Carmen Fúnez: «Siete huelgas y un Estatuto Marco sin consenso: el balance de la ministra de Sanidad»
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de ser “la responsable de la conflictividad sanitaria más alta de España desde hace décadas” debido a su “falta de diálogo, su imposición, su sectarismo y su incoherencia”.
Fúnez ha denunciado la contradicción de la ministra, quien “alardeaba de luchar contra las privatizaciones del Sistema Nacional de Salud”, mientras que esta misma mañana se ha conocido la publicación de un contrato firmado por ella para privatizar el servicio de psiquiatría en la ciudad de Ceuta. “La incoherencia es evidente”, ha subrayado.
La dirigente popular ha reprochado también la gestión de García al frente del Ministerio de Sanidad, señalando que desde marzo de 2025 se han producido “siete huelgas, manifestaciones y concentraciones”, incluyendo la huelga sanitaria de Ceuta y Melilla, “la más larga de la historia”. “Usted es la única responsable y ni siquiera apareció para dar la cara”, ha criticado.
Asimismo, ha censurado que el nuevo Estatuto Marco se haya elaborado “sin informe de Función Pública, sin informe de Hacienda y sin contar con los médicos, que son el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud”, lo que, a juicio del Partido Popular, demuestra una gestión basada en la improvisación y la confrontación.
Fúnez ha afirmado que, si esta situación de “caos y enfrentamiento” se hubiese producido con un Gobierno del Partido Popular, la propia Mónica García “habría estado en la calle desde hace semanas o meses”. “Ha pasado de la bata blanca al banco azul, pero ha olvidado la empatía y el diálogo que exigía”, ha añadido.
Por último, la vicesecretaria popular ha denunciado que los exámenes y pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada han sido “un auténtico desastre”, generando una profunda desmoralización entre los médicos aspirantes.
“El sistema sanitario necesita liderazgo, diálogo y soluciones, no confrontación permanente”, ha concluido Fúnez.
Carlos Conde: «El caos ferroviario en Málaga está llegando a un punto de no retorno»
El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, ha pedido al PSOE de Málaga que deje de defender al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y se posicione junto a los miles de malagueños afectados por el caos ferroviario.
Así lo ha expuesto junto al coordinador de Electoral y concejal de Seguridad en el Consistorio malagueño, Avelino Barrionuevo, tras acudir a la movilización con motivo del tercer día de la huelga de trenes en la provincia, donde ha instado a los socialistas malagueños a “pronunciarse” al respecto, marco en el que ha advertido de que “la degradación del servicio ferroviario por la gestión negligente del Gobierno está llegando a un punto de no retorno”.
“No puede ser que el Ejecutivo de Sánchez siga perjudicando directamente y afectando negativamente a la vida de miles de malagueños”, ha subrayado Conde, quien ha hecho alusión a la suspensión de hasta 85 servicios ayer y una situación similar hoy en las dos líneas de Cercanías “por el sectarismo de un ministro que sigue desoyendo a los sindicatos y profesionales del sector, agravando cada día más el caos ferroviario en la provincia de Málaga”.
“El Gobierno vincula el futuro del sector a una serie de inversiones que están supeditas a la aprobación de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no es más que papel mojado, tras tres años sin que el Ejecutivo de Sánchez y Montero presente y apruebe sus cuentas, desde 2023”, ha advertido.
De este modo, ha denunciado que la falta de inversión y mantenimiento acusada en la red ferroviaria malagueña desde hace siete años “está consiguiendo que casi la mitad de los usuarios renieguen ya del tren y que incluso hayan dejado de utilizarlo”.
En este sentido, ha aseverado que “no estamos hablando ya únicamente de un problema de desarrollo y crecimiento de la provincia, sino de la seguridad de los usuarios y de la preocupación generada en torno a las continuas averías, retrasos y cancelaciones, que se suman a las incidencias en vías, catenarias o muros de contención, hasta el punto de que la red ferroviaria de Málaga cuenta ya con una limitación temporal de velocidad cada 2,7 kilómetros, lo que sitúa a la provincia como la segunda de España con más restricciones de este tipo; un parche del Ministerio ante la degradación de la red ferroviaria malagueña”, ha apostillado el dirigente popular.
Por todo ello, el vicesecretario popular ha pedido explicaciones al Gobierno y, sobre todo, “queremos que los socialistas malagueños se pronuncien”, ha insistido, instándoles a “que dejen de justificar y de amparar al ministro Puente, y que defiendan el interés de sus vecinos, directamente afectados por esta nefasta gestión y la degradación de la red ferroviaria de la provincia, tanto en el AVE, como en la Media Distancia y el Cercanías”.
Al respecto, ha lamentado que la dirección provincial del PSOE, con su secretario general al frente, “esté más centrada en justificar los escándalos en torno al Ejecutivo de Sánchez y en blanquear a los condenados de los ERE que en reclamar mejoras para esta provincia”, ha concluido.
Joaquín Segado: «Murcia no merece trenes del siglo pasado ni excusas del presente»
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha advertido, en el transcurso del debate de una moción del PP para solicitar la reapertura de la línea Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín, que “si la línea ferroviaria con Chinchilla no está operativa a finales de este año, Francisco Lucas deberá asumir su responsabilidad política y dimitir”.
“Cuatro años después de su supresión, solo han llegado retrasos, improvisación y mentiras del Gobierno de Sánchez”, ha señalado Segado.
El portavoz parlamentario ha recordado que “en febrero de 2022, el Gobierno de Sánchez suprimió el servicio por decisión política y unilateral, sin diálogo y sin evaluar el impacto real sobre miles de usuarios”. “Después prometieron la reapertura para finales de 2023, luego para 2024, más tarde para 2025, y hoy, ya en 2026, seguimos igual: sin tren y sin una sola obra terminada”, ha lamentado.
“Esto ya no es un retraso, sino un castigo político deliberado a la Región”, ha apostillado.
“Para entender la gravedad del abandono basta con mirar el estado actual del ferrocarril en toda la Región de Murcia”, ha subrayado Segado, que ha apuntado que “seguimos viajando en trenes del siglo pasado, con unas cercanías desmanteladas con miles de afectados cada día, sin soluciones ni calendario real para la llegada del AVE a Cartagena, sin el desvío ferroviario de Alumbres, sin la conexión imprescindible con la ZAL de Cartagena, y sin un modelo ferroviario digno del siglo XXI”.
“Y es que el Gobierno más nefasto para las infraestructuras ha convertido a la Región de Murcia en el epicentro de sus incumplimientos, sus engaños y su absoluta falta de respeto institucional”, ha remarcado.
“Ahora aparece Francisco Lucas, el delegado de Pedro Sánchez aquí, presentándose como el salvador de última hora, después de años de silencios, incumplimientos y falsedades”, ha reseñado Segado. “Y su gran solución, su propuesta estrella… es otra promesa, sin un plan riguroso con presupuestos, fechas y plazos”, ha reprochado.
Sin embargo, ha puntualizado el portavoz, “el propio Gobierno que el señor Lucas representa, le desmiente”. Al hilo, ha explicado que “Adif, una empresa pública que los socialistas controlan, dirigida durante años por una persona investigada por corrupción, tristemente conocida en la etapa sanchista por servir para colocar a las amantes del ministro, ya ha dicho que la reapertura no será automática, y que dependerá de si las operadoras ven rentable poner trenes”.
Además, ha puntualizado que “según su propia documentación interna, que hemos conocido recientemente gracias a la labor de los parlamentarios del Partido Popular y de la prensa, la electrificación completa podría alargarse hasta 2040”. “Sí, hasta 2040, obligándonos a depender de trenes híbridos durante más de una década”, ha añadido.
“Si al final de este año la línea no está electrificada y funcionando como el señor Lucas se ha comprometido personalmente, no tendrá otra salida que dimitir”, ha incidido Segado.
“Nosotros no estamos para hacer política de escaparate, sino para defender a la Región de Murcia, sus derechos y sus oportunidades”, ha remarcado el portavoz. “Por eso, en un ejercicio real de consenso, retiramos nuestra moción y les presentaremos un texto para que se apruebe una declaración institucional”, ha explicado.
“El Partido Popular seguirá vigilante, exigiendo y defendiendo lo que es justo”, ha resaltado Segado. “Porque nuestra obligación no es ante un Gobierno que promete, sino ante una Región que necesita respuestas”, ha concluido.
Gamarra: «Ferraz bajo la lupa: ¿quién explica los fajos de billetes?»
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular ha preguntado hoy al PSOE si va a seguir guardando silencio tras conocerse que uno de los testigos ha reconocido ante la Justicia que “fajos de billetes” procedentes de la trama del denominado caso Hidrocarburos llegaban a la sede de Ferraz.
“¿Así se financia el Partido Socialista? ¿Van a decir ustedes algo o van a permanecer en silencio?”, ha interpelado, subrayando que no se trata de “amenazas”, sino de actuaciones judiciales. “Es la Justicia, que se les aplica a ustedes igual que al resto de los españoles”, ha advertido.
La dirigente popular ha denunciado el “panorama desolador” que atraviesa el sistema judicial español por los “desastrosos efectos” de las reformas impulsadas por el ministro Félix Bolaños, a las que ha calificado de leyes de “ineficiencia procesal”. Según ha señalado, dichas reformas han logrado algo inédito: poner en contra al ministro a jueces, fiscales, abogados y procuradores. “Los ha puesto a todos de acuerdo, pero no escucha a ninguno”, ha criticado.
A su juicio, la verdadera misión encomendada por Pedro Sánchez a Bolaños no ha sido reforzar la Justicia con más medios, sino “controlar el Poder Judicial”. “Su pataleta refleja que ha fracasado”, ha asegurado.
Asimismo, ha advertido de que el ministro tiene “dos únicas prioridades: garantizar la impunidad del sanchismo y asegurar la continuidad de la coalición”. En este sentido, ha apuntado al caso del fiscal general del Estado y ha afirmado que su indulto “está en marcha”.
En relación con el anuncio de creación de nuevas plazas judiciales, la dirigente popular ha cuestionado la falta de concreción: “¿Dónde están los jueces? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Cómo se va a garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad? ¿O acaso pretende nombrarlos de manera directa?”.
También ha reprochado a Bolaños su reacción ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial por reclamar más jueces y mantener el nivel de exigencia en el acceso a la carrera judicial. “Le ha faltado expulsarla al otro lado del muro”, ha ironizado.
Finalmente, ha advertido de que “una cosa es crear plazas judiciales y otra tener más jueces”, reclamando planificación real y no propaganda. “Los jueces no caen del cielo ni se forman en dos días”, ha concluido.
María Gómez: «Sánchez deja a Alicante sin fondos europeos para depuración y reutilización de agua»
La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado colaborar en la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León después de haber permitido que se perdieran los fondos europeos que se podrían haber destinado a este proyecto estratégico para la provincia de Alicante.
Gómez ha señalado que el Ejecutivo central intenta justificar su negativa con argumentos administrativos cuando “la realidad es que ha fallado en la planificación, en la gestión y en la voluntad política”. “Europa puso los recursos y el Gobierno debía garantizar los plazos. No lo hizo y ahora pretende eludir su responsabilidad”, ha afirmado.
La diputada popular ha destacado que el proyecto Vertido Cero permitiría recuperar hasta 19,5 hectómetros cúbicos anuales de agua que hoy se vierten al mar, un recurso esencial para los regantes del Vinalopó y el Camp d’Elx. Una infraestructura que ha considerado “clave para el futuro de la provincia”.
En contraste, Gómez ha puesto en valor el compromiso del Consell, que elaboró los proyectos, activó los procedimientos necesarios y ofreció cofinanciación. “La Generalitat ha hecho su trabajo; el Gobierno de Sánchez, no”, ha remarcado.
Esta decisión se suma a una larga cadena de agravios contra Alicante. “Mientras se niega una inversión imprescindible para nuestros agricultores, el Gobierno socialista destina recursos a infraestructuras hídricas fuera de España y mantiene a la provincia en el vagón de cola de las inversiones estatales”, ha señalado.
Por último, Gómez ha exigido al Ejecutivo central que rectifique y asuma su responsabilidad. “No se puede hablar de sostenibilidad ni de transición ecológica mientras se abandonan proyectos que garantizan agua, desarrollo y futuro. Alicante no necesita discursos: necesita hechos”, ha concluido.
Tellado: «Cuando el poder pesa más que la memoria»
El secretario general del Partido Popular Miguel Ángel Tellado ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “comprado el voto de Bildu a cambio de excarcelar terroristas”, en referencia a la salida de prisión de Mikel Garikoitz Aspiazu, alias ‘Txeroki’, condenado a 400 años de cárcel por 20 asesinatos. Según ha subrayado, “no son decisiones técnicas de jueces de seguimiento penitenciario, sino decisiones políticas” las que han permitido su puesta en libertad.
En este sentido, ha recordado que la excarcelación ha sido ejecutada por la consejera de Justicia del País Vasco, perteneciente al Partido Socialista, y ha señalado que dicha competencia fue transferida por el Ejecutivo de Sánchez. “Se transfirió precisamente para esto: para cumplir con su pacto con Otegi”, ha afirmado. “Etarras en la calle a cambio de que Sánchez siga un tiempo más en el Gobierno”, ha resumido.
El dirigente popular ha destacado que incluso el expresidente Felipe González manifestó públicamente su vergüenza ante estas decisiones, lo que, a su juicio, evidencia que el actual Gobierno “está más cerca de Arnaldo Otegi que de Felipe González”, calificando la situación de “vergonzosa”.
Asimismo, ha ampliado sus críticas al Ejecutivo por “pactar con Junqueras para reventar el sistema de financiación autonómica en beneficio del independentismo”, y por lo que considera una implicación del expresidente Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. También ha responsabilizado al Gobierno del “caos ferroviario en España”, con 47 víctimas mortales, señalando que el ministro Óscar Puente “no ha asumido ninguna responsabilidad”.
En materia migratoria, ha censurado la regularización masiva de inmigrantes irregulares, que cifra en hasta 800.000 personas, asegurando que se trata de una decisión adoptada “en contra de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno”.
Por último, ha cuestionado el papel del ministro de Asuntos Exteriores, afirmando que quien ejerce realmente esa función es el expresidente Rodríguez Zapatero, mientras que José Manuel Albares actúa como “un simple figurante sentado en el escaño azul”.
La ofensiva de Cayetana: Zapatero, Huawei y el rescate que no se explica.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por dos cuestiones relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
En concreto, ha cuestionado en calidad de qué se reunió con Huawei durante la tramitación de la Ley de Seguridad 5G y en virtud de qué concepto cobró medio millón de euros de una empresa vinculada al rescate de Plus Ultra. “Y no me diga que fue de consultor planetario”, ha añadido.
A juicio de la dirigente popular, el Gobierno “pulveriza los consensos europeos para promover los intereses chinos”, al tiempo que “se erige en azote de los tecno oligarcas mientras ejerce de lacayo de una tecno dictadura”. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo actúa como “el troyano de China en Europa”.
Álvarez de Toledo también ha preguntado al ministro si el expresidente percibió pagos tras el rescate de Plus Ultra en calidad de mediador político o bajo otras fórmulas, y ha recordado informaciones sobre relaciones empresariales vinculadas al entorno familiar del expresidente.
Asimismo, ha criticado la actuación del ministro en materia de relaciones con los medios de comunicación, denunciando lo que considera una actitud de hostilidad hacia la prensa y una falta de rendición de cuentas. “Son bravos con unos y dóciles con otros; lo que detestan no son los bulos, sino la libertad”, ha afirmado.
La portavoz adjunta del GPP ha concluido señalando que el ministro “debe dar explicaciones claras y públicas”, subrayando que la transparencia y el control parlamentario son principios irrenunciables en una democracia.
Martínez-Almeida: «El problema no es el nombre, es el rumbo que los ciudadanos han rechazado»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que serán los propios partidos de la izquierda quienes “tengan que tomar sus decisiones y decidir cómo quieren ir”, pero ha advertido de que “tienen un problema, y un problema grave”.
En este sentido, Almeida ha afirmado que ese problema “no se arregla con una coalición”, ni tampoco con las mismas políticas que, a su juicio, “los españoles han desestimado por ineficaces y perjudiciales”.
“El problema no es de siglas ni de partidos”, ha subrayado el alcalde, “es un problema de ideas, de políticas y de desafección por parte de los ciudadanos”. Por ello, ha instado a las formaciones de izquierda a reflexionar antes de plantear nuevas alianzas con el único objetivo de “salvar los restos del naufragio” o repartirse cargos.
Almeida ha recordado que el resultado electoral en Aragón refleja con claridad ese desgaste, donde toda la confluencia de la izquierda obtuvo “un solo escaño”. A su juicio, este dato demuestra que los ciudadanos no están rechazando nombres o marcas concretas, sino un modelo político que consideran agotado.
El alcalde ha concluido que la prioridad debería ser analizar por qué los españoles han retirado su confianza a determinadas políticas, en lugar de centrar el debate en fórmulas electorales para mantener posiciones de poder.