Acedo alerta del efecto llamada y del fortalecimiento de las mafias.
La portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sofía Acedo, ha exigido al Gobierno que aclare cuántos millones de euros destinará a financiar la regularización masiva de inmigrantes en comunidades autónomas, ciudades y ayuntamientos, advirtiendo de que se trata de una medida “irresponsable y profundamente lesiva”.
Acedo ha denunciado que la iniciativa del Ejecutivo “premia la irregularidad y castiga la legalidad”, generando un agravio comparativo para quienes han cumplido los requisitos y han esperado durante años para regularizar su situación en España. “No estamos ante una simple decisión administrativa, sino ante una de las decisiones más graves en política migratoria de los últimos años”, ha subrayado.
La diputada popular ha criticado que el Gobierno impulse una regularización masiva “sin datos fiables, sin planificación, sin recursos y sin coordinación institucional”, y ha acusado a la ministra Elma Sáenz de “no conocer siquiera las cifras reales”, recordando que informes técnicos estiman un posible impacto de hasta 1.200.000 personas.
Asimismo, ha alertado de que el sistema de extranjería ya se encuentra saturado y que esta medida es “imposible de absorber”. A su juicio, la tramitación urgente del Real Decreto busca evitar el control parlamentario, ya que no incluye memoria económica ni evaluación del impacto en los servicios públicos.
Acedo ha advertido del “efecto llamada”, del riesgo para la seguridad y del fortalecimiento de las mafias, señalando que España podría convertirse en el país donde “la irregularidad termina en regularización automática”. En este sentido, ha calificado de “barbaridad” la posibilidad de sustituir certificados oficiales de antecedentes penales por declaraciones responsables.
La portavoz del PP también ha acusado al Ejecutivo de romper la coherencia europea y debilitar el sistema Schengen, recordando que el Pacto Europeo de Migración se basa en el control de fronteras, la responsabilidad compartida y los retornos efectivos.
Además, ha denunciado que el decreto permitiría regularizar incluso a personas con órdenes de expulsión o antecedentes penales, algo que considera “inasumible”.
Frente a esta política, Acedo ha defendido la alternativa del Partido Popular: una inmigración legal y ordenada vinculada al mercado laboral, retornos eficaces y acuerdos con países de origen, expulsión de delincuentes, lucha contra las mafias, blindaje frente al fraude y ayudas condicionadas a la residencia legal y a la contribución al sistema.
Por último, ha reclamado la retirada inmediata del decreto y ha instado al Gobierno a escuchar a comunidades autónomas, ayuntamientos, oficinas de extranjería y fuerzas de seguridad, advirtiendo de que la medida pone en riesgo los servicios públicos, la seguridad jurídica y la credibilidad de España en Europa.
Ricardo Chamorro: «La UE prioriza intereses industriales sobre el campo español»
El diputado de VOX, Ricardo Chamorro, ha defendido una iniciativa parlamentaria en la que reclama la suspensión inmediata del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, así como el rechazo a la aplicación provisional del tratado con Mercosur, al considerar que ambos suponen un grave perjuicio para el sector agrario español.
Durante su intervención, Chamorro ha recordado que VOX mantiene desde su entrada en las instituciones una postura crítica con la política comercial de la Unión Europea, impulsada durante años por el Partido Popular y el Partido Socialista. A su juicio, estos acuerdos de libre comercio han afectado negativamente a sectores estratégicos como el agrícola, fundamentales para la soberanía alimentaria y el equilibrio territorial de España.
El parlamentario ha señalado que el acuerdo con Marruecos está provocando una competencia desleal directa contra el sector hortofrutícola español. “Nuestros productores están sometidos a las normas más exigentes del mundo en materia fitosanitaria, laboral y medioambiental, mientras se permite la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen esos estándares”, ha denunciado.
Según Chamorro, esta situación está generando una caída de precios en origen, pérdida de rentabilidad y abandono del campo, con miles de explotaciones agrarias cerrando por falta de viabilidad económica. “No podemos exigir excelencia al productor español y, al mismo tiempo, permitir un dumping encubierto desde fuera”, ha afirmado.
En segundo lugar, VOX ha presentado una autoenmienda para rechazar la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Chamorro ha advertido de que poner en marcha un tratado de esta magnitud sin plena seguridad jurídica ni control parlamentario supone una “irresponsabilidad”. Además, ha cuestionado la eficacia real de las cláusulas de salvaguardia previstas, calificándolas de insuficientes y tardías.
El diputado ha defendido que VOX no se opone al comercio internacional, pero sí exige reciprocidad real y defensa del interés nacional. “Si un producto entra en España debe cumplir exactamente las mismas exigencias que se imponen a nuestros productores”, ha subrayado.
Finalmente, Chamorro ha afirmado que esta posición no responde a proteccionismo, sino a justicia y soberanía, y ha reiterado que el campo español “no está solo” en la defensa de su futuro.
Patricia Rueda: «Primero nuestras infraestructuras, no las de Marruecos o Uzbekistán»
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha criticado el destino de importantes partidas presupuestarias a proyectos en el extranjero mientras, según ha señalado, infraestructuras estratégicas en la provincia continúan pendientes desde hace décadas.
Rueda ha denunciado que “los españoles están pagando 1.500 millones de euros en créditos para infraestructuras ferroviarias en países como Marruecos, Egipto o Uzbekistán”, al tiempo que en Málaga el tren litoral sigue sin ejecutarse tras casi 40 años de espera. Asimismo, ha cuestionado la financiación de estudios como el de viabilidad de la línea de metro en El Cairo, considerando que estas prioridades no responden a las necesidades urgentes de los ciudadanos españoles.
La diputada también ha criticado el uso de fondos públicos para subvenciones que, a su juicio, no repercuten directamente en el bienestar de los españoles, citando iniciativas en el ámbito internacional como proyectos vinculados a la producción agrícola con perspectiva de género en Etiopía. “Mientras tanto, aquí seguimos sin resolver problemas estructurales que afectan a miles de familias”, ha afirmado.
Rueda ha insistido en que las políticas presupuestarias deben orientarse a garantizar infraestructuras, empleo y servicios públicos de calidad en España antes de destinar recursos a proyectos exteriores. “La prioridad deben ser los españoles”, ha subrayado.
Desde VOX han reiterado su compromiso con una política de inversión centrada en las necesidades nacionales, defendiendo que los recursos públicos deben gestionarse con criterios de utilidad, eficiencia y beneficio directo para los ciudadanos.
Ángel Ibáñez: «Es inaceptable que una comunidad extensa y rural reciba cero euros adicionales»
El secretario general adjunto del GPP, Ángel Ibáñez, responsabiliza a la vicepresidenta Montero de “la vergüenza absoluta” que supone que el Gobierno de Sánchez sea “el que más veces está incumpliendo la Constitución a la hora de presentar los Presupuestos”
“Ayer mismo se conmemoraba en el Congreso, bajo la presidencia del Rey, que tenemos vigente la Constitución más longeva y que más prosperidad ha generado en nuestro país, y se indicaba que la mejor manera de conmemorarla es cumplirla pero hoy, aquí, con usted, recordamos que tenemos al Gobierno más inoperante a la hora de presentar los PGE”, recalca
Señala que la falta de actualización de entregas a cuenta ha provocado que Castilla y León se quede sin unos 160 millones de euros al mes y, por ello, el Ejecutivo autonómico tiene que afrontar los retos y gastos de 2026 con los recursos del modelo de financiación autonómica fijados en el 2023
Critica que “el modelo de cambio del PSOE para Castilla y León, como el de la vicepresidenta Montero, es aceptar ese modelo de financiación que ha pactado con ERC y que perjudica claramente a nuestra comunidad”
“Según Fedea, Castilla y León recibiría solamente cero euros más, nada, y es la comunidad más perjudicada junto a Cantabria, La Rioja y Extremadura. ¿Le parece que recibir cero euros más es algo razonable para una comunidad como la mía? Este es el modelo económico que abrazan los socialistas de Castilla y León y por el que pasaríamos, debido al principio de solidaridad, de estar financiados por encima de la media a estar financiados más de un 3% por debajo de la media del resto de las comunidades”, añade
Censura “el servilismo que tienen algunos de sus varones, que van directos a la derrota y a las órdenes del sanchismo”. “Es una pena que eso esté pasando en mi tierra y que los socialistas de Castilla y León estén más del lado del sanchismo que de los castellanos y leoneses”, apostilla
Denuncia también que “el Gobierno de Sánchez tampoco se ha conformado con dejar sin luz a todos los españoles con el apagón, sino que están apagando su futuro, anhelos y esperanzas” al frenar también la conectividad digital a nuestros municipios
“Nosotros tenemos el 20% del territorio aproximadamente de toda España y el 5% de la población, y nuestros 2.248 municipios merecen y necesitan estar conectados. Se les llena la boca de hablar de reto demográfico pero centenares de localidades rurales siguen pendientes de esta obligación”, indica
Contrapone la incompetencia de Sánchez para aprobar una financiación justa, “vendiéndose al independentismo”, y su desprecio por las CC.AA., con la gestión de Mañueco en Castilla y León, “una de las autonomías con menos impuestos y que más porcentaje destina a gasto social, pues el 80% del gasto no financiero va a financiar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales”
“El verdadero jefe de los socialistas de Castilla y León es Óscar Puente y, gracias a él, seguimos sin avance en una quincena de autovías, sin los ferrocarriles, sin las infraestructuras energéticas, sin la conectividad digital”, hace hincapié, por lo que llama a “revertir” esta situación rechazando el modelo de Sánchez y de Puente para Castilla y León
Patricia Rodríguez: «Han normalizado lo que antes obligaba a dimitir»
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Patricia Rodríguez, ha proclamado que “ya no cabe más corrupción en un mismo partido y en el mismo Gobierno”, denunciando el progresivo deterioro institucional que, a su juicio, vive España bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.
Rodríguez ha lamentado que nuestro país haya experimentado una caída en los índices internacionales de percepción de la corrupción, así como una politización de los órganos de control y una colonización de instituciones que deberían ser independientes. “Lo que antes provocaba dimisiones y ceses, hoy se tapa, se minimiza o se justifica desde el Consejo de Ministros o desde esta tribuna”, ha señalado.
La diputada popular ha criticado que ni la vicepresidenta Díaz ni Sumar ni los socios parlamentarios del Ejecutivo establezcan líneas rojas frente a lo que ha calificado como “corrupción del sanchismo”, acusándoles de mirar hacia otro lado con tal de mantenerse en el poder. En este sentido, ha citado la gestión del sistema ferroviario como ejemplo de falta de responsabilidades políticas.
Asimismo, Rodríguez ha denunciado que el Gobierno prometió luchar contra la corrupción, pero impulsó reformas como la rebaja del delito de malversación, concedió indultos y promovió una ley de amnistía que, en su opinión, responde a intereses políticos y no al interés general.
También ha cuestionado la defensa de la separación de poderes por parte del Ejecutivo, criticando la situación institucional y advirtiendo de la degradación que, según ha afirmado, afecta a órganos clave del Estado.
En el ámbito político y moral, la diputada del GPP ha reprochado al Gobierno incoherencias entre su discurso y sus actuaciones, señalando contradicciones en materias como igualdad, integridad pública y pactos parlamentarios.
“España necesita recuperar estándares de transparencia, ejemplaridad y respeto institucional”, ha afirmado Rodríguez, quien ha defendido la necesidad de un gobierno que rinda cuentas, garantice la independencia de las instituciones y restablezca la confianza de los ciudadanos.
Jaime de Olano advierte al Gobierno: «Más pronto que tarde tendrán que rendir cuentas»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jaime de Olano, ha asegurado que “huir del Parlamento no es valentía, es miedo a rendir cuentas”, y ha advertido de que el entorno que acompaña a Pedro Sánchez muestra un evidente “pánico al control y a la transparencia”.
De Olano ha recordado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es un mero trámite administrativo, sino “el instrumento central de la política económica de un país, donde se decide quién paga, en qué se gasta y qué modelo de país se construye”. “Y eso lo deciden las Cortes Generales, no el Ejecutivo”, ha subrayado.
En este sentido, ha denunciado que el Gobierno lleva tres años incumpliendo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos, situándose en lo que ha calificado como una “rebeldía constitucional”. Según ha explicado, esta situación genera inseguridad jurídica, pérdida de confianza institucional y un deterioro evidente de la credibilidad económica de España.
El dirigente popular ha advertido de que la inversión extranjera bruta en 2024 fue un 43% inferior a la registrada en 2018 y ha criticado que los fondos Next Generation se estén utilizando como “un presupuesto en la sombra, opaco y gestionado de forma incompetente y caprichosa”, reduciendo inversiones y renunciando a reformas estructurales, lo que puede obligar a España a devolver parte de esos recursos.
Asimismo, ha denunciado que el Ejecutivo se refugia en discursos y confrontaciones mientras evita afrontar los problemas reales de los ciudadanos, como la vivienda, el deterioro de las infraestructuras o la pérdida de poder adquisitivo. “Es más fácil buscar enemigos fuera que hacer reformas; más sencillo usar la inflación para recaudar que mejorar el gasto público; más cómodo gastar en propaganda que invertir en sanidad o educación”, ha afirmado.
De Olano también ha criticado la actitud de algunos socios parlamentarios del Gobierno, señalando contradicciones como el caso de ERC o Sumar respecto al incremento del gasto en defensa, aprobado sin que la Cámara haya podido pronunciarse.
El portavoz adjunto del GPP ha lamentado que, pese al incremento global del gasto, se estén recortando partidas en cultura, políticas de empleo y educación, todo ello sin debate ni control parlamentario.
Finalmente, ha rechazado la idea de una España dividida en dos mitades irreconciliables y ha defendido que los ciudadanos desean un gobierno que cumpla la ley, gestione con transparencia y rinda cuentas. “No hablo de ideología, hablo de control democrático. España necesita Presupuestos Generales del Estado y respeto al Parlamento”, ha concluido.
Macarena Montesinos: «RTVE, el último salvavidas de un Gobierno agónico»
La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Macarena Montesinos, ha denunciado en sede parlamentaria el uso partidista de RTVE por parte del Gobierno, acusando a su presidente, José Pablo López, de “eludir el control deontológico, servir de propaganda al Ejecutivo y manipular la información mientras dilapida el dinero público que pagan todos los españoles”.
Montesinos ha puesto el foco en las denuncias internas de los trabajadores de RTVE, que describen la situación de la corporación como “un infierno vivo”, marcado por un grave sesgo político y una falta de independencia que asfixia al ente público. En este sentido, ha asegurado que “Telepedro se ha convertido en el altavoz de los argumentarios gubernamentales”, una responsabilidad que ha atribuido directamente a la dirección de la corporación.
“Usted está privatizando los informativos de Televisión Española sin ningún disimulo”, ha reprochado la dirigente popular, denunciando la contratación a dedo de productoras externas para programas de actualidad informativa, sin neutralidad ni pluralismo.
En la misma línea, el portavoz del GPP en la comisión, Eduardo Carazo, ha recordado a López que RTVE lleva años instalada en la falta de rigor y el sesgo político, subrayando que “ni hay neutralidad ni pluralismo” en los contenidos informativos contratados por decisión directa de la presidencia de la corporación.
Desde el PP consideran que Televisión Española se ha transformado en “el mejor aliado de un Gobierno agónico, al que solo le queda acelerar la máquina de propaganda para intentar frenar su hundimiento”. En este contexto, han calificado de “inmoral” que desde RTVE se ironice sobre el doctor Mariano Barbacid, que reclama 30 millones de euros para la investigación contra el cáncer de páncreas, justo al día siguiente del Día Mundial contra el Cáncer, coincidiendo además con la renovación “a dedo” del programa La Revuelta, de David Broncano, por 30 millones de euros.
Por su parte, el diputado del GPP Nacho Martín ha criticado duramente el tratamiento informativo de RTVE sobre la detención del dictador Nicolás Maduro, que fue calificada como “secuestro” en Televisión Española. “No hay nada más alejado de la ecuanimidad, el pluralismo y la objetividad que se exige a un medio público”, ha denunciado.
Finalmente, la diputada Tristana Moraleja ha alertado sobre la situación financiera de RTVE, acusando a su presidente de aplicar “ficción y creatividad” también en la información económica oficial, del mismo modo que —ha señalado— lo hace en los contenidos informativos de Televisión Española.
Reyes Romero exige explicaciones por el abandono de las infraestructuras hídricas en Sevilla.
La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado preguntas relativas al “abandono de las infraestructuras hídricas en nuestra provincia”.
Asimismo, la diputada informa que “desde el Grupo Parlamentario VOX ha registrado una batería de solicitudes de datos e informes en el Congreso de los Diputados para fiscalizar el estado de las inversiones en infraestructuras hídricas. Esta iniciativa busca denunciar el olvido institucional que sufren las cuencas españolas bajo la gestión de las actuales confederaciones hidrográficas”, recordando que “en VOX vamos todos a una y somos el único partido que defiende un plan hidrológico nacional”.
Desde VOX también se ha solicitado a la Administración General del Estado “que rinda cuentas sobre la inversión real en el mantenimiento de presas, pantanos y canales de riego desde 2019”, así como se vuelve a preguntar “por el estado de ejecución de todas las obras proyectadas en los últimos veinte años, exigiendo saber qué fondos se han perdido o quedado sin utilizar.”·
Con esta iniciativa, VOX insiste en su labor de control al Gobierno para evitar que el campo español y la soberanía hídrica nacional sigan siendo los grandes olvidados de la agenda política.
“Tenemos derecho a acceder a los datos sobre la inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre el mantenimiento de infraestructuras hídricas (presas, pantanos y canales de riego, entre otros), desde 2019 a la actualidad. Asimismo, exigimos un informe sobre todas las infraestructuras hídricas que se hayan previsto construir durante los últimos veinte años en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; así como queremos los datos desglosados sobre el estado de ejecución actual de cada uno de los proyectos y fondos destinados a tal efecto”, afirma la diputada sevillana.
“En la cuestión del agua, vemos especialmente la injusticia del sistema de las “autonomías”. España no puede avanzar sin un plan hidrológico nacional. Mientras que los romanos construían acueductos y calzadas para abastecer y comunicar, el bipartidismo genera desorden, insolidaridad, incomunicación y desabastecimiento. No es la idea que tenemos de hacer política, desde luego. En VOX defendemos lo que nos une, que es mucho”, concluye Reyes Romero.