Ester Muñoz: «Sánchez debe dar explicaciones por los accidentes ferroviarios»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso, Ester Muñoz, asegura que la “sucesión trágica de acontecimientos en unas infraestructuras gestionadas directamente por el Gobierno de España exige una respuesta política” y por ello el GPP va a solicitar la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en un pleno extraordinario la próxima semana. “A lo largo del día de hoy me voy a poner en contacto con todos los grupos parlamentarios. Hace falta una mayoría absoluta. 176 diputados que estén dispuestos a votar que venga Pedro Sánchez a dar explicaciones”, explica
Apunta que Sánchez “es el presidente de un Gobierno que gestiona las vías férreas donde ha habido dos accidentes con muchos muertos” y que “tiene que venir a dar explicaciones ante los representantes del pueblo español”
“Sánchez gestiona un Gobierno con un ministerio en el que ha tenido a ministros como Ábalos y que tiene cargos y altos cargos de ese ministerio imputados”, afirma para exponer la mala gestión que se ha hecho del sector ferroviario desde la llegada del presidente a Moncloa. “Este Gobierno ha subido más impuestos que ningún otro de la historia de España y los servicios públicos son los peores de la democracia”, critica
A la comparecencia de Sánchez, los populares suman la de Óscar Puente, como responsable principal de las infraestructuras ferroviarias en el país, que en la rueda de prensa de ayer “fracasó” en su intento de dar tranquilidad a los ciudadanos, ofrecer certidumbres y “convencer a los españoles de que este Gobierno ha invertido más que nadie”
“Lo único que demostró ayer Puente fue el intento del Gobierno de inhibirse cualquier responsabilidad”, señala Muñoz, que también anunció que el GPP pedirá la comparecencia del presidente de Adif en la comisión de Transportes
Acusa al ministro de falta de sensibilidad y “soberbia” con los maquinistas que han anunciado una huelga general por las condiciones de seguridad y no por su estado anímico como dijo ayer el propio Puente.
“España lleva varios días en shock. Ha sido dramático, como cualquier accidente de esta naturaleza. Y el ministro responsable, en lugar de dar tranquilidad, de dar certidumbres, ataca a los trabajadores. Hace tiempo que debería haber dejado de ser ministro de España”, afirma
Sobre las críticas del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ante la petición de información, Muñoz explica que “nosotros no somos socialistas. No acusamos de asesinos a nadie sin tener información. Eso lo hace la izquierda cuando hay otras emergencias. Nosotros no somos iguales ni lo vamos a ser”
Recalca que pedir a los responsables del Gobierno “que expliquen y controlarles no es politizar. Es hacer nuestro trabajo con empatía, con rigor, con seriedad y sin insultos” y anuncia que el GPP va a elevar su nivel de exigencia y oposición
Dentro de la ofensiva para esclarecer las causas del accidente de tren de Adamuz, el GPP va a presentar una batería de 65 preguntas de carácter técnico a las que unirá una petición de información de los expedientes relacionados con las obras en estos tramos que están vinculados con las personas involucradas en tramas de corrupción que rodean al Ejecutivo
Además, de todas estas medidas, el GPP presentará varias proposiciones no de ley para exigir la realización de una auditoria técnica independiente sobre el accidente y para esclarecer las condiciones de seguridad en las que opera el tren en España. “Vamos a reclamar el cumplimiento inmediato del plan de choque de resolución de incidencias en las infraestructuras ferroviarias que viene en la Ley de Movilidad Sostenible” y que fue aprobado gracias a las enmiendas introducidas por el Partido Popular
Recuerda que “desde la oposición llevamos muchos meses preguntando por estos temas y solo hemos recibido por parte de Óscar Puente exabruptos y por parte de Pedro Sánchez indiferencia” y que “pedir transparencia, pedir información y pedir explicaciones no es atacar políticamente, es hacer nuestro trabajo
Ignacio Catalá: «Una factura para todos, un beneficio para Cataluña»
El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá, ha criticado con firmeza el modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que se trata de un sistema “intrínsecamente malo” cuyo único objetivo es mantener a Sánchez en el poder a costa del resto de los españoles.
Catalá ha subrayado que este rechazo no es exclusivo del Partido Popular, sino que coincide con la posición de dirigentes socialistas autonómicos como los presidentes de Castilla-La Mancha y Asturias, así como con la de la mayoría de los partidos socialistas regionales, “todos salvo el de Cataluña”.
“El modelo plantea una factura que se dirige a Cataluña y que vamos a pagar los demás”, ha advertido el diputado popular, quien ha rechazado la afirmación de que todas las comunidades vayan a contar con más recursos. “El dinero público no es de nadie: es de todos los ciudadanos. Sale del esfuerzo de quienes cada mañana levantan la persiana de su negocio y pagan sus impuestos”, ha recordado.
Según Catalá, este sistema provocará que en algunas comunidades haya que recaudar más y subir impuestos para destinar esos recursos a territorios donde, a su juicio, “se despilfarra”, generando desigualdad y agravios entre españoles. “Es una decisión injusta que penaliza a quienes cumplen y sostienen el sistema”, ha señalado.
El diputado del Partido Popular ha insistido en que esta no es una confrontación partidista, sino una defensa del interés general y de la igualdad entre comunidades autónomas. “También es una batalla de las comunidades gobernadas por el PSOE, que no son muchas, pero que comparten el rechazo a este modelo salvo Cataluña”, ha concluido.
La Comunidad de Madrid refuerza el relevo generacional de la empresa familiar con una nueva ley.
El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de hoy el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Empresa Familiar, que establece nuevos beneficios en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ampliando los previstos en la normativa estatal, con el objetivo de garantizar su relevo generacional. Esta iniciativa beneficiará a cerca de 450.000 firmas de esta tipología, que representan el 93% del tejido empresarial de la región, aportan el 65 % del PIB y generan el 60% del empleo privado madrileño.
De esta forma, en los supuestos de adquisición por sucesión o donación de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades, la reducción aplicable en la base imponible se elevará del 95% al 99%, siempre que el nuevo dueño mantenga los bienes en su patrimonio durante los cinco años siguientes.
Además, se ampliará el ámbito de los parientes que pueden ser beneficiarios, incorporando a los ascendientes, a los integrantes del grupo III de parentesco (hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos/nueras, etc.) y, dentro del grupo IV, a los primos hermanos.
También se mejorarán los requisitos necesarios para acceder a la bonificación, eliminando la exigencia de que el donante tenga más de 65 años o esté con una gran invalidez o incapacidad permanente, y se especificará qué ingresos se tendrán en cuenta para poder aplicar el beneficio fiscal.
Todas estas medidas serán compatibles con las bonificaciones generales actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid en ambas modalidades del impuesto. Se estima que beneficiarán a cerca de 1.500 contribuyentes madrileños, con un ahorro fiscal para ellos de aproximadamente 2 millones de euros anuales.
Este informe constituye el paso previo al trámite de audiencia pública de la Ley, cuya aprobación por la Asamblea de Madrid está prevista para mediados de año, para su entrada en vigor al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Ayuso y Pérez Llorca sellan una alianza turística para atraer visitantes todo el año.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, han firmado hoy un protocolo de colaboración turística con el objetivo de compartir estrategias, reforzar la proyección internacional de ambos destinos y llegar a los mercados más lejanos.
El acuerdo se ha suscrito en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico madrileño. Durante el acto, Díaz Ayuso ha subrayado que el turismo “ya no es estacional” y ha defendido un modelo que permita atraer visitantes todos los meses del año, fomentando además que el turismo no se concentre únicamente en la capital madrileña o en las playas valencianas, sino que se extienda a todo el territorio.
La presidenta madrileña ha destacado que el convenio apuesta de forma decidida por la innovación, la Inteligencia Artificial y la digitalización, facilitando la coordinación entre los distintos agentes del sector, como bares y restaurantes, museos y hoteles. “Se trata de trabajar juntos para ofrecer una experiencia turística más completa, moderna y competitiva”, ha señalado.
Díaz Ayuso ha reivindicado una España sin fronteras físicas ni burocráticas, frente al “nacionalismo identitario y el ensimismamiento”, y ha defendido la colaboración entre comunidades autónomas como vía para atraer empleo joven, generar oportunidades y reforzar los servicios públicos. “Somos 17 regiones hermanas que no se entenderían unas sin las otras”, ha afirmado.
El protocolo recoge la voluntad de ambas administraciones de compartir conocimientos y buenas prácticas, especialmente en ámbitos como la inteligencia turística, el desarrollo de proyectos piloto, la aplicación de tecnología al sector, la formación y la promoción conjunta. Todo ello con el objetivo de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de la oferta turística de Madrid y la Comunitat Valenciana.
Coincidiendo con el inicio de FITUR 2026, la presidenta ha recordado la importancia estratégica del turismo para la Comunidad de Madrid, un sector que avanza hacia el 10% del PIB regional y que ya genera alrededor de 300.000 empleos. “Cada vez nos visitan más personas, durante más días y con un mayor gasto, lo que demuestra que estamos consolidando un turismo de calidad”, ha concluido.
Juan Bravo: «Las decisiones del Gobierno llegan siempre después de la tragedia»
El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha reclamado hoy al Gobierno de España que explique con urgencia qué ha sucedido tras los últimos accidentes ferroviarios y, sobre todo, que garantice de manera inmediata que no volverá a producirse una tragedia como la ocurrida en Adamuz. “Ya habrá tiempo para pedir responsabilidades políticas, pero ahora lo más urgente es asegurar que no vuelva a pasar”, ha subrayado.
Bravo ha señalado que los ciudadanos se encuentran “consternados y profundamente preocupados”, y ha advertido de que existe una creciente desconfianza hacia el Gobierno por el deterioro de los servicios públicos y las respuestas contradictorias ofrecidas en los últimos días. “El Gobierno debe ofrecer toda la información que tenga, apunte a quien apunte”, ha exigido.
El dirigente popular ha denunciado que la falta de previsión, la improvisación y la alarma social generada están provocando que los ciudadanos tengan miedo a utilizar uno de los servicios públicos que mejor funcionaban hasta hace siete años. “Esta situación requiere respuestas claras y las pediremos”, ha asegurado.
En este contexto, Bravo ha revelado que anoche remitió una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para trasladarle la preocupación del Partido Popular por la gestión de las infraestructuras ferroviarias y por la forma en la que el Gobierno está atendiendo la emergencia.
El vicesecretario del PP ha recordado que, tras el accidente de Adamuz, se ha producido otra colisión con una nueva víctima mortal en Rodalies, la suspensión del servicio ferroviario en toda Cataluña, una huelga general convocada por los maquinistas y cambios continuos en las versiones del ministro sobre el estado de los trenes que circularon antes del convoy descarrillado en Córdoba. “Todo esto es muy grave”, ha afirmado.
Bravo ha reprochado al ministro que, conociendo las alarmantes estadísticas de siniestralidad ferroviaria, las advertencias de los maquinistas sobre vibraciones, la petición de reducción de velocidad, los recortes en el mantenimiento y el deterioro de la red, anunciara públicamente que el AVE a Barcelona alcanzaría los 350 km/h. “Los ciudadanos y los propios profesionales están viviendo cómo se acumulan decisiones improvisadas de un Gobierno sin presupuestos y sin capacidad de gestión”, ha denunciado.
Asimismo, ha preguntado al Ejecutivo por qué no se actuó antes de los dos descarrilamientos, cuando los maquinistas llevaban meses alertando de los problemas. “Si ahora se reduce la velocidad porque no era seguro circular como se hacía, ¿por qué no se hizo antes de que hubiera fallecidos?”, ha cuestionado.
Juan Bravo ha criticado también la falta de transparencia, recordando que el Gobierno redujo la velocidad en algunos tramos del AVE sin pasar por el Consejo de Ministros y antes de conocerse el nuevo descarrilamiento en Barcelona. “Esta opacidad añade aún más gravedad a lo sucedido y hace que los ciudadanos se sientan desprotegidos e inseguros”, ha señalado.
En relación con la huelga de maquinistas, Bravo ha defendido que “no se movilizan por su estado anímico, sino porque han cumplido con su responsabilidad y el Gobierno no les ha escuchado hasta que han fallecido dos profesionales”. “De verdad, no se lo merecen”, ha añadido.
Finalmente, el vicesecretario del PP ha subrayado que su partido ha actuado con prudencia y responsabilidad, pese a no haber recibido información por parte del Gobierno. “Lo hemos hecho porque para ser el Gobierno que España merece debemos ser la oposición que los españoles necesitan”, ha afirmado.
Bravo ha trasladado el pésame y el apoyo del Partido Popular a las familias de los fallecidos, a los heridos y a los trabajadores que continúan con las labores de rescate y atención sanitaria. “España seguirá de duelo mucho tiempo después de que termine el luto oficial, porque el dolor no desaparece cuando se retiran los crespones. Ellos son ahora lo más importante”, ha concluido.
Nieves Martínez subraya que la negativa de Compromís dice mucho de su forma de hacer política.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha criticado la negativa del síndic de Compromís, Joan Baldoví, a acudir a la reunión convocada por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con los portavoces de los grupos parlamentarios, y ha lamentado que “una vez más Compromís prefiera la foto del no antes que arrimar el hombro por los valencianos”.
Martínez ha señalado que “Compromís ya tiene la foto diciendo que no va a acudir a la llamada del presidente de los valencianos”, y ha subrayado que “el Grupo Popular y los valencianos queremos más hechos y menos fotos”. En este sentido, ha defendido que “tendríamos mucha más fuerza como pueblo valenciano si todos fuéramos a una en las reivindicaciones de lo que realmente necesita nuestra tierra”, por lo que ha considerado que la decisión de Compromís “dice mucho de sus principios y de su forma de entender la política”.
La portavoz adjunta del GPP ha recordado que la Comunitat Valenciana afronta “un año clave para seguir avanzando en la reconstrucción y para reivindicar la financiación justa que necesita el pueblo valenciano, no la financiación soñada que pretende vender el Gobierno de Sánchez”. En este punto, ha reprochado a la ministra y líder del PSPV Diana Morant sus recientes declaraciones asegurando que “los valencianos no podíamos haber soñado una propuesta mejor”. Unas palabras que, a juicio de Martínez, “demuestran que la izquierda está al servicio del sanchismo y no al servicio de los ciudadanos de esta tierra”.
“Trabajar por los valencianos es sentarse, colaborar, consensuar y reivindicar lo que necesita esta Comunitat”, ha afirmado Martínez. “Ante la llamada del president para dialogar y llegar a acuerdos por el bien común, lo importante es responder con responsabilidad, no ausentarse”, ha concluido.
Ruiz Jódar reclama al Gobierno soluciones reales ante el déficit de especialistas en Salud Mental.
El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno central la puesta en marcha inmediata de un plan de medidas urgentes que permita paliar el grave déficit de profesionales de Salud Mental en España, especialmente de psiquiatras y psicólogos clínicos. Esta carencia compromete seriamente la atención a miles de pacientes y genera que las comunidades autónomas no puedan cubrir adecuadamente estos puestos esenciales.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Mª Carmen Ruiz Jódar, ha señalado que “la atención a la salud mental atraviesa una situación crítica”. Según datos recientes, el sistema sanitario público español está equipado únicamente con 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a los 19 de media en la Unión Europea, y tan solo 6 psicólogos, muy lejos de los 36 que marca la media comunitaria. “Estas cifras, alarmantemente bajas, han encendido las alertas entre profesionales sanitarios, pacientes y asociaciones del sector”.
“Este déficit de recursos humanos se produce, además, en un contexto de incremento sostenido de los trastornos mentales en la población”, ha lamentado la diputada regional.
La denominada brecha de tratamiento (la diferencia entre la prevalencia de una enfermedad y las personas que reciben atención) alcanza el 45% en la depresión mayor, el 40% en el trastorno bipolar y el 18% en la esquizofrenia a nivel europeo, “lo que evidencia la incapacidad del sistema para dar una respuesta adecuada”.
Ruiz Jódar ha denunciado que, “pese a esta realidad, el Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental han optado por no abordar las carencias estructurales del Sistema Nacional de Salud, como la insuficiencia de recursos humanos y económicos, centrando el debate en cuestiones ideológicas como el consumo de psicofármacos”. Asimismo, ha añadido que “esta falta de planificación ha contribuido a que España sea uno de los países donde más ha crecido el uso de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos”.
“La escasez de profesionales provoca largas listas de espera, una atención claramente insuficiente y, en muchos casos, el abandono de los tratamientos por parte de los pacientes”, ha advertido la diputada del PPRM. Además, “a esta situación se suma el alto nivel de estrés y desgaste emocional que sufren los propios profesionales sanitarios, lo que agrava aún más el problema”.
“El refuerzo de los recursos humanos, la mejora de la formación y la garantía de un acceso equitativo a la atención en salud mental son medidas inaplazables si queremos evitar que esta crisis se convierta en un problema estructural”, ha concluido Ruiz Jódar.
Alfonso Serrano: «La falta de explicaciones del Gobierno pone en duda su gestión ferroviaria»
El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha reclamado máxima transparencia, rigor y prudencia al Gobierno ante la reciente reducción de velocidad en una línea de alta velocidad, una decisión que, según ha señalado, genera desconfianza entre los usuarios por su falta de coherencia y explicaciones claras.
Serrano ha explicado que los motivos esgrimidos para la reducción de velocidad hacen referencia al estado de la vía por vibraciones, al estado de uno de los túneles y a diversos aparatos técnicos a lo largo del trayecto, los mismos argumentos que los sindicatos ya habían planteado en verano para solicitar una revisión y que entonces fueron rechazados o ignorados. “La diferencia ahora es que sí se ha tomado la decisión, y eso obliga a preguntarse qué información faltaba por conocer antes y por qué no se actuó cuando se debía”, ha subrayado.
Desde el Partido Popular se insiste en la necesidad de revisar la línea y acometer las mejoras necesarias para garantizar la seguridad y, una vez realizadas, recuperar la velocidad adecuada. Serrano ha puesto el foco en la incoherencia de las decisiones: “¿Cómo puede ser que una línea que hace apenas un mes y medio se planteaba llevar a 350 km/h pase ahora a reducir su velocidad hasta 160 km/h?”, ha cuestionado.
El dirigente popular ha recordado que los usuarios perciben estas deficiencias, con vibraciones evidentes en tramos de velocidad punta, y ha advertido de que no se puede trasladar tranquilidad a la ciudadanía mientras el propio Gobierno adopta decisiones contradictorias. “No pedimos especulación ni alarmismo, pedimos explicaciones. Es el Gobierno quien, con decisiones repentinas y sin información suficiente, está generando desconfianza”, ha señalado.
Asimismo, Serrano ha reclamado que, en ese ejercicio de responsabilidad, se hagan públicos los informes y escritos de los sindicatos presentados en agosto, así como las razones por las que en noviembre se defendía una mejora de velocidad y hoy se aplica una reducción drástica. “En menos de dos meses se ha pasado de plantear 350 km/h a limitar a 160 km/h. Los ciudadanos merecen una explicación clara”, ha concluido.