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Día 11 de octubre de 2025

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El procurador de VOX en las Cortes de Castilla y León, José Antonio Palomo Martín, ha denunciado la inacción y dejadez del Gobierno autonómico ante los graves problemas que sufre el sector vinícola, especialmente tras los efectos devastadores del mildiu en zonas clave como la Ribera del Duero.

Durante su intervención, Palomo criticó que, a día de hoy, no exista ningún estudio oficial, diagnóstico, calendario ni metodología conocida para abordar la situación del sector. “¿Cómo pretende pilotar un sector estratégico sin herramientas básicas de información? Sin datos no hay política pública, y sin política pública crece la asimetría de poder entre quien compra y quien vende”, sentenció.

VOX ha recordado que presentó una propuesta para crear una línea de ayudas específicas a los viticultores afectados por el mildiu, la cual fue rechazada por la Junta alegando que debía canalizarse a través de los seguros agrarios. “Excusas ridículas”, según Palomo, quien recordó que “el propio Gobierno de la nación reconoce que estos seguros no cubren este siniestro en Castilla y León”.

Ante esta situación, VOX exige saber: “¿Qué alternativa ofrecen a los viticultores que han perdido parte de su cosecha?”. Palomo denunció que solo han recibido “silencio administrativo y buena suerte”.

El procurador también criticó que la Consejería no haya cumplido el convenio firmado en 2023 con la Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero, cuyo objetivo era reducir la excesiva burocracia que frena al sector. “Ellos piden hacer buen vino, no estar enterrados en papeles todos los días”, subrayó.

Por último, Palomo fue tajante: “A usted la pagan por hacer, no por posar en el turismo rural con su equipo de comunicación. Cada semana sin decisiones, un viticultor cobra menos por su producto. No pedimos eslóganes, exigimos fechas, montantes, responsables y soluciones reales”.

El procurador de VOX en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Sicilia Doménech, ha criticado duramente la gestión del Partido Popular en el ámbito autonómico, poniendo el foco en la falta de previsión ante los incendios forestales, el uso abusivo de la publicidad institucional, y la ineficacia de medidas progresistas vacías como la del “bono bursátil”.

“Llevamos años escuchando que el PP es el partido de la gestión, pero cuando alguien presume tanto de algo, la realidad suele ser justo la contraria”, sentenció Sicilia en su intervención. Denunció que, ante las crisis, la Junta ha demostrado improvisación, descoordinación con otras administraciones y falta de preparación técnica y humana, lo que ha provocado “el caos absoluto durante los incendios de este verano”.

VOX subraya que prevenir un incendio cuesta 2.000 euros por hectárea, mientras que extinguirlo puede costar entre 19.000 y 21.000 euros por hectárea. “Con 170.000 hectáreas arrasadas, si hubiesen hecho los deberes, el ahorro habría sido gigantesco”, reprochó Sicilia.

Además, criticó que en lugar de invertir en medios reales, la Consejería de Medio Ambiente se centró en manipular la opinión pública con 232 contratos menores de publicidad institucional entre el 7 y el 31 de agosto, destinados a “tapar su fracaso”.

A este desastre de gestión se suma, según Sicilia, “el abandono a los autónomos, la presión fiscal, la pérdida de fábricas y cultivos, y la descoordinación con los funcionarios”. Atribuyó estas políticas a la “sumisión del PP a la Agenda 2030”, que —según afirmó— “colocan en los presupuestos pero aplican sin sentido común”.

El procurador concluyó su intervención con una crítica directa al simbolismo vacío: “Han implementado medidas progres como el bono bursátil, pero ni siquiera han sido capaces de regalar billetes correctamente. Esa es su eficacia”.

El diputado de VOX por Córdoba, José Ramírez, ha asegurado durante su intervención para defender la moción de VOX sobre la necesidad de garantizar la enseñanza y presencia del español en todos los ámbitos del espacio público ha dejado claro que la iniciativa es “una enmienda a la totalidad a las políticas educativas que se han llevado a cabo en España desde la LOXE”. Ramírez ha calificado esta ley de “nefasta”, recordando que “abrió la puerta a las sucesivas reformas socialistas” y que “el desastre se vio empeorado por el Pacto del Majestic, cuando el Partido Popular cedió las competencias de educación a las comunidades autónomas”.

Además, ha denunciado que “la inmersión lingüística aplicada por los nacionalistas catalanes se llevó por delante los derechos de gran parte de los ciudadanos de Cataluña” y ha lamentado que “los alumnos no hayan podido estudiar en su lengua materna, lo cual ha sido una constante desde que las comunidades autónomas se han hecho cargo de las competencias educativas”. En este sentido, ha criticado que “el PSOE haya dado aún más fuerza a los independentistas, permitiendo que no cumplieran resoluciones judiciales y eliminando la actuación de la alta inspección educativa”.

Ramírez ha defendido que “los territorios no tienen derechos, son los ciudadanos los que tienen derechos y deberes, y entre ellos el de recibir educación en su lengua materna, que en una proporción abrumadora es el español”. Ha acusado al modelo autonómico de haber “convertido a España en un Estado roto, donde los derechos de los ciudadanos dependen del lugar donde residan”. “Un alumno del País Vasco o Navarra recibe hasta un 70 % más de fondos que uno de Andalucía o Extremadura”, ha subrayado, denunciando que “un niño andaluz con necesidades especiales no tendrá apoyo si sus padres no pueden pagarlo, mientras que en Navarra sí lo tendrá y será pagado por todos los españoles”.

También ha alertado de que “la educación en Cataluña y en el País Vasco es una catástrofe”. Ha afirmado que “en el País Vasco las encuestas PISA se han hundido hasta tal punto que ya han dejado de publicarse” y que “en Cataluña el sistema educativo es un desastre de proporciones bíblicas: los alumnos catalanes han perdido en diez años un curso entero de matemáticas y dos de comprensión lectora”. “La educación no está sirviendo más que para manipular ideológicamente a la población”, ha advertido.

Por último, el diputado de VOX ha acusado al PSOE y a Podemos de hipocresía en materia educativa. “Durante la tramitación de la LOMLOE, los diputados del PSOE bramaron contra los colegios diferenciados y la ministra había llevado a su hija a uno; Iglesias criticó la educación privada y llevó a sus hijos a colegios privados; y Montilla defendió la inmersión lingüística mientras escolarizaba a su hijo en el colegio alemán”, ha recordado. Ramírez ha concluido que “el discurso educativo de la izquierda ha sido un fracaso” y ha reclamado “la reconstrucción de una institución básica de España, la de la educación”, exigiendo “devolver las competencias de educación al Estado central, garantizar el derecho a estudiar en español y convocar elecciones”.

El diputado nacional de VOX, Ricardo Chamorro, ha denunciado en el Congreso el “dumping social, ambiental y sanitario” que sufren los productores españoles por culpa de las políticas comerciales impuestas desde Bruselas, con la complicidad del bipartidismo del PSOE y del PP. “Esto no es competencia, es una trampa que está arruinando a nuestras explotaciones agrarias y distorsionando el mercado”, ha advertido.

Chamorro ha recordado que los agricultores y ganaderos españoles cumplen las normas más estrictas del mundo en calidad, trazabilidad y seguridad, mientras que los productos importados de terceros países, como Marruecos, entran sin cumplir los mismos requisitos. “Se les obliga a competir en desigualdad, mientras desde Bruselas se otorgan privilegios inaceptables a países que no respetan nuestros estándares”, ha subrayado.

Ante esta situación, VOX ha propuesto una iniciativa parlamentaria con medidas concretas para proteger al sector primario español. Entre ellas, destacan la implementación de cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales, la exigencia de que ningún producto importado entre si no cumple los mismos requisitos que los nacionales, la obligatoriedad de un etiquetado claro, y el refuerzo de los controles aduaneros y de trazabilidad para frenar el fraude y proteger al consumidor.

Chamorro también ha anunciado una moción impulsada por VOX contra Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro del Partido Popular Europeo, por “otorgar privilegios a Marruecos en acuerdos cerrados a espaldas de los ciudadanos”. Según el diputado, estos pactos “responden a los intereses compartidos del PP y del PSOE y a décadas de entreguismo ante Bruselas y Rabat”.

“Frente al abandono del campo y la rendición del Gobierno ante Marruecos, VOX defiende a los nuestros: agricultores, ganaderos y pescadores que sostienen nuestra soberanía alimentaria y nuestra economía”, ha concluido.

La diputada nacional de VOX, Reyes Romero, ha denunciado duramente en el Congreso los efectos de las leyes que permiten a menores acceder a tratamientos de cambio de sexo sin la intervención ni el consentimiento de sus padres. Según ha afirmado, “lo más grave, lo más inmoral, es lo que hacen con nuestros hijos”.

Romero ha acusado al Gobierno y a los impulsores de estas normativas de manipular a adolescentes en plena etapa de confusión, empujándolos a someterse a tratamientos irreversibles que comprometen su salud y su identidad futura. “Se les engaña y se les condena a decisiones inmaduras que marcarán de por vida su salud y su identidad”, ha advertido con firmeza.

Asimismo, ha criticado que estas leyes marginan y excluyen a los padres del proceso, negándoles el derecho —protegido por la Constitución— a velar por el bienestar de sus hijos. “Se les arrebata su derecho natural y constitucional a proteger a sus propios hijos”, ha declarado.

Romero ha concluido que este tipo de legislación no representa la libertad, sino un claro caso de “adoctrinamiento e ingeniería social”, donde el Estado interfiere de forma inaceptable en el núcleo familiar y en la formación de la identidad de los menores.

Desde VOX, se insiste en la urgente necesidad de derogar estas leyes y restaurar la autoridad y la responsabilidad de los padres, así como garantizar la protección integral de los menores frente a políticas ideológicas que, según el partido, “atentan contra la infancia”.

La diputada nacional de VOX, Blanca Armario, ha denunciado en el Congreso la existencia de casos reales de matrimonios forzosos en España, criticando duramente la pasividad de los partidos del bloque progresista ante esta grave violación de derechos. “Hoy hablamos de una niña de Camboya, pero en España también hay niñas que sufren lo mismo”, ha advertido, en referencia a un caso emblemático citado durante la sesión parlamentaria.

Armario recordó que VOX presentó en febrero de 2025 una iniciativa en la Comisión de Juventud e Infancia para mejorar los protocolos de detección, prevención y apoyo a las víctimas, así como para denunciar a asociaciones que encubran esta práctica. En mayo, el grupo presentó además una proposición de ley para erradicar los matrimonios forzosos y endurecer las penas contra quienes obligan a niñas y mujeres a casarse en contra de su voluntad.

“Ambas iniciativas fueron rechazadas por la izquierda, que ahora pretende abanderar una lucha que en realidad bloquea desde dentro”, denunció Armario. Criticó también al Partido Popular por restar importancia al fenómeno alegando falta de datos. “Entre 2019 y 2023 se detectaron 76 casos en Cataluña. En 2024, 24 en toda España, de los cuales el 46% fueron en Cataluña, algunos con menores de edad”, recordó.

La diputada arremetió contra lo que calificó de hipocresía parlamentaria, señalando que mientras algunos partidos denuncian esta realidad en el extranjero, rechazan legislar en España para proteger a las menores. “La causa de estos matrimonios no es la pobreza, es la implantación de una cultura y una religión que considera a la mujer un objeto”, subrayó.

Blanca Armario acusó a los partidos progresistas y al PP de mantener políticas de fronteras abiertas que permiten la entrada de ideologías incompatibles con los derechos de las mujeres. “Solo VOX denuncia lo que ocurre aquí, no solo fuera”, afirmó. También criticó a quienes, como Bildu, se presentan como defensores de los derechos humanos mientras votan contra medidas para erradicar estas prácticas.

“La juventud cada vez apoya más a VOX porque sabe que somos los únicos que defendemos de verdad a las mujeres en España. Queremos restaurar la inocencia y protegerla de las políticas buenistas de esta Cámara”, concluyó.

La coordinadora de VOX en Ronda, Celia Aragonés, ha exigido al equipo de gobierno municipal que adopte las medidas necesarias para que la ciudad no pierda los exámenes teóricos de la DGT, tras conocerse que la informatización obligatoria de las aulas de examen aún no se ha implementado en Ronda.

Según ha explicado Aragonés, “la DGT ha establecido que todos los exámenes teóricos del carné de conducir deben realizarse en aulas informatizadas antes de que finalice el año, pero en Ronda no se ha avanzado nada, mientras que en ciudades como Jerez ya están coordinando con la DGT para disponer de estas instalaciones este mismo otoño”.

La coordinadora ha recordado que el Ayuntamiento de Ronda se ha negado a asumir la instalación de los equipos informáticos, a pesar de que en otras localidades andaluzas los consistorios sí han dado un paso adelante. “En Jerez, por ejemplo, el Ayuntamiento ha comprado los ordenadores y ha trabajado junto a la DGT para no perder el servicio. En Ronda, en cambio, la respuesta del equipo de gobierno ha sido mirar hacia otro lado”, ha lamentado.

Aragonés ha advertido de que esta situación genera un agravio comparativo para los rondeños. “Si el Ayuntamiento no actúa con urgencia, los aspirantes al carné tendrán que desplazarse a Málaga, con los costes y las dificultades que eso supone, especialmente teniendo en cuenta la falta de trenes y la reducción de autobuses que sufrimos desde hace años”, ha subrayado.

La portavoz ha recordado además que “el Ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses de sus vecinos, no de desentenderse. La movilidad en Ronda ya es lo bastante complicada como para que ahora se prive a los jóvenes de examinarse aquí por pura dejadez”, ha afirmado.

Por último, Aragonés ha insistido en que VOX seguirá vigilando este asunto para evitar que Ronda pierda un servicio esencial. “Defenderemos que los exámenes de la DGT se mantengan en nuestra ciudad. Es una cuestión de igualdad, de oportunidades y de respeto a los rondeños”, ha concluido.

La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha denunciado el estado “lamentable” del servicio de Cercanías en toda España, con especial énfasis en el tramo Málaga–Madrid, y ha exigido el cese fulminante del ministro de Transportes por su “manifiesta incompetencia”.

Durante su intervención, Rueda ha revelado que desde el 1 de enero hasta el 2 de septiembre de 2025 se han registrado 22.600 incidencias o retrasos en los servicios de Cercanías en toda España. “Esto es una desfachatez que afecta directamente a la calidad, la seguridad y la imagen del sistema ferroviario español”, ha asegurado.

En respuesta a una propuesta del Partido Popular, la diputada de VOX ha calificado de “vergüenza y farsa” el planteamiento de los populares, al limitarse a solicitar al Gobierno la recuperación de las indemnizaciones por retraso. “Esas indemnizaciones vendrían muy bien a los bolsillos de los españoles, que cada día pagan más impuestos y reciben peores servicios, pero la iniciativa se queda muy corta”, ha afirmado.

Rueda ha reprochado al PP su falta de firmeza y coherencia, recordando que en su iniciativa ni siquiera se plantea el cese del ministro, a pesar de haber hablado de su “deficiente gestión”. En este sentido, ha instado a los populares a apoyar las enmiendas de VOX que exigen la destitución inmediata del responsable de Transportes por su “grave responsabilidad” en el deterioro del servicio ferroviario.

“Si quieren recuperar la confianza en el tren, empiecen por apartar a los que han demostrado que no saben gestionarlo”, ha sentenciado la diputada.

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