Wenceslao Font exige medidas urgentes contra los atascos de la A-497.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno que impulse medidas urgentes para aliviar las retenciones que se producen durante el verano en la carretera A-497, principal conexión entre la capital onubense y Punta Umbría.
El portavoz municipal, Wenceslao Font Briones, llevará esta cuestión al próximo Pleno para conocer qué actuaciones tiene previsto promover el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, en coordinación con la Dirección General de Tráfico, la Junta de Andalucía y las demás administraciones implicadas.
Font Briones ejerce como portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva desde 2019. La corporación municipal cuenta actualmente con dos representantes de la formación.
«El Ayuntamiento no puede permanecer al margen de un problema que afecta directamente a la movilidad de la ciudad y a la imagen de Huelva como puerta de entrada al principal destino turístico de la costa onubense», ha afirmado.
Una conexión esencial con la costa occidental
La A-497 forma parte de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y conecta Huelva con Punta Umbría a lo largo de aproximadamente 17 kilómetros. También constituye un enlace fundamental para los desplazamientos hacia Aljaraque, El Portil y otras localidades de la costa occidental.
VOX sostiene que la vía tiene una importancia estratégica tanto para la movilidad cotidiana de los residentes como para la actividad turística, comercial y hostelera de la provincia.
«Es uno de los principales ejes de comunicación de Huelva y una infraestructura esencial para miles de ciudadanos», ha señalado Font Briones.
El portavoz recuerda que durante los meses de verano aumenta considerablemente el número de desplazamientos hacia las playas, especialmente durante los fines de semana y en las horas de salida y regreso.
La propia planificación de tráfico de 2026 incluye el tramo completo de la A-497 entre Huelva y Punta Umbría entre las carreteras sujetas a medidas especiales durante los sábados, domingos y festivos de julio y agosto, entre las 11:00 y las 22:00 horas.
Retenciones que se repiten durante el verano
Font Briones ha lamentado que las retenciones vuelvan a producirse cada temporada estival sin que se hayan ejecutado actuaciones estructurales capaces de solucionar el problema.
Según el portavoz de VOX, en los momentos de mayor afluencia los conductores soportan esperas superiores a media hora, especialmente en el entorno del Puente del Odiel y en los accesos a la capital.
Los incidentes de tráfico agravan especialmente la situación. En abril de 2026, un accidente registrado en la A-497, a la altura de Aljaraque, provocó más de cuarenta minutos de retenciones y una acumulación progresiva de vehículos en el entorno del puente.
VOX ya había alertado anteriormente de que cualquier accidente en esta carretera puede provocar largas colas debido a la elevada intensidad de tráfico y a la falta de alternativas con capacidad suficiente. La formación reclamó en 2025 soluciones para reducir la dependencia del Puente del Odiel y mejorar la conexión con la costa occidental.
Un problema que también afecta a los trabajadores
El Grupo Municipal advierte de que los atascos no perjudican únicamente a quienes se desplazan por motivos de ocio.
Numerosos trabajadores utilizan diariamente la A-497 para acceder a sus empleos en Huelva, Punta Umbría, Aljaraque y otros municipios cercanos. Las retenciones pueden provocar retrasos, aumentar el coste de los desplazamientos y dificultar la conciliación familiar.
Font Briones también ha alertado del incremento del consumo de combustible, la pérdida de productividad y el deterioro de la imagen turística que provoca una entrada a la costa marcada por los atascos.
«No hablamos solamente de molestias para quienes van a la playa, sino de un problema que condiciona la vida diaria de miles de ciudadanos», ha defendido.
El cuello de botella del Puente del Odiel
VOX sitúa uno de los principales puntos problemáticos en el entorno del Puente del Odiel, donde confluyen desplazamientos procedentes de Punta Umbría, Aljaraque y la costa occidental.
La formación considera que la ausencia de itinerarios alternativos con suficiente capacidad provoca que una avería, una colisión o cualquier otra incidencia termine afectando al conjunto de la circulación.
VOX viene reclamando inversiones estructurales en esta zona. Entre sus propuestas anteriores se encuentran estudios para construir un nuevo puente sobre el río Odiel, ampliar las comunicaciones con la costa y analizar el desdoblamiento de otras carreteras metropolitanas conectadas con la A-497.
Font Briones sostiene que estas grandes actuaciones requieren planificación y financiación autonómica, pero considera que el Ayuntamiento debe presionar para que dejen de aplazarse.
Coordinación entre el Ayuntamiento, la Junta y la DGT
La titularidad autonómica de la A-497 implica que las principales obras de ampliación, conservación o transformación de la carretera corresponden a la Junta de Andalucía. La regulación general del tráfico compete a la DGT, mientras que el Ayuntamiento puede intervenir en los accesos urbanos, la información municipal, la movilidad local y la coordinación institucional.
Por este motivo, VOX reclama la creación de un marco estable de colaboración entre las tres administraciones.
El grupo municipal propone estudiar medidas temporales de regulación durante las horas con mayor intensidad, mejorar la coordinación ante accidentes y reforzar los sistemas de información en tiempo real.
También plantea informar previamente a los conductores sobre retenciones, tiempos estimados, incidencias y posibles rutas alternativas mediante paneles, aplicaciones, redes sociales y canales municipales.
Medidas inmediatas mientras llegan las inversiones
VOX considera que las grandes obras no pueden utilizarse como excusa para no adoptar soluciones provisionales.
Font Briones reclama dispositivos especiales durante los fines de semana, planificación ante los horarios de mayor afluencia, retirada rápida de vehículos averiados y una coordinación más eficaz entre los servicios de emergencia y tráfico.
La formación también pide analizar el funcionamiento de los accesos a Huelva y Punta Umbría para determinar si pueden introducirse cambios puntuales en la señalización o en la distribución de los movimientos.
«Mientras no se ejecuten las actuaciones de mayor calado, las administraciones tienen la obligación de reducir en todo lo posible las retenciones», ha afirmado.
VOX llevará la situación al próximo Pleno
El Grupo Municipal preguntará al equipo de Gobierno si tiene previsto promover medidas específicas de coordinación, regulación e información para reducir los atascos estivales.
VOX quiere conocer qué reuniones se han mantenido con la Junta y la DGT, qué propuestas ha trasladado el Ayuntamiento y si existe un plan de actuación para los días con mayor afluencia.
Font Briones también reclamará que el Gobierno municipal concrete los compromisos asumidos por las demás administraciones y los plazos previstos para las inversiones estructurales.
«Huelva no puede resignarse a sufrir cada verano los mismos atascos. El Ayuntamiento debe defender los intereses de los vecinos y liderar la coordinación necesaria para encontrar soluciones», ha concluido.
Sonsoles Peralta exige explicaciones por 22.167 denuncias invalidadas de la ZBE.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para exigir explicaciones por las deficiencias detectadas en el sistema automatizado de control de accesos a la Zona de Bajas Emisiones.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostiene que el elevado número de denuncias invalidadas plantea dudas sobre la correcta integración de las matrículas, los permisos municipales y las excepciones contempladas para determinados vehículos.
Según los datos facilitados por el equipo de Gobierno en comisión y difundidos por la formación, las cámaras de la ZBE generaron 37.850 denuncias entre marzo y junio de 2026. De ellas, 22.167 tuvieron que ser invalidadas, mientras otras continuaban pendientes de revisión. Peralta también ha denunciado que vecinos autorizados habrían recibido notificaciones pese a encontrarse en alguno de los supuestos permitidos.
«El Ayuntamiento no puede obligar a los ovetenses a demostrar su inocencia por los errores de un sistema que ha costado millones de euros», ha afirmado la portavoz.
VOX cuestiona la fiabilidad del sistema automatizado
Para Sonsoles Peralta, las cifras conocidas muestran que el sistema está generando un número excesivo de registros que posteriormente deben ser descartados.
VOX quiere determinar si estos errores se producen durante la lectura de las matrículas, en la consulta de las bases de datos o en el cruce de la información con los permisos y excepciones autorizados por el Ayuntamiento.
«Estos datos evidencian que el sistema está generando un volumen inaceptable de denuncias que posteriormente son invalidadas», ha señalado Peralta.
La formación considera que esta situación contradice la imagen de eficacia que, según sostiene, el Partido Popular había trasladado desde la implantación de la ZBE.
No obstante, la cifra de 22.167 invalidaciones no significa necesariamente que todas ellas llegaran a convertirse en multas notificadas. Parte de estos registros pudo ser descartada durante el proceso previo de comprobación. La denuncia de VOX se centra tanto en ese elevado volumen de propuestas generadas automáticamente como en los casos de ciudadanos que aseguran haber recibido una notificación pese a tener autorizado el acceso.
Vecinos autorizados denuncian sanciones
El grupo municipal asegura haber recibido numerosas consultas de conductores que habrían sido denunciados pese a estar incluidos en excepciones recogidas por la regulación municipal.
Entre los casos trasladados a VOX figuran residentes y empadronados dentro de la ZBE, propietarios de plazas de garaje, titulares de vehículos históricos y clientes que accedieron a aparcamientos autorizados de supermercados situados dentro del área restringida.
Peralta mostró públicamente el cartel de uno de estos aparcamientos y aseguró que habían recibido multas tanto usuarios de estacionamientos permitidos como residentes y personas que trabajan dentro del anillo interior.
«Lo más preocupante es que el ciudadano hace exactamente lo que el Ayuntamiento le dice que puede hacer y, aun así, acaba recibiendo una denuncia», ha manifestado.
La portavoz critica que los afectados tengan que recopilar documentación, formular alegaciones y dedicar tiempo a demostrar que cumplían los requisitos establecidos por el propio Ayuntamiento.
«La Administración debe comprobar antes de sancionar»
VOX sostiene que el procedimiento debe garantizar que las matrículas autorizadas sean identificadas antes de iniciar una actuación sancionadora.
«La Administración tiene la obligación de comprobar antes de sancionar, no de sancionar primero y dejar que sea el vecino quien tenga que demostrar que el Ayuntamiento se ha equivocado», ha afirmado Peralta.
La portavoz reclama que el Gobierno municipal informe de cuántas denuncias fueron invalidadas automáticamente, cuántas se descartaron después de una revisión manual y cuántas llegaron a ser notificadas a sus titulares.
También pide conocer el número de recursos presentados, las alegaciones estimadas y los casos en los que el Ayuntamiento tuvo que anular una sanción después de comprobar que el vehículo estaba autorizado.
Según Peralta, el problema está «complicando la vida» a los ciudadanos pese a la inversión realizada en cámaras y herramientas de control.
Dudas sobre el contrato y la plataforma de gestión
La iniciativa de VOX recuerda que el contrato para implantar el sistema de gestión de la ZBE contemplaba una plataforma capaz de integrar la información necesaria para identificar exenciones, comprobar permisos y validar las denuncias.
Por este motivo, el grupo municipal quiere saber si el sistema está cumpliendo todas las condiciones técnicas previstas y si las bases de datos municipales se actualizan con la rapidez necesaria.
VOX reclama información sobre los mecanismos utilizados para comunicar las matrículas de los aparcamientos autorizados, el tiempo que tarda el sistema en reconocer una autorización y las comprobaciones que se realizan antes de enviar una notificación.
La formación también quiere conocer si se han registrado incidencias técnicas, si la empresa adjudicataria ha recibido advertencias y si el Ayuntamiento contempla exigir correcciones o responsabilidades contractuales.
Una batería de preguntas al Gobierno municipal
A través de la iniciativa registrada, VOX pide al equipo de Gobierno que detalle las diferentes infracciones detectadas por la plataforma y los motivos concretos por los que se invalidaron más de 22.000 denuncias.
El grupo municipal pregunta igualmente por las razones que explicarían la generación de denuncias contra vehículos incluidos en las excepciones y por las medidas que se adoptarán para evitar nuevos errores.
Entre las cuestiones planteadas se encuentran:
- El número exacto de registros generados, invalidados, pendientes y finalmente notificados.
- Los errores relacionados con residentes, garajes y aparcamientos autorizados.
- El funcionamiento del intercambio de datos entre comercios y Ayuntamiento.
- Las medidas correctoras solicitadas a la empresa responsable de la plataforma.
- El número de alegaciones y recursos estimados por errores del sistema.
VOX considera imprescindible que el Gobierno municipal publique datos completos y diferenciados, ya que hablar únicamente del número total de denuncias no permite conocer cuántos incumplimientos reales se produjeron.
VOX exige corregir los errores de inmediato
Sonsoles Peralta reclama una revisión técnica del sistema, la actualización inmediata de las matrículas autorizadas y un protocolo que evite trasladar a los vecinos las consecuencias de posibles fallos administrativos.
La portavoz también pide que el Ayuntamiento facilite un canal ágil de atención para los afectados y revise de oficio las denuncias que puedan haberse generado contra vehículos autorizados.
«Cuando un ciudadano incumple una norma, la Administración actúa con toda su fuerza. Cuando quien falla es la Administración, nadie asume responsabilidades», ha concluido.
VOX mantendrá la fiscalización del funcionamiento de la ZBE y exigirá explicaciones sobre la inversión realizada, las prestaciones de la plataforma y las medidas previstas para garantizar que ningún conductor autorizado tenga que demostrar que no cometió una infracción.
Inés Checa planta cara a Sánchez por la Ley de Nietos, el reparto migratorio, las infraestructuras y Almaraz.
La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha valorado este lunes la actualidad política regional y ha destacado las iniciativas de su formación sobre la conocida como «Ley de Nietos», el reparto de menores extranjeros no acompañados, las infraestructuras extremeñas y la continuidad de la central nuclear de Almaraz.
Checa ha reivindicado el trabajo desarrollado por VOX contra la disposición de la Ley de Memoria Democrática que facilita el acceso a la nacionalidad española de determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero. También ha respaldado el informe jurídico encargado por el vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, para estudiar si Extremadura puede emprender acciones frente a los efectos de esta norma.
«VOX lleva trabajando desde antes de 2022 contra la llamada Ley de Nietos», ha señalado la portavoz, quien sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende utilizar este mecanismo para «regalar la nacionalidad y alterar el censo electoral».
Estas afirmaciones constituyen la valoración política de VOX. La denominada «Ley de Nietos» no es una norma independiente, sino el nombre utilizado habitualmente para referirse a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
Un informe jurídico sobre la adquisición de la nacionalidad
La disposición adicional octava permite optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados, a hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio antes de la Constitución de 1978 y a hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante los mecanismos previstos en la propia ley.
El vicepresidente extremeño anunció el 15 de julio el encargo de un informe jurídico para analizar si la regulación invade competencias autonómicas y estudiar qué actuaciones podría adoptar la Junta de Extremadura.
Inés Checa considera que esta iniciativa supone «un paso más» en la oposición de VOX a la medida y ha defendido que la Administración regional utilice todos los instrumentos legales disponibles para proteger los intereses de Extremadura.
El informe deberá determinar si existe una vía jurídica para que la comunidad autónoma intervenga frente a una regulación estatal sobre adquisición de la nacionalidad.
VOX rechaza el reparto de menores extranjeros
Checa también ha criticado la política del Gobierno central para distribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados procedentes de territorios cuyos sistemas de acogida se encuentran saturados.
La portavoz ha defendido que Extremadura no participe en un modelo que VOX considera perjudicial para la región y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de trasladar la presión migratoria a las comunidades autónomas.
«Extremadura no se ha presentado porque no es cómplice de este fraude del Gobierno de Sánchez», ha manifestado Checa en referencia a la convocatoria estatal sobre el reparto de menores.
El Gobierno extremeño había señalado previamente que su sistema de protección atendía a 101 menores extranjeros no acompañados y que disponía de una capacidad limitada para asumir nuevas derivaciones. Óscar Fernández Calle también reclamó un cambio en la política estatal y una revisión del funcionamiento del sistema de distribución.
La atención de estas personas debe realizarse conforme a la legislación de protección de menores y atendiendo al interés superior de cada niño o adolescente, con independencia de las discrepancias políticas entre administraciones sobre la financiación o el reparto territorial.
Checa denuncia la precariedad de las infraestructuras
La portavoz de VOX ha dedicado una parte de su intervención a la situación de las carreteras, el ferrocarril y los servicios de transporte de Extremadura.
Checa sostiene que la región arrastra desde hace décadas una grave falta de inversiones y que las deficiencias se hacen especialmente visibles durante el verano, cuando aumentan los desplazamientos y numerosos extremeños intentan regresar a sus localidades de origen.
«Los extremeños lo tienen realmente complicado para movilizarse», ha afirmado la portavoz, quien acusa al Gobierno de España de seguir tratando a Extremadura «como una región de segunda».
VOX reclama inversiones que permitan mejorar la fiabilidad de los trenes, modernizar las conexiones por carretera y garantizar alternativas de transporte suficientes para los municipios rurales.
La formación también exige calendarios concretos para las actuaciones estatales y mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento de las inversiones comprometidas.
Checa ha recordado que la Junta ya reclamó en mayo al Ejecutivo central nuevas actuaciones para corregir las deficiencias del sistema de transportes, pero considera que la situación no ha experimentado mejoras suficientes.
El CSN informa favorablemente sobre Almaraz
La representante de VOX también ha celebrado el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear para renovar la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz.
El dictamen, publicado el 16 de julio, concluye que la instalación mantiene un nivel adecuado de seguridad para continuar funcionando. El informe incorpora límites y condiciones y fue elaborado a partir de 29 documentos técnicos preparados por 16 áreas especializadas del organismo regulador.
La solicitud presentada por el titular plantea que las dos unidades puedan continuar operando hasta el 8 de junio de 2030.
El informe favorable del CSN no constituye por sí solo la autorización definitiva. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica resolver la petición de continuidad, aunque el dictamen técnico determina que la planta puede seguir operando en condiciones adecuadas de seguridad.
«Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez», ha señalado Checa, quien ha pedido al Ejecutivo que atienda las conclusiones de los expertos y autorice la continuidad de la central.
VOX exige mantener la central hasta 2030
VOX considera que Almaraz resulta esencial para el empleo, la economía de Campo Arañuelo y el suministro eléctrico nacional.
Checa ha advertido de que rechazar la continuidad de la planta pese al informe favorable del organismo regulador supondría anteponer criterios ideológicos a las conclusiones técnicas sobre seguridad nuclear.
La formación reclama que la autorización se conceda cuanto antes para ofrecer certidumbre a los trabajadores, las empresas auxiliares y los municipios del entorno.
«El Gobierno tiene dos opciones: hacer caso a los expertos o seguir adelante con su fanatismo climático», ha afirmado la portavoz.
VOX Extremadura ha anunciado que continuará impulsando acciones contra la denominada «Ley de Nietos», rechazando el modelo estatal de reparto de menores extranjeros y reclamando inversiones en infraestructuras y la continuidad de Almaraz hasta 2030.
García Fuster exige una auditoría externa por la trama de las prótesis del SMS.
La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha exigido una auditoría independiente y externa de la gestión del Servicio Murciano de Salud tras conocerse nuevos avances en la investigación judicial sobre la presunta trama relacionada con la compra y facturación de prótesis y otros productos sanitarios.
Durante una comparecencia celebrada este lunes en Murcia, García Fuster también ha reclamado que la consejera de Salud, Isabel Ayala, explique públicamente las actuaciones desarrolladas durante los años en los que ocupó responsabilidades directivas en el SMS.
Ayala fue gerente del Servicio Murciano de Salud antes de ser nombrada consejera en mayo de 2026. María García Fuster es diputada autonómica en Cataluña y portavoz nacional de Sanidad de VOX desde junio de 2025.
«Lo destapado en el Servicio Murciano de Salud no es un caso aislado, sino la prueba de una trama que lleva años desarrollándose y que el Partido Popular ha tratado como un auténtico cortijo», ha afirmado García Fuster.
Esta consideración constituye una valoración política de VOX. La causa continúa abierta y será la investigación judicial la que determine el alcance de las irregularidades y la responsabilidad individual de las personas investigadas.
Un fraude investigado de casi siete millones de euros
La operación policial inicial se saldó con once detenidos y otras personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con la adquisición y facturación de productos sanitarios.
La investigación dirigida por un juzgado de Murcia sitúa provisionalmente el perjuicio económico cerca de los 6,9 millones de euros. Entre los arrestados figuraban personal sanitario, funcionarios relacionados con las compras y la facturación y comerciales de empresas proveedoras. Se investigan posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La UDEF sostiene que el presunto entramado habría introducido información falsa en el sistema contable del SMS para facturar materiales que no estaban incluidos en el catálogo oficial, además de sustituir productos homologados por otros más caros.
Los investigadores detectaron cerca de treinta productos sanitarios no homologados facturados presuntamente de forma irregular. En determinadas derivaciones a centros concertados, los sobrecostes analizados habrían oscilado entre el 100 % y el 1.287 % sobre el valor real.
«Estamos hablando de dinero público, pero también de decisiones que pueden haber afectado a la seguridad y a la tranquilidad de los pacientes», ha advertido García Fuster.
La investigación se amplía a casi 500 operaciones
El juzgado ha encargado a la UDEF que examine otras 462 intervenciones realizadas por uno de los facultativos investigados, que se suman a las treinta operaciones analizadas inicialmente.
El objetivo es determinar en cuántas intervenciones pudo emplearse material caducado o irregular. El auto también reclama informes de alta, partes de implante, pedidos, facturas y documentación sobre la evolución posterior de los pacientes.
La investigación policial constató inicialmente la implantación de una prótesis caducada en uno de los expedientes revisados. Según la información disponible, el supuesto fraude habría permanecido activo entre 2018 y 2025 y afectaba principalmente a la adquisición de material cardiovascular.
García Fuster ha afirmado que las pesquisas también alcanzan a intervenciones realizadas en distintos centros sanitarios de la Región de Murcia, tanto públicos como concertados.
VOX considera que la ampliación de las diligencias demuestra que no basta con revisar los expedientes inicialmente detectados y reclama que todos los posibles afectados reciban información individualizada sobre los materiales que les fueron implantados.
VOX pide la comparecencia de Isabel Ayala
La portavoz nacional de Sanidad ha exigido la comparecencia inmediata de la consejera para aclarar qué información conocía la dirección del SMS, cuándo se detectaron las primeras anomalías y qué controles se aplicaban sobre la compra, homologación y trazabilidad de los productos.
García Fuster considera que el nombramiento de Ayala como consejera requiere explicaciones porque anteriormente ejerció responsabilidades directivas dentro del organismo investigado.
La Consejería sostiene que fue la propia Administración sanitaria la que detectó las irregularidades mediante una investigación interna y trasladó los hechos a la Fiscalía. El SMS se encuentra personado en la causa como perjudicado.
Ayala explicó ante la Asamblea Regional que existen trece personas investigadas y que no hay cargos políticos entre ellas. También anunció una unidad específica para reforzar los controles económicos, integrada por cuatro inspectores, y la puesta en marcha de un Registro Regional de Prótesis Implantables.
VOX considera insuficientes estas explicaciones y reclama una comparecencia centrada en las responsabilidades políticas y en los posibles fallos de supervisión que permitieron que las prácticas investigadas continuaran durante años.
Una auditoría externa e independiente
García Fuster sostiene que la investigación interna realizada por la Administración no puede sustituir una auditoría externa que examine la contratación, la facturación y la trazabilidad de los materiales sanitarios.
La formación quiere que la revisión abarque los expedientes de compra, las derivaciones a centros privados, los procedimientos utilizados para incorporar nuevos productos al catálogo y los controles efectuados sobre las empresas proveedoras.
VOX también reclama conocer cuántas alertas internas se registraron, quién recibió esos avisos y qué decisiones se adoptaron tras detectar incrementos anómalos en la facturación.
La Consejería ha asegurado que los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y el jefe de Radiología Vascular Intervencionista del Área I fueron apartados de sus cargos, y que se están revisando las historias clínicas de los pacientes relacionados con el facultativo investigado.
El Gobierno regional afirma que, hasta el momento, no se han constatado episodios clínicos vinculados a la implantación de material inadecuado. Sin embargo, las diligencias judiciales continúan abiertas y la UDEF analiza un número mayor de operaciones.
Las advertencias del Tribunal de Cuentas
García Fuster también se ha referido a las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de asistencia sanitaria externa en el Hospital Virgen de la Arrixaca.
El órgano fiscalizador señaló que el hospital destinó 30,7 millones de euros a medios ajenos durante 2022 y que alrededor de nueve millones estaban relacionados con contratos prorrogados fuera del plazo previsto o prestaciones realizadas sin un contrato formalizado.
VOX considera que estas conclusiones evidenciaban deficiencias de planificación y control que deberían haber provocado una respuesta más contundente del Ejecutivo autonómico.
La formación reclama que la auditoría determine si existe alguna relación administrativa entre esas deficiencias generales de contratación y los procedimientos concretos investigados en la trama de las prótesis. Por el momento, ambas cuestiones no deben darse por conectadas sin una conclusión judicial o técnica que lo acredite.
García Fuster acusa a López Miras de reaccionar tarde
La portavoz de VOX ha criticado la actuación del presidente autonómico, Fernando López Miras, y ha asegurado que su Gobierno reaccionó «tarde y mal» ante la gravedad de las informaciones conocidas.
García Fuster sostiene que la remodelación de la Consejería no elimina la necesidad de asumir responsabilidades por las posibles deficiencias de control existentes en el SMS.
«VOX no va a permitir que la salud de los murcianos dependa de comisiones, sobresueldos o del silencio administrativo del Gobierno de López Miras», ha concluido.
La formación mantendrá su petición de comparecencia, una auditoría independiente y la entrega de toda la documentación necesaria para conocer el alcance económico, sanitario y administrativo de los hechos investigados.
García de Polavieja exige priorizar la seguridad y el empleo en el Polígono Sur.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado al Comisionado para el Polígono Sur que concentre sus esfuerzos en resolver los problemas de seguridad, narcotráfico, desempleo, fracaso escolar, vivienda y exclusión social que afectan a los vecinos de esta zona de la ciudad.
García de Polavieja trasladó esta posición durante una reunión con el comisionado, Jaime Bretón, en la que también participaron, según ha informado la formación, la diputada nacional Reyes Romero, la parlamentaria andaluza Cristina Peláez y el coordinador del Distrito Sur, Hernán Ferrero.
Jaime Bretón ocupa el cargo de comisionado desde 2019. Este órgano tiene como función coordinar las políticas desarrolladas por el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla en el Polígono Sur. El propio Bretón ha situado anteriormente la seguridad, la inserción laboral y la participación de vecinos y entidades entre las prioridades de su actuación.
«Los vecinos del Polígono Sur no llevan décadas reclamando una mezquita. Lo que llevan décadas reclamando es seguridad, oportunidades, limpieza, empleo, vivienda digna y la recuperación de la convivencia», ha afirmado García de Polavieja.
VOX reclama neutralidad al Comisionado
El portavoz municipal ha pedido al Comisionado que mantenga una posición de neutralidad institucional ante el proyecto promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y que sitúe las necesidades expresadas por los residentes por encima de cualquier interés político o ideológico.
VOX sostiene que el organismo encargado de coordinar las actuaciones en el Polígono Sur no debe presentar una infraestructura religiosa como respuesta a las dificultades estructurales del barrio.
«El Comisionado debe velar exclusivamente por el interés general de los residentes del Polígono Sur, evitando convertirse en un instrumento para impulsar proyectos que generan división social y que carecen del consenso vecinal necesario», ha manifestado García de Polavieja.
La formación ya había solicitado anteriormente que la tramitación se sometiera a la máxima transparencia y que los vecinos pudieran conocer el proyecto, su financiación y su encaje urbanístico antes de que el Ayuntamiento adoptara una decisión definitiva.
Seguridad, empleo y educación como prioridades
VOX considera que la transformación del Polígono Sur debe comenzar por reforzar la presencia policial, combatir el narcotráfico, mejorar los centros educativos, reducir el abandono escolar y ofrecer oportunidades laborales estables.
El Comisionado y las administraciones implicadas han desarrollado durante los últimos años programas sobre empleo, vivienda, regeneración urbana e inclusión social. La Junta destinó más de seis millones de euros entre 2023 y 2025 a programas de orientación, formación e inserción laboral en la zona.
García de Polavieja sostiene, no obstante, que los problemas continúan condicionando la vida cotidiana de miles de familias y requieren resultados verificables.
«La transformación del Polígono Sur llegará cuando las administraciones sean capaces de garantizar la seguridad, acabar con el narcotráfico, mejorar la educación y generar empleo estable para sus vecinos», ha declarado.
VOX reclama que las administraciones presenten objetivos, calendarios e indicadores públicos sobre reducción de la delincuencia, inserción laboral, absentismo escolar, rehabilitación de viviendas y mejora de los servicios municipales.
La licencia permanece pendiente de nuevos informes
El proyecto del centro cultural islámico está previsto en una parcela privada situada entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, cerca del parque Celestino Mutis.
La iniciativa contempla un complejo cultural y social que incluye una sala de oración de aproximadamente 400 metros cuadrados, con capacidad para entre 400 y 500 personas. Según sus promotores, el espacio religioso ocuparía alrededor del 20 % de la superficie total y estaría acompañado por salas de reuniones, biblioteca, cafetería y otros servicios.
El Ayuntamiento retiró el expediente de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo del 10 de julio para solicitar nuevos informes técnicos y jurídicos sobre las observaciones presentadas por VOX. El alcalde, José Luis Sanz, también se ha mostrado dispuesto a estudiar una consulta ciudadana cuando se conozcan las conclusiones de esos informes.
García de Polavieja considera que esta decisión confirma que existen cuestiones urbanísticas que deben estudiarse antes de conceder una eventual licencia.
«Cualquier actuación urbanística de esta naturaleza debe contar con todas las garantías legales, absoluta transparencia sobre su financiación y la participación efectiva de los vecinos», ha señalado.
VOX cuestiona el uso principal del edificio
Una de las principales objeciones formuladas por VOX afecta a la clasificación urbanística del proyecto.
La documentación técnica lo presenta como un centro cultural y social en el que el uso religioso sería complementario. VOX sostiene, sin embargo, que la sala de oración, el espacio para el imán, las zonas de abluciones, el patio y el minarete podrían demostrar que el culto tiene una importancia principal dentro del conjunto.
La formación argumenta que esta cuestión podría modificar el régimen urbanístico aplicable y ha solicitado que los técnicos municipales determinen con precisión cuál será el uso predominante.
Los promotores defienden que se trata de un proyecto privado, financiado con fondos privados y levantado sobre una parcela que no pertenece al Ayuntamiento. También sostienen que el centro estará abierto al conjunto de la ciudadanía y que pretende colaborar con las entidades del entorno.
VOX rechaza que estas afirmaciones permitan presentar el proyecto como una solución a los problemas del Polígono Sur.
Participación efectiva de los vecinos
El Grupo Municipal VOX reclama que las asociaciones vecinales, entidades sociales y residentes de los barrios afectados puedan pronunciarse antes de que concluya la tramitación.
La formación considera insuficiente que la decisión quede limitada a un procedimiento técnico si el tamaño, los usos y el impacto del proyecto pueden afectar a la movilidad, la convivencia y la planificación de la zona.
García de Polavieja ya había pedido la celebración de una Junta Municipal extraordinaria del Distrito Sur y un proceso público de participación. El portavoz ha reiterado que su grupo se opondrá al proyecto y utilizará los mecanismos políticos y administrativos disponibles para fiscalizar el expediente.
«No aceptamos que se intente presentar este proyecto como una herramienta de transformación social», ha afirmado.
Explicaciones públicas del Comisionado
VOX solicita a Jaime Bretón que explique públicamente su valoración del proyecto y aclare si considera que existe un respaldo suficiente entre los vecinos.
La formación también quiere conocer qué reuniones ha mantenido el Comisionado con los promotores, qué participación ha tenido en la tramitación y qué actuaciones considera prioritarias para mejorar la situación del Polígono Sur.
García de Polavieja ha insistido en que las administraciones llevan demasiado tiempo sin resolver los problemas estructurales de la zona.
«Resulta incomprensible que se pretenda abrir un debate sobre una gran mezquita mientras continúan sin resolverse los problemas que afectan diariamente a miles de familias», ha señalado.
VOX mantendrá su exigencia de transparencia, participación ciudadana y revisión rigurosa del expediente, al tiempo que reclamará que la seguridad, la educación, el empleo, la limpieza y la vivienda sean las prioridades de las administraciones en el Polígono Sur.
Marta León exige un plan de seguridad para el barrio de Lepanto.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al próximo Pleno una pregunta escrita para exigir al Gobierno municipal medidas concretas frente a los problemas de seguridad denunciados por vecinos, sanitarios, vigilantes y usuarios en el barrio de Lepanto, especialmente en el entorno del Centro de Salud Levante Sur.
La iniciativa será debatida en la sesión correspondiente al mes de agosto, adelantada al jueves 23 de julio de acuerdo con el calendario aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento. Las comisiones municipales de esa sesión se celebraron los días 15 y 16 y la Junta de Portavoces quedó fijada para el 20 de julio.
La portavoz municipal de VOX, Marta León, preguntará qué actuaciones ha desarrollado o tiene previsto impulsar el equipo de Gobierno para aumentar la presencia policial, prevenir nuevos episodios violentos y garantizar la seguridad de quienes acuden diariamente al centro sanitario.
León figura actualmente como portavoz del Grupo Municipal VOX en la corporación cordobesa.
«Los vecinos llevan demasiado tiempo trasladando su preocupación sin que se les ofrezcan soluciones eficaces. No podemos normalizar que acudir al centro de salud, ir a trabajar o simplemente caminar por el barrio se convierta en una situación de riesgo», ha afirmado.
Amenazas, peleas e incidentes junto al centro sanitario
La iniciativa de VOX se produce después de que trabajadores y organizaciones sindicales hayan alertado de continuos altercados en el aparcamiento situado frente al Centro de Salud Levante Sur.
UGT presentó una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno en la que reclamaba un refuerzo urgente y permanente de la presencia policial. El sindicato asegura que se han registrado amenazas, agresiones, peleas, intentos de ataque con palos y barras de hierro y situaciones que ponen en riesgo a vigilantes, profesionales sanitarios y pacientes.
Entre los incidentes comunicados figura el incendio de un colchón que llegó a afectar o estuvo cerca de alcanzar un vehículo utilizado por personal sanitario, según las versiones difundidas por el sindicato y los medios locales.
Las asociaciones vecinales de Unión de Levante y Viñuela también han anunciado que estudiarán actuaciones conjuntas. Representantes del barrio sostienen que llevan años solicitando mayor vigilancia, iluminación y medidas frente a los conflictos generados en el aparcamiento.
VOX considera que estos testimonios justifican una respuesta coordinada y permanente, y no únicamente intervenciones puntuales después de cada altercado.
Protección para sanitarios, vigilantes y pacientes
Marta León ha advertido de que los problemas de convivencia no afectan exclusivamente a los residentes de Lepanto, sino también a los trabajadores y usuarios de un servicio sanitario esencial.
El Centro de Salud Levante Sur cuenta con un punto de urgencias que ha incrementado la afluencia de pacientes y profesionales en la zona. El servicio presta atención a una amplia área de la capital y dispone de consultas médicas, dependencias de emergencias y espacios de triaje.
UGT sostiene que los vigilantes tienen que intervenir habitualmente ante insultos, intimidaciones y enfrentamientos, mientras los sanitarios y pacientes soportan un clima de tensión incompatible con el funcionamiento normal del centro.
«La seguridad es un derecho fundamental y la primera obligación de cualquier administración es proteger a los ciudadanos», ha manifestado León.
La portavoz reclama que las administraciones competentes garanticen que trabajadores y usuarios puedan entrar y salir del centro sin sufrir amenazas ni tener que atravesar situaciones violentas.
VOX pide coordinación entre Policía Local y Policía Nacional
La pregunta registrada por VOX pretende conocer qué contactos ha mantenido el Ayuntamiento con la Subdelegación del Gobierno y qué actuaciones coordinadas están previstas entre la Policía Local y la Policía Nacional.
Tras las denuncias sindicales, la Policía Nacional comunicó que aumentaría su presencia en la zona mediante patrullas dinámicas e intermitentes. Fuentes municipales también señalaron que los equipos Rayo de la Policía Local realizan actuaciones relacionadas con infracciones, vandalismo e incumplimientos de las ordenanzas.
VOX considera que estas intervenciones deben acompañarse de un plan estable que defina horarios de vigilancia, mecanismos de respuesta rápida y canales de comunicación con el centro de salud y las asociaciones vecinales.
La formación también quiere saber cuántas actuaciones policiales se han realizado, qué denuncias se han presentado, cuáles son los horarios con mayor número de incidentes y qué resultados han tenido los dispositivos desplegados.
Medidas más allá de las ordenanzas municipales
Marta León insiste en que la respuesta no puede limitarse a tramitar sanciones por incumplimientos administrativos.
VOX reclama medidas dirigidas a prevenir la delincuencia, identificar a los responsables de amenazas o agresiones y garantizar una intervención inmediata cuando exista riesgo para los vecinos o los trabajadores del centro sanitario.
La formación propone reforzar la presencia policial visible, mejorar la iluminación y la vigilancia del aparcamiento, analizar la instalación de cámaras dentro del marco legal y establecer reuniones periódicas con los representantes vecinales y sanitarios.
También pide que cualquier conducta delictiva se aborde individualmente, evitando atribuciones colectivas sin pruebas. La Fundación Prolibertas, que gestiona un comedor social cercano, ha señalado que no ha recibido comunicaciones oficiales que vinculen a sus usuarios con los altercados y se ha mostrado dispuesta a colaborar con las instituciones para analizar la situación con datos objetivos.
VOX exige una respuesta clara al Gobierno municipal
El Grupo Municipal VOX espera que el Ejecutivo local detalle durante el Pleno las medidas realizadas y los compromisos que asumirá para recuperar la tranquilidad en Lepanto.
«Desde VOX seguiremos siendo la voz de los vecinos que reclaman vivir con normalidad y sin miedo. Escuchar sus preocupaciones y exigir soluciones reales es nuestra obligación», ha concluido Marta León.
La formación mantendrá el seguimiento de los incidentes y reclamará que cualquier dispositivo anunciado se traduzca en una presencia policial suficiente y en resultados verificables para los residentes, sanitarios y usuarios del Centro de Salud Levante Sur.
Carolina López denuncia el abandono de los ganaderos asturianos.
El Grupo Parlamentario VOX ha exigido al Gobierno del Principado la puesta en marcha inmediata de un Plan de Seguridad Rural ante el incremento de los robos denunciados en explotaciones agrícolas y ganaderas de Asturias.
La portavoz de VOX en la Junta General, Carolina López, considera que los habitantes de los concejos rurales se encuentran desprotegidos por la falta de patrullas, las largas distancias que deben cubrir los agentes y la ausencia de una estrategia coordinada entre el Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno. López ejerce como portavoz parlamentaria de VOX y presidenta de la formación en Asturias.
«Nuestros ganaderos no solo tienen que lidiar con los precios abusivos, el sectarismo climático y los ataques del lobo; ahora también tienen que vigilar sus fincas por las noches ante el miedo de que les roben el ganado, la maquinaria o el gasóleo», ha denunciado.
Los robos rurales aumentan un 26,79 % en Asturias
La reclamación de VOX se produce después de que la Unión de Sectoriales Agrarias y Ganaderas de Asturias alertara de un incremento del 26,79 % en los robos registrados en el campo respecto a 2024.
Según los datos difundidos por USAGA y Unión de Uniones, Asturias habría sido la única comunidad autónoma en la que aumentaron estos delitos durante el último año. De los 71 hechos denunciados, únicamente nueve habrían sido esclarecidos, lo que supondría una caída cercana al 47 % en la resolución de casos.
La organización agraria también precisa que Asturias continúa siendo una de las comunidades con menor número absoluto de robos rurales, solo por delante de Cantabria. Sin embargo, considera preocupante que la región siga una evolución contraria al descenso registrado en el conjunto de España.
VOX sostiene que estos datos confirman el deterioro de la seguridad en determinadas zonas rurales y advierte de que las cifras reales podrían ser superiores, ya que algunos afectados optan por no denunciar al considerar escasas las posibilidades de recuperar el material sustraído.
Más agentes y patrullas en los concejos rurales
Carolina López reclama un aumento inmediato de las patrullas destinadas a los concejos del interior y a las comarcas occidentales y orientales de Asturias.
La portavoz asegura que la dispersión geográfica, la distancia entre explotaciones y la obligación de cubrir varios municipios con los mismos efectivos dificultan una respuesta rápida ante los robos.
«Es inadmisible que un vecino llame para denunciar y la patrulla más cercana tarde demasiado en llegar porque tiene que cubrir varios concejos a la vez», ha manifestado.
La formación propone que el plan incluya un mapa actualizado de las zonas más afectadas, patrullas preventivas en horarios de mayor riesgo, canales directos de comunicación con cooperativas y ganaderos y dispositivos especiales ante sucesiones de robos.
También reclama mejorar la vigilancia de las vías utilizadas para trasladar ganado, combustible, herramientas y maquinaria sustraída.
Refuerzo de los equipos ROCA de la Guardia Civil
Entre las medidas planteadas por VOX figura el refuerzo de los equipos ROCA, unidades de la Guardia Civil especializadas en prevenir e investigar robos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Estos equipos forman parte del Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas impulsado por el Ministerio del Interior. Sus funciones incluyen mantener contacto con agricultores y ganaderos, analizar los delitos registrados, desarrollar labores preventivas e investigar grupos dedicados a esta clase de sustracciones.
USAGA también ha reclamado aumentar los recursos de los equipos ROCA y reforzar la vigilancia en los puntos considerados más vulnerables del campo asturiano.
VOX pide que se detalle el número de efectivos destinados actualmente a estas unidades en Asturias, su distribución territorial y los medios materiales y tecnológicos de los que disponen.
Preguntas al Gobierno de Adrián Barbón
Carolina López ha anunciado el registro de una batería de preguntas en la Junta General para conocer las actuaciones desarrolladas por el Gobierno del Principado ante el aumento de los robos.
La formación quiere saber qué reuniones se han celebrado con la Delegación del Gobierno, qué información se ha trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si existe un protocolo específico para proteger las explotaciones ganaderas.
VOX también pedirá datos desglosados por concejos sobre denuncias, tiempos de respuesta, robos esclarecidos y bienes recuperados.
La seguridad pública y el despliegue de la Guardia Civil dependen principalmente del Gobierno de España y del Ministerio del Interior. No obstante, la legislación establece principios de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones y cuerpos policiales.
Por ello, el plan reclamado al Principado debería desarrollarse conjuntamente con la Delegación del Gobierno, mientras que el aumento de las plantillas de la Guardia Civil y la reorganización de sus puestos corresponderían a las autoridades estatales.
Recuperación de la presencia de la Guardia Civil
VOX plantea recuperar y reforzar los cuarteles de la Guardia Civil en las zonas rurales más afectadas, evitando que el cierre de instalaciones o la concentración de efectivos aleje los servicios de seguridad de los pueblos.
La formación considera que la presencia territorial de la Guardia Civil tiene un efecto preventivo y permite mejorar el conocimiento de las explotaciones, los caminos, las instalaciones aisladas y los posibles puntos de comercialización del material robado.
El propio Ministerio del Interior ha destacado el papel de la Guardia Civil y de sus unidades especializadas para garantizar la seguridad, fijar población y favorecer el desarrollo económico de la España rural.
Carolina López sostiene que no puede hablarse de lucha contra la despoblación mientras los habitantes del campo carecen de servicios básicos o temen dejar sin vigilancia sus viviendas y explotaciones.
Endurecimiento de las penas para reincidentes
VOX también propone promover en el ámbito nacional un endurecimiento de las consecuencias penales para los delincuentes reincidentes y para quienes sustraigan ganado, maquinaria o herramientas esenciales para el trabajo.
La formación defiende que estos delitos no solo provocan la pérdida del bien robado, sino también la paralización de la actividad, daños en las instalaciones y nuevos gastos para reparar o sustituir los equipos.
López reclama actuar igualmente sobre los canales de venta del material sustraído para impedir que los delincuentes puedan obtener beneficios con facilidad.
«No se puede proteger el mundo rural recortando en seguridad», ha señalado la portavoz, quien pide que la defensa de las familias y de la propiedad privada sea una prioridad presupuestaria.
Seguridad para mantener vivo el campo asturiano
VOX vincula la seguridad rural con la supervivencia económica y demográfica de los pueblos.
La formación sostiene que la falta de vigilancia se suma a los problemas de rentabilidad, burocracia, relevo generacional y daños provocados por la fauna salvaje que afrontan agricultores y ganaderos.
«Si el Gobierno de Barbón quiere fijar población y defender el campo asturiano, lo primero que debe garantizar es la seguridad y la propiedad privada de quienes trabajan la tierra», ha afirmado Carolina López.
El Grupo Parlamentario VOX exigirá un plan con medidas concretas, presupuesto, plazos y mecanismos de evaluación, además de una coordinación permanente con el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.
«Desde VOX no vamos a permitir que se normalice la delincuencia en nuestros pueblos», ha concluido López.
Ainara García exige aclarar la adjudicación de FIDMA en Langreo.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Langreo ha exigido al equipo de gobierno la máxima transparencia sobre la adjudicación del contrato para organizar, decorar y atender el espacio municipal en la Feria Internacional de Muestras de Asturias de 2026.
La concejal de VOX Ainara García ha solicitado el expediente completo del procedimiento después de comprobar, según ha explicado la formación, que el único socio y administrador de la empresa adjudicataria mantiene una vinculación familiar con el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Cases.
La documentación municipal confirma que Cases tiene delegadas las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio. Ainara García forma parte de la corporación como concejal del Grupo Municipal VOX.
VOX no cuestiona de manera directa la actuación de la mesa de contratación ni afirma que se haya cometido una ilegalidad, pero considera que las circunstancias señaladas justifican el acceso inmediato a todos los documentos del expediente.
«Que una empresa vinculada familiarmente con uno de los principales miembros del Gobierno municipal resulte adjudicataria de un contrato público exige la máxima transparencia», ha manifestado García.
Un contrato para organizar el espacio de Langreo en FIDMA
El expediente 980/2026 tiene por objeto la organización, decoración y atención del espacio del Ayuntamiento de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
El presupuesto de licitación asciende a 45.454,55 euros sin impuestos. El contrato comprende la tematización y decoración del pabellón, la atención al público, el suministro de materiales y la organización del Día de Langreo durante el certamen. También incluye contenidos relacionados con la historia y la reconversión de Talleres del Conde.
La licitación se publicó el 15 de junio de 2026 y el plazo para presentar propuestas terminó el 29 de junio. Su periodo de ejecución se extiende desde la adjudicación hasta el 16 de agosto, fecha prevista para la finalización de FIDMA.
VOX ya había criticado unos días antes que la adjudicación se produjera con escaso margen respecto al comienzo de la feria. La formación acusó entonces al Gobierno municipal de falta de planificación y de obligar a las empresas participantes a preparar el servicio contrarreloj.
La adjudicataria no presentó la propuesta más barata
Ainara García ha indicado que la empresa finalmente seleccionada no presentó la oferta económica de menor importe, aunque obtuvo la mayor puntuación total al recibir la máxima valoración en los restantes criterios automáticos establecidos en el pliego.
La edil quiere analizar cómo se otorgaron esos puntos, qué documentación entregaron las empresas participantes y si se cumplieron correctamente todas las exigencias del procedimiento.
El hecho de que una empresa no haya presentado la oferta más barata no implica por sí mismo una irregularidad. La Ley de Contratos del Sector Público establece que las adjudicaciones pueden realizarse mediante una pluralidad de criterios destinados a identificar la mejor relación entre calidad y precio. La propuesta económica más baja debe ganar únicamente cuando el precio sea el único criterio contemplado.
VOX reclama, por tanto, conocer el cuadro completo de puntuaciones, las ofertas económicas, la documentación aportada para acreditar los demás criterios y las actas de la mesa de contratación.
Dieciséis días entre el cierre y la adjudicación
La formación también considera llamativo que transcurrieran 16 días entre la finalización del plazo para presentar ofertas y la adjudicación del contrato.
García critica que el procedimiento se iniciara con poco margen antes de la celebración de la feria, pero que posteriormente la resolución consumiera más de dos semanas de un calendario ya reducido.
«El Ayuntamiento ha tenido todo un año para preparar el contrato y ha vuelto a esperar hasta el último momento», había denunciado la concejal al cuestionar la planificación de la participación municipal en FIDMA.
VOX quiere conocer la cronología completa del procedimiento y determinar qué actuaciones administrativas se realizaron durante ese periodo.
Derecho de la oposición a consultar el expediente
Ainara García ha lamentado que, pese a haber solicitado la documentación, su grupo todavía no disponga de todos los elementos necesarios para fiscalizar la adjudicación.
«Si todo se ha tramitado correctamente, no existe ningún motivo para retrasar el acceso al expediente. Nuestra obligación es controlar la gestión del dinero público y para ello necesitamos conocer toda la información», ha afirmado.
La legislación de régimen local reconoce a los concejales el derecho a obtener los antecedentes, datos e informaciones que estén en poder de la corporación y resulten necesarios para desarrollar sus funciones. También establece que los miembros de las entidades locales deben abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de las causas de conflicto previstas legalmente.
Por su parte, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los órganos de contratación a adoptar medidas destinadas a prevenir, detectar y solucionar posibles conflictos de intereses, así como a garantizar la transparencia y la igualdad entre los licitadores.
La existencia de una relación familiar señalada por un grupo político no demuestra por sí sola que se haya producido una intervención indebida. Para determinarlo sería necesario conocer qué personas participaron en la preparación, valoración y adjudicación del contrato y si se produjo alguna abstención.
VOX analizará toda la documentación
El Grupo Municipal VOX ha anunciado que revisará el expediente cuando el Ayuntamiento le permita acceder a la totalidad de sus documentos.
La formación quiere comprobar las actas de la mesa de contratación, las propuestas presentadas, el sistema de puntuación, los informes técnicos, la resolución de adjudicación y las posibles declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.
García insiste en que su petición pretende despejar cualquier duda sobre la objetividad y la limpieza del procedimiento.
«Precisamente para despejar cualquier duda, el Ayuntamiento debería facilitar toda la documentación sin dilaciones», ha señalado la concejal.
VOX ha avanzado que, en función del contenido del expediente, solicitará las explicaciones oportunas y exigirá las responsabilidades políticas que pudieran corresponder. Hasta que se complete esa revisión, la formación centra su reclamación en la transparencia y en el derecho de la oposición a fiscalizar el uso del dinero público.