Rosa Gallego: «La crisis de Losán exige acción inmediata»
El Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha reiterado al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de actuar con urgencia ante la crisis del Grupo Losán, que pone en riesgo cerca de 2.000 empleos directos e indirectos en Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
El Grupo Popular ha presentado una moción en el Senado para instar al Ministerio de Industria y a la SEPI a aprobar de forma inmediata el plan de viabilidad ya presentado por la empresa, así como a coordinar una solución integral antes de que finalice el periodo preconcursal.
La senadora Rosa Gallego ha advertido de que el calendario es “determinante”, ya que si el plan no se aprueba antes del 29 de abril, aumentará significativamente la incertidumbre sobre el futuro del grupo y de sus trabajadores.
Desde el PPdeG se subraya la dimensión estratégica del Grupo Losán, con especial impacto en el municipio de Curtis, donde afecta directamente a cerca de 800 empleos, así como su relevancia en el conjunto del tejido industrial.
El Partido Popular ha insistido en la necesidad de una actuación “rápida, coordinada y eficaz” por parte del Ejecutivo central para garantizar la continuidad de la actividad industrial, proteger el empleo y asegurar que los recursos públicos contribuyan a la reactivación del grupo.
Asimismo, el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, ha reclamado al Gobierno central que cumpla el acuerdo unánime adoptado por los municipios afectados, basado en la cooperación institucional para preservar el tejido productivo.
El PP también ha instado al Ayuntamiento de A Coruña y a su alcaldesa, Inés Rey, a implicarse en la búsqueda de soluciones y apoyar a los trabajadores y familias afectadas por esta crisis.
Finalmente, los senadores populares han solicitado explicaciones sobre las gestiones realizadas por el Gobierno en relación con el futuro del Grupo Losán, reiterando su compromiso con la defensa del empleo y la industria.
Fernando de Rosa: «Procesan a la mujer de Sánchez y atacan a los jueces»
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando de Rosa, ha exigido la dimisión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras sus críticas al juez instructor del caso que afecta al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De Rosa ha denunciado un “nuevo ataque a la Justicia”, señalando que “en democracia, cuestionar a los jueces por sus decisiones supone cuestionar el Estado de Derecho”. En este sentido, ha advertido de que las reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia judicial durante los últimos años han generado un “desequilibrio entre poderes”.
Asimismo, ha criticado lo que considera una “deriva preocupante” al aceptar planteamientos que, a su juicio, ponen en duda la independencia judicial, en referencia al concepto de lawfare, subrayando que este tipo de posiciones son contrarias a los principios defendidos por instituciones europeas.
Por su parte, la diputada popular Silvia Franco ha denunciado la situación de bloqueo en el Congreso de los Diputados, donde, según ha explicado, se están paralizando iniciativas destinadas a mejorar la atención a las víctimas de violencia de género.
Franco ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de un plan de refuerzo para los juzgados especializados, con el objetivo de reducir la carga de trabajo y garantizar una respuesta más eficaz. “Las víctimas no pueden esperar”, ha subrayado.
La diputada ha lamentado que, mientras persisten problemas como la saturación de los tribunales, el Ejecutivo no priorice medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia y la protección de las víctimas.
Desde el Partido Popular se ha insistido en la necesidad de reforzar la independencia judicial, garantizar el equilibrio institucional y mejorar los recursos destinados a la Administración de Justicia.
Juan José Alonso: «Cantabria avanza con estos presupuestos»
El Partido Popular ha registrado un total de 27 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, de las cuales tres han sido presentadas conjuntamente con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
El portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso, ha explicado que estas enmiendas conjuntas se centran en actuaciones específicas como el impulso al Consejo de la Juventud de Cantabria, mejoras en infraestructuras deportivas tradicionales como boleras, y la reparación del Centro de Salud de Cueto, en Santander.
El resto de las enmiendas, un total de 24, corresponden a ajustes técnicos, modificaciones puntuales y cambios de denominación orientados a mejorar la ejecución del presupuesto. Las cuentas autonómicas alcanzan los 3.925 millones de euros, lo que supone un incremento de 232 millones respecto al ejercicio anterior.
Según ha destacado Alonso, estas propuestas buscan reforzar un presupuesto en el que el 65% del gasto se destina a sanidad, servicios sociales y educación. En este sentido, ha subrayado que las enmiendas permitirán seguir impulsando el desarrollo económico, la creación de empleo y la atracción de inversiones en la comunidad.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó este 14 de abril, iniciándose ahora la tramitación parlamentaria del proyecto en el Parlamento de Cantabria, con previsión de aprobación a finales de mes.
Ainhoa Domaica: «La reforma del juego devolverá la tranquilidad a los mayores»
La parlamentaria del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Ainhoa Domaica, ha destacado que la modificación de la Ley del Juego impulsada por el PP permitirá “devolver la tranquilidad a los hogares de jubilados y centros de mayores” en el País Vasco.
Domaica ha subrayado que la iniciativa cuenta con el criterio favorable del Gobierno vasco, asegurando que se trata de una propuesta “sensata y de sentido común” que ha logrado el respaldo de otras formaciones tras su presentación por el Grupo Popular.
La dirigente popular ha defendido el valor social de actividades tradicionales como el bingo en centros de mayores, señalando que fomentan la convivencia, la participación y el envejecimiento activo, además de contribuir al bienestar emocional y a combatir la soledad no deseada.
En este sentido, ha criticado la situación generada por la normativa vigente, que había provocado que centros sociales pudieran enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 euros por realizar estas actividades con cantidades simbólicas de dinero. “Se trataba de un auténtico disparate”, ha afirmado.
Domaica ha señalado que la actual ley, vigente desde 1991, no daba respuesta a la realidad social, lo que generaba inseguridad jurídica en entidades sin ánimo de lucro y centros de mayores.
Por ello, el Partido Popular ha promovido una modificación legislativa que permitirá la práctica de estos juegos cuando tengan una finalidad social, garantizando así seguridad jurídica y evitando sanciones desproporcionadas.
La parlamentaria ha concluido destacando que esta medida es un ejemplo de “política útil, cercana y pegada a la realidad”, centrada en mejorar la vida de los ciudadanos.
Juan Fernández acusa a Illa de no controlar su partido ni Cataluña.
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha puesto el foco esta mañana en “el descontrol” que vive el PSC para alertar que esta situación pone en duda la capacidad de Salvador Illa para gobernar Cataluña. “Si es incapaz de poner en orden su partido, ¿cómo pretende gestionar la Generalitat? No se puede aspirar a dirigir Cataluña cuando ni siquiera se consigue alinear a los propios”, ha dicho.
El líder popular considera que “hoy el PSC es la casa de los líos”, con un concejal imputado en Granollers porque “Salvador Illa permitió que en el marco de unas fiestas populares organizadas por el ayuntamiento socialista de Granollers se enseñara a niños pequeños a fabricar y tirar cocteles molotov contra la policía”, y los concejales de Ripoll en la picota por facilitar la aprobación de los presupuestos de Aliança Catalana, “rompiendo en la práctica ese cordón sanitario del que tanto presumen en los discursos”.
Para Fernández, estos dos episodios no son casos aislados, sino la evidencia que Illa “ha perdido el control interno, no tiene un criterio común y que actúa de manera distinta en función del lugar”. “Lo que estamos viendo no es solo una falta de coordinación, sino una forma de hacer política basada en la ambigüedad permanente”, ha señalado.
Por todo ello, los populares siguen exigiendo la dimisión de la alcaldesa de Granollers y de su equipo de gobierno “por su gran irresponsabilidad” y exigen a Illa “que dé explicaciones” y aclare “cuál es la posición real del PSC”, si comportarse como la Cup en Granollers “o como en Ripoll, porque su conducta errática “sus propios líos” están comprometiendo las instituciones en Cataluña.
“Seguimos sin presupuestos, sin hoja de ruta clara, con unos servicios públicos que acumulan tensiones cada vez más evidentes, la sanidad continúa bajo presión, la educación arrastra carencias estructurales y la seguridad se ha convertido en una preocupación real en muchos municipios, a eso se suman unas infraestructuras que no avanzan al ritmo que Cataluña necesita” ha ejemplificado.
Por último, Fernández ha pedido a Illa “que vuelva a recuperar el sentido institucional, el respeto a las normas y la coherencia en la acción política” porque gobernar es mucho más que “apagar incendios” internos.
Paco Núñez: «Sin agua no hay agricultura ni pueblo»
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de trabajar por un Pacto Nacional por el Agua, recuperando la esencia de lo que fue en su día ese Plan Hidrológico Nacional, algo que “es absolutamente fundamental”.
Así lo ha indicado en el XXVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde ha incidido en la importancia de que el agua “deje de ser un elemento de confrontación y sea un elemento de generación de riqueza y oportunidades”.
“Sin agua no hay agricultura ni hay ganadería y sin agricultura y ganadería no hay pueblos, no hay riqueza”, ha afirmado, al tiempo que ha insistito en que “todos los que quieran emplear el agua como un elemento de confrontación se equivocan”.
Igualmente, Núñez ha recordado que en Castilla-La Mancha existe un Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años por todas las entidades hídricas y el propio Gobierno autonómico, denunciando que “cinco años después no se ha cumplido ni una sola línea del pacto”.
Por ello, ha reclamado medidas urgentes como la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer los recursos disponibles, un mapa de necesidades que determine las demandas actuales y futuras, y un plan de regadíos. En este punto, ha criticado que “el 64 por ciento del presupuesto de regadíos de la Junta en los últimos ocho años no se ha ejecutado”.
El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha defendido la prioridad de la cuenca cedente, señalando que la región debe garantizar primero sus necesidades hídricas antes de ejercer cualquier solidaridad, apoyándose en herramientas como la auditoría hídrica y el mapa de necesidades.
Núñez ha advertido del “momento de máxima incertidumbre” que vive la región en materia de agua, señalando la posible clausura de pozos si no se amplía la Directiva Marco hasta 2032, así como la falta de regularización de los pozos de aguas prioritarias, de los que “en diez años el Gobierno socialista no ha regularizado ni uno solo”.
“Vamos a seguir trabajando para que el agua no sea un elemento de confrontación, sino un elemento de riqueza, para que los planes de cuenca no hagan que el agua acabe en manos de Portugal, sino que los planes de cuenca permitan que con el agua de Castilla-La Mancha rieguen primero los castellanomanchegos”.
Finalmente, ha señalado que “es urgente tomar decisiones” y contar con un Gobierno que sitúe el agua en el centro de la agenda “no como elemento de confrontación, sino como elemento de generación de riqueza”, por lo que ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con este objetivo.
Alfonso Serrano: «Quieren tapar todo con una regularización masiva»
El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado con dureza la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que “ni diez regularizaciones van a tapar los escándalos que afectan al Ejecutivo”.
Serrano ha denunciado que esta medida responde a una decisión política “irregular, innecesaria y contraria a los informes del Consejo de Estado”, advirtiendo de que puede generar efectos negativos tanto en la seguridad como en la convivencia.
En este sentido, ha alertado de que la regularización podría abrir la puerta a la entrada de personas sin los controles suficientes, además de provocar una mayor presión sobre los servicios públicos. Asimismo, ha señalado que esta iniciativa puede generar un “efecto llamada” que incentive nuevos procesos de inmigración irregular.
El dirigente popular ha subrayado que esta medida “no cuenta con el respaldo de las instituciones europeas” y ha insistido en que debe abordarse la política migratoria con garantías, mediante procedimientos individualizados y vinculados al empleo.
Desde el Partido Popular de Madrid, Serrano ha anunciado que se solicitará la suspensión cautelar de esta decisión, al considerar que puede derivar en situaciones perjudiciales para los ciudadanos.
Asimismo, ha criticado que el Gobierno utilice este tipo de iniciativas para “desviar el foco de otros problemas”, señalando la necesidad de centrarse en cuestiones que afectan directamente a los españoles, como la economía, los servicios públicos y la estabilidad institucional.
Finalmente, Serrano ha advertido de que España necesita un cambio de rumbo político que garantice una gestión eficaz, transparente y centrada en el interés general.
Feijóo pide más ayudas y menos cartas al Gobierno de Sánchez.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “los españoles no quieren más cartas, quieren más ayudas”, reclamando medidas eficaces frente al aumento del coste de la vida y la inflación.
Durante su intervención en la reunión plenaria del PP en el Congreso y el Senado, Feijóo ha criticado que el Ejecutivo ofrezca “respuestas insuficientes” ante la situación económica, subrayando que las ayudas actuales han quedado superadas por la subida del combustible y el incremento de los precios. En este sentido, ha reclamado la bajada del IVA de los alimentos, la reducción del IRPF y un alivio fiscal real para las familias.
El líder del PP ha reiterado su rechazo a la regularización masiva de inmigrantes, calificándola de “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, al considerar que carece de controles suficientes y puede generar efectos negativos tanto en los servicios públicos como en la cohesión social.
Asimismo, ha defendido una política migratoria “legal, ordenada y compatible con la legislación europea”, que proteja tanto a quienes llegan a España como a los ciudadanos.
Feijóo ha denunciado también el deterioro institucional, criticando los ataques al Poder Judicial y reclamando respeto a la independencia de los jueces. En este contexto, ha señalado que “en democracia, a la Justicia se la respeta, no se la desprecia”.
El presidente del PP ha cuestionado además la gestión del Gobierno en materia económica, institucional e internacional, advirtiendo de que España atraviesa un momento de “inflación, saturación de servicios públicos y falta de rumbo”.
Finalmente, ha afirmado que el Partido Popular trabaja en una alternativa política centrada en la recuperación económica, el respeto institucional y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.