Verónica Marcos: «El modelo de ministra en campaña permanente ya ha fracasado y volverá a fracasar»
La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Verónica Marcos ha advertido de que, “por mucho que Diana Morant intensifique su presencia en la Comunitat Valenciana y convierta su agenda ministerial en una agenda de campaña, su futuro político será el mismo que el de Pilar Alegría: el fracaso electoral”. “Morant ha decidido dejar de ser ministra para actuar como candidata a tiempo completo, pero ese modelo ya ha demostrado su ineficacia”, ha afirmado.
Marcos ha recordado que, tras la dana, Morant llegó a la Comunitat Valenciana junto a Pedro Sánchez dos días después marcando una gran distancia institucional y no volvió durante semanas. “No pisó el barro, no lideró la llegada de ayudas ni asumió responsabilidades. Regresó dos meses después para ser proclamada secretaria general del PSPV en un congreso tutelado por el fallido Santos Cerdán”, ha señalado.
Desde entonces, la agenda de la ministra se ha centrado en actos partidistas y presencia en ferias, fiestas y eventos locales. “Morant ha sustituido la gestión por la propaganda y el ministerio por la precampaña, en una clara estrategia de posicionamiento personal”, ha apuntado. Todo ello mientras percibe un sueldo de más de 84.000 euros anuales de dinero público.
La diputada popular ha insistido en que los españoles no pagan el sueldo de una ministra para defender al sanchismo, sino para cumplir con sus obligaciones de Gobierno. Entre ellas, ha citado la de aclarar “qué ha ocurrido con los más de 25 millones de euros destinados a investigación contra el cáncer en el CNIO sobre los que no se han dado explicaciones. La transparencia no es opcional para una ministra, recorrer ferias sí lo es”.
Para Marcos, el caso de Morant refleja una forma de entender la política basada en el uso partidista de las instituciones. “El PSOE ha convertido a sus ministras en candidatas a tiempo completo y a los ministerios en instrumentos electorales. Ese modelo ya ha fracasado en Aragón y fracasará también en la Comunitat Valenciana, porque la política no puede convertirse en una gira electoral financiada con dinero público”, ha concluido.
Guillermo Mariscal señala el fracaso energético: «Más coste, más gas y más dependencia»
El diputado del GPP, Guillermo Mariscal, se pregunta “en manos de quién está nuestro sistema eléctrico” y si todo era “fantástico” “por qué ha habido que cambiarlo todo”. “¿Por qué ahora tenemos una operación reforzada que le cuesta 1.100 millones de euros a los españoles?”. “¿Por qué gastamos más gas, emitimos más CO2 y hemos aumentado la dependencia?”, cuestiona
Denuncia que han pasado “diez meses desde el gran apagón, nueve meses desde que se aprobase la Comisión de Investigación y nos hemos encontrado al Grupo Parlamentario Socialista y al de Sumar obstaculizando permanentemente su funcionamiento” y se pregunta “qué es lo que ocultan”
Considera que “los ciudadanos han perdido la confianza en este Gobierno para garantizar los servicios esenciales” porque el Ejecutivo no asume responsabilidades, y garantiza que el PP “averiguará lo que pasó ese día y planteará las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse”.
Asegura que “el colmo de la desfachatez socialista” es que pretendiesen que “una comisión de investigación independiente fuera presidida por la presidenta del Partido Socialista” que es la mentora de Teresa Ribera y de Sara Aagesen. “Una triada fantástica, ideólogas las tres, de las políticas que nos han llevado al suicidio energético”, subraya
Sostiene que al Gobierno ahora “les ha dado por hablar en difícil, con jerga ingeniería” para “despistar al personal a ver si esto pasa” y les recuerda sus excusas sobre el apagón, que primero señalaban a un ciberataque y luego a fallo multifactorial
Advierte de que ayer Sánchez extendió la responsabilidad del apagón al sector público, ósea a Red Eléctrica, y critica que la empresa haya destinado “en los últimos años el 40% a negocios que nada tienen que ver con la Red Eléctrica, una red que colapsó el 28 de abril y que es incapaz de permitir nuevas viviendas, porque no hay conexión a la red”
Critica que Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, no tenga conocimiento alguno en la materia y apunta a que su única fortuna ha sido “compartir concejalía en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid con Pedro Sánchez”
Alicia García: «Si Sánchez no comparece en un mes, acudirá al Tribunal Constitucional»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, ha anunciado que el Partido Popular registrará para su debate y votación en el próximo Pleno del Senado, previsto para el 18 de febrero, un conflicto de atribuciones ante la incomparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 29 de enero sobre las tragedias ferroviarias.
“Si en el plazo de un mes desde la aprobación del requerimiento Pedro Sánchez no comparece en el Senado, acudiremos al Tribunal Constitucional”, ha advertido Alicia García, quien ha subrayado que se trata del primer conflicto de atribuciones que afecta directamente al presidente del Gobierno.
La portavoz popular ha sido clara: “En España la ley es igual para todos. Nadie está por encima del Parlamento, nadie está por encima de la Constitución; ni siquiera el presidente del Gobierno”. En este sentido, ha recordado que “la Constitución no es opcional, el control parlamentario no es una cortesía; es una obligación democrática”.
Para el Grupo Popular, la actitud del presidente del Gobierno supone una “rebeldía parlamentaria y constitucional”. “Estamos ante un presidente en rebeldía frente al Senado, en rebeldía frente a la obligación de rendir cuentas”, ha denunciado García.
Asimismo, ha reprochado que Sánchez decidiera “quedarse en el búnker de La Moncloa antes que cumplir con su obligación parlamentaria, legal y moral de venir al Senado”. “No vino porque no quiso, prefirió el cálculo político”, ha afirmado, denunciando lo que considera “una auténtica abdicación moral”.
“El Grupo Popular no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a defender los derechos de los españoles con todos los instrumentos parlamentarios, políticos y judiciales a nuestro alcance”, ha asegurado.
Argumentos jurídicos del conflicto
En el texto registrado, el Partido Popular fundamenta el conflicto de atribuciones en que el presidente del Gobierno ha impedido que el Senado ejerza una de sus funciones constitucionales: el control al Gobierno.
El artículo 66.2 de la Constitución establece que “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno”. Asimismo, el artículo 110.1 dispone que “las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”.
En este caso, el Pleno extraordinario fue solicitado conforme al Reglamento del Senado, al tratarse de un periodo extraordinario, con la firma de la mayoría absoluta de los senadores para fijar el orden del día en Junta de Portavoces.
El Grupo Popular invoca igualmente el artículo 182.1 del Reglamento del Senado, que señala que “El presidente del Gobierno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, comparecerá ante el Pleno del Senado para informar sobre un asunto determinado”. Para el PP, la forma verbal “comparecerá” no deja margen de discrecionalidad, sino que establece una obligación clara.
Doce conflictos de atribuciones en defensa del Senado
Este sería el duodécimo conflicto de atribuciones impulsado por el Partido Popular en el Senado durante la presente legislatura. Todos los anteriores se encuentran en tramitación ante el Tribunal Constitucional, sin que ninguno haya sido denegado ni archivado.
Entre los precedentes se encuentran conflictos planteados por la imposibilidad de votar vetos del Senado a leyes aprobadas en el Congreso, la modificación de normas mediante fórmulas irregulares, la alteración de leyes para impedir la votación de enmiendas aprobadas en la Cámara Alta o el incumplimiento de la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
El Partido Popular reitera así su compromiso con la defensa de la función constitucional del Senado, la separación de poderes y el respeto a las instituciones.
Ester Muñoz: «España pide un cambio y no podemos fallar a quienes lo reclaman»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el Partido Popular es consciente de la responsabilidad que tiene ante una mayoría de españoles que “están deseando tener otro tipo de políticas en nuestro país”. En este sentido, ha subrayado que el PP “no puede defraudar esa expectativa de cambio”.
En relación con los posibles acuerdos con Vox tras los últimos procesos electorales, Muñoz ha afirmado que el Partido Popular “tiene que ser capaz” de alcanzar entendimientos que respeten el mandato de las urnas. “Estoy convencida de que se van a llegar a acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón porque los ciudadanos no entenderían otra cosa. Es el resultado de las elecciones y tenemos que respetarlo”, ha señalado.
Sobre Extremadura, ha recordado que la candidata popular ya ha manifestado su voluntad de alcanzar un acuerdo que permita formar gobierno. “Guardiola ha dicho claramente que quiere llegar a un entendimiento con Vox y que tiene que haber un gobierno en Extremadura. En eso va a trabajar el Partido Popular”, ha explicado.
Muñoz también ha criticado la comparecencia del presidente del Gobierno por los accidentes ferroviarios, reprochándole la falta de autocrítica y calificando de “completamente evitable” la tragedia. Ha lamentado que Sánchez dedicara únicamente 29 minutos a los accidentes y a las víctimas, y que en su segunda intervención centrara la mayor parte del tiempo “en insultar y calumniar al líder de la oposición”.
“Se retrata en sí mismo”, ha afirmado, denunciando lo que considera una estrategia basada en la descalificación y el ataque personal. “Reírse, mofarse y utilizar el abuso agresivo contra los contrincantes es una táctica propia de mediocres”, ha sentenciado.
Por último, Muñoz ha criticado la estrategia política de la izquierda, asegurando que “han decidido llamar fascista a todo el que no esté de acuerdo con Sánchez”, algo que, a su juicio, está teniendo el efecto contrario al que buscan. “Mientras ellos retroceden, la derecha crece. Que sigan llamando fascista a todo el mundo, porque les está dando un pésimo resultado”, ha concluido.
Feijóo: «No se puede gestionar el agua a golpe de emergencia»
El presidente del Partido Popular ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua, al que ha elevado a “necesidad estratégica” para España ante el doble desafío que sufre el país: las sequías recurrentes en amplias zonas del territorio y las inundaciones que están causando graves daños económicos y sociales.
Ha advertido de que sin una planificación global “seguiremos intentando solventar problemas puntuales sin abordar el fondo de la cuestión”, subrayando que España necesita una estrategia hídrica nacional que anticipe riesgos y garantice seguridad y sostenibilidad a largo plazo.
En este sentido, ha recordado que España es el primer país de la Unión Europea en número de presas, con 2.400 infraestructuras, de las cuales 1.000 son grandes presas, y ha defendido la necesidad de revisarlas, garantizar su correcto mantenimiento y asegurar que tanto los desagües subterráneos como las compuertas estén en perfecto estado. “No puede volver a ocurrir lo mismo que con el apagón o con el AVE”, ha advertido.
Ha alertado además de que muchas presas han trabajado recientemente bajo “niveles de estrés máximo”, con casos en los que el agua ha llegado a rebasar las compuertas al no poder desaguar con suficiente capacidad. Por ello, el Plan Nacional del Agua debe garantizar que “bajo los embalses y las presas se pueda vivir con seguridad”.
El presidente del PP ha cifrado en “miles de millones de euros” las pérdidas provocadas por las últimas inundaciones y ha reclamado activar todos los recursos disponibles —presupuesto europeo, estatal, autonómico, provincial y municipal— para restaurar viviendas, explotaciones agrícolas, empresas e infraestructuras.
Ha reconocido la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, ante una situación de “impacto continuado de borrascas profundas e inundaciones”, poniendo en valor el trabajo de prevención, emergencias, desalojos y rescates en un territorio “tan extenso como Portugal”.
Asimismo, ha reiterado su solidaridad y pésame a las víctimas del accidente del AVE en Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, recordando que Andalucía ha sido especialmente castigada en las últimas semanas.
El líder popular ha pedido al Gobierno central “más recursos y sensibilidad” ante las dificultades de acceso a Andalucía, con la mayoría de las líneas de alta velocidad suspendidas y trayectos que requieren hasta 12 horas para ir y volver de Jerez a Madrid.
Finalmente, ha advertido de la proximidad de la campaña turística de Semana Santa y ha defendido que es urgente “volver a poner Andalucía en su mejor momento”, recordando que su motor económico, turístico y social es esencial para el conjunto de España. El Partido Popular, ha concluido, defenderá en las Cortes Generales “lo que es justo para Andalucía”.
Carlos Segura: «La regeneración prometida se ha convertido en supervivencia política»
El concejal presidente del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Segura, ha criticado duramente los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, cuestionando la coherencia política del Ejecutivo y su estrategia parlamentaria.
Segura ha afirmado que el presidente del Gobierno “ha llegado a La Moncloa pactando con los herederos de ETA”, señalando que estos acuerdos forman parte de la aritmética parlamentaria que permitió su investidura. En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo mantenga esos apoyos mientras, a su juicio, “se cuestiona a otros partidos por posibles pactos parlamentarios”.
El edil madrileño ha señalado que el PSOE debería dar explicaciones claras sobre el alcance y las condiciones de esos acuerdos, especialmente en materia penitenciaria y política territorial. Asimismo, ha considerado que el Gobierno atraviesa un momento de inestabilidad política marcado por distintas polémicas y casos que, en su opinión, requieren transparencia y responsabilidades.
Segura también ha recordado que la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy se justificó en la lucha contra la corrupción y ha cuestionado que el Ejecutivo actual mantenga apoyos que, según ha indicado, generan controversia entre una parte significativa de la sociedad.
Por último, ha defendido que el debate político debe centrarse en la coherencia, la responsabilidad institucional y el respeto a las víctimas del terrorismo, reclamando claridad sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno en sus acuerdos parlamentarios.
Fernández Mañueco: «438 millones para fortalecer la agroindustria y el mundo rural»
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto en valor que la Comunidad cuenta con la tercera industria agroalimentaria más potente de España, un sector estratégico que se encuentra en pleno crecimiento, batiendo récords de exportaciones y de empleo.
Durante esta legislatura, el Gobierno de Castilla y León ha destinado las mayores ayudas de la historia al sector agroindustrial. Entre ellas, destaca el potente Plan de Agroindustria dotado con 438 millones de euros, la creación de nuevos apoyos a la exportación y la promoción internacional, así como la defensa firme de los productos de la Comunidad —como la carne o el azúcar— frente a los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, se ha reforzado la marca ‘Tierra de Sabor’ como sello de calidad y garantía.
Mañueco ha asegurado que el compromiso del Ejecutivo autonómico es seguir “poniendo alfombra roja” a las empresas del sector, facilitando la inversión y el crecimiento. Para ello, se ha creado un sistema de convocatorias de ayudas abierto y permanente que simplifica los trámites y da mayor agilidad a los proyectos empresariales. Además, se apoyarán iniciativas innovadoras para incrementar las exportaciones y se potenciará una red de emprendedores rurales.
El presidente ha anunciado que la próxima semana se presentará el programa electoral del Partido Popular de Castilla y León, que incorporará los compromisos incluidos en el proyecto de Presupuestos de 2026. “Lo nuestro es cumplir”, ha afirmado, avanzando medidas como la duplicación del bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo y la ampliación del bono infantil de 200 euros para actividades formativas, de ocio y deportivas fuera del horario lectivo.
En apoyo al campo, el Gobierno autonómico incrementará las ayudas para la contratación de seguros agrarios y destinará 20 millones de euros a la modernización de explotaciones de ganado extensivo y a la mejora del sector ovino.
Asimismo, se pondrá en marcha un bono de 300 euros para 100.000 autónomos con el objetivo de compensar las continuas subidas de cuotas impulsadas por el Gobierno de Sánchez. Se mantendrá la gratuidad del autobús mediante la tarjeta Buscyl y se incrementarán en un 80% las inversiones en políticas de vivienda.
En materia social, se desarrollará un programa para mejorar la accesibilidad en más de 20.000 hogares mediante ayudas para sustituir bañeras por platos de ducha, un sistema que mejora la seguridad y salva vidas, especialmente entre las personas mayores.
Mañueco ha reiterado su compromiso con El Burgo de Osma, destacando actuaciones ya ejecutadas o en marcha, como la reforma del antiguo hospital de San Agustín, el mirador de La Galiana, las obras de la estación de autobuses —que concluirán este verano—, la construcción del nuevo centro de salud y el nuevo trazado de la carretera SO-920 que conectará con la autovía del Duero.
“El compromiso es claro: apoyar a nuestros sectores estratégicos, fortalecer el mundo rural y mejorar la calidad de vida de las familias de Castilla y León”, ha concluido el presidente.
Sergio Sayas: «La solución es construir más y proteger la propiedad, no bloquear reformas»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “boicotear” dos leyes fundamentales impulsadas por el Partido Popular para afrontar la crisis de vivienda en España: una destinada a facilitar la construcción de vivienda “más y más rápido” y otra que permitiría desalojar a los okupas en un plazo máximo de 24 horas.
Sayas ha criticado que el Gobierno esté “despreciando al Parlamento” al bloquear la tramitación de ambas iniciativas mediante la ampliación sucesiva del plazo de presentación de enmiendas, impidiendo su debate y votación. “Están trabajando más por los okupas que por los españoles”, ha denunciado.
El dirigente popular ha alertado de la magnitud del problema: actualmente existen 79.000 viviendas okupadas, 21.000 inquiokupadas y 24.000 inmuebles que se venden con un okupa dentro. A su juicio, las políticas del Gobierno no solo no han solucionado el problema, sino que lo han agravado, con precios que suben más de un 13% anual y alquileres en máximos históricos en todas las capitales de provincia.
Sayas ha señalado que esta situación está condenando a toda una generación de jóvenes a vivir con sus padres hasta bien entrada la cuarentena, sin posibilidad de emanciparse. “En ocho años no se han dedicado a construir vivienda ni a aumentar la oferta. Si lo hubieran hecho, los jóvenes tendrían hoy un futuro más prometedor y España no sería uno de los países europeos donde el problema golpea con más fuerza”, ha afirmado.
Asimismo, ha recordado las promesas incumplidas del Gobierno, como las 184.000 viviendas anunciadas o el llamado proyecto Viana, que contemplaba la licitación de 50 suelos y que quedó desierto, “esfumándose las 3.700 viviendas que vendieron a bombo y platillo”.
El portavoz adjunto del GPP también ha reprochado a la ministra de Vivienda su intención de intervenir la Comunidad de Madrid por “puro sectarismo e inquina a la presidenta Ayuso”, pese a que es la autonomía que más vivienda protegida está construyendo en España. “La segunda es Andalucía y la tercera tampoco la gobierna el PSOE”, ha subrayado.
“El problema de la vivienda no se resuelve bloqueando leyes ni atacando a las comunidades que sí construyen; se resuelve con más oferta, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, ha concluido Sayas.