Juan Bravo critica el bloqueo en el Congreso de propuestas del PP para movilizar suelo y agilizar la construcción.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha denunciado la gestión del Gobierno en materia de vivienda y ha asegurado que durante los ocho años de Pedro Sánchez se han producido 272.000 desahucios y han desaparecido del mercado del alquiler más de 300.000 viviendas.
“Es todo mentira, es todo un fraude”, ha afirmado Bravo durante una entrevista en Telecinco, en la que ha cuestionado los dos reales decretos aprobados por el Ejecutivo, que considera “contradictorios entre sí”.
El dirigente popular ha acusado al Gobierno de intentar resolver “en cuatro días” un problema que, según sostiene, se ha agravado durante los últimos ocho años. En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo que los decretos no incorporen “ni una sola medida para agilizar la construcción de vivienda”.
Bravo ha situado la falta de oferta como el principal problema del mercado inmobiliario y ha señalado que el propio Gobierno reconoce tanto esta carencia como los elevados plazos necesarios para construir.
Frente a ello, ha criticado que permanezcan bloqueadas en el Congreso propuestas del PP destinadas a movilizar suelo y facilitar la construcción. “Nada de lo que prometen o dicen se cumple. Es todo un caos”, ha afirmado.
El vicesecretario ha sostenido también que la regulación aprobada durante los gobiernos de Sánchez ha provocado la salida de hasta 300.000 viviendas del mercado del alquiler. Para recuperar este parque, propone reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.
Bravo ha citado asimismo las necesidades de construcción de vivienda. Según los datos expuestos durante la entrevista, serían necesarias alrededor de 250.000 viviendas anuales, frente a las 95.000 que asegura que se construyeron el pasado año. También ha mencionado un déficit de 750.000 viviendas que atribuye al Banco de España.
Un millón de viviendas y menos impuestos
Como alternativa, Bravo ha adelantado que el PP plantea iniciar la construcción de un millón de viviendas durante una primera legislatura, aumentando la oferta disponible y reduciendo los tiempos necesarios para desarrollar nuevos proyectos.
Entre las medidas citadas se encuentra una nueva Ley del Suelo destinada a reducir plazos y burocracia, junto con una legislación contra la ocupación para aumentar la seguridad jurídica.
El vicesecretario ha criticado que estas iniciativas continúen bloqueadas en el Congreso y ha defendido acompañar el incremento de la oferta con medidas fiscales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.
Para los jóvenes, Bravo ha detallado propuestas como la reducción del IVA del 10% al 4% para la adquisición de la vivienda habitual, la creación de una “Hucha Hogar Joven” para facilitar el ahorro y la aplicación del denominado Plan Prepara.
Este último contempla, según la propuesta expuesta, una bonificación del IRPF del 100% durante el primer año de vida laboral, del 75% durante el segundo, del 50% durante el tercero y del 25% durante el cuarto.
Bravo también ha cuestionado el cumplimiento de las 184.000 viviendas anunciadas por Sánchez y de los avales comprometidos, afirmando respecto a estos últimos: “Pregunten en el ICO, no se están dando”.
El dirigente ha resumido su propuesta en cuatro ejes: construcción, seguridad jurídica, reducción de trámites y ayudas fiscales. “La primera solución es reconocer que el problema es de oferta”, ha defendido.
Finalmente, ha reclamado “ponernos a trabajar y a gestionar” para facilitar el acceso a una vivienda de jóvenes y familias, y ha criticado que más de 20 páginas del primero de los decretos estén dedicadas a un “instrumento financiero” relacionado con una cuenta de ahorro vinculada a una iniciativa europea.
Las cifras y valoraciones sobre desahucios, viviendas retiradas del alquiler, déficit de oferta y cumplimiento de las medidas gubernamentales corresponden a las declaraciones de Juan Bravo recogidas en la información facilitada.
Patricia Rodríguez cuestiona a Ana Redondo por su gestión en Igualdad.
La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Patricia Rodríguez, ha cuestionado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión y le ha preguntado si se siente “orgullosa” de las consecuencias que atribuye a distintas actuaciones de su departamento.
Durante la sesión de control al Gobierno, Rodríguez ha citado en primer lugar la ley del solo sí es sí y el contrato relacionado con las pulseras de protección para víctimas de violencia de género, un sistema que, según ha denunciado, “debía servir para proteger a las mujeres y que las ha dejado abandonadas”.
La diputada ha afirmado que el Tribunal de Cuentas ha recogido “deficiencias e irregularidades” relacionadas con este sistema y ha acusado a Redondo de conocerlas y guardar silencio: “Usted lo conocía y se calló”.
Rodríguez también ha llevado al debate la situación de las mujeres en Ceuta y ha preguntado a la ministra si “se siente orgullosa de que las mujeres ceutíes tengan que ir acompañadas al trabajo” y de que “las jóvenes y las niñas no puedan hacer vida normal porque tienen miedo y se sienten desprotegidas”.
La portavoz de Igualdad ha reclamado asimismo explicaciones sobre las menores migrantes que, según ha planteado durante su intervención, podrían estar siendo víctimas de redes de explotación sexual.
También ha mencionado el denominado caso de la juez Biedma y ha reprochado a la ministra que, según sostiene, “no ha dicho ni una sola palabra”. El fragmento facilitado no aporta más detalles sobre este caso.
Rodríguez ha acusado además al Ejecutivo de actuar con un criterio diferente ante otras controversias y ha criticado que miembros del Gobierno salgan “en tromba” para mostrar su respaldo a la esposa del presidente.
“Cuánta hipocresía, cuánto machismo y cuánto sectarismo”, ha afirmado la diputada durante su intervención.
La portavoz del GPP ha concluido cuestionando el modelo de políticas de igualdad que atribuye al Ejecutivo: “Ya queda menos para terminar con su feminismo ese de eslogan y pancarta”.
Rodríguez ha añadido que espera la llegada de “un Gobierno de gestión que realmente se preocupe por la seguridad de las mujeres”.
Las acusaciones sobre la actuación del Ministerio, la situación de las mujeres en Ceuta y los posibles casos de explotación sexual corresponden a las declaraciones facilitadas de Patricia Rodríguez.
Silvia Franco lamenta que el Gobierno siga «sin ninguna solución para Ceuta» 61 días después.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Silvia Franco ha criticado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que, dos meses después de los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio, el Ejecutivo siga, según ha afirmado, sin ofrecer “ninguna solución” a la situación.
Franco ha centrado su intervención en los distintos posicionamientos que atribuye a miembros del Gobierno desde el inicio de la crisis y ha contrapuesto las declaraciones realizadas en diferentes momentos.
“31 de julio, Sánchez va tres horas a Ceuta y defiende que existe un ataque y una violación a nuestra integridad territorial; 11 de agosto, Albares y Bolaños dicen que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta regresarán a Marruecos, incluidos los menores; 21 de septiembre, Sira Rego, la mayoría de los menores quiere quedarse en España y se van a quedar”, ha enumerado.
“Distintos criterios, mismo Gobierno, misma crisis”, ha resumido la diputada popular.
Franco también ha llevado al debate la posición del Parlamento Europeo y ha afirmado que la institución europea ha reconocido una “instrumentalización de la inmigración” vinculada a una situación de “guerra híbrida”, mientras que, según ha señalado, los socialistas españoles votaron en contra.
En este contexto, ha preguntado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones si el Gobierno rechaza reconocer que los migrantes hayan podido ser utilizados para intentar desestabilizar territorio español.
La diputada ha reprochado al Ejecutivo que, 61 días después, continúe tratando lo ocurrido como una crisis exclusivamente migratoria y ha sostenido que debería abordarse desde una perspectiva de Seguridad Nacional.
“Hemos llegado tarde, han llegado ustedes tarde, a una crisis de Seguridad Nacional que tendríamos que haber tenido suficientes medios y estar preparados para afrontar”, ha afirmado.
Franco ha citado asimismo durante su intervención la muerte de más de 100 personas, entre ellas 13 menores, y ha reprochado que nadie haya pedido perdón por lo sucedido. Estas cifras y la atribución de responsabilidades corresponden a las declaraciones facilitadas de la diputada.
La parlamentaria ha concluido dirigiéndose a la ministra y reclamando su salida del Ejecutivo: “Ministra, está inhabilitada, así que váyase”.
Pérez Llorca reclama una solución urgente para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado una solución “urgente y adecuada” para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y ha destacado el frente común de cinco comunidades autónomas para reclamar al Gobierno de España una infraestructura ferroviaria con capacidad para responder a las necesidades económicas, industriales, logísticas y sociales de las próximas décadas.
Pérez Llorca ha participado en la cumbre ‘La Hora del Corredor de mar a mar. El corredor que une el Mediterráneo con el Cantábrico’ y en la posterior ratificación de la Declaración de Teruel, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y representantes de los gobiernos de Cantabria y La Rioja.
El jefe del Consell ha defendido que el corredor cuente con doble vía, ancho internacional y capacidad suficiente y lo ha calificado como una infraestructura estratégica para el transporte de mercancías y viajeros.
A su juicio, este eje “va a generar oportunidades y proyectos de vida para muchas regiones” y permitirá reforzar la conexión de la Comunitat Valenciana con las redes ferroviarias del Atlántico y del Cantábrico.
El president ha recordado que el proyecto se remonta a 2011 y ha señalado que distintas decisiones e inversiones desarrolladas durante estos años en la Comunitat Valenciana se han planteado teniendo en cuenta el futuro desarrollo del corredor.
Entre ellas ha destacado Parc Sagunt y su estación intermodal, una infraestructura a la que, según los datos aportados por la Generalitat, se han destinado alrededor de 100 millones de euros para reforzar el crecimiento industrial y logístico de este enclave.
“Cualquier paso atrás en el desarrollo de los corredores puede comprometer el rendimiento de grandes infraestructuras que han sido financiadas por los contribuyentes”, ha advertido Pérez Llorca.
El president ha resaltado igualmente la importancia del corredor para los puertos valencianos y ha señalado que una mejor conexión ferroviaria permitiría reducir los tiempos de traslado y aumentar la agilidad en el movimiento de mercancías.
Alegaciones al proyecto
Pérez Llorca ha defendido las alegaciones presentadas al proyecto del Ministerio y ha señalado que responden a criterios técnicos planteados tanto por administraciones públicas como por empresas privadas.
El jefe del Consell ha reclamado al Gobierno “una reflexión, visión global y altura de miras” para alcanzar acuerdos sobre unas propuestas que, según ha explicado, buscan mejorar el corredor.
Respecto al tramo Teruel-Sagunto, ha criticado que “se cambien las reglas del juego a mitad del partido con decisiones que estrangulan esta infraestructura”.
También ha mencionado actuaciones pendientes como la Estación Central y el túnel pasante de València, que afectan al desarrollo del Corredor Mediterráneo. “De nada sirve que se hagan inversiones millonarias si luego no se completa el proyecto”, ha advertido.
Declaración de Teruel
La cumbre ha concluido con la ratificación de la Declaración de Teruel por parte de la Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.
El documento pretende trasladar al Ejecutivo central una posición conjunta para impulsar un sistema ferroviario con visión de largo plazo y reforzar la vertebración territorial.
Pérez Llorca ha defendido que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo no debe plantearse como una suma de actuaciones aisladas, sino como una red estratégica de dimensión nacional y europea capaz de conectar territorios, puertos, mercancías y personas.
Borja Sémper cuestiona a Urtasun en el Congreso: «¿Para qué sirve el Ministerio de Cultura?»
El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado a PSOE, Sumar y Podemos de relegar los problemas de los españoles a sus disputas partidistas y ha cuestionado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
“En una guerra entre Podemos, Sumar y el PSOE, cuatro años después, los españoles están relegados a sus juegos partidistas”, ha afirmado Sémper, que ha responsabilizado al Ejecutivo de haber causado, según su valoración, un importante perjuicio a las clases trabajadoras y medias.
El dirigente popular ha llevado también al debate la situación de Ceuta y ha asegurado que “hay decenas de miles de españoles que hoy tienen miedo” por lo que considera una incapacidad del Gobierno para proteger las fronteras.
Sémper ha recurrido a la ironía para cuestionar que el Ejecutivo atribuya a la oposición los problemas del país. “Hoy la vivienda es el principal problema de los españoles, por culpa de la oposición. Hoy la vivienda en régimen de alquiler y compra está más cara que nunca, por culpa de la oposición. ¡Qué mal está España por culpa de la oposición!”, ha señalado.
El portavoz nacional del PP ha reclamado un Ejecutivo que, en sus palabras, “gobierne”, “tome en serio” a los ciudadanos y “no les mienta”. En ese contexto, ha defendido que España merece “un Gobierno digno, un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo”.
Críticas a la gestión de Cultura
Sémper ha centrado posteriormente su intervención en el Ministerio de Cultura y ha reconocido que, ante otros asuntos de actualidad, pueda parecer “extemporáneo” abordar esta materia durante la sesión de control.
Sin embargo, ha defendido la necesidad de fiscalizar la gestión del departamento encabezado por Ernest Urtasun y le ha formulado dos preguntas: “¿Para qué sirve el Ministerio de Cultura? ¿Quién es usted en esta legislatura?”.
El dirigente popular ha enumerado varios asuntos que considera pendientes durante el mandato de Urtasun, entre ellos la Ley del Cine, el desarrollo del Estatuto del Artista, las incidencias en la Biblioteca Nacional y la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
Sémper ha señalado que la Ley del Cine continúa sin aprobarse y sostiene que no cuenta con el respaldo del sector. También ha afirmado que el Estatuto del Artista no se ha desarrollado “ni tan siquiera en la mitad”.
Finalmente, ha reprochado al Ministerio su gestión de las goteras de la Biblioteca Nacional y la falta de avances en la modificación del INAEM, cuestiones que ha utilizado para cuestionar el balance de Urtasun al frente de Cultura.
Las valoraciones sobre la actuación del Gobierno, la situación de Ceuta y el balance del Ministerio de Cultura corresponden a las declaraciones facilitadas de Borja Sémper durante la sesión de control.
Alicia García defiende reformar la Ley de Extranjería.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha defendido en el Pleno una Proposición de Ley del PP para reformar la Ley de Extranjería y regular expresamente los rechazos en frontera también cuando los intentos de entrada se produzcan por vía marítima.
“España no se acaba donde se acaba una verja, España llega hasta su última línea de frontera”, ha afirmado García, que ha presentado la iniciativa como una reforma “mínima, precisa y garantista” destinada, según ha explicado, a combinar “firmeza en la frontera y garantías para las personas”.
La portavoz popular ha señalado que el objetivo es establecer “un mecanismo rápido, seguro y con todas las garantías” para el rechazo de personas migrantes en situación irregular que intenten acceder ilegalmente a Ceuta y Melilla.
García ha vinculado además la reforma con los acontecimientos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio y ha defendido que la modificación legal permitiría, según su planteamiento, reforzar la seguridad jurídica ante situaciones similares.
“La finalidad de esta reforma es aprobar un mecanismo rápido, seguro y con todas las garantías”, ha indicado, antes de añadir que también pretende “enviar al mundo un mensaje de fortaleza y de seguridad jurídica en nuestra frontera”.
La senadora ha relacionado la iniciativa con la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio sobre un rechazo en frontera por vía marítima y ha sostenido que Ceuta y Melilla, como fronteras de España y de la Unión Europea, necesitan un marco legal adecuado.
García ha recordado que el PP registró su propuesta en el Congreso el 16 de julio y ha reprochado al Gobierno que, según afirma, la iniciativa continúe bloqueada.
La portavoz popular ha situado además al PSOE ante la decisión sobre la reforma: “Si la votan se acaba la excusa; y si no la votan, España sabrá que la excusa les venía bien”.
También ha sostenido que la Abogacía del Estado defendió ante el Tribunal Supremo una reforma de la Ley de Extranjería, argumento que ha utilizado para cuestionar un eventual voto contrario del PSOE.
García ha criticado asimismo que el Consejo de Ministros aprobara dos decretos urgentes el día anterior mientras, según ha señalado, no impulsó ninguna medida equivalente para Ceuta. “Frente a su boya nosotros traemos una ley”, ha resumido.
Comisión de investigación
Durante su intervención, Alicia García también se ha referido a la comisión de investigación del Senado relacionada con los acontecimientos de Ceuta.
La portavoz del PP ha afirmado que el CNI alertó el 29 de julio de un llamamiento para intentar acceder a Ceuta tanto por la valla como por vía marítima y ha acusado al Gobierno de no actuar ante esa información.
García ha asegurado que la comisión servirá para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. Estas afirmaciones sobre el conocimiento y la actuación del Ejecutivo forman parte de las acusaciones formuladas por la portavoz popular durante su intervención.
“Ceuta es España, Melilla es España y las dos son Europa”, ha remarcado García.
La portavoz ha cerrado su intervención asegurando que, después de dos meses que describe como un periodo “sin respuesta, sin ley, sin medios y sin la verdad”, el Senado tiene la posibilidad de impulsar un nuevo marco legislativo: “Hoy esta Cámara puede decidir que el día sesenta sea el último día sin ley”.
Miriam Guardiola: «Han utilizado a Mari Carmen obscenamente para ocultar Ceuta y la corrupción»
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miriam Guardiola, ha acusado al Gobierno de utilizar políticamente el caso de Mari Carmen para desviar la atención de la situación de Ceuta y de las acusaciones de corrupción que afectan al Ejecutivo.
“Han utilizado a Mari Carmen obscenamente para que no se hable de Ceuta ni de corrupción. Acampados en Sol para que no se hable de los acampados en Ceuta”, ha afirmado Guardiola durante la sesión de control al Gobierno.
La diputada ha dirigido sus preguntas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien ha pedido que aclare cuáles son sus prioridades. “Si usted tiene 300.000 razones para olvidar, nosotros tenemos 80.000 razones para no olvidar: los 80.000 españoles que están en Ceuta sufriendo, a los que ustedes han abandonado y que nosotros no vamos a dejar solos”, ha señalado.
Guardiola ha abordado también la política de vivienda y ha citado la cifra de 272.000 desahucios, que ha traducido en una media de 90 diarios. Asimismo, ha señalado a Cataluña como el territorio que, según su intervención, encabeza estas cifras.
La portavoz adjunta ha mencionado también el caso de Olga, una mujer de Cataluña cuyo suicidio ha relacionado con el debate sobre vivienda, y ha reprochado al Ejecutivo que, según sostiene, no se haya pronunciado sobre este caso.
Guardiola ha cuestionado además a Yolanda Díaz por su situación residencial y ha contrapuesto la vivienda de la vicepresidenta con el caso de Mari Carmen. “¿Cuántas Mari Carmen podrían vivir en su piso, señora Yolanda Díaz?”, ha preguntado.
La diputada ha criticado igualmente que Díaz llame a movilizarse contra las políticas de un Ejecutivo del que forma parte. “Cuando llama a manifestarse a los españoles contra el Gobierno de España, ¿usted es consciente de que forma parte del Gobierno de España?”, ha planteado.
En este contexto, Guardiola ha calificado de “bochornoso” el debate mantenido en el Consejo de Ministros entre Sumar y el PSOE sobre las medidas de vivienda.
Finalmente, la portavoz adjunta ha reclamado al Ejecutivo que impulse el plan de vivienda del Partido Popular que, según ha afirmado, salió adelante por mayoría y permanece “congelado en la Mesa”.
“Si quieren soluciones, aprueben el plan de vivienda del Partido Popular”, ha reclamado Guardiola, que ha concluido pidiendo al Gobierno la convocatoria de elecciones generales.
Las cifras y acusaciones sobre vivienda, Ceuta y la utilización política del caso de Mari Carmen corresponden a las declaraciones facilitadas de Miriam Guardiola.
Feijóo confirma el «no» del PP a los dos decretos de vivienda.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que el PP votará en contra de los dos decretos aprobados por el Gobierno en materia de vivienda al considerar que contienen medidas “incompatibles entre sí” y constituyen, según su valoración, una “trampa” parlamentaria.
“No suelo adelantar la posición de mi partido en las votaciones, pero hoy sí lo voy a hacer. Por respeto a los españoles, por respeto a las Cámaras, por respeto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza”, ha afirmado en declaraciones a los medios en el Congreso.
Feijóo ha explicado que, según su interpretación de las normas, una establece “la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028” mientras otra contempla que esa prórroga sea “forzosa de forma indefinida”. “Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo”, ha sentenciado.
El presidente del PP ha enmarcado su rechazo tanto en el contenido de las medidas como en su tramitación. “Esto no solamente es una falta de política de vivienda, esto es una falta de ética y de respeto al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales y a los ciudadanos de nuestro país”, ha asegurado.
Feijóo ha añadido que, como diputado, se siente “estafado” por la fórmula elegida y ha afirmado que el PP no participará en lo que considera un engaño: “En nombre de la representación de todos los españoles, que no cuenten conmigo para estafar a nadie”.
En materia de vivienda, el dirigente popular ha criticado que, según señala, los reales decretos no contemplen medidas destinadas a incrementar la construcción de nuevos inmuebles. A su juicio, sin un aumento de la oferta será más difícil acceder tanto al alquiler como a la compra mediante una hipoteca.
Feijóo ha defendido frente a estas medidas las propuestas del PP. Entre ellas ha citado la necesidad de un millón de viviendas, un paquete tributario para los jóvenes con una reducción del 60% de los impuestos y un aval público del 100% para facilitar la compra de una vivienda.
“Necesitamos solventar los problemas de los vulnerables, necesitamos una legislación segura”, ha señalado antes de calificar nuevamente las normas como “la trampa mayor” que asegura haber visto en las Cortes Generales.
El presidente popular también ha dirigido un mensaje al PNV y a Junts ante una futura votación de los decretos, cuestionando que puedan respaldarlos y señalando que serán esas formaciones las que deberán explicar su posición.
Feijóo ha concluido reiterando el rechazo del PP a las normas y asegurando que “una mentira durante ocho años no puede tener premio”. “Los tramposos en política tienen que ser sustituidos”, ha afirmado.