Fernando Rodríguez Galisteo: «España: paraíso de okupas, infierno de propietarios».
La okupación ilegal se ha convertido en un problema creciente que afecta a cada vez más españoles. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se registraron 16.426 hechos por allanamiento o usurpación de inmuebles, un 7,4% más que el año anterior, lo que supone unas 342 denuncias semanales. Entre 2018 y 2024, la ocupación ilegal creció un 34,5%, y algunos estudios sitúan el número total de viviendas okupadas en torno a 80.000. Durante el verano de 2024, las denuncias aumentaron un 55% respecto al mismo periodo del año anterior.
Fernando Rodríguez Galisteo, Responsable Acción Judicial VOX Sevilla, indica que sólo VOX denuncia sin tapujos la okupación ilegal, exige expulsión inmediata de los okupas y protección total de la propiedad privada.
Además, advierte de la relación entre inmigración ilegal y okupación, denunciando que las políticas de puertas abiertas del bipartidismo degradan los barrios, fomentan la inseguridad y facilitan la proliferación de mafias que se aprovechan de esta situación.
“Mientras el bipartidismo plantea que los españoles paguen por los okupas, VOX defiende la seguridad de los barrios, la tranquilidad de las familias y el derecho a su hogar”, ha dicho.
A pesar de la magnitud del problema, el 57% de las víctimas ni siquiera denuncia, por desconfianza en la Justicia. VOX denuncia que la okupación no es un problema anecdótico, sino una amenaza real a la propiedad privada y a la seguridad de los barrios, y critica que los gobiernos de turno responsabilicen a los propietarios por la inacción institucional.
El partido subraya que sólo VOX denuncia sin titubeos la okupación ilegal, frente a propuestas como la del PP de Feijóo, que a principios de año planteó que los españoles asumieran el coste de los okupas con sus impuestos. VOX reclama medidas contundentes y urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus hogares.
“Es hora de poner fin a la impunidad y proteger a los ciudadanos”
María López: «El drama de Huerto Paco no puede repetirse».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno “que cumpla de una vez por todas” con el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura respecto a la puesta en marcha del servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas en nuestra ciudad.
Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la viceportavoz municipal, María López, quien ha señalado que, tal y como se está haciendo en otros ayuntamientos gobernados por el PP, en el próximo Pleno vamos a pedir “que figure como motivo de exclusión, tanto en el registro de demandantes de viviendas como en las bases que se aprueben para la adjudicación de vivienda pública, el hecho de que el interesado se encuentre ocupando una vivienda o inmueble de manera conflictiva sin título suficiente para ello, y sin el consentimiento expreso del titular”.
Del mismo modo, los concejales de VOX en el Consistorio de la capital exigirán la creación de un censo de viviendas ocupadas de forma ilegal, con información actualizada de forma regular, en el que se incluya también el listado de edificios municipales afectados por esta lacra.
Tal y como ha señalado la edil, en los últimos años “Huelva viene padeciendo un incremento alarmante de la ocupación ilegal de viviendas”, un fenómeno que, en sus palabras, “ya no puede considerarse marginal y que está generando graves problemas de convivencia, seguridad y salud pública en distintos barrios de la ciudad”.
Segú precisa la moción de VOX, los datos del Ministerio del Interior reflejan que, solo en la provincia de Huelva se produjeron en 2024 un total de 152 casos de usurpación de inmuebles, lo que supone un 20% más que en 2023. Aunque la estadística no se desglose a nivel municipal, la viceportavoz valora que “los vecinos de la capital pueden constatar a diario las consecuencias de esta realidad en edificios ocupados que se han convertido en focos de conflictividad, degradación urbana e inseguridad”.
“El caso más estremecedor, y que recientemente ha sacudido profundamente a la ciudadanía, ha sido la violación de una menor en un edificio ocupado tras ser secuestrada a punta de navaja en el barrio de Huerto Paco. Este suceso no solo revela la vulnerabilidad que generan estos entornos, sino que pone de manifiesto cómo la falta de control sobre los inmuebles ocupados ilegalmente puede derivar en la comisión de delitos especialmente graves”, ha manifestado López Zambrano.
Además, según ha denunciado, estos edificios “suelen convertirse en focos de insalubridad, acumulación de basuras y plagas, que afectan a la salud del vecindario”. A ello “se suman las denuncias por amenazas, ruidos, vandalismo, robos y un clima de miedo que rompe la convivencia”, mientras que los propietarios legítimos, por su parte, “sufren la impotencia y la angustia de perder el control de sus viviendas y enfrentarse a interminables procesos judiciales, al tiempo que los vecinos ven cómo sus barrios se deterioran a pasos agigantados”.
También las administraciones públicas, según ha añadido la concejal, tienen que asumir en numerosas ocasiones un elevado coste en actuaciones de limpieza, tapiado de edificios y recursos policiales. En definitiva, ha apuntado que “se está poniendo en riesgo la convivencia, la tranquilidad de los barrios y el respeto a la legalidad”.
Tal y como ha recodado, VOX lleva años denunciando este hecho y exigiendo al Gobierno central que se tomen las medidas necesarias para poner coto a este problema de una forma definitiva, lo que debe de pasar por una reforma del Código Penal, endureciendo las penas por usurpación y agilizando el proceso de desahucio de ocupas; dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; así como modificando la legislación vigente para facilitar de una manera significativa la construcción de vivienda social.
“Mientras esto no ocurra y como Administración más cercana al ciudadano, consideramos que el Ayuntamiento debe dar también respuesta, siempre dentro de sus competencias, a este problema que cada vez afecta a más de sus conciudadanos; por lo que es urgente que el Ayuntamiento de Huelva, aparte de otras medidas que también están a su alcance, ponga de una vez por todas en marcha ese servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas, con el que ya se comprometió con VOX en el acuerdo de investidura”, ha manifestado la viceportavoz.
TOLERANCIA CERO A LA OCUPACIÓN ILEGAL
Este servicio, según ha explicado López Zambrano, permitiría a los afectados “recibir orientación jurídica inmediata, activar canales de coordinación directa con la Policía Local y Nacional, y establecer sistemas de aviso temprano para impedir que las ocupaciones se consoliden”.
Un recurso de estas características, bajo su punto de vista, “no solo ayudaría a proteger los derechos de los propietarios, sino que también reforzaría la seguridad y la confianza de los vecinos, enviando un mensaje claro: en Huelva no se tolerará la ocupación ilegal que degrada barrios, pone en riesgo la convivencia y, como desgraciadamente hemos visto, puede derivar también en tragedias como la que recientemente hemos tenido que ser testigos”.
Isabel Madera: «Donde había okupas, habrá viviendas para familias necesitadas».
La delegada de Urbanismo del Ayto. de Bormujos, Isabel Madera, ha presentado una subvención en Diputación de Sevilla a fin de financiar la construcción de 6 viviendas en régimen de protección especial destinadas a su venta, logrando con ello desde Urbanismo incrementar el parque municipal de vivienda protegida.
En esta actuación, las referidas viviendas, ubicadas sobre solares de titularidad municipal, irán edificadas en la zona entre la Plaza José Moreno Gordillo e Inmaculada Vieira, más concretamente en los inmuebles ubicados en las Calles Gines, Tomares y Almensilla. El importe de la promoción será de 690.000€.
“Para levantar nuevas VPO, primero hay que demoler y luego construir”
Viviendas okupadas ilegalmente
Desde hace más de una década estas viviendas se encuentran okupadas ilegalmente. Para hacer frente a la construcción de estas VPO en régimen social se ha de proceder al desalojo de dichos okupas con el objeto de que la demolición y nueva construcción sea viable. Una lacra la de la okupación por la que “llevo luchando desde que entré en el consistorio” y para lo que ya “he puesto en marcha los mecanismos necesarios”, ha manifestado Madera.
La inacción de anteriores gobiernos frente a este okupación ilegal ha sido crucial para que muchos bormujeros en estado de necesidad, se vean perjudicados sin poder acceder a una vivienda a la que pueden tener derecho.
“Son viviendas que debes estar al servicio de familias realmente necesitadas, que por desgracia existen en el municipio. Y no voy a mirar para otro lado con los okupas ilegales que estén dentro”
Erradicarla como obligación
Madera insiste que no es deber sino obligación el erradicar la okupación ilegal por parte de las instituciones. “Siempre he denunciado la impunidad de la okupación ilegal y he exigido medidas contundentes para proteger la propiedad privada”
En su municipio, y desde su delegación de Urbanismo, se puso en marcha la maquinaria correspondiente que permite actuar en consecuencia. Se han auditado las viviendas de las zonas, se han solicitado los títulos habilitantes, se han reconocido la identidad de los okupas y, “ya se ha procedido a una desokupación”.
El efecto llamada
Esta okupación, inicialmente estuvo liderada por algunas familias, pero el efecto llamada de la Ley Sánchez y su negativa a endurecer la ley, ha provocado que se dupliquen las ocupaciones en el municipio sevillano. Según el IEE, las denuncias por este tipo de casos se han multiplicado por más de seis en los últimos 15 años y sólo en el periodo entre 2018 y 2024 han crecido un 34,5%.
“El problema de la okupación ilegal es que últimamente no sólo no se condena, sino que se están alimentando los derechos de los ocupas e inkiocupas por delante del de los propietarios”
Madera: «Estamos en primera línea combatiendo la okupación que afecta a Bormujos».
Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Bormujos (VOX), lleva tiempo luchando contra la okupación ilegal, que afecta especialmente a un barrio antiguo del municipio, donde viviendas unifamiliares, antes de tranquilidad, se han convertido en foco de okupas. La situación ha empeorado por la Ley Sánchez, que ha duplicado los casos en el municipio y ha multiplicado por seis las denuncias en 15 años, con un aumento del 34,5 % solo entre 2018 y 2024.
Madera denuncia que la ley protege más a los okupas que a los propietarios, muchos de los cuales han perdido sus viviendas y sufren condiciones precarias. Además, algunas casas han sido usadas para actividades ilegales, como el cultivo de marihuana. Las indemnizaciones para los propietarios afectados suelen demorarse o no llegar.
Para Madera, erradicar la okupación ilegal no es opcional, sino una obligación institucional. Desde su delegación, se han auditado viviendas, identificado okupas y ya se ha realizado una desokupación, buscando devolver la tranquilidad a vecinos y la propiedad a los legítimos dueños.
También alerta sobre la “inkiokupación”, cuando inquilinos dejan de pagar y se niegan a marcharse, generando inseguridad jurídica y encareciendo el mercado del alquiler. Los largos procesos judiciales para recuperar viviendas afectan a propietarios, que deben seguir pagando hipotecas e impuestos sin poder usar sus inmuebles.
Madera pide endurecer leyes, impedir el empadronamiento de okupas y reforzar la seguridad jurídica para recuperar viviendas rápidamente. Esta problemática, que en 2024 registró más de 16.000 denuncias en España, ha tenido eco internacional, mostrando un grave contraste con países como Francia.
Cristina Peláez: «El Ayuntamiento deja de ser cómplice del okupa».
La portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado en el transcurso de la inauguración de la Oficina Municipal de Vivienda y Ocupación, que “en adelante se lo vamos a poner muy difícil a los okupas y a todos aquellos que estén pensando en ocupar una vivienda en el término municipal de Sevilla”.
Peláez ha subrayado que “para VOX es un día muy importante porque desde el primer día la vivienda es una materia que nos preocupa y la okupación es un fenómeno que nos indigna. La puesta en marcha de esta oficina, fruto de los acuerdos alcanzados con el gobierno de la ciudad, es toda una novedad pues se pone a disposición del sevillano un servicio público inédito en la ciudad, pero también supone un cambio de tendencia en el Ayuntamiento porque a partir de ahora esta administración estará del lado bueno, no del malo, defendiendo al legítimo propietario y no al okupa”. que hasta ahora, con los gobiernos socialistas y comunistas, ha estado supone que todos los sevillanos tendrán a su disposición una oficina municipal que atenderá todos los casos de ocupación los problemas de ocupación, que amenaza a todos los propietarios de viviendas sin distinción, pues se trata de un fenómeno que forma parte de las preocupaciones de los ciudadanos, alarma a la sociedad y forma parte del debate público desde hace años.
La portavoz municipal de VOX ha apostillado que “vamos a estar muy encima de esta oficina, a cuyo director Manuel Sillero deseamos todo el éxito en el desempeño de sus funciones. Vamos a actuar contra la ocupación de vivienda pública y privada y ya les adelanto que seremos muy persevantes en esta labor”.
“Vamos a empezar por lo más obvio, que es la creación de un censo de viviendas ocupadas en Sevilla. Porque el oscurantismo es tal, que sólo tenemos certezas de las viviendas públicas ocupadas, que en Sevilla son 21. Sabemos, por cifras oficiales, que en la provincia, el año pasado se ocuparon más de 500 viviendas pero no tenemos datos oficiales de Sevilla. Y es muy probable que la mayoría de esas viviendas correspondan a Sevilla capital”.
Cristina Peláez ha concluido afirmando que “Ojalá no hubiéramos necesitado la creación de esta oficina, pero la realidad es que hacía falta. Vamos a trabajar en cada uno de los casos existentes y en los que estén por llegar, con determinación y eficacia y estamos seguros que será un gran éxito del que se van a beneficiar una gran mayoría de sevillanos”.
Almassora asesora a los primeros vecinos en la unidad policial de información antiokupación.
La nueva Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación de la Policía Local de Almassora, puesta en marcha por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ya ha atendido las primeras consultas vecinales relacionadas con el tema de la okupación de inmuebles. Se trata de una herramienta de asesoramiento que se suma a las labores policiales, dentro de su límite competencial, que se realizan en esta materia.
En concreto, esta unidad da servicio en la planta baja del Ayuntamiento todos los jueves, de 13.00 a 14.00 horas, y está abierta a cualquier vecino de Almassora que tenga alguna duda, cuestión o preocupación relacionada con este asunto.
Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, una patrulla de la Policía Local actuó de madrugada en la calle Boqueres para evitar la okupación de una vivienda por parte de tres personas.
“La okupación provoca problemas de convivencia ciudadana y verdaderas molestias a los propietarios y vecinos afectados, por eso, es importante tener algún tipo de mecanismo para hacerle frente y dar apoyo a nuestros vecinos, aunque mientras exista la actual normativa será complicado frenarla desde un punto de vista legal”, ha señalado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira.
