Ángel Zaera apuesta por la Inteligencia Artificial para transformar la Agencia Tributaria Valenciana.
El director de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), Ángel Zaera, ha destacado el papel de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial en la transformación de la administración pública, con el objetivo de aumentar su eficiencia y mejorar los servicios que recibe la ciudadanía.
Zaera ha realizado estas declaraciones durante la apertura del V Congreso de Contratación Pública, que se celebra los días 1 y 2 de octubre en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) bajo el lema Algoritmos y Licitación. El camino hacia la Contratación Pública Inteligente.
El encuentro, organizado por la Universitat de València en colaboración con la Generalitat, el Gobierno de España y la Asociación de Mujeres del Sector Público, reúne a responsables públicos, profesionales del sector privado y especialistas en innovación.
Durante su intervención, Zaera ha asegurado que la Agencia Tributaria Valenciana quiere situarse “en la vanguardia del cambio y convertirse en una administración pionera a nivel nacional”.
Para conseguirlo, la ATV ha puesto en marcha diferentes proyectos destinados a incrementar la eficiencia de la administración tributaria valenciana y abordar lo que su director define como su mayor transformación desde la creación del organismo en 2015.
“Confiamos en los beneficios de las nuevas tecnologías y por ese motivo apostamos por una transformación profunda de la entidad”, ha señalado.
Inteligencia Artificial al servicio del contribuyente
Uno de los objetivos destacados por Zaera es incorporar herramientas como la Inteligencia Artificial al servicio del contribuyente, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La transformación tecnológica busca también mejorar la atención a la ciudadanía, simplificar los trámites burocráticos y agilizar el funcionamiento de la administración.
Además, Zaera ha señalado que las nuevas herramientas permitirán reforzar la lucha contra el fraude fiscal de una forma más eficiente.
El director de la ATV ha destacado igualmente la importancia de la transparencia y de la evaluación de los procesos como elementos necesarios para una correcta toma de decisiones y para avanzar en la mejora continua de la administración tributaria.
Finalmente, ha defendido una mayor integración y colaboración entre las diferentes administraciones públicas para aprovechar las posibilidades de la transformación tecnológica.
José Claramonte anuncia el cierre de colegios e instalaciones de Almassora desde las 15.00 horas.
El Ayuntamiento de Almassora ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la previsión de lluvias y tormentas intensas y el aviso de nivel rojo emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias.
El primer teniente de alcalde, José Claramonte, en calidad de alcalde en funciones por motivos de salud de la alcaldesa, María Tormo, ha presidido la reunión para analizar la situación y adoptar medidas preventivas destinadas a proteger a la ciudadanía y minimizar los riesgos derivados del temporal.
El Cecopal ha acordado que, a partir de las 15.00 horas, permanecerán cerrados los centros educativos, las instalaciones municipales y el cementerio municipal.
Asimismo, quedan suspendidas las actividades educativas, culturales, deportivas y de mayores mientras permanezca activa la alerta roja.
El Ayuntamiento también ha decidido cerrar los pasos inundables del término municipal. En concreto, se clausuran el Paso de la Cosa, la Viuda de la Rambla y el Paso Real de Borriol ante el riesgo derivado de una posible acumulación de agua.
“Ante un episodio meteorológico de estas características, nuestra prioridad es anticiparnos y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los almassorins”, ha explicado Claramonte.
El alcalde en funciones ha señalado que el Ayuntamiento permanecerá pendiente de la evolución del temporal y de las indicaciones que trasladen los organismos competentes.
Refuerzo de la Policía Local
La Policía Local ha reforzado el servicio y los dispositivos de vigilancia, especialmente en las zonas y puntos considerados de mayor riesgo, con el objetivo de garantizar la seguridad y responder ante cualquier incidencia.
También se ha activado el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística, que permanecerá preparado para intervenir ante posibles incidencias y reforzar la capacidad de respuesta municipal durante el episodio.
Todas las medidas adoptadas permanecerán activas mientras dure la alerta roja.
El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundables.
También aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos sueltos, toldos y otros elementos que puedan caer y extremar las precauciones durante el episodio de lluvias y tormentas.
Ante cualquier situación de emergencia, el Ayuntamiento recuerda que se debe llamar al 112.
Borja Sémper avisa del efecto de los decretos: menos alquiler y más dificultades para los jóvenes.
El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha calificado de “despropósito en fondo y forma” los decretos de vivienda del Gobierno y ha sostenido que las medidas aprobadas constituyen “un parche” que, a su juicio, dificultará especialmente el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.
Durante una entrevista en La Mirada Crítica, de Telecinco, Sémper ha advertido de que el problema de la vivienda requiere medidas estructurales y no puede resolverse únicamente mediante decretos.
“Todos aquellos que crean que se arregla con una varita mágica, y que además la varita mágica es un decreto, están mintiendo a la ciudadanía”, ha afirmado. “Esto se soluciona con una política de vivienda profunda, seria, que vaya a la raíz del problema”.
Sémper ha situado la falta de oferta entre los principales problemas del mercado y ha defendido la necesidad de “construir mucha vivienda”. Según los datos que ha atribuido al Banco de España, existe una escasez aproximada de 750.000 viviendas.
Frente a esta situación, el dirigente popular ha planteado que España necesita construir un millón de viviendas durante los próximos años. “Si no lo hacemos, no vamos a dar oportunidades a los más jóvenes”, ha señalado.
El portavoz ha reivindicado también el acceso a la vivienda en propiedad. “Es magnífico tener una vivienda en propiedad: te ayuda a ahorrar, te ayuda a conformar un patrimonio y te ayuda a tener una seguridad y una estabilidad a futuro”, ha afirmado. “Comprar una vivienda es un seguro de vida”.
Sémper ha reprochado además al Ejecutivo que, según ha asegurado, no haya realizado “ninguna llamada” al principal partido de la oposición para abordar los decretos pese a la dimensión del problema.
Más construcción, menos trámites y seguridad jurídica
Entre las medidas defendidas por Sémper figura la agilización de los procedimientos administrativos. “No puede ser que cueste construir un barrio en torno a 10 años”, ha afirmado.
También ha planteado favorecer fiscalmente a quienes acceden a su primera vivienda y reforzar la seguridad jurídica de los pequeños propietarios, que, según las cifras aportadas durante la entrevista, representan alrededor del 92%.
Sémper ha descrito a estos propietarios como personas que disponen de una segunda vivienda y recurren al alquiler para complementar su pensión o sufragar gastos familiares.
En este contexto, ha criticado medidas como la “prórroga indefinida de los contratos de alquiler”, al considerar que podrían provocar que propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas decidan retirarlas del mercado.
Por ello, ha concluido que los decretos son “diametralmente lo opuesto” a las medidas que aplicaría el PP. “Es un parche que va a limitar el acceso a la vivienda, singular y especialmente a los más desfavorecidos y a los más vulnerables”, ha asegurado.
Otegi, Puigdemont y Ceuta
Durante la entrevista, Sémper también se ha referido al viaje de Arnaldo Otegi a Waterloo. “Yo hace tiempo que en la política española ya no me sorprende casi nada, tampoco que Otegi haya venido a sustituir a Santos Cerdán o Zapatero en la interlocución con Puigdemont”, ha afirmado.
Asimismo, al cumplirse dos meses de los acontecimientos registrados en la frontera de Ceuta, ha trasladado un mensaje de apoyo a los habitantes de la ciudad autónoma.
“No os olvidamos y no vamos a permitir que se olviden”, ha señalado, haciendo especial referencia a las familias y mujeres que, según ha sostenido, tienen miedo a desarrollar con normalidad determinadas actividades cotidianas.
“Hoy hay decenas de miles de españoles que tienen miedo y que no pueden vivir con normalidad”, ha concluido.
Las cifras y valoraciones relativas al déficit de vivienda, pequeños propietarios, efectos de los decretos y situación de Ceuta corresponden a las declaraciones de Borja Sémper recogidas en la información facilitada.
Javier Zarzalejos anuncia una misión del Parlamento Europeo a Ceuta.
Una delegación de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo viajará a Ceuta los próximos 16, 17 y 18 de noviembre para evaluar sobre el terreno las consecuencias de las entradas migratorias registradas los días 30 y 31 de julio y analizar la situación que continúa viviendo la ciudad autónoma.
La misión, cuya agenda todavía está pendiente de concretarse, prevé mantener reuniones con autoridades locales y estatales, responsables de seguridad, representantes de la sociedad civil y otros actores implicados en la gestión de la crisis.
Según la información facilitada, permanecen en Ceuta más de 10.000 inmigrantes, mientras que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que la situación está llevando a la ciudad al límite de sus capacidades.
La aprobación de la misión se produce después del seguimiento realizado por el Parlamento Europeo desde el inicio de la crisis.
La Comisión LIBE celebró el pasado 6 de agosto una reunión extraordinaria para analizar la situación en la frontera sur de la Unión Europea y abordar la respuesta de las instituciones comunitarias.
En aquella sesión comparecieron el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y Juan Jesús Vivas. Según la información facilitada, los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz declinaron participar pese a haber sido invitados por la Comisión.
Asimismo, 22 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reclamaron una respuesta europea coordinada destinada a proteger las fronteras exteriores y afrontar la utilización de la migración irregular como instrumento de presión contra un Estado miembro.
La información facilitada señala también que una resolución aprobada por el Parlamento Europeo condenó las entradas masivas desde Marruecos y calificó la instrumentalización de la migración irregular como una forma de “guerra híbrida” contra la integridad territorial de un Estado miembro.
El texto reclamó restablecer la normalidad en Ceuta, reforzar la seguridad, acelerar los retornos con garantías y exigir a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos en materia de control fronterizo y cooperación migratoria.
Zarzalejos: “No es solamente un problema español”
El eurodiputado del Partido Popular Europeo y presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos, ha destacado la dimensión europea de la misión.
“Esta misión demuestra que el Parlamento Europeo no considera lo ocurrido en Ceuta un problema exclusivamente español, sino un desafío que afecta a la seguridad y a las fronteras de toda la Unión Europea”, ha afirmado.
Zarzalejos ha defendido además la necesidad de que los integrantes de la delegación puedan comprobar directamente la situación de la ciudad autónoma.
“Es imprescindible que los eurodiputados conozcan de primera mano la situación que sigue viviendo Ceuta y comprueben las consecuencias que una crisis de estas dimensiones sigue teniendo sobre sus servicios públicos, su seguridad y su convivencia”, ha señalado.
Arenales Serrano vincula la Cuenta General de 2024 con «las mentiras del Gobierno»
La senadora del PP por Valladolid y portavoz de Empresa del Grupo, Arenales Serrano, ha relacionado durante el debate de la Cuenta General del Estado de 2024 las salvedades detectadas en las cuentas con la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez.
Serrano ha afirmado que en las cuentas correspondientes a 2024 “ya se veían cosas de extrema gravedad” y ha acusado al Ejecutivo de una “falta absoluta de transparencia” y de una mala gestión de los fondos públicos.
La senadora ha extendido sus críticas a la política de vivienda y ha cuestionado el cumplimiento del anuncio de 184.000 viviendas realizado por el Gobierno. “Han venido prometiendo 184.000 viviendas y de las únicas que se han ocupado son la de Jessica y La Moncloa”, ha afirmado.
Serrano ha recordado que la Cuenta General debería ofrecer “la imagen fiel de la situación económica, patrimonial, financiera y de los cambios de tesorería” y ha destacado que, según los datos expuestos durante su intervención, presenta un desfase superior a 4.000 millones de euros.
También ha citado 2.389 millones de fondos comunitarios que, según ha denunciado, se habrían destinado a gasto corriente, así como un saldo negativo en la Seguridad Social.
La portavoz de Empresa ha señalado directamente a la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda y actual senadora María Jesús Montero, a quien responsabiliza políticamente de las 24 salvedades que atribuye a la Cuenta General.
Serrano ha puesto igualmente el foco en el cuadro macroeconómico y ha citado una deuda de 2,4 billones de euros, que ha definido como “un gran agujero” consecuencia, a su juicio, de una política económica sin suficiente control.
La senadora ha vinculado el rechazo del PP a la Cuenta General con la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y ha recordado que la presentación presupuestaria constituye, según ha defendido, una obligación constitucional.
“Esto no es una cuestión de lealtades políticas, se trata del dinero de todos los españoles. Devolvemos estas Cuentas porque son un cuento”, ha afirmado ante el resto de grupos de la Cámara.
Finalmente, Serrano ha reclamado la convocatoria de elecciones y ha defendido la alternativa encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Según ha señalado, para el PP gobernar implica mantener “un contrato social con los españoles”, cuyo primer punto serían los Presupuestos.
Las acusaciones sobre falta de transparencia, gestión de fondos, responsabilidad política y las referencias a las “mentiras” del Ejecutivo corresponden a las declaraciones de Arenales Serrano recogidas en la información facilitada.
Alfonso Polanco alerta del rechazo de la Cuenta General del Estado de 2024 y reivindica el control de las Cortes.
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alfonso Polanco, ha alertado durante el debate del dictamen sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024 de lo que califica como un hecho “sin precedentes” desde la aprobación de la Constitución.
“Las Cortes Generales devuelven y rechazan, por primera vez en democracia, la Cuenta General del Estado”, ha afirmado el Grupo Parlamentario Popular.
El PP considera que la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024, en los términos planteados, no permite cerrar satisfactoriamente el ciclo de control presupuestario.
Polanco ha asegurado que la decisión adoptada por el Senado trasciende un procedimiento administrativo. “Lo que hoy ratifica este Senado no es un mero trámite administrativo; es una moción de censura institucional e inapelable a la gestión económica del Gobierno de España”, ha sostenido.
El senador ha defendido además que su posición no supone cuestionar al Tribunal de Cuentas. “Creemos en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal fiscaliza y las Cortes controlan y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy”, ha señalado.
Según ha explicado Polanco, el Tribunal de Cuentas aprobó la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 con una “opinión favorable con salvedades”, al tiempo que señaló distintas deficiencias.
Entre las cifras recogidas por el portavoz del GPP se encuentra una sobrevaloración del resultado presupuestario superior a 4.090 millones de euros. También ha denunciado lo que describe como un uso irregular de 2.400 millones de euros de fondos europeos para financiar necesidades de la Seguridad Social.
Polanco ha cuestionado asimismo la gestión de la prórroga presupuestaria y ha asegurado que el Ejecutivo incrementó mediante decretos los créditos en más de 77.000 millones de euros.
El senador ha citado además pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación por 1.627 millones de euros, junto con deficiencias en inventarios y valoraciones patrimoniales.
También ha mencionado una sobrevaloración de deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros y una infravaloración de determinados deudores de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA por otros 2.643 millones.
“El Partido Popular no va a ser cómplice del maquillaje contable de la Moncloa”, ha afirmado Polanco, quien ha defendido que la posición de su grupo pretende que las Cortes ejerzan plenamente su función de control.
“No estamos pidiendo que el Tribunal diga lo que quiere el Partido Popular”, ha recalcado. “El Presupuesto pertenece al Parlamento y el dinero público a los españoles; y la obligación de rendir cuentas no es una cortesía del Gobierno, es una obligación democrática”, ha concluido.
Las caracterizaciones sobre la gestión del Gobierno y la interpretación de las deficiencias corresponden a las declaraciones de Alfonso Polanco y del Grupo Parlamentario Popular recogidas en la información facilitada.
Carmen Crespo critica la rectificación de las ayudas a agricultores, ganaderos y pescadores.
Carmen Crespo ha cuestionado la rectificación del Gobierno en el decreto dirigido a agricultores, ganaderos y pescadores y ha calificado de “absolutamente decepcionante” la respuesta ofrecida ante la situación que atraviesan estos sectores.
“El Gobierno no lo hace bien ni cuando rectifica el decreto que han sacado para los agricultores, ganaderos y pescadores”, ha afirmado Crespo.
La dirigente popular considera que el Ejecutivo ha “desaprovechado la oportunidad” de incorporar las medidas recogidas en el denominado Plan Feijóo, que, según defiende, permitirían ofrecer soluciones de mayor alcance a los sectores afectados.
Entre ellas, Crespo ha mencionado la posibilidad de llegar “hasta el máximo que permite la Unión Europea” y recuperar deducciones fiscales que, según ha señalado, existían con anterioridad al actual Gobierno.
Crespo ha descrito al Ejecutivo como un Gobierno “noqueado” que, a su juicio, no está siendo capaz de poner sobre la mesa “soluciones eficaces” para afrontar la situación.
La dirigente ha advertido de las consecuencias que, según prevé, puede tener la falta de medidas suficientes: “Muchos agricultores no van a sembrar, muchos ganaderos no van a producir. Muchos pescadores van a dejar sus barcos amarrados a puerto”.
También ha comparado las medidas españolas con las adoptadas por países como Francia e Italia y ha centrado sus críticas en las ayudas relacionadas con el combustible profesional.
“Cuando el gasóleo profesional está al 51%, aún más, 20 céntimos es reírse del sector”, ha afirmado.
Crespo ha reclamado al Gobierno una nueva rectificación y ha advertido de la urgencia de actuar durante la campaña: “O rectifican o se llevan a los sectores agrario, pesquero y ganadero por delante”.
Las referencias al Plan Feijóo, las deducciones fiscales, las medidas de otros países y la situación del gasóleo corresponden a las afirmaciones realizadas por Carmen Crespo en la transcripción facilitada.
Marta González reclama una ley específica de violencia vicaria.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular y miembro de la Mesa del Congreso, Marta González, ha reclamado durante su intervención en el Pleno una ley de violencia vicaria que establezca decisiones judiciales claras sobre la patria potestad y el régimen de visitas e incorpore medidas de prevención y formación para los operadores jurídicos.
González ha defendido que esta formación debe abarcar tanto el ámbito de la violencia como el de familia y ha pedido acompañar las medidas legislativas de una dotación presupuestaria suficiente.
En este sentido, ha reclamado más recursos para mejorar los medios disponibles en los juzgados, el turno de oficio, los equipos psicosociales y los puntos de encuentro. También ha defendido una respuesta “global e integrada” dirigida a las víctimas y, especialmente, a los niños y niñas.
Durante su intervención, la diputada ha marcado diferencias entre la posición del PP y la de Vox respecto a la violencia contra las mujeres. “Negar que existe una violencia específica contra las mujeres es negar la realidad”, ha afirmado.
González también ha rechazado asociar la violencia de género exclusivamente con agresores extranjeros y ha pedido rigor en el análisis de las estadísticas.
En concreto, ha cuestionado el dato que atribuye a mujeres el 52% de los filicidios al considerar que la muestra utilizada —50 condenas firmes registradas entre 2007 y 2022— resulta demasiado limitada para extraer conclusiones estadísticas generales.
La diputada ha recordado casos como los de Anna y Olivia, asesinadas en Tenerife en 2021, y ha señalado que determinados casos en los que el progenitor se suicida o desaparece no terminan con una condena y, por tanto, pueden quedar fuera de algunas estadísticas basadas en sentencias firmes.
“Cada uno de esos casos es una tragedia y el Código Penal los castiga todos. Pero mezclar fenómenos distintos para negar uno de ellos no es rigor, es confusión”, ha afirmado.
González ha reivindicado igualmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado en 2017 durante el Gobierno de Mariano Rajoy con una dotación de mil millones de euros, y ha recordado su renovación durante la actual legislatura.
Finalmente, la diputada ha cuestionado la actuación del Ministerio de Igualdad y ha denunciado problemas relacionados con la gestión de las pulseras de control de maltratadores y con la respuesta ofrecida ante las advertencias sobre una posible manipulación de estos dispositivos.
La intervención de González ha situado así el foco en una legislación específica sobre violencia vicaria, el refuerzo de los recursos judiciales y asistenciales y una mayor formación y prevención para quienes intervienen en estos procedimientos.