre residuos, la implantación de sistemas de recogida selectiva y compostaje y la formación de técnicos.
Lima: 84.612,40 euros para diálogo e internacionalización
La segunda ayuda ascendió a 84.612,40 euros y fue concedida a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el proyecto «Consolidación del proceso de diálogo y comunicación ciudadana para la internacionalización de la ciudad de Lima».
La aportación de la Diputación fue aceptada formalmente por las autoridades municipales peruanas. La publicación oficial recoge expresamente la cantidad de 84.612,40 euros y la finalidad del proyecto.
VOX critica que los fondos se utilizaran para actividades de coordinación, comunicación, consultoría y jornadas de debate. La formación considera que estas actuaciones no generaron un retorno concreto para los vecinos de Barcelona y las relaciona con la política de proyección internacional desarrollada por el anterior Gobierno provincial.
Líbano: 70.000 euros para un observatorio cultural
La tercera subvención estuvo vinculada a la creación de un observatorio cultural en la comunidad urbana de Al-Fayhaa, en el entorno de Trípoli, en el Líbano.
El proyecto contaba con un presupuesto de 70.000 euros y se desarrolló con la participación de MedCities y la Diputación de Barcelona. Su objetivo oficial era identificar el potencial cultural de la zona, recopilar información, elaborar inventarios y facilitar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre actores locales.
VOX sostiene que la ayuda terminó financiando estudios, recopilaciones de datos y estructuras administrativas sin repercusión directa para los municipios de la provincia.
La Diputación presentó entonces la iniciativa como un proyecto para proteger el patrimonio y preservar la diversidad cultural de Al-Fayhaa.
VOX exige responsabilidades por la fiscalización
Jordi de la Fuente ha centrado sus críticas no solo en la finalidad de las subvenciones, sino también en el seguimiento realizado posteriormente por la Administración.
«Es intolerable que nos digan ahora, encogiéndose de hombros, que este dinero público es imposible de recuperar por su propia negligencia a la hora de exigir justificaciones y devoluciones», ha manifestado.
La normativa de la Diputación establece que un crédito se considera incobrable cuando no puede hacerse efectivo mediante el procedimiento recaudatorio. Su declaración corresponde al órgano provincial competente y la deuda puede extinguirse definitivamente cuando transcurre el plazo de prescripción sin que haya podido rehabilitarse.
VOX reclama conocer qué controles se realizaron, cuándo se detectaron los incumplimientos, qué cantidades fueron justificadas y qué actuaciones se emprendieron para recuperar el dinero pendiente.
«Ni un solo euro debe volver a perderse»
De la Fuente ha contrapuesto estas subvenciones con las necesidades de los municipios de la provincia en materia de seguridad, infraestructuras, vivienda y servicios públicos.
«Mientras los vecinos sufrían para llegar a fin de mes, los partidos separatistas y sus socios regalaban cientos de miles de euros en consultorías, informes y observatorios en Bolivia, Perú o el Líbano», ha afirmado el portavoz.
VOX exige responsabilidades políticas y técnicas inmediatas y reclama que las subvenciones internacionales sean sometidas a controles más estrictos, con objetivos verificables y mecanismos efectivos de devolución cuando no se justifiquen correctamente.
«Ni un solo euro de los barceloneses debe volver a salir de nuestra provincia para financiar ocurrencias ideológicas mientras nuestros barrios y nuestras infraestructuras sigan abandonados», ha concluido De la Fuente.
Rodríguez Galisteo pide erradicar la prostitución callejera de Piel de Toro.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al Gobierno local una actuación inmediata para abordar la prostitución callejera existente en la calle Piel de Toro y su entorno, reforzar la seguridad y recuperar la normalidad en el espacio público.
El portavoz adjunto de VOX, Fernando Rodríguez Galisteo, sostiene que la situación está afectando a la convivencia, deteriorando la zona y aumentando la sensación de inseguridad entre los vecinos. La formación solicitará un plan específico con medidas concretas, un calendario de ejecución y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.
«Los vecinos llevan demasiado tiempo denunciando una realidad que no puede seguir siendo ignorada por el Ayuntamiento», ha manifestado Rodríguez Galisteo, quien acusa al Gobierno municipal de haber permitido que el problema se prolongue sin ofrecer una respuesta eficaz.
Más presencia de la Policía Local y Nacional
Entre las medidas planteadas, VOX reclama una presencia policial permanente y visible en Piel de Toro, además de una mayor coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional.
Rodríguez Galisteo considera necesario intensificar la vigilancia, identificar posibles actividades delictivas y aplicar de manera rigurosa las ordenanzas municipales vigentes.
«Los sevillanos tienen derecho a vivir en barrios seguros y a disfrutar del espacio público sin sufrir las consecuencias de actividades que alteran la convivencia», ha señalado el concejal.
VOX sostiene que las intervenciones no deben limitarse a actuaciones puntuales, sino mantenerse durante el tiempo necesario para impedir que la actividad vuelva a instalarse en la zona una vez disminuya la vigilancia.
Sevilla ya dispone de una ordenanza específica
La ciudad cuenta con una Ordenanza Municipal para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, aprobada por el Pleno en 2017 y actualmente incluida en la relación oficial de normas municipales. Su finalidad es preservar los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, además de establecer mecanismos de vigilancia, control e inspección.
La regulación contempla normas de conducta en el espacio público, un régimen sancionador y actuaciones municipales de asistencia. También prevé que los servicios competentes proporcionen información y ayuda a las mujeres que se encuentren en contextos de prostitución o explotación sexual, especialmente cuando manifiesten su voluntad de abandonar esa situación.
VOX reclama que esta normativa se aplique de manera continuada en Piel de Toro y que el Ayuntamiento informe de las inspecciones, actuaciones policiales y expedientes desarrollados en la zona.
Un problema denunciado desde hace años
La existencia de prostitución callejera en Piel de Toro no constituye una denuncia reciente. Un acta oficial de la Junta Municipal del Distrito Sur correspondiente a 2019 ya recogía que se trataba de una problemática sin resolver y muy reclamada por la Asociación de Vecinos El Sur.
Para Rodríguez Galisteo, estos antecedentes demuestran que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido ofrecer una solución estable.
La formación pide escuchar a los residentes y comerciantes del entorno para conocer cómo afecta esta actividad a la seguridad, la limpieza, la movilidad y el uso cotidiano de las calles.
Actuación contra las redes de explotación sexual
El portavoz adjunto también ha reclamado firmeza frente a las redes que puedan estar detrás de situaciones de explotación sexual o trata de personas.
VOX solicita reforzar la coordinación policial para detectar posibles delitos, identificar a los responsables y proteger a las mujeres que puedan encontrarse bajo amenazas, coacciones o en una situación de especial vulnerabilidad.
La formación diferencia entre las actuaciones dirigidas contra redes, proxenetas, facilitadores y demandantes, y la atención que deben recibir las posibles víctimas de explotación.
«Combatir la explotación sexual y garantizar la seguridad ciudadana no son objetivos incompatibles; al contrario, forman parte de la obligación de cualquier administración responsable», ha afirmado Rodríguez Galisteo.
La trata con fines de explotación sexual está reconocida legalmente como una forma de violencia sexual y las administraciones públicas deben disponer de protocolos para detectar y atender a sus víctimas.
Asistencia para las mujeres vulnerables
Además del dispositivo policial, VOX reclama recursos para identificar, asistir y proteger a las mujeres que puedan ser víctimas de trata o explotación.
El plan solicitado debería incorporar la intervención de servicios sociales y unidades especializadas, así como la colaboración con entidades capacitadas para ofrecer atención jurídica, psicológica, sanitaria y alternativas de inserción.
La propia ordenanza sevillana contempla programas de intervención y atención, así como subvenciones destinadas a entidades que trabajan con mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Un plan con calendario y evaluación
VOX pedirá al Gobierno municipal que elabore un plan específico para Piel de Toro y su entorno que incluya refuerzo policial, aplicación de las ordenanzas, prevención de delitos, asistencia social y seguimiento periódico.
La formación quiere que el Ayuntamiento establezca responsables, plazos e indicadores que permitan conocer si disminuyen la actividad callejera, los incidentes y las quejas vecinales.
Rodríguez Galisteo insiste en que la respuesta debe combinar la recuperación del espacio público con la protección de las posibles víctimas.
El Grupo Municipal VOX mantendrá su exigencia de una intervención inmediata para devolver la tranquilidad a los vecinos y evitar que Piel de Toro continúe siendo uno de los focos históricos de prostitución callejera de Sevilla.
Lorena González: «Las analíticas no arreglan una depuradora averiada»
El Grupo Provincial VOX en la Diputación de Albacete ha acusado al Gobierno provincial de «hipocresía» por presentar como un gran avance las ayudas destinadas a financiar analíticas de agua potable después de haber rechazado, según la formación, sus propuestas específicas para mantener y reparar las depuradoras municipales.
La Diputación convocó el pasado mes de abril una línea de subvenciones dotada con 300.000 euros para municipios y entidades locales menores de 5.000 habitantes que gestionan directamente el servicio de abastecimiento. En julio se resolvió la concesión a favor de 55 ayuntamientos, con cantidades de entre 3.000 y 6.000 euros por localidad y pago anticipado.
VOX valora positivamente que los pequeños ayuntamientos reciban apoyo para cumplir las obligaciones sanitarias, pero considera que las analíticas únicamente permiten conocer el estado del agua y no solucionan las deficiencias que puedan existir en las infraestructuras.
«Las analíticas son necesarias, pero no limpian el agua ni arreglan una depuradora averiada», ha señalado la portavoz provincial de VOX, Lorena González.
VOX reclama soluciones más allá del diagnóstico
La formación sostiene que garantizar un servicio seguro y eficiente requiere actuar sobre todo el ciclo del agua, desde el abastecimiento hasta el saneamiento y la depuración.
Las ayudas provinciales financian los controles periódicos exigidos por la normativa técnico-sanitaria. La convocatoria permite cubrir los gastos realizados durante 2026 y estableció inicialmente un máximo de 7.500 euros por entidad beneficiaria.
Para González, esta medida resulta útil, pero no puede sustituir las inversiones destinadas a modernizar instalaciones, reparar averías o ayudar a los municipios que no cuentan con recursos técnicos suficientes para gestionar sus estaciones depuradoras de aguas residuales.
«El PSOE se limita a pagar el diagnóstico del problema mientras rechaza las inversiones estructurales necesarias para solucionarlo», ha denunciado la portavoz.
Una moción para conocer el estado de las depuradoras
VOX ya presentó en febrero una moción provincial centrada en la situación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de los municipios de Albacete.
La propuesta planteaba realizar un estudio actualizado sobre el estado de las EDAR, solicitar a la Junta de Comunidades la construcción de nuevas instalaciones donde todavía no existieran y crear una línea provincial de subvenciones para ayudar a los ayuntamientos con su mantenimiento.
La iniciativa advertía especialmente de las dificultades que afrontan las localidades pequeñas, algunas de las cuales disponen de instalaciones que no pueden conservar adecuadamente por falta de financiación, personal especializado o capacidad técnica.
VOX defiende que la Diputación debe asumir una función de asistencia activa porque no se puede exigir a un pequeño ayuntamiento rural el mismo nivel de gestión que a una gran ciudad sin proporcionarle los recursos necesarios.
Una enmienda de 300.000 euros para las EDAR
Lorena González también ha recordado que VOX presentó una enmienda a los Presupuestos provinciales de 2026 para crear una partida específica de 300.000 euros destinada a dotar, mantener y reparar depuradoras municipales.
Según la formación, la denominada enmienda número 10 fue rechazada por el Gobierno provincial.
«Resulta llamativo que el mismo Gobierno que rechazó invertir en las depuradoras pretenda vender ahora como un gran logro una convocatoria que únicamente financia analíticas», ha censurado González.
La portavoz considera incoherente rechazar una partida para actuar sobre las infraestructuras y anunciar posteriormente otra ayuda por el mismo importe destinada exclusivamente a comprobar la calidad del agua.
«Llegan tarde y se quedan muy cortos», ha añadido.
La Diputación mantiene otra línea para el ciclo del agua
La institución provincial señala que, además de las subvenciones para las analíticas, el programa Dipualba Responde Inversiones 2026 reserva 1,5 millones de euros para actuaciones relacionadas con el agua y la retirada de amianto en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Esta convocatoria permite financiar reparaciones en redes municipales e intervenciones vinculadas al conjunto del ciclo del agua. Las ayudas oscilan entre 15.000 y 25.000 euros en función de la población.
VOX sostiene, no obstante, que esta línea general no sustituye una convocatoria específica para las EDAR, porque comparte presupuesto con otras actuaciones y no garantiza que los fondos se destinen al mantenimiento permanente de las depuradoras.
Apoyo técnico y económico para los pueblos
La formación reclama un plan provincial que identifique las instalaciones deterioradas, establezca prioridades de intervención y ayude a los ayuntamientos a contratar personal cualificado o servicios especializados.
González advierte de que una depuradora deficientemente mantenida puede provocar vertidos, daños ambientales, problemas sanitarios y costes económicos superiores para los vecinos.
VOX considera que las localidades rurales necesitan medidas estructurales que permitan prevenir averías y garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales.
«Los vecinos no necesitan titulares ni campañas de autobombo, sino soluciones reales que garanticen un abastecimiento seguro y eficiente», ha concluido la portavoz provincial.
El Grupo Provincial VOX ha anunciado que continuará reclamando una partida específica para las depuradoras y una política hídrica que combine controles sanitarios, mantenimiento preventivo e inversiones en infraestructuras.
Pedro Navarro exige una ordenanza contra el ruido en Alcalá de Guadaíra.
El Grupo Municipal VOX en Alcalá de Guadaíra ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario con la que reclama la aprobación de una ordenanza específica contra la contaminación acústica y más medios materiales para la Policía Local.
La iniciativa tiene como objetivo reforzar la protección del descanso y la salud de los vecinos ante las molestias provocadas por la música, el ruido nocturno y determinadas actividades celebradas en espacios públicos o instalaciones municipales.
El portavoz municipal de VOX, Pedro Navarro, sostiene que Alcalá de Guadaíra carece actualmente de una ordenanza específica que permita adaptar la regulación acústica a las circunstancias y necesidades de la ciudad.
«Es paradójico y lamentable que una ciudad como la nuestra no cuente todavía con una ordenanza específica contra el ruido», ha afirmado Navarro.
Una regulación municipal para proteger el descanso
VOX considera insuficiente depender exclusivamente de la normativa autonómica y reclama que el Ayuntamiento apruebe una regulación propia sobre horarios, inspecciones, emisiones acústicas, actividades en la vía pública y comportamientos que puedan perjudicar la convivencia.
La Ley estatal del Ruido atribuye expresamente a los ayuntamientos la competencia para aprobar ordenanzas municipales sobre esta materia y adaptar su planeamiento urbanístico a la normativa acústica.
En Andalucía, el marco vigente está recogido en el Decreto 50/2025, que sustituyó al anterior Decreto 6/2012. El reglamento autonómico regula la prevención, vigilancia y control del ruido, además de atribuir a los municipios competencias para aprobar ordenanzas y actuar ante ruidos procedentes de la vía pública, actividades domésticas o comportamientos vecinales que superen los límites tolerables.
VOX sostiene que una ordenanza local permitiría establecer criterios más claros para responder a las denuncias vecinales y facilitaría el trabajo de los agentes y técnicos municipales.
Críticas por las molestias durante actividades municipales
Pedro Navarro también ha denunciado que durante los últimos meses se han producido molestias nocturnas relacionadas con actividades organizadas por el propio Ayuntamiento o desarrolladas en instalaciones municipales.
«Se ha permitido música y alboroto hasta altas horas de la madrugada sin que nadie mueva un dedo», ha criticado el portavoz. Esta afirmación corresponde a la valoración y denuncia política realizada por VOX, que no concreta en su comunicado las fechas ni los actos afectados.
Navarro ha precisado que su formación no pretende impedir las actividades culturales, festivas o de ocio, sino establecer unas condiciones que permitan celebrarlas sin perjudicar a quienes viven en las zonas próximas.
«No vamos en contra del ocio, pero exigimos aplicar el sentido común para hacer compatibles estas actividades con la tranquilidad familiar», ha señalado.
La regulación andaluza vigente también busca equilibrar el derecho al descanso con el desarrollo de las actividades económicas, recreativas y sociales, estableciendo límites de emisión, aislamiento acústico y sistemas de control del sonido.
Sonómetros homologados para la Policía Local
Entre las medidas concretas incluidas en la moción, VOX reclama que la Policía Local disponga de sonómetros homologados y de los medios técnicos necesarios para comprobar los niveles de ruido cuando se produzcan denuncias vecinales.
Estos dispositivos permitirían realizar mediciones objetivas, documentar posibles incumplimientos y respaldar las actuaciones administrativas o sancionadoras correspondientes.
El nuevo reglamento andaluz actualizó los procedimientos de medición acústica y reforzó las herramientas de control aplicables a establecimientos, actividades y espacios que generen niveles elevados de ruido.
Para VOX, aprobar una ordenanza sin dotar a los agentes de medios materiales y formación técnica impediría aplicar eficazmente las medidas previstas.
Compatibilizar el ocio con la tranquilidad familiar
La moción pide al Gobierno municipal que adopte las actuaciones necesarias para que las actividades lúdicas, culturales y festivas puedan desarrollarse de manera compatible con la salud y el descanso de los ciudadanos.
VOX reclama una planificación previa de los eventos, límites acústicos claros, horarios razonables, controles durante las actividades y una respuesta efectiva cuando se produzcan quejas.
«Resolver este problema es muy sencillo si se quiere trabajar por la ciudad», ha defendido Navarro, quien considera que el Ayuntamiento debe actuar antes de que las molestias provoquen nuevos conflictos entre vecinos y organizadores.
La propuesta deberá ser debatida y votada por los grupos municipales en el próximo pleno ordinario de Alcalá de Guadaíra.