Actualidad Política

13 de noviembre de 2026

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha presentado los ocho ejes del Plan contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado que el PP plantea desarrollar con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno.

Tras reunirse en Sevilla con una veintena de organizaciones, entre ellas representantes de Vigilancia Aduanera, sindicatos de la Guardia Civil y la Policía y funcionarios de prisiones, Gamarra ha señalado que el objetivo es reforzar la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales.

“El objetivo es que España sea un país seguro y que el Estado tenga la fortaleza para luchar contra las amenazas que nos asedian”, ha afirmado.

Gamarra ha atribuido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una situación de “abandono e inacción” durante los últimos ocho años y ha sostenido que el narcotráfico y el crimen organizado han aumentado su actividad, especialmente en Andalucía. También ha criticado la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el desmantelamiento de unidades especializadas como OCON-Sur.

El plan presentado contempla, en primer lugar, incrementar los medios materiales y humanos de Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y funcionarios de prisiones. A ello se suma la recuperación y refuerzo permanente de unidades especializadas contra el crimen organizado.

Otro de los ejes se centra en mejorar la protección y las condiciones profesionales de los agentes, incluyendo el reconocimiento como profesión de riesgo, retribuciones, incremento de plantillas y reformas para reforzar su protección jurídica.

En materia penal y judicial, la propuesta plantea un Código Penal “más firme” y una Justicia “más fuerte”, junto con reformas legislativas. También apuesta por combatir económicamente a las organizaciones criminales mediante actuaciones sobre su patrimonio.

Los tres últimos ejes pasan por blindar al Estado frente a posibles infiltraciones criminales, impulsar programas de prevención y sensibilización y reforzar la cooperación internacional contra unas organizaciones cuya actividad supera las fronteras nacionales.

“El plan Feijóo pretende poner freno y poner coto al crimen organizado”, ha resumido Gamarra.

El Gobierno vuelve a colocar la vivienda en el centro del tablero político. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos Reales Decretos-ley con 21 medidas destinadas a facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra de vivienda, reforzar la oferta, dar mayor estabilidad a propietarios e inquilinos y endurecer la regulación contra la especulación. Pedro Sánchez ha defendido que los textos “mantienen la esencia” de los decretos que decayeron la pasada semana en el Congreso, aunque incorporan cambios que el Ejecutivo considera “muy positivos”.

Entre las medidas más destacadas figura una deducción en el IRPF para los inquilinos que, según el Gobierno, podría acercarse a los 1.000 euros anuales en el caso de un alquiler medio de 800 euros mensuales, además de incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios considerados asequibles. El paquete incorpora también una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieran adquirir su primera vivienda.

El Ejecutivo también quiere aumentar la oferta. Para ello, destinará 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones para apoyar a proveedores de vivienda social. A esto se suma la incorporación a CASA47 de inmuebles de la Seguridad Social que puedan destinarse a uso residencial.

En materia de alquiler, los decretos contemplan la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de inquilinos que estén al corriente de pago y limitar las subidas de renta, además de fijar reglas más claras sobre renovaciones, finalización de contratos y recuperación del inmueble por parte del propietario. Sánchez ha defendido que estas medidas buscan dar “tranquilidad y estabilidad” tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.

La cuarta pata del paquete vuelve a ser la lucha contra la especulación. El Gobierno plantea regular el alquiler de temporada y por habitaciones, limitar determinadas compras por parte de fondos de inversión, condicionar los beneficios fiscales de las SOCIMI al alquiler asequible y hacer que los pisos turísticos tributen como actividad económica.

Sánchez ha insistido en que las medidas no son ideológicas, sino “de puro sentido común” y “de humanidad”, y ha reclamado a los grupos parlamentarios que las respalden cuando lleguen a la Diputación Permanente. El presidente ha defendido además que el paquete busca proteger al pequeño propietario y al inquilino, mientras pone “pie en pared” frente a los fondos buitre y quienes, según su planteamiento, utilizan la vivienda con fines puramente especulativos.

El propio jefe del Ejecutivo ha reconocido, sin embargo, que estas medidas no resolverán por sí solas el problema. Sánchez admite que España necesita construir “cientos de miles” de nuevas viviendas, especialmente públicas y destinadas al alquiler asequible, y reclama una intervención más intensa del mercado inmobiliario.

La aprobación llega apenas días después de que los anteriores decretos fueran rechazados en el Congreso y en plena precampaña para las elecciones del 29 de noviembre. La vivienda vuelve así a convertirse en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno y la oposición, con el PSOE intentando defender su paquete como una respuesta directa a la crisis y PP y Vox cuestionando una estrategia basada, a su juicio, en más intervención y regulación.

La batalla parlamentaria no terminó con la caída de los primeros decretos. Sánchez ha decidido volver a intentarlo y convertir la vivienda en uno de los grandes ejes políticos de las próximas semanas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado atención ante el próximo proceso electoral y ha sostenido que “no puede haber trampas, que no puede haber trucos” ni “censos inflados a última hora”.

Ayuso ha centrado sus declaraciones en la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de introducir cambios de criterio y de modificar las “reglas del juego”. “Yo lo que digo es que tengo un Gobierno y un presidente sumamente tramposo”, ha afirmado.

La presidenta madrileña también ha cuestionado el uso de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que ha relacionado con iniciativas que, según su valoración, afectan al derecho constitucional de propiedad. Ayuso ha acusado al Ejecutivo de intentar “secuestrar el Congreso” mediante este procedimiento.

En materia electoral, ha pedido a los ciudadanos que “no se confíen” y permanezcan atentos. En este contexto, ha utilizado expresiones especialmente críticas contra Sánchez, al que ha calificado como “el hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia”.

Ayuso ha relacionado asimismo sus advertencias con posibles cambios en los censos mediante regularizaciones, una acusación que formula en sus declaraciones pero para la que la transcripción facilitada no aporta datos, documentos o detalles adicionales que permitan acreditarla.

“No soy la única”, ha concluido la presidenta madrileña, que sostiene que otros dirigentes políticos también están realizando advertencias sobre el desarrollo del proceso electoral.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido la Junta Directiva Autonómica en la que la formación ha aprobado la composición de su Comité de Campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ejercerá como jefe de campaña. El equipo contará además con Ana Millán como responsable de Organización y Electoral; Jesús Moreno al frente de Acción Política, y José Antonio Sánchez como responsable de Coordinación Municipal y Autonómica.

La estructura electoral incorpora también equipos específicos para los principales dirigentes del partido en Madrid. Oliva García coordinará la campaña de Isabel Díaz Ayuso, mientras que Inmaculada Sanz asumirá la coordinación de la correspondiente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha incorporado a la reunión de la Junta Directiva Autonómica, con la que el partido madrileño ha iniciado formalmente sus preparativos para los comicios.

Según la información facilitada, las elecciones generales serán la “prioridad absoluta” de la organización durante las próximas semanas. Por este motivo, el PP de Madrid ha decidido priorizar la campaña electoral frente al congreso regional que estaba previsto para el mismo fin de semana.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado la convocatoria de elecciones generales asegurando que “dar la voz a los españoles es siempre una buena noticia” y ha defendido la importancia de que los ciudadanos puedan decidir en las urnas el próximo Gobierno.

López Miras ha realizado un balance crítico de la legislatura y ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había convertido España, según sus palabras, en “un país ingobernable”. El presidente murciano sostiene además que la presión social ha terminado propiciando la convocatoria electoral.

“Son los españoles los que han empujado a Sánchez a convocar las elecciones ante una España harta”, ha afirmado.

El presidente autonómico ha reivindicado también el valor democrático del voto desde su experiencia generacional. “Pertenezco a una generación joven que siempre ha tenido la oportunidad de expresarse en las urnas, de decidir, de elegir quién queremos que nos gobierne”, ha señalado, destacando el aprendizaje recibido de generaciones anteriores sobre la importancia de expresarse “en libertad”.

López Miras ha asegurado que durante los últimos meses reclamó que se devolviera “la voz” a los ciudadanos ante una legislatura que, a su juicio, “no conducía a nada”.

Asimismo, ha calificado esta etapa política como una legislatura marcada por la “corrupción”, los “señalamientos”, el “deterioro democrático”, la “desigualdad” y la “división”, términos que ha utilizado para describir su balance del Gobierno central.

El presidente murciano ha concluido situando a los ciudadanos de la Región de Murcia junto al conjunto de los españoles ante la próxima cita electoral, que ha presentado como una oportunidad para “derribar el muro de la división”.

Nota: la transcripción facilitada menciona el 21 de noviembre, mientras que las fuentes anteriores aportadas en esta conversación sitúan las elecciones el 29 de noviembre. Mantengo fuera del titular esa fecha para no corregir silenciosamente la fuente.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado que se implicará “a fondo” en la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al tiempo que ha dejado claro que mantendrá su responsabilidad al frente de la comunidad: “Mi compromiso es Andalucía”.

Durante su intervención en el encuentro Diálogos Sur, organizado por Diario Sur en Málaga, Moreno ha reivindicado la relevancia de Andalucía por su peso demográfico y su representación en el Congreso. “Lo que pase en Andalucía va a condicionar claramente lo que pase en el resto de España”, ha señalado.

“Yo, personalmente, me voy a implicar a fondo”, ha afirmado Moreno, que ha avanzado que participará activamente en la campaña respaldando a las candidaturas de su formación.

El presidente andaluz ha descartado, al mismo tiempo, un eventual traslado a Madrid en caso de que Alberto Núñez Feijóo alcanzara la Presidencia del Gobierno. “Yo puedo ayudar a ese proyecto nacional y a España desde Andalucía”, ha asegurado.

Moreno ha defendido que el peso electoral de la comunidad debe tener también reflejo en las decisiones del próximo Ejecutivo y en las inversiones que reciba Andalucía. En este sentido, ha asegurado que mantendrá sus reivindicaciones independientemente del partido que gobierne España: “Lo mismo que he exigido al Gobierno de Pedro Sánchez lo exigiría a un gobierno del PP”.

De cara a la campaña, ha apostado por una estrategia centrada en los problemas de los ciudadanos y ha advertido contra la autocomplacencia. “Todas las elecciones hay que pelearlas y todas hay que trabajarlas hasta el final”, ha señalado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la vivienda entre las prioridades ante las elecciones del 29 de noviembre y ha asegurado que, después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo no puede responsabilizar a otros de las medidas que no ha adoptado.

“La vivienda ha sido el gran fracaso de este Gobierno y tiene que ser el éxito del siguiente”, ha afirmado durante su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. “Cuando un presidente del Gobierno lleva ocho años es muy difícil echar la culpa a los demás de lo que no ha hecho”, ha añadido.

Feijóo ha defendido como respuesta al problema de acceso a la vivienda la construcción de 200.000 inmuebles anuales, una reducción de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas. También ha criticado al PSOE por la tramitación de la Ley Antiokupación aprobada por el Senado y de la Ley del Suelo promovida por el PP.

El presidente popular ha vinculado estas propuestas con el nuevo escenario electoral y ha definido el 29-N como una “oportunidad de decidir el futuro de España” y de abordar los problemas que, a su juicio, acumula el país.

Durante su intervención, Feijóo también ha cuestionado el estado de las infraestructuras y ha defendido que los puestos de responsabilidad deben estar ocupados por personas con “talento y decencia”. Asimismo, ha asegurado que apartaría de su Gobierno a cualquier responsable implicado en irregularidades: “Si hay alguien que meta la mano en la caja se va a la calle, sea quien sea”.

En materia económica, ha planteado un plan de competitividad para mejorar la productividad, reducir impuestos y deflactar el IRPF ante el incremento de los precios. “Lo que no puede ser es que quien mejor llega a fin de mes sea el Gobierno”, ha señalado.

Feijóo también ha abordado la política exterior y ha defendido una estrategia “prooccidental” y “proeuropea”, con España como vínculo entre la Unión Europea e Hispanoamérica.

El líder del PP ha cerrado su intervención situando la recuperación de la confianza como uno de sus objetivos ante la próxima cita electoral: “España tiene la palabra y va a decidir lo que quiere ser. Mi objetivo es recuperar la confianza en nosotros mismos y en nuestro país”.

España ya está en campaña. La publicación este martes en el BOE de la convocatoria de elecciones generales pone oficialmente en marcha la maquinaria para votar el próximo 29 de noviembre, después de que Pedro Sánchez decidiera cerrar anticipadamente una legislatura que había terminado dependiendo de acuerdos cada vez más difíciles de reconstruir. El detonante inmediato fue la caída de los dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts, pero la decisión va bastante más allá: Sánchez ha optado por dejar de negociar voto a voto y trasladar directamente a los ciudadanos la decisión sobre qué mayoría debe gobernar España.

La vivienda será, al menos en el arranque, el gran campo de batalla. El PSOE quiere transformar su derrota parlamentaria en argumento electoral y presentar el 29-N como una elección entre una mayoría progresista capaz de aprobar medidas sociales y un bloque que impidió sacar adelante sus decretos. PP y Vox responderán que el Gobierno tuvo años para solucionar el problema y que la intervención no ha conseguido aumentar una oferta insuficiente. Incluso existe ahora una posibilidad políticamente llamativa: con las Cortes disueltas, la Diputación Permanente podría volver a abordar parte de la regulación de vivienda antes de las elecciones, permitiendo al Ejecutivo mantener vivo el conflicto durante la campaña.

La derecha llega con expectativas elevadas, aunque nadie quiere repetir el exceso de confianza de 2023. Feijóo presenta las elecciones como la oportunidad de cerrar definitivamente la etapa de Sánchez, mientras Abascal ha pedido prudencia y advierte de que los comicios no están ganados de antemano. Vox llega además mucho más fuerte que al comienzo de la legislatura, lo que convierte la competición dentro del propio bloque de derecha en otra de las claves del 29-N: PP y Vox necesitan sumar, pero también competirán durante las próximas semanas por decidir quién fija el rumbo político de ese espacio.

En la izquierda, el desafío es diferente. Sánchez necesita convertir la vivienda en movilización electoral, recuperar abstencionistas y concentrar voto progresista, mientras el espacio situado a su izquierda tiene que ordenar en muy poco tiempo candidatura, alianzas y mensaje. El presidente ha pedido explícitamente una “mayoría progresista mucho más amplia”, señal inequívoca de cuál será una de las tesis centrales del PSOE: la legislatura terminó porque la mayoría parlamentaria que permitió su investidura dejó de servir para aprobar políticas relevantes.

Y hay un actor que vuelve a aparecer justo cuando empieza la campaña: Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional afronta hoy el debate sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación del procés y se espera una doctrina que puede obligar al Supremo a revisar su posición, acercando el regreso del líder de Junts. La coincidencia política es enorme: Junts fue imprescindible para que Sánchez empezara esta legislatura, sus votos ayudaron a precipitar su final y Puigdemont puede acercarse a España precisamente cuando comienza la campaña que decidirá quién gobierna después del 29-N.

Por eso esta elección no empieza únicamente como una competición entre Sánchez y Feijóo. Empieza como un examen sobre vivienda, gobernabilidad, pactos y bloques. Sánchez necesita demostrar que todavía puede reconstruir una mayoría progresista; Feijóo debe transformar la ventaja de la derecha en una mayoría suficiente; Abascal quiere convertir el crecimiento de Vox en poder real; y los partidos territoriales tendrán que demostrar si continúan siendo decisivos cuando se vuelvan a repartir todas las cartas.

El 29 de noviembre España elegirá mucho más que un nuevo Congreso. Elegirá si prolonga el ciclo político abierto por Sánchez o si abre uno diferente. Y desde hoy la llave ya no está en Junts, en una negociación parlamentaria ni en siete diputados.

Está en la urna.

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