Eduardo Carazo: «La tragedia de Adamuz marcará la trayectoria de Puente»
El Partido Popular ha exigido la dimisión del ministro de Transportes y ha denunciado su gestión tras la tragedia de Adamuz, subrayando la necesidad de asumir responsabilidades políticas.
El diputado del GPP, Eduardo Carazo, ha lamentado que el ministro Óscar Puente continúe “agarrado al cargo”, y ha advertido de que “la tragedia de Adamuz quedará para siempre marcada en su trayectoria política”.
El Partido Popular considera “muy grave” que el titular de Transportes no haya asumido responsabilidades y, en su lugar, “intente taparlas con mentiras”. En este sentido, Carazo ha criticado actuaciones relacionadas con la gestión posterior al accidente y ha señalado que la evolución de la investigación está evidenciando hechos que refuerzan la exigencia de responsabilidades.
El Partido Popular subraya que los acontecimientos conocidos convierten la dimisión del ministro en una “exigencia ética inaplazable”, al tratarse de una gestión que ha tenido consecuencias trágicas con víctimas mortales y numerosos heridos.
Asimismo, el diputado popular ha denunciado que la situación del sistema ferroviario continúa marcada por incidencias, retrasos y cancelaciones, lo que refleja, a su juicio, una falta de gestión eficaz en el ámbito del transporte.
El Partido Popular insiste en que la responsabilidad política es imprescindible para garantizar la confianza de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad política y la mejora de la gestión en el sistema de transportes, en defensa del interés general de los ciudadanos.
Alma Ezcurra: «El Gobierno crea el problema y vende la solución en inmigración»
El Partido Popular ha criticado la política migratoria del Gobierno y ha advertido de los riesgos de la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha calificado esta medida de “chapuza” y “coladero”, señalando que “el mismo Gobierno que genera el problema nos vende la solución”.
El Partido Popular considera que el decreto de regularización “está diseñado para convertirse en un coladero”, especialmente tras reconocer el propio Ejecutivo que las personas que no sean regularizadas no serán expulsadas. En este sentido, Ezcurra ha advertido de que se trata de “una regularización para todo el mundo”.
Asimismo, el Partido Popular ha subrayado que, bajo el actual Gobierno, la inmigración irregular ha aumentado significativamente, y ha cuestionado que sea el mismo Ejecutivo quien impulse ahora medidas para corregir una situación que, a su juicio, ha contribuido a generar.
La vicesecretaria ha recordado que el Partido Popular apoyó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular “por respeto a las más de 700.000 firmas”, pero presentó enmiendas para garantizar una regularización ordenada, con tramitación individualizada, vinculación a un contrato de trabajo y control de antecedentes.
El Partido Popular denuncia que el Gobierno no logró los apoyos necesarios y optó por aprobar la medida “por la puerta de atrás”, sin consenso ni garantías suficientes.
Frente a ello, el Partido Popular defiende un modelo migratorio basado en la legalidad, el control y la capacidad de decisión del Estado sobre quién entra y en qué condiciones, con criterios claros que garanticen la seguridad y la convivencia.
Asimismo, Ezcurra ha defendido el respeto a la independencia judicial y ha pedido que se deje trabajar a jueces y magistrados sin injerencias políticas.
El Partido Popular reafirma su compromiso con una política migratoria responsable, ordenada y basada en el respeto a la ley y a los procedimientos democráticos.
Tellado: «El apagón tuvo responsables y el Gobierno debe asumirlos»
El Partido Popular ha exigido responsabilidades políticas por el apagón eléctrico que afectó a España y ha denunciado la falta de previsión del Gobierno ante las advertencias previas del sector energético.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que “toda España ha conocido las transcripciones de los audios de los operadores eléctricos” en los que ya se advertía, meses antes del apagón, del riesgo de un fallo grave en el sistema. “Ha sido una oscilación muy bestia, vamos a un cero gordo, en algún momento nos la damos seguro”, ha recordado.
El Partido Popular subraya que estos hechos evidencian la falta de anticipación y respuesta del Ejecutivo ante una situación crítica que derivó en un apagón histórico, con importantes consecuencias económicas y sociales.
Miguel Tellado ha responsabilizado directamente a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera Aagesen, de lo ocurrido, señalando que “ese apagón histórico, esas pérdidas millonarias y sus consecuencias requieren asumir responsabilidades políticas”.
El Partido Popular considera que la política energética del Gobierno ha estado marcada por decisiones ideológicas que han afectado a la estabilidad del sistema eléctrico, y ha reclamado una gestión basada en criterios técnicos, planificación y seguridad de suministro.
Asimismo, Tellado ha recordado que el apagón supuso uno de los episodios más graves registrados en Europa en los últimos años, con un fuerte impacto en la economía y en la imagen internacional de España.
El Partido Popular lamenta que, un año después, no se hayan asumido responsabilidades políticas y exige al Gobierno explicaciones claras sobre lo sucedido, así como medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Además, el Partido Popular ha pedido transparencia en relación con decisiones recientes del Ejecutivo en materia de nombramientos y gestión en organismos públicos vinculados al ámbito energético y medioambiental.
El Partido Popular reafirma su compromiso con una política energética responsable, que garantice la seguridad del sistema, la estabilidad del suministro y la protección de los ciudadanos.
Ester Muñoz: «Atacar a un juez es cruzar todas las líneas democráticas»
El Partido Popular ha denunciado los ataques del Gobierno a la independencia judicial y ha advertido del riesgo que suponen para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.
La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está utilizando al juez Juan Carlos Peinado para “lanzar un mensaje de miedo” al conjunto de la judicatura. En este sentido, ha advertido de que el objetivo es que los jueces “se lo piensen dos veces” cuando tengan que investigar asuntos relacionados con el Gobierno.
El Partido Popular considera que este tipo de actuaciones suponen un intento de intimidación que compromete la independencia judicial y la separación de poderes, principios esenciales del sistema democrático.
Ester Muñoz ha señalado que el titular de Justicia “ha traspasado los límites de cualquier demócrata” al atacar públicamente a un juez con nombres y apellidos en una rueda de prensa oficial. Asimismo, ha subrayado que las declaraciones de un ministro no pueden considerarse opiniones personales, sino posicionamientos del conjunto del Ejecutivo.
El Partido Popular denuncia que el ministro ha dirigido críticas reiteradas a jueces, fiscales y magistrados, así como al Tribunal Supremo, y ha cuestionado también sus actuaciones respecto al Consejo General del Poder Judicial.
En este contexto, el Partido Popular advierte de una deriva preocupante por parte del Gobierno en relación con el respeto a las instituciones, y recuerda que la independencia judicial es una garantía fundamental para los ciudadanos.
Asimismo, Ester Muñoz ha cuestionado determinadas decisiones del Ejecutivo adoptadas por decreto, subrayando la importancia de respetar la voluntad expresada en el Parlamento y reforzar los mecanismos de control democrático.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las instituciones, pilares fundamentales para la convivencia democrática y el buen funcionamiento de España.
José Ramírez del Río: «Se arrasaron bibliotecas enteras y nadie lo cuenta»
El diputado de VOX por Córdoba en el Congreso, José Ramírez del Río, ha denunciado la destrucción de patrimonio cultural y religioso en España durante el periodo comprendido entre 1931 y 1939, señalando la pérdida de numerosas bibliotecas y fondos documentales de gran valor histórico.
Durante su intervención, Ramírez del Río ha afirmado que existió “una auténtica catarata de crímenes” que afectaron al legado cultural, destacando la quema de conventos, iglesias y edificios religiosos, así como la destrucción de bibliotecas episcopales y conventuales.
En este sentido, el diputado ha recordado los hechos ocurridos el 11 de mayo de 1931, cuando se produjeron incendios en distintos edificios religiosos. Entre ellos, ha mencionado la destrucción en Madrid de la Casa Profesa de los Jesuitas, que albergaba una de las mayores bibliotecas de España, con la pérdida de más de 80.000 volúmenes, incluyendo incunables y primeras ediciones de autores como Lope de Vega.
Asimismo, ha señalado la desaparición de otros importantes fondos bibliográficos, como los del Colegio de los Jesuitas de Chamartín y el Colegio del Sagrado Corazón, así como la quema de la Biblioteca Diocesana de Málaga, donde se perdieron archivos y obras de gran valor.
Ramírez del Río también ha hecho referencia a la destrucción de bibliotecas conventuales, como la del convento de Santo Domingo, donde, según ha indicado, se perdieron manuscritos únicos e irrecuperables, además de otros elementos de valor artístico y religioso.
El diputado ha subrayado la importancia de preservar la memoria histórica y el patrimonio cultural de España, destacando la magnitud de las pérdidas sufridas durante ese periodo.
Carlos Gil: «Sin mayoría, lo responsable es dar un paso al lado en Alcoy»
El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha señalado que el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, “ha perdido la confianza del pleno municipal y con ella su credibilidad y autoridad política para seguir al frente del Ayuntamiento”.
Gil ha afirmado que la derrota de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto “evidencia la incapacidad del alcalde socialista para tejer acuerdos y garantizar la estabilidad institucional que merece Alcoy”. “Cuando un alcalde no cuenta con el respaldo mayoritario de la corporación, lo responsable es asumir la situación y dar un paso al lado”, ha manifestado.
El dirigente popular ha criticado que el gobierno local se ampare en un mecanismo legal para sacar adelante unos presupuestos para los que no tiene apoyo político. Esta maniobra, en su opinión, “no es ningún éxito, sino el reflejo de un fracaso en la gestión del equipo de Francés”.
En este sentido, ha lamentado que la ciudad de Alcoy “se vea abocada a una situación de bloqueo e incertidumbre por la falta de liderazgo del actual alcalde”. “No se puede gobernar en minoría permanente y sin capacidad de alcanzar consensos en cuestiones clave para el futuro del municipio”, ha advertido.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcoy, Carlos Pastor, ha subrayado que “si estos presupuestos salen adelante no será porque el alcalde haya convencido a nadie, sino porque la legislación lo permite”. Pero lo que queda demostrado es la “incapacidad” del primer edil para llegar a acuerdos y liderar el municipio. “La confianza no se impone por procedimiento, se construye, y el señor Francés ha demostrado que no la tiene”, ha añadido.
Por último, Pastor ha insistido en que “el alcalde ha perdido la confianza de la corporación y la legitimidad para seguir gobernando, por eso reclamamos su dimisión inmediata”. “Alcoy necesita estabilidad, certezas y un gobierno capaz de llegar a acuerdos, justo lo contrario de lo que ofrece el actual equipo de gobierno”.
Félix de las Cuevas: «La falta de guardias civiles pone en riesgo la seguridad en Cantabria»
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que solicita al Ministerio del Interior un incremento significativo de efectivos de la Guardia Civil en Cantabria durante la temporada estival, especialmente en aquellas zonas con mayor afluencia turística.
El Partido Popular defiende que es imprescindible adaptar los recursos de seguridad a la realidad territorial y a los picos de población que se producen en verano, garantizando así un servicio eficaz y una adecuada protección de los turistas.
En este sentido, el diputado por Cantabria, Félix de las Cuevas, ha anunciado que el Grupo Popular preguntará al ministro Fernando Grande-Marlaska por el déficit de agentes en la comunidad, así como por las medidas previstas y los plazos para reforzar las plantillas y cubrir las vacantes.
El Partido Popular recoge así las advertencias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que alertan de la falta de efectivos en Seguridad Ciudadana en Cantabria. Por ello, propone ampliar la duración de los refuerzos estivales, mejorar su planificación y adaptarlos a los periodos reales de mayor presión poblacional, evitando su carácter limitado.
Asimismo, el PP reclama revisar la plantilla orgánica de la Guardia Civil en Cantabria para corregir el déficit estructural existente —con 136 plazas sin cubrir— y dotar a los agentes de medios materiales suficientes.
El Partido Popular subraya que la falta de planificación del Ministerio del Interior está comprometiendo la seguridad ciudadana, incrementando la carga de trabajo de los agentes y reduciendo la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente en el ámbito rural.
El diputado popular ha incidido en que esta situación se agrava durante el verano, cuando Cantabria multiplica su población y se consolida como uno de los destinos turísticos de referencia del norte de España.
Además, el Partido Popular advierte de que el deterioro de la seguridad es evidente, con un aumento de la criminalidad del 45% desde 2018, y critica que las medidas del Gobierno, como la denominada “Operación Verano”, resultan insuficientes y alejadas de las necesidades reales del territorio.
Por ello, el Partido Popular defiende la puesta en marcha de un plan específico para territorios con alta estacionalidad turística, que permita anticipar necesidades, mejorar la coordinación institucional y garantizar una respuesta eficaz en los momentos de mayor demanda.
El Partido Popular reitera que garantizar la seguridad es una obligación del Estado y una condición esencial para proteger la convivencia, la actividad económica y la imagen de España como destino seguro.
Crisis en Vox Murcia: Segado pide que no afecte a los acuerdos claves.
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha subrayado, tras el anuncio de la diputada regional de Vox Virginia Martínez de su paso al Grupo Mixto, que “confiamos en que las guerras internas en Vox no mermen ni condicionen el diálogo necesario para sacar adelante asuntos de interés para la Región”.
“Cuando los ciudadanos buscan una opción seria y que garantice estabilidad, siempre encuentran al Partido Popular”, ha señalado Segado.
“Por las noticias que vienen sucediéndose en las últimas semanas, estamos viendo que Vox se está rompiendo en la Región de Murcia, se está desintegrando por peleas y divisiones internas que, desde luego, no responden a lo que esperan los ciudadanos”, ha incidido el portavoz parlamentario. “Quienes depositaron en su día su confianza en Vox es lógico que hoy estén decepcionados”, ha apostillado.
Segado ha puntualizado al respecto que “desde el Partido Popular lo que esperamos es que esa división, esos enfrentamientos en Vox, no afecten a la estabilidad de los gobiernos que están funcionando en ayuntamientos”, y ha asegurado al hilo que “el Partido Popular va a actuar siempre con responsabilidad y tomando las decisiones que respondan única y exclusivamente al interés general de los ciudadanos”.
“Es importante siempre, pero más en este momento, que Vox priorice el interés general. La voluntad del PP para alcanzar acuerdos sigue siendo la misma”, ha subrayado.
“El escenario político que se abre en la Asamblea por la división en Vox no va a condicionar nuestra voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos”, ha remarcado Segado. “Por eso, pedimos responsabilidad a Vox porque sus problemas internos no deben condicionar posibles acuerdos que son buenos y necesarios para la Región de Murcia”, ha concluido.