🏠 La delegada de Urbanismo de Bormujos y portavoz de VOX Isabel Madera, desgrana en Diálogos de Actualidad el sistema que determina el precio final de las VPO y aclara qué competencias corresponden a la Junta y a los ayuntamientos.
Actualidad Política estrena su nueva sección de entrevistas, «Diálogos de Actualidad«, con una conversación conducida por Keka Alcaide junto a Isabel Madera, delegada de Urbanismo y portavoz del Grupo Municipal VOX en Bormujos (Sevilla), para abordar uno de los asuntos que más preocupa actualmente a los ciudadanos: el acceso a la vivienda y el precio de la vivienda protegida.
Durante la entrevista, Isabel Madera explicó de forma detallada cómo se configura el precio final de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Andalucía, una cuestión que genera un intenso debate social debido al incremento de los precios registrado en los últimos años.
La portavoz de VOX aclaró que el punto de partida es un módulo base fijado inicialmente por el Gobierno y posteriormente adaptado por cada comunidad autónoma. En el caso andaluz, este módulo se sitúa en torno a los 890 euros por metro cuadrado útil.
A partir de ese valor inicial se aplican distintos coeficientes que dependen de factores como la ubicación geográfica de la promoción, la proximidad a grandes núcleos urbanos y el tipo de vivienda protegida que se vaya a construir.
Según explicó Madera, existen tres modalidades de vivienda protegida: régimen especial, destinada a personas con menores ingresos; régimen general; y régimen limitado, que es precisamente la modalidad que actualmente está generando mayor controversia debido al incremento de los precios finales que soportan los compradores.
Durante la entrevista, también se abordó el papel de los ayuntamientos en la promoción de vivienda protegida. Isabel Madera recordó que los consistorios no tienen capacidad para fijar el precio de venta de las VPO, ya que esta competencia corresponde a otras administraciones.
No obstante, sí señaló que los ayuntamientos pueden desempeñar un papel fundamental mediante la puesta a disposición de suelo público, la actualización de los registros de demandantes, la agilización de licencias urbanísticas y la aplicación de bonificaciones fiscales a los promotores cuando estas redunden en una reducción efectiva del precio final de las viviendas.
«Es obligación de los ayuntamientos facilitar los procedimientos, agilizar los trámites y favorecer que la vivienda protegida sea realmente accesible para las familias que la necesitan», explicó.
Con esta conversación, Diálogos de Actualidad inaugura una nueva etapa en Actualidad Política, apostando por entrevistas que permitan profundizar en asuntos de interés público y acercar a los ciudadanos información rigurosa sobre los principales debates políticos y sociales del momento.
