Actualidad Política

7 de noviembre de 2026

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El diputado del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Andrés Navarro, ha advertido del deterioro evidente de la red ferroviaria española, especialmente en los servicios de Alta Velocidad, y ha señalado la responsabilidad directa del Gobierno de España por años de abandono, recortes en inversión y eliminación de mecanismos de prevención.

Navarro ha señalado que los usuarios del AVE y de la alta velocidad “perciben a diario las consecuencias de esta decadencia”, con vibraciones, golpes y un deterioro progresivo de las infraestructuras, una situación que genera preocupación tanto por la calidad del servicio como por la seguridad. El diputado popular ha subrayado que, aunque corresponde a los técnicos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado determinar las causas concretas de los últimos incidentes, los indicios apuntan claramente a una falta de mantenimiento y de inversión sostenida.

En este sentido, Andrés Navarro ha puesto el foco en tres hechos especialmente graves. En primer lugar, la limitación de velocidad en el corredor Madrid–Barcelona, donde el 25% del trazado ha visto reducida la velocidad hasta alrededor de 60 km/h, una medida que evidencia el deterioro de la infraestructura. En segundo lugar, ha denunciado que en ese mismo tramo se invierte hoy tres veces menos que hace una década, a pesar de que el número de viajeros se ha duplicado, lo que refleja una gestión claramente irresponsable.

Por último, el diputado del PP ha recordado que el pasado mes de julio el Gobierno suprimió la unidad de emergencia encargada de la prevención de las infraestructuras ferroviarias, una decisión que, a juicio del Partido Popular, debilita la capacidad de anticipación y respuesta ante problemas graves en la red ferroviaria.

Desde el Partido Popular, Andrés Navarro ha exigido al Ejecutivo que recupere la inversión, refuerce los sistemas de prevención y garantice la seguridad y fiabilidad del transporte ferroviario, especialmente en corredores estratégicos como el Madrid–Barcelona. “No se puede gestionar una red con más viajeros que nunca y menos inversión que hace diez años. La dejadez del Gobierno está pasando factura”, ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la Real Casa de Correos al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Jorge Macri, para ampliar vías de colaboración entre ambas administraciones. Se trata de la segunda reunión que mantienen en la sede del Ejecutivo autonómico tras la visita a Madrid de Macri a Madrid en 2024.

Un año antes, la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo de colaboración con la ciudad capital de Argentina para promover la atracción de proyectos y orientar a las empresas madrileñas que decidieran abrirse a los mercados internacionales. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en la región viven casi 19.000 ciudadanos de este país.

El Parlamento Europeo ha dado un paso político relevante al aprobar un informe que pone fin a años de bloqueo y exige a España ratificar de forma inmediata la reforma de la ley electoral europea, acordada en 2018. Los socialistas españoles, a diferencia del resto de sus colegas europeos, han votado en contra de este informe que exige aplicar un umbral electoral mínimo de entre el 2% y el 5% en las elecciones europeas.


El Parlamento no duda en vincular el bloqueo a una decisión política interna, derivada de los acuerdos de investidura de los socialistas españoles con el PNV (uno de los grandes beneficiados de las injusticias del anterior modelo) tras las generales de 2023, anteponiendo la agenda nacional a la comunitaria.

El informe recuerda que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Consejo, con el voto favorable de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, incluido Pedro Sánchez. No es una recomendación ni una propuesta en debate. Es una decisión europea cerrada, hoy bloqueada en toda la UE por la falta de ratificación en España.


El ponente del informe y eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez Larraz, ha destacado que la votación representa “un punto de inflexión institucional” y ha celebrado que la Eurocámara haya fijado una posición clara tras años de parálisis. “Europa ha dejado claro que este bloqueo no es técnico ni inevitable. Es una elección política consciente del Gobierno de Sánchez, que antepone sus equilibrios en el Congreso a un compromiso europeo adoptado al máximo nivel”, ha señalado.

La reforma de la ley electoral europea introduce, entre otros elementos, la obligación de establecer un umbral electoral de entre el 2% y el 5% en los Estados con circunscripciones únicas de gran tamaño, como España, con el objetivo de corregir distorsiones democráticas y garantizar que el acceso al Parlamento responda a un respaldo ciudadano mínimo. Se trata de un estándar ampliamente implantado en la mayoría de los Estados miembros y que ya ocurre en otros procesos electorales, también a nivel autonómico en España.


La ausencia de cualquier umbral en España ha permitido que formaciones con apoyos muy reducidos a escala nacional obtengan una representación sobredimensionada en la Eurocámara, quebrando el principio de igualdad del voto y alterando el equilibrio del sistema representativo.


EL PSOE Y VOX UNEN SUS VOTOS PARA PRIVILEGIAR A LOS NACIONALISTAS
En el plano político, la votación ha evidenciado el aislamiento del PSOE en el ámbito europeo. Mientras una amplia mayoría de los socialistas europeos ha respaldado el informe y la necesidad de aplicar la reforma, los eurodiputados socialistas españoles han optado por mantener el bloqueo para no incomodar a sus socios nacionalistas, alejándose de la posición mayoritaria de su propia familia política.

Asimismo, Vox ha votado junto al PSOE en contra del informe, contribuyendo a prolongar una anomalía electoral que beneficia directamente a partidos nacionalistas como Bildu, Esquerra Republicana o el PNV. Con este posicionamiento, Vox se ha alineado con la estrategia de bloqueo del Gobierno, apoyando la continuidad de un sistema que distorsiona la igualdad del voto en España.


MÁS TRANSPARENCIA PARA LOS VOTANTES
Otro de los avances destacados es un avance en la transparencia electoral, obligando a que las papeletas electorales contengan todos los partidos que concurren en coalición. Esta es una demanda histórica del PP en territorios como Galicia, donde el BNG no informa de manera clara que concurre a los comicios de la mano de Bildu y ERC bajo una marca común. Esta medida pone fin al ocultamiento de información al que se somete al elector.


Tras la votación, Giménez Larraz ha señalado que el resultado “lanza un mensaje político claro: Europa no puede seguir rehén de pactos internos ni de cálculos partidistas que bloquean decisiones ya adoptadas”.

El texto aprobado insta al Gobierno a que inicie el procedimiento de ratificación sin más esperas, cerrando una etapa de bloqueo que ha dañado la credibilidad institucional de España y su capacidad de influencia en futuras reformas europeas por cuestiones absolutamente nacionales.

La portavoz del Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid, Janette Novo, ha reclamado hoy al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que ponga fin a las trabas administrativas y conceda de una vez la licencia de obra que el Colegio Santa Mónica lleva esperando desde hace demasiado tiempo.

Novo ha recordado las dificultades impuestas por el consistorio para que el centro pudiera abrir sus puertas y ha señalado que “hoy volvemos a estar aquí para exigir a la alcaldesa, Aída Castillejo, que conceda cuanto antes una licencia imprescindible para acometer las obras necesarias de ampliación del colegio”.

La portavoz popular ha explicado que el Partido Popular se ha reunido con las familias afectadas, que han trasladado su preocupación por un retraso que impacta directamente en la organización familiar y en el derecho a una educación en condiciones adecuadas. “Estamos ante un ejemplo más de la mala gestión de la alcaldesa y de la incapacidad de un Gobierno municipal que, lejos de resolver los problemas de los vecinos, les genera aún más”, ha subrayado.

Desde el Partido Popular, Novo ha insistido en que esta situación es “injustificable” y ha exigido al Gobierno local que actúe con responsabilidad y agilidad, desbloqueando una licencia que permitirá al centro educativo realizar su ampliación y responder a las necesidades reales de las familias de Rivas-Vaciamadrid.

“El Partido Popular va a seguir defendiendo a los vecinos frente a la inacción y la mala gestión. No se puede seguir castigando a las familias con retrasos administrativos que tienen solución si hay voluntad política”, ha concluido.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha alertado del fuerte incremento de la delincuencia multirreincidente en la ciudad y ha reclamado medidas firmes para garantizar la seguridad y la convivencia.

García Calvo ha señalado que en 2025 un total de 67 delincuentes habituales cometieron 156 delitos en Vitoria-Gasteiz, lo que refleja una tendencia claramente preocupante. Según los datos expuestos, en solo cinco años este tipo de delincuencia ha aumentado un 91%, convirtiéndose en un problema estructural que exige una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes.

El portavoz popular ha detallado que el 37% de los delitos fueron cometidos por personas de origen nacional y el 63% por personas de origen extranjero, y que estos delincuentes están detrás de robos con violencia, robos con fuerza, hurtos y lesiones, delitos que afectan directamente a la seguridad de los vecinos y comerciantes.

“El Partido Popular está harto de ver cómo delincuentes multirreincidentes entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra”, ha denunciado García Calvo, quien ha insistido en la necesidad de endurecer las penas contra quienes hacen del delito su modo de vida.

Desde el Partido Popular de Vitoria-Gasteiz se defiende que la ley debe proteger a los ciudadanos que cumplen las normas, y no amparar la impunidad. “Quien hace del delito su forma de vida tiene que pagarlo caro, con penas de prisión efectivas o con su expulsión si no cumple los requisitos legales para permanecer en nuestro país”, ha afirmado.

El Partido Popular reitera su compromiso con la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia, y exige al Gobierno central y a las instituciones competentes que actúen con determinación para frenar la multirreincidencia y devolver la tranquilidad a las calles de Vitoria-Gasteiz.

El portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha destacado el apoyo unánime recibido por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su petición en materia de financiación autonómica mientras que “en el PSOE son tres y están divididos”. Pastor se ha expresado así tras la Junta de Síndics, en una intervención que ha comenzado trasladando el pésame y las condolencias del GPP a los afectados por la tragedia ferroviaria de Andalucía.

El síndic del GPP se refería a la introducción de la “excepcionalidad valenciana” en la ‘Declaración de Zaragoza’ suscrita este fin de semana por todos los presidentes autonómicos del PP y el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Una mención que reconoce el esfuerzo realizado por el Consell y la Comunitat Valenciana en la reconstrucción tras la dana.

Frente a esta “unidad de acción”, Pastor ha señalado la división del PSOE respecto a la reforma del modelo de financiación, “y eso que solo son tres”: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Asturias, Adrián Barbón. Con esos mimbres, “nadie cree que el Gobierno de España, que no ha sido capaz de presentar presupuestos con el apoyo de sus socios en tres años, ahora vaya a poner de acuerdo a 17 autonomías” en torno a este asunto.

La necesaria reforma de la financiación autonómica será objeto de debate en un pleno parlamentario del próximo período de sesiones “con luz y taquígrafos, con todas las voces y con todos los diputados”. Se hará tal y como merece un tema de esta trascendencia, en lugar de en una Diputación Permanente como han solicitado el PSPV y Compromís en un “nuevo intento de obtener su minuto de gloria”, según ha lamentado el portavoz popular, quien también se ha preguntado por qué Compromís no ha aceptado todavía el debate de su propuesta en esta materia si tan urgente es.

Pastor ha recordado las cuatro razones que el presidente Pérez Llorca ha explicado para rechazar la propuesta socialista: la ausencia de un fondo de nivelación, la falta de reconocimiento al esfuerzo inversor extraordinario de la Comunitat Valenciana, la autonomía fiscal y el hecho de que se haya pactado unilateralmente con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, “una persona que ni se considera española ni está en el Gobierno de Cataluña”. Esta misma posición ya fue expresada por parte del Consell en la comisión mixta previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera de la pasada semana.

El portavoz del GPP ha finalizado defendiendo que el Gobierno valenciano “da la cara” tras las comparecencias de los consellers en Les Corts a finales de diciembre para explicar sus actuaciones para lo que queda de legislatura. “El president Pérez Llorca va a sorprender de manera positiva sobre su voluntad de diálogo y consenso en todas las cuestiones importantes para los valencianos”, ha concluido.

La Comunidad de Madrid exhibe su política de bajos impuestos, que ha ahorrado más de 74.000 millones de euros a los contribuyentes en las dos últimas décadas, fomentando el ahorro y el consumo, así como que las empresas puedan contratar nuevos trabajadores e invertir en equipamientos. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha explicado hoy estos datos en la clausura del foro Visión Empresarial, estrategia y futuro, organizado por el diario Expansión y el Banco Santander.

Albert ha subrayado que la baja fiscalidad es seña de identidad del Gobierno madrileño, que “no inventa tasas turísticas que penalicen a quienes visitan y dejan riqueza en comercios y hoteles, ni impuestos verdes falsos que solo sirven para teñir de rojo los balances de las empresas y restar competitividad”.

Así, desde la primera Legislatura de la presidenta Díaz Ayuso, se han aprobado 34 rebajas de impuestos, incluyendo la deflactación del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta en dos ocasiones, para evitar que el alza de los precios se convierta en una subida de impuestos encubierta que penalice el crecimiento. A ello se une la defensa de la libertad económica y empresarial, la estabilidad institucional y la lucha contra la hiperregulación que, en conjunto, han convertido a la región en el motor económico de España, aportando casi el 20% del PIB nacional, siendo tanto solo el 14% de la población.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha intervenido también en el foro, y ha resaltado que la Comunidad de Madrid es “el mejor aliado de una actividad que aporta casi 10.000 millones de euros en ingresos fiscales”. Tras recordar que en 2025 la actividad turística generó 28.569 millones (8,7 % del PIB autonómico), Serrano ha destacado que “los ingresos fiscales procedentes del turismo equivalen a costear prácticamente el conjunto del gasto sanitario en la región”.

La presidenta extremeña, María Guardiola, decidió convocar elecciones anticipadas tras la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos y señalar directamente a Vox como el partido que bloqueó su gobierno. Lo que parecía una crisis autonómica aislada se está utilizando ya dentro del Partido Popular como un movimiento de alcance nacional: Extremadura se transforma en el ejemplo que el PP quiere exhibir para demostrar que el gran obstáculo para la gobernabilidad no es Pedro Sánchez, sino Vox.

Guardiola evitó negociar a fondo con Vox y los acusó de impedir la estabilidad regional. Pero su decisión encaja con una estrategia más amplia que el PP viene preparando de cara a las próximas elecciones generales —ya sea en 2027 o en un adelanto si Sánchez mueve ficha—: instalar en la opinión pública que Vox hace imposible que gobierne la derecha cuando gana.

El mensaje que Feijóo quiere fijar: Vox es el problema, no Sánchez

Según el PP, Feijóo puede ganar elecciones, pero no podrá gobernar si Vox mantiene su actitud actual. La dirección popular quiere consolidar una idea simple y rentable electoralmente:

  • Vox no facilita investiduras.
  • Vox no acepta acuerdos razonables.
  • Vox bloquea gobiernos donde el PP es la fuerza más votada.
  • Y votar a Vox hace más difícil sacar al sanchismo del poder.

El PP pretende trasladar el caso extremeño a escala nacional para sostener esta tesis.

Un dato clave que aumenta el nerviosismo del PP: Vox no deja de crecer

Elección tras elección, Vox aumenta su voto global.
Eso significa que, si se repitiera el escenario extremeño, Guardiola dependería aún más de Vox en el futuro que ahora.

Y no solo ella.

Los populares temen que en las generales:

  • Vox suba,
  • el PP no llegue a los 176 escaños,
  • y la gobernabilidad vuelva a depender de un pacto con Abascal.

De ahí la necesidad de construir desde ya un relato que desincentive el voto a Vox.

Qué quiere cada uno: el choque estructural

Para no caer en afirmaciones demasiado específicas, se puede resumir así:

Qué quiere Feijóo

Feijóo busca un gobierno del PP con control total de su agenda, sin aceptar condiciones que modifiquen los pilares de su programa económico, institucional o territorial. Su objetivo es gobernar con apoyos externos, pero sin compartir responsabilidades ni ceder ejes centrales.

Qué exige Vox

Vox, en cambio, no quiere apoyos simbólicos.
Aspira a acuerdos vinculantes y visibles, que garanticen peso real en la acción política: compromisos firmes en identidad nacional, inmigración, política social e instituciones. No se conforma con pactos retóricos; exige contrapartidas concretas.

Ese choque —un PP que quiere gobernar sin ataduras y un Vox que no acepta ser un actor secundario— explica el bloqueo en Extremadura y anticipa el bloqueo a nivel nacional.

El movimiento de Guardiola se convierte en la pieza central de la campaña del PP

Guardiola ha creado un precedente que favorece el discurso del PP:
si votas Vox, no hay gobierno de derechas.

El PP pretende repetir este mensaje en todas las comunidades y, especialmente, en la campaña nacional:

  • Vox crece → exige más → no pacta → bloquea → gobierna la izquierda.

La narrativa es simple y eficaz:
el voto a Vox no sirve para desalojar a Sánchez.

Conclusión: Extremadura deja de ser un caso regional y se convierte en un arma electoral nacional

El PP utilizará el adelanto extremeño como demostración práctica de que Vox no garantiza gobernabilidad.
Feijóo buscará presentarlo como ejemplo de lo que ocurrirá en toda España si no obtiene una mayoría suficiente: bloqueo, repetición electoral y continuidad del sanchismo.

Por eso, Extremadura no es ya una crisis autonómica.
Es el ensayo general de la campaña del PP para los próximos años.

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