Actualidad Política

25 de junio de 2026

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El diputado de VOX por Alicante, David García, ha defendido en el Congreso de los Diputados la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX sobre las prioridades del Gobierno en materia de seguridad, centrando su intervención en la defensa de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado.

Durante su discurso, García ha comenzado recordando a los agentes fallecidos en acto de servicio y ha acusado al Gobierno de abandonar a quienes “protegen a los españoles”.

“Hoy, con este Gobierno, la patria es un cajón de retales y de honor olvidado”, ha afirmado el parlamentario de VOX.

El diputado alicantino ha señalado directamente al Ministerio del Interior y al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsables de la situación de indefensión que sufren los agentes frente a las mafias del narcotráfico.

“Las narcolanchas que asesinaron a nuestros compatriotas las pilotaban los narcotraficantes; la indefensión la firma este Gobierno”, ha denunciado.

En este sentido, VOX ha reclamado más medios materiales, embarcaciones adecuadas, armamento, tecnología, protección jurídica y un refuerzo de plantillas para la Guardia Civil y la Policía Nacional.

David García también ha criticado la falta de respaldo institucional hacia los agentes.

“Reciben heroísmo y precariedad. Les llaman héroes cuando mueren, pero les discuten cada euro cada día”, ha lamentado.

Entre las medidas defendidas por VOX destaca la recuperación inmediata del OCON-Sur y la declaración como zonas de especial singularidad de aquellos territorios especialmente golpeados por el narcotráfico, como el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz.

Según ha explicado García, estas medidas permitirían reforzar la presencia policial y recuperar el control del territorio frente a organizaciones criminales “cada vez más violentas y mejor organizadas”.

Asimismo, VOX ha reclamado el reconocimiento de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, junto con una equiparación salarial justa y un respaldo jurídico efectivo que permita a los agentes actuar frente al crimen organizado “sin miedo al abandono político posterior”.

Durante su intervención, el diputado también ha cargado contra el Ejecutivo por sus acuerdos parlamentarios con partidos vinculados al entorno político de ETA.

“En este Congreso se sientan los herederos políticos de quienes justificaron y blanquearon el asesinato de guardias civiles, policías y militares”, ha afirmado.

David García ha acusado además al PSOE de convertir “la memoria de las víctimas en simple moneda parlamentaria”.

El parlamentario de VOX ha concluido defendiendo que “la Guardia Civil no se toca ni ayer por ETA ni hoy por el narco” y ha reclamado un Gobierno que “evite funerales” en lugar de limitarse a acudir a ellos tras las tragedias.

La dirigente de Nuevas Generaciones Candela Anglés ha defendido el papel de la organización juvenil del Partido Popular como una herramienta “decisiva” para impulsar el cambio político que necesita España y movilizar a una nueva generación comprometida con la libertad y el futuro del país.

“Nuevas Generaciones siempre ha sido mucho más que una organización política. Ha sido el lugar donde miles de jóvenes han dado un paso al frente para defender sus ideas, su libertad y su país”, ha afirmado.

Anglés ha reivindicado el legado histórico de la organización juvenil del PP y ha recordado el compromiso de generaciones de jóvenes que defendieron la democracia y la unidad de España frente al terrorismo y el independentismo.

“Es la organización en la que militaba Miguel Ángel Blanco y la que acompañó a quienes se enfrentaron al independentismo sin bajar la cabeza”, ha señalado.

La dirigente popular ha asegurado que España atraviesa un momento político que exige implicación y liderazgo por parte de los jóvenes.

“Frente a la corrupción, la mentira y el deterioro institucional del sanchismo, los jóvenes de Nuevas Generaciones tenemos una misión: unir nuestra fuerza para llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa”, ha afirmado.

Candela Anglés ha defendido una organización “con ambición, orgullo y voz propia”, capaz de atraer talento, generar ilusión y movilizar a miles de jóvenes en toda España.

“Ha llegado el momento de demostrar que Nuevas Generaciones puede volver a ser decisiva para el futuro de España”, ha subrayado.

Asimismo, ha apostado por reforzar el papel de los jóvenes dentro del proyecto político del Partido Popular.

“Queremos una organización viva, fuerte y preparada para conectar con una generación que quiere oportunidades, libertad y futuro”, ha explicado.

Anglés ha concluido haciendo un llamamiento a la unidad y a la movilización de la juventud.

“Es el momento de unir nuestra fuerza y construir juntos el cambio político que España necesita”, ha señalado.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado la convocatoria de elecciones generales al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez “solo está centrado en tapar sus escándalos de corrupción”.

“Sería muy bueno para todos que hubiese elecciones y que, de una vez por todas, Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España”, ha afirmado.

Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones durante la reunión mantenida en Valencia entre presidentes provinciales de diputaciones, cabildos y consells del Partido Popular junto al vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.

El dirigente popular ha criticado además la actitud del PSOE valenciano respecto a la financiación autonómica.

“Cuando los socialistas valencianos llegan a Ferraz sufren una metamorfosis y se ponen de espaldas al pueblo valenciano”, ha denunciado.

En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular acudirá a cualquier reunión sobre financiación autonómica “con voluntad de acuerdo”, aunque ha reclamado medidas concretas y no “PowerPoints ni promesas vacías”.

“La mejor forma de demostrar compromiso con la Comunitat Valenciana es activar ya el fondo de nivelación transitorio”, ha señalado.

Pérez Llorca ha recordado que este mecanismo fue reclamado anteriormente por dirigentes socialistas valencianos cuando formaban parte del Gobierno autonómico.

Asimismo, ha reivindicado las políticas de simplificación administrativa impulsadas desde la Generalitat Valenciana.

“Estamos aprobando leyes que permiten a ayuntamientos y diputaciones ser mucho más ágiles en sus trámites”, ha explicado.

Según ha detallado, el Gobierno valenciano ha eliminado más de 1.300 artículos de la legislación autonómica y ha suprimido 170 normas para facilitar la actividad administrativa y económica.

El presidente del PPCV también ha destacado la coordinación institucional entre Generalitat, diputaciones y ayuntamientos para impulsar la reconstrucción tras los últimos episodios meteorológicos.

“En apenas año y medio hemos reconstruido carreteras, puentes, centros de salud, depuradoras, vías ferroviarias y la estación central de Metrovalencia sin recibir ni un euro del Gobierno de España”, ha afirmado.

Pérez Llorca ha denunciado que la Comunitat Valenciana “sigue sufriendo discriminación” por parte del Ejecutivo central.

“Mientras nosotros trabajamos para reconstruir y mejorar infraestructuras, el Gobierno de Sánchez está centrado en sus problemas judiciales y políticos”, ha criticado.

Por último, ha defendido que Alberto Núñez Feijóo cuenta con “un plan para la Comunitat Valenciana” que permitirá reforzar las infraestructuras, mejorar la financiación y garantizar mayor estabilidad institucional.

“La Comunitat Valenciana necesita un Gobierno de España que la escuche, la respete y la trate en igualdad”, ha concluido.

VOX ha denunciado la situación de saturación que atraviesa actualmente el Servicio Público de Justicia debido, según la formación, a la falta de personal y de medios materiales adecuados para afrontar el incremento de carga de trabajo en los juzgados.

El portavoz adjunto de VOX, David Muñoz, ha criticado la nueva reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia al considerar que no incorpora la dotación presupuestaria necesaria para reforzar el sistema judicial.

“Fundamentalmente el problema que entendemos nosotros que hay es la saturación”, ha afirmado Muñoz antes de la comisión de Justicia.

El dirigente de VOX ha señalado que la reforma impulsada por el Estado “no conlleva aparejada la dotación presupuestaria necesaria para poder reforzar con más personal y materiales un sistema de Justicia que está actualmente desbordado”.

A pesar de esta situación, Muñoz ha querido reconocer públicamente la labor de los funcionarios de Justicia y su capacidad profesional para sacar adelante procedimientos cada vez más complejos.

“Los funcionarios de Justicia están demostrando cada día, a pesar de esta situación, su gran profesionalidad y buen trabajo”, ha destacado.

En este sentido, VOX ha defendido que los trabajadores de la administración judicial “pueden llevar a cabo cualquier tramitación de procedimiento por mucha complejidad que tenga”.

“No tenemos ninguna sombra de sospecha sobre los que están trabajando día a día para que nuestra Justicia dicte las resoluciones adecuadas”, ha añadido el portavoz adjunto.

Preguntado además por la situación del Juzgado de Catarroja y las informaciones relativas a posibles recortes de personal, David Muñoz ha señalado que, según explicó la consellera de Justicia, Nuria Martínez, el personal actual se mantendrá.

“Entendemos que el personal se va a mantener. Por tanto, si van a haber los mismos que hasta ahora, en VOX consideramos que no se ha producido ningún tipo de recorte”, ha afirmado.

No obstante, Muñoz ha insistido en que el verdadero problema sigue siendo la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales del sistema judicial para evitar el colapso y agilizar la tramitación de procedimientos.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha celebrado la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de mantener abierta la investigación relacionada con el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del entonces marido de Mónica Oltra.

La decisión llega después de la comparecencia de Bastidas ante la Comisión de Peticiones el pasado 7 de mayo, donde solicitó que se analizara si durante la etapa del Gobierno del Botànic “se vulneraron estándares europeos de protección y respuesta institucional”.

“El Parlamento Europeo ha entendido que este asunto no puede cerrarse en falso y ha decidido seguir vigilante porque aquí lo importante es la protección de la menor y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas”, ha señalado la diputada popular.

Bastidas ha recordado que Mónica Oltra, entonces vicepresidenta y máxima responsable política de los menores tutelados en la Comunitat Valenciana, afronta juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos.

La dirigente popular ha denunciado además que durante años se intentó “desplazar el foco” desde la víctima hacia el supuesto desgaste político de quienes tenían responsabilidades institucionales.

“No podemos consentir que el relato borre a la verdadera víctima: la menor abusada”, ha afirmado.

En este sentido, Bastidas ha destacado que la decisión del Parlamento Europeo desmonta “el intento de presentar este caso como una persecución política”.

“La presunción de inocencia no elimina la responsabilidad política, institucional ni moral”, ha subrayado.

La portavoz de Política Social del GPP ha insistido en que este asunto “trasciende la política partidista” porque afecta directamente a la confianza de los menores tutelados y de sus familias en el sistema de protección pública.

“Cuando una menor bajo tutela denuncia abusos, las instituciones tienen la obligación de actuar con absoluta diligencia, transparencia y protección”, ha defendido.

Asimismo, Bastidas ha señalado que en los últimos años se han reforzado los protocolos y mecanismos de protección de menores en la Comunitat Valenciana, aunque ha advertido de que “mejorar no significa olvidar”.

“Si se han tenido que reforzar procedimientos es porque hubo fallos que jamás deben repetirse”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Laura Chulià, se ha preguntado “qué más tiene que pasar” para que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, deje de apoyar al PSOE después de asegurar que no ve motivos para romper el Gobierno de coalición pese a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Chulià ha criticado duramente la postura de Compromís y ha lamentado que “ni siquiera la posible existencia de una organización criminal en torno al PSOE dirigida por Zapatero sea suficiente para que Baldoví deje de dar cobertura al sanchismo”.

“Ignoran las reivindicaciones valencianas, castigan a la Comunitat Valenciana y están hundidos en la corrupción hasta las cejas… y a Compromís le sigue dando igual”, ha señalado.

La dirigente popular ha cuestionado el respaldo “ciego” de Compromís al PSOE y ha asegurado que resulta incomprensible que Baldoví continúe sosteniendo políticamente a Pedro Sánchez pese a los escándalos que rodean al entorno socialista.

“Este servilismo político llega a hacernos dudar de qué más tiene que pasar para que Compromís deje de actuar como el pagafantas oficial del sanchismo”, ha afirmado.

Laura Chulià ha acusado además a Compromís de actuar como “la marca blanca del PSOE” y de justificar permanentemente los escándalos que afectan al Gobierno central.

“Hablan constantemente de líneas rojas, pero para Baldoví nunca llegan. Siempre encuentran una excusa para seguir tapando los escándalos del PSOE”, ha denunciado.

La portavoz adjunta del GPP ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató con dinero público a Plus Ultra, empresa ahora investigada judicialmente, mientras la Comunitat Valenciana seguía acumulando agravios y déficits históricos.

En este sentido, ha enumerado cuestiones como la infrafinanciación autonómica, los retrasos en las ayudas por la DANA, la deuda en sanidad y dependencia, los recortes al trasvase Tajo-Segura, el abandono del Corredor Mediterráneo y las infraestructuras hidráulicas pendientes.

Asimismo, Chulià ha criticado el silencio de Compromís ante otros escándalos relacionados con dirigentes socialistas y ha acusado a la formación valencianista de anteponer la supervivencia política de Sánchez a los intereses de los valencianos.

“Mientras todo eso sucede, Compromís sigue comportándose como el socio sumiso del PSOE y jamás se atreve a plantar cara a Pedro Sánchez”, ha concluido.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que su grupo municipal defenderá en el pleno ordinario de mayo una moción para incorporar hasta seis criterios de prioridad destinados a favorecer a los jóvenes castellonenses en las futuras ayudas municipales al alquiler joven.

La iniciativa plantea que las bases reguladoras tengan en cuenta aspectos como el arraigo, la vinculación continuada con Castellón, la actividad laboral o formativa y la residencia legal en España, con el objetivo de garantizar que las ayudas públicas beneficien prioritariamente a quienes mantienen “un vínculo real” con la ciudad y la provincia.

Ortolá ha advertido de que “el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que sufren actualmente los jóvenes españoles y castellonenses”, denunciando que “la subida constante de los precios del alquiler, la precariedad laboral y las dificultades para emanciparse están provocando que muchos jóvenes no puedan desarrollar un proyecto de vida estable en su propia ciudad”.

El portavoz de VOX ha defendido que “las administraciones públicas tienen la obligación de gestionar los recursos públicos con criterios de justicia, arraigo y sentido común”, priorizando a quienes “sostienen nuestra sociedad con su trabajo, sus impuestos y su vinculación cotidiana con Castellón”.

“El Ayuntamiento no puede diseñar ayudas desligadas de la realidad social que viven nuestros jóvenes. Las políticas públicas deben servir, en primer lugar, para ayudar a quienes llevan años formando parte de esta ciudad, estudian, trabajan y quieren construir aquí su futuro”, ha afirmado Ortolá.

La moción presentada por VOX propone incorporar hasta seis criterios específicos en las futuras ayudas municipales al alquiler joven.

Entre ellos, destaca la aplicación del principio de prioridad nacional, favoreciendo a los jóvenes que acrediten una vinculación estable con Castellón y voluntad de desarrollar en la ciudad su proyecto de vida personal, familiar y profesional.

Asimismo, VOX plantea exigir un mínimo de cinco años de empadronamiento continuado en Castellón para poder acceder a estas ayudas, con el objetivo de acreditar una relación estable y prolongada con el municipio.

Otro de los criterios propuestos contempla un sistema de baremación que otorgue puntuación adicional en función del arraigo y la vinculación objetiva con la ciudad, valorando circunstancias como haber nacido en Castellón, haber estudiado en centros educativos locales, desarrollar actividad laboral en el municipio o participar en entidades sociales, culturales, deportivas o vecinales.

La propuesta también prioriza a jóvenes trabajadores y estudiantes, acreditando actividad laboral o formación reglada, con el objetivo de facilitar la emancipación de quienes están construyendo su futuro académico y profesional en la ciudad.

Además, VOX plantea como requisito indispensable encontrarse en situación de residencia legal en España para poder optar a estas ayudas municipales.

Paralelamente, la formación ha registrado una declaración institucional para instar a las administraciones competentes a aplicar el principio de prioridad nacional en la gestión de recursos públicos y políticas sociales, especialmente en ámbitos como vivienda, ayudas sociales y apoyo a familias y jóvenes.

“Defender a los jóvenes de Castellón, facilitar su emancipación y garantizar que las ayudas públicas beneficien prioritariamente a quienes tienen un vínculo real con nuestra ciudad no es ninguna radicalidad, sino una cuestión de justicia, responsabilidad política y sentido común”, ha concluido Antonio Ortolá.

La portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María Gómez, ha criticado “la política sectaria e ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez contra el Trasvase Tajo-Segura” tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo.

Gómez ha advertido de que esta resolución supone “un nuevo golpe” para miles de agricultores y familias de la provincia de Alicante que dependen del campo y que llevan años sufriendo “recortes injustificados” impulsados por el Gobierno central.

“La política hídrica del PSOE está condenando a nuestra agricultura, poniendo en riesgo empleo, inversiones y el futuro de un sector estratégico para la Comunitat Valenciana”, ha afirmado.

La diputada popular ha recordado que los regantes reclaman desde hace años “diálogo, consenso y criterios técnicos” frente a decisiones políticas adoptadas “desde los despachos de Madrid”.

Asimismo, María Gómez ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “haya utilizado la planificación hidrológica para reducir progresivamente el agua disponible sin escuchar a los agricultores ni a las comunidades de regantes”.

“Mientras otros territorios reciben inversiones y apoyo, el Gobierno castiga a Alicante con más recortes, más incertidumbre y más ataques a un modelo agrícola eficiente, sostenible y esencial para la economía española”, ha señalado.

La portavoz de Agua del PPCV ha defendido la necesidad de impulsar “un gran pacto nacional del agua” basado en la solidaridad entre territorios, el rigor técnico y la garantía de recursos hídricos para quienes generan riqueza y empleo.

Además, ha reiterado el compromiso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana con la defensa del Trasvase Tajo-Segura y de los regantes alicantinos frente a las políticas del Gobierno socialista.

“La provincia de Alicante no puede seguir pagando el precio de los pactos políticos de Pedro Sánchez. Necesitamos soluciones, inversiones hídricas y seguridad para nuestros agricultores, no más ataques ni decisiones unilaterales”, ha concluido.

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