Actualidad Política

25 de septiembre de 2026

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VOX Utrera ha denunciado el estado de conservación de Casa Surga y ha reclamado al Gobierno municipal una intervención integral que permita solucionar definitivamente las deficiencias del edificio y aprovechar plenamente sus posibilidades como espacio cultural.

El coordinador local de VOX, José Miguel Jiménez, sostiene que el inmueble continúa infrautilizado y presenta goteras, problemas acústicos, necesidades de climatización y deficiencias de limpieza en algunas zonas.

«Después de tres años de denunciar sus deficiencias, el Gobierno municipal sigue sin ofrecer una solución integral para el edificio», ha afirmado Jiménez. VOX considera que la situación de Casa Surga refleja un modelo basado en anuncios y actuaciones puntuales, pero sin suficiente mantenimiento cotidiano del patrimonio y de los equipamientos municipales.

Un edificio histórico convertido en espacio cultural

Casa Surga es una casa palacio barroca de finales del siglo XVIII, transformada posteriormente en un centro cultural mediante la incorporación de salas expositivas y nuevos espacios para actividades públicas.

El inmueble fue recuperado y abierto como equipamiento cultural durante el anterior Gobierno socialista. Desde entonces ha acogido exposiciones, conferencias, presentaciones y actividades educativas, sociales y relacionadas con el flamenco.

VOX reconoce el valor de esa recuperación, pero sostiene que la rehabilitación dejó problemas que han limitado el uso del edificio.

Deficiencias reconocidas desde 2023

El actual Gobierno municipal ya denunció al llegar a la Alcaldía en 2023 deficiencias eléctricas, acústicas y de climatización en Casa Surga, responsabilizando de ellas a la actuación ejecutada durante el mandato anterior.

José Miguel Jiménez considera que, después de tres años de gobierno, el alcalde Francisco «Curro» Jiménez ya no puede atribuir todos los problemas a la herencia recibida.

«El problema no es solo lo que hizo mal Villalobos, sino lo que Curro Jiménez no ha sido capaz de resolver después de tres años gobernando», ha señalado el coordinador de VOX.

La formación reclama conocer qué actuaciones se han ejecutado desde 2023, cuánto dinero se ha destinado al mantenimiento del edificio y qué calendario existe para corregir todas las deficiencias pendientes.

El Ayuntamiento anuncia una nueva cubierta

El Ayuntamiento ha anunciado recientemente la sustitución de la cubierta del patio principal para intentar acabar con las filtraciones y mejorar las condiciones acústicas del espacio. La actuación pretende corregir problemas detectados desde la remodelación realizada durante el mandato anterior.

VOX valora que se actúe sobre estas deficiencias, pero considera que la intervención anunciada no constituye por sí sola una solución completa.

La formación reclama un diagnóstico técnico general que abarque la cubierta, la climatización, la acústica, la limpieza, el mantenimiento exterior y el aprovechamiento cultural del inmueble.

Críticas por la maleza y la falta de limpieza

Jiménez también ha denunciado la presencia de maleza, residuos y suciedad en determinadas zonas de Casa Surga.

Para VOX, estas cuestiones corresponden al mantenimiento ordinario del actual Gobierno municipal y no pueden justificarse por los errores de la rehabilitación original.

La formación sostiene que conservar un edificio histórico no consiste únicamente en desarrollar obras visibles, sino en mantenerlo limpio, abierto, funcional y disponible para los vecinos durante todo el año.

«La Casa Surga confirma el modelo de ciudad poco cuidada que está consolidando el alcalde», ha afirmado Jiménez. Esta declaración constituye una valoración política de VOX sobre la gestión municipal.

Actuaciones en la fachada y el entorno

La fachada histórica fue sometida a una intervención de restauración que permitió recuperar parte de su riqueza ornamental y patrimonial. Los trabajos quedaron visibles en 2024 tras la retirada de los andamios.

El Gobierno municipal también ha defendido las mejoras realizadas en el entorno del inmueble durante el traslado de la estatua del Abate Marchena, una actuación que generó controversia política y vecinal.

VOX considera que estas intervenciones exteriores no resuelven los problemas funcionales del centro cultural y reclama que la prioridad sea conservar el edificio y ampliar su utilización.

VOX pide un plan integral para Casa Surga

La formación propone elaborar un plan que incluya una inspección técnica completa, las reparaciones pendientes, un programa permanente de mantenimiento y una estrategia cultural que permita aumentar el número de actividades.

También reclama transparencia sobre el coste de las actuaciones realizadas y las previstas, así como plazos concretos para solucionar las goteras y los problemas de climatización y sonido.

«Una ciudad cuidada no se construye únicamente con obras visibles y anuncios, sino conservando sus edificios históricos, manteniéndolos abiertos y poniéndolos al servicio de los vecinos», ha concluido José Miguel Jiménez.

VOX sostiene que Casa Surga representa el potencial patrimonial de Utrera, pero también las consecuencias de no acompañar las rehabilitaciones con un mantenimiento continuo y una planificación cultural a largo plazo.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno que impulse medidas urgentes para aliviar las retenciones que se producen durante el verano en la carretera A-497, principal conexión entre la capital onubense y Punta Umbría.

El portavoz municipal, Wenceslao Font Briones, llevará esta cuestión al próximo Pleno para conocer qué actuaciones tiene previsto promover el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, en coordinación con la Dirección General de Tráfico, la Junta de Andalucía y las demás administraciones implicadas.

Font Briones ejerce como portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva desde 2019. La corporación municipal cuenta actualmente con dos representantes de la formación.

«El Ayuntamiento no puede permanecer al margen de un problema que afecta directamente a la movilidad de la ciudad y a la imagen de Huelva como puerta de entrada al principal destino turístico de la costa onubense», ha afirmado.

Una conexión esencial con la costa occidental

La A-497 forma parte de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y conecta Huelva con Punta Umbría a lo largo de aproximadamente 17 kilómetros. También constituye un enlace fundamental para los desplazamientos hacia Aljaraque, El Portil y otras localidades de la costa occidental.

VOX sostiene que la vía tiene una importancia estratégica tanto para la movilidad cotidiana de los residentes como para la actividad turística, comercial y hostelera de la provincia.

«Es uno de los principales ejes de comunicación de Huelva y una infraestructura esencial para miles de ciudadanos», ha señalado Font Briones.

El portavoz recuerda que durante los meses de verano aumenta considerablemente el número de desplazamientos hacia las playas, especialmente durante los fines de semana y en las horas de salida y regreso.

La propia planificación de tráfico de 2026 incluye el tramo completo de la A-497 entre Huelva y Punta Umbría entre las carreteras sujetas a medidas especiales durante los sábados, domingos y festivos de julio y agosto, entre las 11:00 y las 22:00 horas.

Retenciones que se repiten durante el verano

Font Briones ha lamentado que las retenciones vuelvan a producirse cada temporada estival sin que se hayan ejecutado actuaciones estructurales capaces de solucionar el problema.

Según el portavoz de VOX, en los momentos de mayor afluencia los conductores soportan esperas superiores a media hora, especialmente en el entorno del Puente del Odiel y en los accesos a la capital.

Los incidentes de tráfico agravan especialmente la situación. En abril de 2026, un accidente registrado en la A-497, a la altura de Aljaraque, provocó más de cuarenta minutos de retenciones y una acumulación progresiva de vehículos en el entorno del puente.

VOX ya había alertado anteriormente de que cualquier accidente en esta carretera puede provocar largas colas debido a la elevada intensidad de tráfico y a la falta de alternativas con capacidad suficiente. La formación reclamó en 2025 soluciones para reducir la dependencia del Puente del Odiel y mejorar la conexión con la costa occidental.

Un problema que también afecta a los trabajadores

El Grupo Municipal advierte de que los atascos no perjudican únicamente a quienes se desplazan por motivos de ocio.

Numerosos trabajadores utilizan diariamente la A-497 para acceder a sus empleos en Huelva, Punta Umbría, Aljaraque y otros municipios cercanos. Las retenciones pueden provocar retrasos, aumentar el coste de los desplazamientos y dificultar la conciliación familiar.

Font Briones también ha alertado del incremento del consumo de combustible, la pérdida de productividad y el deterioro de la imagen turística que provoca una entrada a la costa marcada por los atascos.

«No hablamos solamente de molestias para quienes van a la playa, sino de un problema que condiciona la vida diaria de miles de ciudadanos», ha defendido.

El cuello de botella del Puente del Odiel

VOX sitúa uno de los principales puntos problemáticos en el entorno del Puente del Odiel, donde confluyen desplazamientos procedentes de Punta Umbría, Aljaraque y la costa occidental.

La formación considera que la ausencia de itinerarios alternativos con suficiente capacidad provoca que una avería, una colisión o cualquier otra incidencia termine afectando al conjunto de la circulación.

VOX viene reclamando inversiones estructurales en esta zona. Entre sus propuestas anteriores se encuentran estudios para construir un nuevo puente sobre el río Odiel, ampliar las comunicaciones con la costa y analizar el desdoblamiento de otras carreteras metropolitanas conectadas con la A-497.

Font Briones sostiene que estas grandes actuaciones requieren planificación y financiación autonómica, pero considera que el Ayuntamiento debe presionar para que dejen de aplazarse.

Coordinación entre el Ayuntamiento, la Junta y la DGT

La titularidad autonómica de la A-497 implica que las principales obras de ampliación, conservación o transformación de la carretera corresponden a la Junta de Andalucía. La regulación general del tráfico compete a la DGT, mientras que el Ayuntamiento puede intervenir en los accesos urbanos, la información municipal, la movilidad local y la coordinación institucional.

Por este motivo, VOX reclama la creación de un marco estable de colaboración entre las tres administraciones.

El grupo municipal propone estudiar medidas temporales de regulación durante las horas con mayor intensidad, mejorar la coordinación ante accidentes y reforzar los sistemas de información en tiempo real.

También plantea informar previamente a los conductores sobre retenciones, tiempos estimados, incidencias y posibles rutas alternativas mediante paneles, aplicaciones, redes sociales y canales municipales.

Medidas inmediatas mientras llegan las inversiones

VOX considera que las grandes obras no pueden utilizarse como excusa para no adoptar soluciones provisionales.

Font Briones reclama dispositivos especiales durante los fines de semana, planificación ante los horarios de mayor afluencia, retirada rápida de vehículos averiados y una coordinación más eficaz entre los servicios de emergencia y tráfico.

La formación también pide analizar el funcionamiento de los accesos a Huelva y Punta Umbría para determinar si pueden introducirse cambios puntuales en la señalización o en la distribución de los movimientos.

«Mientras no se ejecuten las actuaciones de mayor calado, las administraciones tienen la obligación de reducir en todo lo posible las retenciones», ha afirmado.

VOX llevará la situación al próximo Pleno

El Grupo Municipal preguntará al equipo de Gobierno si tiene previsto promover medidas específicas de coordinación, regulación e información para reducir los atascos estivales.

VOX quiere conocer qué reuniones se han mantenido con la Junta y la DGT, qué propuestas ha trasladado el Ayuntamiento y si existe un plan de actuación para los días con mayor afluencia.

Font Briones también reclamará que el Gobierno municipal concrete los compromisos asumidos por las demás administraciones y los plazos previstos para las inversiones estructurales.

«Huelva no puede resignarse a sufrir cada verano los mismos atascos. El Ayuntamiento debe defender los intereses de los vecinos y liderar la coordinación necesaria para encontrar soluciones», ha concluido.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado al Comisionado para el Polígono Sur que concentre sus esfuerzos en resolver los problemas de seguridad, narcotráfico, desempleo, fracaso escolar, vivienda y exclusión social que afectan a los vecinos de esta zona de la ciudad.

García de Polavieja trasladó esta posición durante una reunión con el comisionado, Jaime Bretón, en la que también participaron, según ha informado la formación, la diputada nacional Reyes Romero, la parlamentaria andaluza Cristina Peláez y el coordinador del Distrito Sur, Hernán Ferrero.

Jaime Bretón ocupa el cargo de comisionado desde 2019. Este órgano tiene como función coordinar las políticas desarrolladas por el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla en el Polígono Sur. El propio Bretón ha situado anteriormente la seguridad, la inserción laboral y la participación de vecinos y entidades entre las prioridades de su actuación.

«Los vecinos del Polígono Sur no llevan décadas reclamando una mezquita. Lo que llevan décadas reclamando es seguridad, oportunidades, limpieza, empleo, vivienda digna y la recuperación de la convivencia», ha afirmado García de Polavieja.

VOX reclama neutralidad al Comisionado

El portavoz municipal ha pedido al Comisionado que mantenga una posición de neutralidad institucional ante el proyecto promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y que sitúe las necesidades expresadas por los residentes por encima de cualquier interés político o ideológico.

VOX sostiene que el organismo encargado de coordinar las actuaciones en el Polígono Sur no debe presentar una infraestructura religiosa como respuesta a las dificultades estructurales del barrio.

«El Comisionado debe velar exclusivamente por el interés general de los residentes del Polígono Sur, evitando convertirse en un instrumento para impulsar proyectos que generan división social y que carecen del consenso vecinal necesario», ha manifestado García de Polavieja.

La formación ya había solicitado anteriormente que la tramitación se sometiera a la máxima transparencia y que los vecinos pudieran conocer el proyecto, su financiación y su encaje urbanístico antes de que el Ayuntamiento adoptara una decisión definitiva.

Seguridad, empleo y educación como prioridades

VOX considera que la transformación del Polígono Sur debe comenzar por reforzar la presencia policial, combatir el narcotráfico, mejorar los centros educativos, reducir el abandono escolar y ofrecer oportunidades laborales estables.

El Comisionado y las administraciones implicadas han desarrollado durante los últimos años programas sobre empleo, vivienda, regeneración urbana e inclusión social. La Junta destinó más de seis millones de euros entre 2023 y 2025 a programas de orientación, formación e inserción laboral en la zona.

García de Polavieja sostiene, no obstante, que los problemas continúan condicionando la vida cotidiana de miles de familias y requieren resultados verificables.

«La transformación del Polígono Sur llegará cuando las administraciones sean capaces de garantizar la seguridad, acabar con el narcotráfico, mejorar la educación y generar empleo estable para sus vecinos», ha declarado.

VOX reclama que las administraciones presenten objetivos, calendarios e indicadores públicos sobre reducción de la delincuencia, inserción laboral, absentismo escolar, rehabilitación de viviendas y mejora de los servicios municipales.

La licencia permanece pendiente de nuevos informes

El proyecto del centro cultural islámico está previsto en una parcela privada situada entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, cerca del parque Celestino Mutis.

La iniciativa contempla un complejo cultural y social que incluye una sala de oración de aproximadamente 400 metros cuadrados, con capacidad para entre 400 y 500 personas. Según sus promotores, el espacio religioso ocuparía alrededor del 20 % de la superficie total y estaría acompañado por salas de reuniones, biblioteca, cafetería y otros servicios.

El Ayuntamiento retiró el expediente de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo del 10 de julio para solicitar nuevos informes técnicos y jurídicos sobre las observaciones presentadas por VOX. El alcalde, José Luis Sanz, también se ha mostrado dispuesto a estudiar una consulta ciudadana cuando se conozcan las conclusiones de esos informes.

García de Polavieja considera que esta decisión confirma que existen cuestiones urbanísticas que deben estudiarse antes de conceder una eventual licencia.

«Cualquier actuación urbanística de esta naturaleza debe contar con todas las garantías legales, absoluta transparencia sobre su financiación y la participación efectiva de los vecinos», ha señalado.

VOX cuestiona el uso principal del edificio

Una de las principales objeciones formuladas por VOX afecta a la clasificación urbanística del proyecto.

La documentación técnica lo presenta como un centro cultural y social en el que el uso religioso sería complementario. VOX sostiene, sin embargo, que la sala de oración, el espacio para el imán, las zonas de abluciones, el patio y el minarete podrían demostrar que el culto tiene una importancia principal dentro del conjunto.

La formación argumenta que esta cuestión podría modificar el régimen urbanístico aplicable y ha solicitado que los técnicos municipales determinen con precisión cuál será el uso predominante.

Los promotores defienden que se trata de un proyecto privado, financiado con fondos privados y levantado sobre una parcela que no pertenece al Ayuntamiento. También sostienen que el centro estará abierto al conjunto de la ciudadanía y que pretende colaborar con las entidades del entorno.

VOX rechaza que estas afirmaciones permitan presentar el proyecto como una solución a los problemas del Polígono Sur.

Participación efectiva de los vecinos

El Grupo Municipal VOX reclama que las asociaciones vecinales, entidades sociales y residentes de los barrios afectados puedan pronunciarse antes de que concluya la tramitación.

La formación considera insuficiente que la decisión quede limitada a un procedimiento técnico si el tamaño, los usos y el impacto del proyecto pueden afectar a la movilidad, la convivencia y la planificación de la zona.

García de Polavieja ya había pedido la celebración de una Junta Municipal extraordinaria del Distrito Sur y un proceso público de participación. El portavoz ha reiterado que su grupo se opondrá al proyecto y utilizará los mecanismos políticos y administrativos disponibles para fiscalizar el expediente.

«No aceptamos que se intente presentar este proyecto como una herramienta de transformación social», ha afirmado.

Explicaciones públicas del Comisionado

VOX solicita a Jaime Bretón que explique públicamente su valoración del proyecto y aclare si considera que existe un respaldo suficiente entre los vecinos.

La formación también quiere conocer qué reuniones ha mantenido el Comisionado con los promotores, qué participación ha tenido en la tramitación y qué actuaciones considera prioritarias para mejorar la situación del Polígono Sur.

García de Polavieja ha insistido en que las administraciones llevan demasiado tiempo sin resolver los problemas estructurales de la zona.

«Resulta incomprensible que se pretenda abrir un debate sobre una gran mezquita mientras continúan sin resolverse los problemas que afectan diariamente a miles de familias», ha señalado.

VOX mantendrá su exigencia de transparencia, participación ciudadana y revisión rigurosa del expediente, al tiempo que reclamará que la seguridad, la educación, el empleo, la limpieza y la vivienda sean las prioridades de las administraciones en el Polígono Sur.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al próximo Pleno una pregunta escrita para exigir al Gobierno municipal medidas concretas frente a los problemas de seguridad denunciados por vecinos, sanitarios, vigilantes y usuarios en el barrio de Lepanto, especialmente en el entorno del Centro de Salud Levante Sur.

La iniciativa será debatida en la sesión correspondiente al mes de agosto, adelantada al jueves 23 de julio de acuerdo con el calendario aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento. Las comisiones municipales de esa sesión se celebraron los días 15 y 16 y la Junta de Portavoces quedó fijada para el 20 de julio.

La portavoz municipal de VOX, Marta León, preguntará qué actuaciones ha desarrollado o tiene previsto impulsar el equipo de Gobierno para aumentar la presencia policial, prevenir nuevos episodios violentos y garantizar la seguridad de quienes acuden diariamente al centro sanitario.

León figura actualmente como portavoz del Grupo Municipal VOX en la corporación cordobesa.

«Los vecinos llevan demasiado tiempo trasladando su preocupación sin que se les ofrezcan soluciones eficaces. No podemos normalizar que acudir al centro de salud, ir a trabajar o simplemente caminar por el barrio se convierta en una situación de riesgo», ha afirmado.

Amenazas, peleas e incidentes junto al centro sanitario

La iniciativa de VOX se produce después de que trabajadores y organizaciones sindicales hayan alertado de continuos altercados en el aparcamiento situado frente al Centro de Salud Levante Sur.

UGT presentó una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno en la que reclamaba un refuerzo urgente y permanente de la presencia policial. El sindicato asegura que se han registrado amenazas, agresiones, peleas, intentos de ataque con palos y barras de hierro y situaciones que ponen en riesgo a vigilantes, profesionales sanitarios y pacientes.

Entre los incidentes comunicados figura el incendio de un colchón que llegó a afectar o estuvo cerca de alcanzar un vehículo utilizado por personal sanitario, según las versiones difundidas por el sindicato y los medios locales.

Las asociaciones vecinales de Unión de Levante y Viñuela también han anunciado que estudiarán actuaciones conjuntas. Representantes del barrio sostienen que llevan años solicitando mayor vigilancia, iluminación y medidas frente a los conflictos generados en el aparcamiento.

VOX considera que estos testimonios justifican una respuesta coordinada y permanente, y no únicamente intervenciones puntuales después de cada altercado.

Protección para sanitarios, vigilantes y pacientes

Marta León ha advertido de que los problemas de convivencia no afectan exclusivamente a los residentes de Lepanto, sino también a los trabajadores y usuarios de un servicio sanitario esencial.

El Centro de Salud Levante Sur cuenta con un punto de urgencias que ha incrementado la afluencia de pacientes y profesionales en la zona. El servicio presta atención a una amplia área de la capital y dispone de consultas médicas, dependencias de emergencias y espacios de triaje.

UGT sostiene que los vigilantes tienen que intervenir habitualmente ante insultos, intimidaciones y enfrentamientos, mientras los sanitarios y pacientes soportan un clima de tensión incompatible con el funcionamiento normal del centro.

«La seguridad es un derecho fundamental y la primera obligación de cualquier administración es proteger a los ciudadanos», ha manifestado León.

La portavoz reclama que las administraciones competentes garanticen que trabajadores y usuarios puedan entrar y salir del centro sin sufrir amenazas ni tener que atravesar situaciones violentas.

VOX pide coordinación entre Policía Local y Policía Nacional

La pregunta registrada por VOX pretende conocer qué contactos ha mantenido el Ayuntamiento con la Subdelegación del Gobierno y qué actuaciones coordinadas están previstas entre la Policía Local y la Policía Nacional.

Tras las denuncias sindicales, la Policía Nacional comunicó que aumentaría su presencia en la zona mediante patrullas dinámicas e intermitentes. Fuentes municipales también señalaron que los equipos Rayo de la Policía Local realizan actuaciones relacionadas con infracciones, vandalismo e incumplimientos de las ordenanzas.

VOX considera que estas intervenciones deben acompañarse de un plan estable que defina horarios de vigilancia, mecanismos de respuesta rápida y canales de comunicación con el centro de salud y las asociaciones vecinales.

La formación también quiere saber cuántas actuaciones policiales se han realizado, qué denuncias se han presentado, cuáles son los horarios con mayor número de incidentes y qué resultados han tenido los dispositivos desplegados.

Medidas más allá de las ordenanzas municipales

Marta León insiste en que la respuesta no puede limitarse a tramitar sanciones por incumplimientos administrativos.

VOX reclama medidas dirigidas a prevenir la delincuencia, identificar a los responsables de amenazas o agresiones y garantizar una intervención inmediata cuando exista riesgo para los vecinos o los trabajadores del centro sanitario.

La formación propone reforzar la presencia policial visible, mejorar la iluminación y la vigilancia del aparcamiento, analizar la instalación de cámaras dentro del marco legal y establecer reuniones periódicas con los representantes vecinales y sanitarios.

También pide que cualquier conducta delictiva se aborde individualmente, evitando atribuciones colectivas sin pruebas. La Fundación Prolibertas, que gestiona un comedor social cercano, ha señalado que no ha recibido comunicaciones oficiales que vinculen a sus usuarios con los altercados y se ha mostrado dispuesta a colaborar con las instituciones para analizar la situación con datos objetivos.

VOX exige una respuesta clara al Gobierno municipal

El Grupo Municipal VOX espera que el Ejecutivo local detalle durante el Pleno las medidas realizadas y los compromisos que asumirá para recuperar la tranquilidad en Lepanto.

«Desde VOX seguiremos siendo la voz de los vecinos que reclaman vivir con normalidad y sin miedo. Escuchar sus preocupaciones y exigir soluciones reales es nuestra obligación», ha concluido Marta León.

La formación mantendrá el seguimiento de los incidentes y reclamará que cualquier dispositivo anunciado se traduzca en una presencia policial suficiente y en resultados verificables para los residentes, sanitarios y usuarios del Centro de Salud Levante Sur.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha destacado los cinco grandes retos planteados por Andalucía para continuar fortaleciendo y modernizando su sistema sanitario público y avanzar hacia una atención más accesible, innovadora y preparada para el futuro.

La hoja de ruta contempla la aprobación de una nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público, el refuerzo de la salud pública, el impulso de la educación sanitaria y la prevención, el liderazgo de la transformación digital y la creación de un centro de innovación destinado a potenciar la investigación y las nuevas tecnologías.

“En Andalucía nos hemos marcado cinco grandes retos para seguir fortaleciendo y modernizando la sanidad pública”, ha señalado Sanz.

Una nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público

El primero de los grandes objetivos será el desarrollo de una nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público, orientada a reforzar el funcionamiento, la calidad y la capacidad de respuesta de la sanidad andaluza.

Esta iniciativa formará parte de una estrategia integral para adaptar el sistema a los nuevos desafíos asistenciales, tecnológicos y organizativos.

Más prevención y educación para la salud

La Junta de Andalucía reforzará las políticas de salud pública e impulsará la educación sanitaria y la prevención como elementos fundamentales para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

El objetivo es avanzar en la detección temprana de las enfermedades, promover hábitos saludables y actuar antes de que determinadas patologías provoquen consecuencias más graves para los pacientes.

El Gobierno andaluz defiende así un modelo sanitario que no se limite a tratar las enfermedades, sino que también dedique más recursos y herramientas a prevenirlas.

Una revolución digital en la sanidad andaluza

Antonio Sanz ha destacado que uno de los ejes centrales será desarrollar “la mayor revolución digital del sistema sanitario”, incorporando las nuevas tecnologías en todas sus áreas de gestión.

La transformación alcanzará tanto la atención directa a los pacientes como la aplicación de terapias, la organización interna del sistema y la actividad asistencial.

“La revolución digital permitirá introducir cambios importantes desde la detección precoz de enfermedades hasta la propia asistencia sanitaria y la lucha contra diferentes patologías”, ha explicado.

Inteligencia artificial y Big Data al servicio de los pacientes

La estrategia incluirá la utilización de herramientas como la inteligencia artificial, el Big Data y otras tecnologías avanzadas para mejorar la capacidad de diagnóstico, optimizar los tratamientos y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios.

También se desarrollarán nuevas soluciones para mejorar la accesibilidad al sistema y hacer más ágil y sencilla la comunicación entre la sanidad pública, los pacientes y el conjunto de los andaluces.

Sanz ha recordado los avances ya alcanzados en salud digital, como la incorporación de la tarjeta sanitaria al teléfono móvil, y ha explicado que el siguiente paso será unificar las distintas plataformas digitales existentes.

Un centro de innovación e investigación sanitaria

El quinto gran eje será la creación de un hub de innovación, concebido para impulsar la investigación sanitaria, el desarrollo tecnológico y la aplicación de nuevas soluciones en el sistema público andaluz.

Este espacio permitirá reforzar la colaboración entre profesionales, investigadores y agentes tecnológicos para convertir los avances científicos en mejoras concretas para los pacientes.

Andalucía aspira así a consolidarse como un territorio de referencia en innovación sanitaria y en la aplicación responsable de las nuevas tecnologías.

Una sanidad pública preparada para el futuro

Antonio Sanz ha defendido que estos cinco objetivos configuran una hoja de ruta ambiciosa para construir una sanidad pública más moderna, accesible y eficiente.

El Gobierno andaluz seguirá apostando por la transformación digital, la prevención, la investigación y la innovación como instrumentos para mejorar la calidad asistencial y ofrecer mejores respuestas a las necesidades de los ciudadanos.

El Grupo Municipal VOX en Alcalá de Guadaíra ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario con la que reclama la aprobación de una ordenanza específica contra la contaminación acústica y más medios materiales para la Policía Local.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la protección del descanso y la salud de los vecinos ante las molestias provocadas por la música, el ruido nocturno y determinadas actividades celebradas en espacios públicos o instalaciones municipales.

El portavoz municipal de VOX, Pedro Navarro, sostiene que Alcalá de Guadaíra carece actualmente de una ordenanza específica que permita adaptar la regulación acústica a las circunstancias y necesidades de la ciudad.

«Es paradójico y lamentable que una ciudad como la nuestra no cuente todavía con una ordenanza específica contra el ruido», ha afirmado Navarro.

Una regulación municipal para proteger el descanso

VOX considera insuficiente depender exclusivamente de la normativa autonómica y reclama que el Ayuntamiento apruebe una regulación propia sobre horarios, inspecciones, emisiones acústicas, actividades en la vía pública y comportamientos que puedan perjudicar la convivencia.

La Ley estatal del Ruido atribuye expresamente a los ayuntamientos la competencia para aprobar ordenanzas municipales sobre esta materia y adaptar su planeamiento urbanístico a la normativa acústica.

En Andalucía, el marco vigente está recogido en el Decreto 50/2025, que sustituyó al anterior Decreto 6/2012. El reglamento autonómico regula la prevención, vigilancia y control del ruido, además de atribuir a los municipios competencias para aprobar ordenanzas y actuar ante ruidos procedentes de la vía pública, actividades domésticas o comportamientos vecinales que superen los límites tolerables.

VOX sostiene que una ordenanza local permitiría establecer criterios más claros para responder a las denuncias vecinales y facilitaría el trabajo de los agentes y técnicos municipales.

Críticas por las molestias durante actividades municipales

Pedro Navarro también ha denunciado que durante los últimos meses se han producido molestias nocturnas relacionadas con actividades organizadas por el propio Ayuntamiento o desarrolladas en instalaciones municipales.

«Se ha permitido música y alboroto hasta altas horas de la madrugada sin que nadie mueva un dedo», ha criticado el portavoz. Esta afirmación corresponde a la valoración y denuncia política realizada por VOX, que no concreta en su comunicado las fechas ni los actos afectados.

Navarro ha precisado que su formación no pretende impedir las actividades culturales, festivas o de ocio, sino establecer unas condiciones que permitan celebrarlas sin perjudicar a quienes viven en las zonas próximas.

«No vamos en contra del ocio, pero exigimos aplicar el sentido común para hacer compatibles estas actividades con la tranquilidad familiar», ha señalado.

La regulación andaluza vigente también busca equilibrar el derecho al descanso con el desarrollo de las actividades económicas, recreativas y sociales, estableciendo límites de emisión, aislamiento acústico y sistemas de control del sonido.

Sonómetros homologados para la Policía Local

Entre las medidas concretas incluidas en la moción, VOX reclama que la Policía Local disponga de sonómetros homologados y de los medios técnicos necesarios para comprobar los niveles de ruido cuando se produzcan denuncias vecinales.

Estos dispositivos permitirían realizar mediciones objetivas, documentar posibles incumplimientos y respaldar las actuaciones administrativas o sancionadoras correspondientes.

El nuevo reglamento andaluz actualizó los procedimientos de medición acústica y reforzó las herramientas de control aplicables a establecimientos, actividades y espacios que generen niveles elevados de ruido.

Para VOX, aprobar una ordenanza sin dotar a los agentes de medios materiales y formación técnica impediría aplicar eficazmente las medidas previstas.

Compatibilizar el ocio con la tranquilidad familiar

La moción pide al Gobierno municipal que adopte las actuaciones necesarias para que las actividades lúdicas, culturales y festivas puedan desarrollarse de manera compatible con la salud y el descanso de los ciudadanos.

VOX reclama una planificación previa de los eventos, límites acústicos claros, horarios razonables, controles durante las actividades y una respuesta efectiva cuando se produzcan quejas.

«Resolver este problema es muy sencillo si se quiere trabajar por la ciudad», ha defendido Navarro, quien considera que el Ayuntamiento debe actuar antes de que las molestias provoquen nuevos conflictos entre vecinos y organizadores.

La propuesta deberá ser debatida y votada por los grupos municipales en el próximo pleno ordinario de Alcalá de Guadaíra.

La diputada autonómica y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Andalucía, Paula Badanelli, ha defendido que el acuerdo de Gobierno alcanzado entre VOX y el Partido Popular supondrá «más empleo, menos impuestos y más oportunidades» para la provincia de Córdoba.

El pacto permitió la formación de un Ejecutivo de coalición después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026. La incorporación de VOX al Gobierno autonómico también provocó una reorganización de su grupo parlamentario, en la que Badanelli asumió la portavocía adjunta.

«Con este acuerdo gana Andalucía, pero también gana Córdoba», ha afirmado la representante de VOX. Según Badanelli, propuestas defendidas durante años por la formación pasan ahora a convertirse en compromisos de Gobierno.

VOX reivindica una bajada de impuestos

Entre las medidas con mayor repercusión para Córdoba, Badanelli ha destacado la reducción de impuestos y la defensa de una administración menos costosa para familias, autónomos y empresas.

«Los impuestos no bajan porque caigan del cielo; bajan porque hay partidos como VOX que los ponen encima de la mesa y condicionan los acuerdos para que el dinero esté en los bolsillos de los cordobeses y no en las arcas de la Administración», ha manifestado.

La diputada sostiene que una menor presión fiscal permitirá aumentar la capacidad de ahorro y consumo de los hogares, facilitar la actividad de los autónomos y favorecer la inversión empresarial.

Badanelli también ha recordado que VOX fue determinante para frenar anteriores incrementos fiscales en el Ayuntamiento de Córdoba y ha asegurado que mantendrá esa posición desde el Gobierno andaluz.

Protección del campo frente a las macroplantas fotovoltaicas

La portavoz adjunta ha situado la defensa del campo cordobés entre las prioridades del acuerdo. VOX destaca el compromiso de proteger los suelos agrícolas frente a la proliferación de grandes instalaciones fotovoltaicas que puedan desplazar cultivos o afectar a explotaciones productivas.

«Cada vez que se arranca un olivo se pierde una parte de nuestra tierra, de nuestra economía y de nuestra identidad», ha señalado Badanelli.

La representante autonómica sostiene que la transición energética no debe ejecutarse a costa de la agricultura ni de la supervivencia de los municipios rurales.

«No vamos a permitir que el campo cordobés siga sacrificándose mientras nuestros pueblos pierden oportunidades», ha añadido.

El acuerdo andaluz recoge medidas contrarias a nuevas cargas vinculadas al Pacto Verde que perjudiquen al sector productivo, además de compromisos relacionados con el campo, la energía y la reducción de la burocracia.

Una red eléctrica que permita atraer inversiones

Badanelli también ha destacado el compromiso de mejorar las infraestructuras eléctricas de la provincia. La diputada ha citado específicamente los problemas de suministro y capacidad que afectan a municipios como Lucena y que pueden limitar la construcción de viviendas, la ampliación de empresas y la llegada de nuevos proyectos industriales.

«Córdoba necesita una red eléctrica moderna que permita atraer inversiones, construir viviendas y generar empleo», ha afirmado.

VOX sostiene que reforzar la capacidad de la red resulta imprescindible para que la provincia pueda aprovechar su potencial industrial, logístico y empresarial.

La formación reclamará que los compromisos recogidos en el acuerdo se traduzcan en inversiones, calendarios y actuaciones concretas para los municipios afectados.

Sanidad, educación y vivienda

El acuerdo también contempla medidas relacionadas con la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda.

VOX defiende aumentar la oferta de vivienda protegida, reducir las cargas regulatorias y fiscales que encarecen la construcción y valorar el arraigo real en el acceso a determinados recursos públicos.

Entre los compromisos generales del pacto figura la construcción de 20.000 viviendas protegidas y la incorporación de criterios de vinculación económica, social, familiar y laboral en su adjudicación. También se plantean reducciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y condiciones más favorables para jóvenes, personas con discapacidad y familias numerosas.

En sanidad, la formación destaca los compromisos para reforzar la Atención Primaria, aumentar los recursos, auditar las listas de espera y mejorar los tiempos de diagnóstico y tratamiento.

Prioridad nacional en el acceso a las ayudas

Badanelli ha reivindicado especialmente la inclusión del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas.

«No queremos que ningún joven cordobés, ninguna familia o ningún trabajador vea cómo otros pasan por delante después de toda una vida contribuyendo al bienestar de nuestra tierra», ha declarado.

La prioridad nacional forma parte de los compromisos centrales del acuerdo entre PP y VOX, junto con medidas sobre vivienda, familia, inmigración, fiscalidad y sector productivo. Su aplicación concreta deberá desarrollarse mediante las correspondientes reformas normativas y respetar el marco constitucional y legal.

Las propuestas de reducción fiscal, apoyo al sector productivo, modernización de infraestructuras y defensa del campo coinciden con las líneas generales recogidas en el programa económico de VOX.

VOX promete trasladar el acuerdo a la vida cotidiana

Badanelli ha asegurado que la presencia de VOX en el Ejecutivo permitirá impulsar políticas con efectos directos en el empleo, los barrios, el campo y las familias de Córdoba.

«VOX ha venido a trabajar por la gente corriente y a resolver los problemas reales de Andalucía», ha manifestado.

La diputada ha concluido defendiendo que el acuerdo «marca un antes y un después» para la comunidad y permitirá transformar en medidas de Gobierno propuestas que hasta ahora formaban parte del programa de la formación.

«Cuando cambian las políticas, cambian las cosas. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir en Andalucía y en Córdoba gracias a este acuerdo de Gobierno», ha concluido.

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha criticado la posible creación de una empresa pública de autobuses dependiente de Renfe y ha cuestionado que el Gobierno plantee esta iniciativa en un momento marcado por los problemas del sistema ferroviario y las deficiencias existentes en materia de movilidad.

Martínez Labella ha realizado estas declaraciones durante su participación en el Foro Granada 2026 “Movilidad Compartida para un Futuro Sostenible”, donde ha analizado la Ley de Movilidad Sostenible y la política de transportes del Gobierno de Pedro Sánchez.

La diputada popular ha calificado de “escandalosa” y carente de sentido la posible puesta en marcha de una nueva empresa pública mientras continúan produciéndose incidencias, retrasos y dificultades en la red ferroviaria.

“Con los problemas que atraviesa actualmente el sistema ferroviario español, plantear la creación de una nueva empresa pública carece de toda lógica”, ha afirmado.

Martínez Labella ha advertido también de que el Gobierno debería explicar con transparencia la finalidad, la estructura y el coste de esta iniciativa, así como las razones por las que considera necesaria una nueva entidad dependiente de Renfe.

El PP denuncia una política de transportes marcada por la improvisación

La representante popular ha asegurado que analizar actualmente la situación del transporte en España supone poner de manifiesto las consecuencias de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de Transportes.

“Participar en un foro sobre transportes es constatar la nefasta política del Gobierno y de su ministro Óscar Puente: una gestión caótica en el ámbito ferroviario y una situación preocupante en nuestras carreteras”, ha señalado.

En este contexto, ha considerado una “excentricidad” que el Ejecutivo plantee crear una nueva empresa pública de autobuses en lugar de concentrar sus esfuerzos en mejorar el funcionamiento de las infraestructuras y servicios existentes.

Martínez Labella ha defendido que la prioridad debe ser garantizar un transporte seguro, puntual, accesible y de calidad para todos los ciudadanos, mediante una planificación rigurosa y una adecuada ejecución de las inversiones.

Defensa de la colaboración público-privada

La diputada del Partido Popular ha defendido la colaboración público-privada como la mejor fórmula para mejorar la eficiencia y la calidad del transporte.

Según ha explicado, la cooperación entre las administraciones y las empresas permite aprovechar la experiencia del sector, favorecer la innovación y responder con mayor rapidez a las necesidades de movilidad de los ciudadanos.

“El objetivo debe ser mejorar el servicio, garantizar la competencia y ofrecer soluciones eficaces, no crear nuevas estructuras administrativas sin explicar previamente su utilidad ni su coste”, ha indicado.

El Partido Popular apuesta por un modelo de movilidad sostenible que combine responsabilidad pública, participación del sector privado y seguridad jurídica para las empresas y los usuarios.

Garantías para los viajeros afectados por retrasos

Durante su intervención, Martínez Labella ha reclamado que se recuperen y respeten las garantías destinadas a los viajeros afectados por retrasos ferroviarios.

La diputada ha recordado que los criterios de puntualidad y devolución de los importes fueron reincorporados a la legislación mediante una enmienda del Partido Popular.

Sin embargo, ha denunciado que el Gobierno no está aplicando estas garantías en los términos respaldados mayoritariamente por el Congreso de los Diputados.

“Los viajeros tienen derecho a recibir una compensación cuando el servicio contratado no se presta con la puntualidad comprometida”, ha subrayado.

Para Martínez Labella, reducir las indemnizaciones o dificultar las devoluciones supone trasladar a los usuarios las consecuencias de una gestión ferroviaria deficiente.

Actualizar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres

La diputada almeriense ha defendido también la necesidad de actualizar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, vigente desde 1987, para adaptarla a la realidad económica, tecnológica y social del sector.

Martínez Labella ha apostado por abrir un proceso de diálogo con las empresas, los trabajadores, las asociaciones profesionales, los usuarios y el resto de agentes implicados.

La actualización de la norma, ha explicado, debe abordar los nuevos modelos de movilidad, la digitalización, la sostenibilidad, la competencia, la vertebración territorial y la mejora de los servicios públicos.

“No se puede reformar un sector estratégico de espaldas a quienes lo conocen y trabajan diariamente en él”, ha afirmado.

“Hay que dar la vuelta a la política de transportes”

Ana Martínez Labella ha concluido reclamando una política de transportes basada en la inversión, la planificación, el consenso y la atención a las necesidades reales de los ciudadanos.

“Hay mucho trabajo por hacer y desde el Partido Popular tenemos claro que es necesario dar la vuelta a la política de transportes, con inversiones y con más consenso con el sector”, ha manifestado.

El Partido Popular defiende una movilidad sostenible que garantice la calidad de los servicios, respete los derechos de los viajeros y contribuya a la cohesión territorial y al desarrollo económico.

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