Eloy Suárez denuncia un «patrón» en los rescates de la SEPI.
El senador del Grupo Parlamentario Popular, Eloy Suárez, ha denunciado posibles irregularidades en los rescates de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), señalando la existencia de un “patrón común” en la tramitación de ayudas a determinadas compañías.
Durante su intervención en la Comisión de Investigación, Suárez ha advertido de la presencia de intermediarios, contactos y redes de influencia en operaciones como las de Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera.
El senador ha subrayado que la rapidez en la tramitación de algunos expedientes contrasta con la lentitud de otros, lo que, a su juicio, apunta a la existencia de “padrinos políticos” en determinadas decisiones.
Dudas sobre la gestión y la documentación
Suárez ha cuestionado la existencia de informes sin firma y la falta de documentación aportada a la Comisión, denunciando un “apagón informativo” por parte de la sociedad estatal.
Asimismo, ha criticado que se pretenda trasladar que las decisiones se tomaron únicamente con criterios técnicos, sin influencia externa, a pesar de los indicios que, según ha expuesto, apuntan en sentido contrario.
Rescates bajo sospecha
El senador ha puesto el foco en el rescate de Air Europa, señalando la existencia de reuniones para impulsar su aprobación y cuestionando la rapidez con la que se concedieron ayudas millonarias.
En relación con Plus Ultra, ha criticado la concesión de 53 millones de euros a una compañía con escasa relevancia en el sector, mientras que sobre Duro Felguera ha advertido de las dudas sobre su situación financiera en el momento del rescate.
También ha planteado interrogantes sobre operaciones como la inversión en Sdos Grupo, cuestionando su justificación y el uso de recursos públicos en este tipo de decisiones.
Exigencia de responsabilidades
Eloy Suárez ha denunciado la falta de control y de análisis riguroso en la gestión de estos expedientes, advirtiendo de que este modelo de actuación genera desconfianza y pone en cuestión la credibilidad de las instituciones.
En este sentido, ha anunciado que se impulsarán auditorías detalladas de los rescates para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
El senador ha concluido subrayando la importancia de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos.
Jesús Lecha: «Puig debería explicar su gasto antes de dar leccione»
El diputado autonómico del Partido Popular, Jesús Lecha, ha denunciado que el acto anunciado por el PSOE en Vinaròs sobre el nuevo modelo de financiación “es un nuevo intento de engañar a los vecinos con propaganda”, y ha reclamado al expresident Ximo Puig que “aproveche su visita para dar explicaciones que todavía debe a los valencianos”.
Lecha se ha referido así a la jornada en la que Ximo Puig tiene previsto participar en Vinaròs titulada ‘La oportunidad de la nueva financiación: la hora de la Comunitat Valenciana’. “No puede venir a hablar de financiación sin aclarar antes el uso de recursos públicos durante su etapa y después de ella”, en referencia a los 187.000 euros de gasto de su oficina como expresident en 2025, con 16.000 euros solo en dietas, alojamiento y coche oficial.
“Estamos hablando de un expresident que ha seguido generando un elevado coste para todos los valencianos, incluso mientras desempeña un cargo en el extranjero, remunerado con 120.000 euros de sueldo anual, con vivienda oficial y medios públicos a su disposición”, ha criticado.
“Y ya puestos, también podría aclararnos la situación judicial de su hermano Francis, para quien la Fiscalía solicita una pena de cuatro años y diez meses de prisión por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas siendo él presidente. Eso es lo que debería explicar”.
Anuncio falso que perpetuaría la infrafinanciación valenciana
El diputado popular ha señalado que “lo de Puig es pura demagogia, en línea con sus famosos Ximoanuncios que nunca se cumplieron.
“El sistema actual que tanto perjudica a la Comunitat Valenciana es el que aprobó el PSOE en 2009, con el voto en contra del Partido Popular, y que desde entonces mantiene a los castellonenses por debajo de la media”.
Asimismo, ha advertido de que el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez “no corrige la injusticia, sino que la consolida”, ya que “nace de un acuerdo con los independentistas y vuelve a perjudicar a los valencianos”.
Por último, Jesús Lecha ha señalado que “mientras unos estamos volcados en trabajar y ayudar a todas las personas que vivimos en la Comunitat Valenciana ofreciéndoles más oportunidades, mejor sanidad, mejor educación y mejores servicios, además de aliviar la carga fiscal de con las nuevas rebajas y deducciones fiscales, Puig sigue empeñado en dividir y enfrentar. La Comunitat Valenciana merece política útil, no más mentiras socialistas”.
Sofía Acedo: «La regularización masiva responde a intereses políticos»
La portavoz adjunta del GPP en el Congreso, Sofía Acedo, ha criticado la política migratoria del Gobierno y ha advertido de los riesgos de la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.
Acedo ha acusado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de actuar “por conveniencia y no por convicción”, señalando que esta medida responde a intereses políticos y no a una estrategia planificada.
En este sentido, ha reprochado al Gobierno que impulse la regularización pese al rechazo expresado en el Congreso, subrayando la importancia de respetar las decisiones adoptadas por la Cámara.
Asimismo, ha advertido de que distintos informes vienen alertando del riesgo de fomentar una inmigración irregular masiva y descontrolada, y ha criticado que la respuesta del Ejecutivo sea suspender medidas de control sin ofrecer alternativas eficaces.
Acedo ha señalado que la regularización carece de planificación suficiente, sin una evaluación clara de su impacto en los servicios públicos, ni memoria económica, ni mecanismos de control adecuados.
Además, ha cuestionado la falta de concreción del Gobierno sobre el número de personas que se verían beneficiadas por esta medida, lo que, a su juicio, incrementa la incertidumbre sobre sus efectos reales.
La portavoz adjunta ha defendido la necesidad de una política migratoria basada en la legalidad, el control y la sostenibilidad, que garantice la convivencia y la adecuada prestación de los servicios públicos.
Alicia García: «El apagón fue culpa del Gobierno y deben dimitir ya»
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha reclamado la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, así como el cese de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y ha señalado también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como responsables. “No pueden seguir en su puesto ni un minuto más”, ha afirmado.
El Partido Popular sostiene que el apagón “no fue un accidente imprevisible”, sino el resultado de “una gestión irresponsable y de políticas basadas en la ideología y no en criterios técnicos”. Según ha subrayado Alicia García, el sistema eléctrico llevaba tiempo alertando de riesgos que no fueron atendidos por el Ejecutivo.
Una crisis anunciada
El Partido Popular ha destacado que los audios analizados en la Comisión evidencian que meses antes del apagón ya existían advertencias claras sobre posibles fallos graves en el sistema. Sin embargo, según la portavoz popular, no se activaron los protocolos necesarios ni se adoptaron medidas preventivas adecuadas.
El Partido Popular explica que el colapso se produjo por una sobretensión que desencadenó una desconexión en cascada del sistema eléctrico, vinculada a una entrada súbita de energía fotovoltaica no gestionada correctamente.
Asimismo, Alicia García ha defendido la labor de los trabajadores técnicos del sistema, que identificaron en tiempo real la situación, frente a lo que considera una falta de reacción por parte de los responsables políticos.
Falta de reacción y transparencia
El Partido Popular denuncia que, pese a las señales previas, no se activaron mecanismos de emergencia ni se adoptaron decisiones proporcionadas al riesgo existente.
Además, critica que el Gobierno trasladara a la opinión pública una explicación basada en factores imprevisibles, ocultando —según el PP— las causas reales del apagón.
Exigencia de responsabilidades
El Partido Popular atribuye la responsabilidad política directa a Sara Aagesen, por no actuar ante las alertas; a Beatriz Corredor, por no adoptar medidas preventivas ni garantizar la transparencia; y a la CNMC, por no haber actualizado la normativa necesaria a tiempo.
Por ello, Alicia García ha exigido la dimisión inmediata de la vicepresidenta y el cese de la presidenta de Red Eléctrica, así como un cambio en la política energética del Gobierno.
Sergio Sayas critica la política del Gobierno en servicios públicos y vivienda.
El portavoz adjunto del GPP en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado que el Ejecutivo “presume de defender lo público cuando en realidad ha socavado los servicios públicos a golpe de incompetencia e irresponsabilidad”.
El Partido Popular considera que las políticas del Gobierno están afectando directamente a las clases medias y trabajadoras, especialmente en el acceso a la vivienda. En este sentido, Sayas ha señalado el déficit de vivienda existente y ha reclamado soluciones ante el impacto de determinadas decisiones del Ejecutivo.
El Partido Popular advierte de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos, con jóvenes que retrasan su emancipación y familias que destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.
Asimismo, Sergio Sayas ha subrayado que el deterioro del Estado del bienestar responde tanto a una gestión ineficaz de los servicios públicos como a la falta de responsabilidad en la acción de Gobierno.
El Partido Popular insiste en la necesidad de impulsar políticas que refuercen los servicios públicos, mejoren el acceso a la vivienda y garanticen la igualdad de oportunidades.
En este contexto, Sayas ha defendido que España necesita una alternativa política basada en la gestión eficaz, la responsabilidad y el respeto a las instituciones, capaz de ofrecer estabilidad y soluciones a los ciudadanos.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la defensa del Estado del bienestar, la mejora de los servicios públicos y el impulso de políticas que favorezcan a las clases medias y trabajadoras.
Almudena Negro anuncia un parking en Torrelodones tras una demanda histórica.
La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado que ha recibido el proyecto de manos del CEO de Planifica Madrid, Pablo Corbalán Ruiz, que contempla una inversión de 13,5 millones de euros y la creación de 272 plazas de aparcamiento.
La alcaldesa subraya que esta actuación responde a una reivindicación de décadas por parte de los vecinos, y permitirá mejorar la movilidad y el acceso a la estación, facilitando el uso del transporte público.
Las obras del nuevo parking comenzarán este verano, marcando un avance significativo en la mejora de las infraestructuras locales y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, el Partido Popular destaca la colaboración institucional que ha hecho posible este proyecto, en el marco del compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con los municipios.
En este sentido, Almudena Negro ha agradecido el apoyo del Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso, por hacer realidad una infraestructura clave para el municipio.
El proyecto será explicado en detalle en el próximo Pleno municipal por el concejal Antonio Iraizoz.
Negro reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructuras que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y contribuyan al progreso de los municipios.
Juan Fernández denuncia que el Govern no actúa ante la okupación de vivienda social.
El Partido Popular ha denunciado la situación del parque de vivienda social en Cataluña y ha reclamado al Govern medidas urgentes para garantizar su correcta gestión y el acceso de las familias más vulnerables.
El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha advertido de que “uno de cada cuatro pisos procedentes de la Sareb está okupado ilegalmente”, lo que evidencia, a su juicio, una situación “fuera de control”.
El Partido Popular considera que esta realidad perjudica gravemente a miles de ciudadanos que esperan una vivienda social, mientras otros ocupan de forma irregular recursos públicos destinados a quienes más lo necesitan.
Fernández ha señalado que el problema responde a un modelo de política de vivienda basado, según ha indicado, en la falta de protección frente a la okupación y en medidas intervencionistas que no están dando resultados.
El Partido Popular critica que el Govern no esté actuando para corregir esta situación y advierte de que la falta de gestión está generando inseguridad jurídica y dificultando el acceso a la vivienda para muchas familias.
Asimismo, el portavoz popular ha reclamado al Ejecutivo catalán que adopte medidas eficaces para garantizar el uso adecuado del parque de vivienda social y priorizar a quienes cumplen los requisitos legales.
El Partido Popular reafirma su compromiso con una política de vivienda que proteja a los ciudadanos, garantice el derecho a la propiedad y asegure que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Miriam Guardiola: «No fue un accidente, fue una negligencia y Puente es responsable»
El Partido Popular ha exigido responsabilidades políticas tras la tragedia de Adamuz y ha denunciado la gestión del Ministerio de Transportes, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias.
La portavoz adjunta del GPP en el Congreso, Miriam Guardiola, ha acusado al ministro Óscar Puente de haber ofrecido explicaciones contradictorias sobre las causas del accidente, señalando que “22 horas antes las vías ya presentaban incidencias sin que se adoptaran medidas”.
El Partido Popular considera que los hechos conocidos apuntan a una falta de actuación ante una situación de riesgo, lo que refuerza, a su juicio, la exigencia de responsabilidades políticas por la gestión del suceso.
Miriam Guardiola ha planteado además la necesidad de esclarecer todas las actuaciones realizadas tras el accidente, especialmente en relación con la preservación de pruebas y el desarrollo de la investigación judicial.
El Partido Popular advierte de que la situación del sistema ferroviario refleja problemas estructurales, con incidencias, retrasos y deficiencias que afectan al servicio que reciben los ciudadanos.
En este sentido, el Partido Popular defiende que la mejora de las infraestructuras y la seguridad del transporte deben ser una prioridad, garantizando una gestión eficaz y transparente de los recursos públicos.
Asimismo, Guardiola ha insistido en la importancia de respetar el marco legal y las obligaciones derivadas de las comisiones de investigación parlamentarias, subrayando la necesidad de ofrecer información veraz y completa.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la seguridad en el transporte, la transparencia institucional y la exigencia de responsabilidades políticas cuando se producen hechos de esta gravedad.