Martínez Alpañez propone priorizar a los españoles en la Renta Básica de Inserción.
VOX ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia para modificar los criterios de acceso a la Renta Básica de Inserción y establecer lo que la formación denomina un principio de «prioridad nacional».
El portavoz parlamentario de VOX, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido que esta prestación priorice a los españoles que han trabajado y cotizado durante años, especialmente cuando atraviesan situaciones económicas difíciles.
Según la formación, el Gobierno regional destina más de siete millones de euros a esta ayuda. VOX considera que los requisitos deberían reconocer con mayor claridad la vinculación previa de los solicitantes con la Región de Murcia y su contribución al sostenimiento de los servicios públicos.
«No es justo que los españoles tengan menos derechos que los inmigrantes ilegales», ha afirmado Martínez Alpañez.
VOX reclama una mayor vinculación con la Región de Murcia
El portavoz ha criticado que, a su juicio, el empadronamiento pueda facilitar el acceso a determinadas ayudas sin acreditar una vinculación suficientemente prolongada con la Región.
Martínez Alpañez también ha acusado a ayuntamientos gobernados por PP y PSOE de conceder certificados de empadronamiento en edificios públicos, una práctica que, según sostiene, permitiría acceder a prestaciones sin una residencia real suficientemente acreditada.
VOX defiende que la antigüedad de residencia, los años trabajados y las cotizaciones realizadas sean elementos relevantes para determinar el orden de acceso a las ayudas sociales.
La formación considera que estos criterios permitirían atender preferentemente a personas que han contribuido durante años al sistema y que posteriormente han atravesado una situación de necesidad.
La normativa exige residencia legal y efectiva
Aunque VOX sostiene que basta con presentar un certificado de empadronamiento, la normativa vigente publicada por la Comunidad Autónoma establece requisitos adicionales.
La Ley de Renta Básica de Inserción exige residir legalmente en España durante un periodo mínimo de cinco años, estar empadronado en un municipio murciano y acreditar residencia efectiva durante, al menos, el año inmediatamente anterior a la solicitud. También se exige carecer de recursos económicos suficientes, haber solicitado previamente otras prestaciones disponibles y participar en un proyecto individual de inserción.
El reglamento autonómico reitera que los solicitantes deben acreditar una residencia legal, efectiva y continuada en la Región de Murcia. Por tanto, el empadronamiento, por sí solo, no constituye el único requisito general de acceso publicado por la Administración regional.
Los servicios sociales municipales son los encargados de instruir cada expediente, examinar la documentación y comprobar que el solicitante cumple las condiciones exigidas.
Prioridad para quienes han sostenido el sistema
Martínez Alpañez ha lamentado que personas que llevan toda su vida trabajando y cotizando encuentren dificultades para acceder a prestaciones cuando pierden sus ingresos o atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
VOX sostiene que las políticas sociales deben proteger especialmente a quienes han contribuido previamente al Estado del bienestar y reclama que esta trayectoria sea tenida en cuenta al conceder las ayudas.
La iniciativa registrada en la Asamblea Regional persigue modificar los criterios de la Renta Básica de Inserción para reforzar la vinculación de los beneficiarios con la Región y establecer mecanismos de prioridad para los ciudadanos españoles.
«Prioridad nacional ya», ha concluido Martínez Alpañez.
José Ramírez exige aclarar el impacto de la reducción de ratios.
El diputado nacional de VOX por Córdoba, José Ramírez del Río, ha registrado en el Congreso de los Diputados, junto a Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, una batería de preguntas dirigida al Gobierno para conocer el impacto de la anunciada reducción de las ratios máximas en el primer ciclo de Educación Infantil.
Según la información difundida sobre la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, las ratios máximas se reducirían hasta cuatro alumnos en las aulas de cero a un año, seis alumnos en el tramo de uno a dos años y ocho alumnos entre los dos y los tres años.
VOX reclama al Ejecutivo que explique los criterios técnicos que sustentan esta modificación y que detalle si ha analizado previamente sus posibles consecuencias económicas, laborales y sociales.
Preocupación por la viabilidad de las escuelas infantiles
La formación recuerda que distintas entidades representativas del sector han advertido de que la aplicación de estas ratios podría comprometer la viabilidad económica de miles de escuelas infantiles privadas.
Según las advertencias trasladadas por el sector, una reducción del número de alumnos por aula sin medidas económicas de acompañamiento podría provocar el cierre de centros y la destrucción de numerosos puestos de trabajo.
Ante esta situación, José Ramírez del Río ha solicitado al Gobierno que aclare si dispone de informes o estudios específicos sobre el impacto real de la medida y que, en caso afirmativo, haga públicas sus conclusiones.
VOX quiere conocer cuántos centros podrían resultar afectados, qué consecuencias tendría la reforma sobre sus ingresos y costes de funcionamiento y cuál podría ser su repercusión sobre el empleo.
VOX pregunta si el sector ha sido escuchado
Los diputados también han preguntado al Ejecutivo si ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas por los responsables y profesionales de las escuelas infantiles durante la elaboración de la propuesta.
La formación considera que una modificación de estas características no puede aprobarse sin escuchar previamente a quienes gestionan los centros y conocen sus necesidades económicas, educativas y organizativas.
«Las decisiones que afectan a la Educación Infantil no pueden adoptarse de espaldas a los profesionales del sector ni sin analizar previamente sus consecuencias económicas y sociales», ha señalado José Ramírez del Río.
El diputado ha defendido que cualquier reforma debe garantizar simultáneamente la calidad de la atención educativa y la continuidad de los centros que prestan este servicio a miles de familias.
«Cualquier reforma debe garantizar tanto la calidad educativa como la viabilidad de los centros que la hacen posible», ha añadido.
Medidas para evitar cierres y pérdida de empleo
VOX también pide al Gobierno que concrete qué actuaciones tiene previstas para evitar el cierre de escuelas infantiles en caso de que la reducción de las ratios afecte negativamente a su sostenibilidad económica.
La formación reclama información sobre posibles ayudas, compensaciones o mecanismos de adaptación para los centros, así como sobre las medidas destinadas a proteger los puestos de trabajo del sector.
Ramírez del Río advierte de que la Educación Infantil de cero a tres años presta un servicio esencial para la conciliación familiar y laboral, por lo que considera necesario analizar cualquier cambio con rigor y anticipación.
La iniciativa parlamentaria busca que el Ejecutivo responda a la preocupación expresada por los profesionales y explique cómo pretende aplicar la reducción de ratios sin perjudicar a los centros.
Patricia Rueda alerta del deterioro de la red viaria en Málaga.
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha denunciado el deterioro de las carreteras españolas y ha exigido al Gobierno un plan urgente de conservación y rehabilitación que atienda especialmente las necesidades de la provincia malagueña.
Rueda ha realizado esta reclamación después de conocerse que el volumen licitado por la Dirección General de Carreteras se redujo un 97%, hasta situarse en seis millones de euros durante el periodo analizado. La representante de VOX considera que esta caída refleja el abandono de unas infraestructuras esenciales para la seguridad, la movilidad y la actividad económica.
«Hoy comparecemos para denunciar el abandono que sufren las carreteras del Estado y, de manera muy particular, las de la provincia de Málaga», ha señalado.
Más de la mitad de las carreteras presentan deficiencias
Patricia Rueda ha advertido de que el deterioro de la red viaria española no constituye un problema menor. Según los datos citados por la diputada, más de la mitad de las carreteras presentan deficiencias graves o muy graves y alrededor de 34.000 kilómetros necesitan actuaciones urgentes.
Estas cifras coinciden con el estudio sobre necesidades de inversión en conservación elaborado por la Asociación Española de la Carretera, que sitúa en el 52% la proporción de vías con daños graves o muy graves y calcula que 33.966 kilómetros requieren una intervención urgente. El déficit acumulado para recuperar la red se estima en 13.491 millones de euros.
Rueda ha alertado de que la falta de mantenimiento compromete la seguridad de los conductores, encarece los desplazamientos y perjudica directamente a familias, trabajadores y empresas.
La diputada sostiene que conservar adecuadamente las carreteras no puede considerarse un gasto secundario, ya que permite reducir riesgos, mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la competitividad de los territorios.
VOX denuncia la falta de inversión en la A-7
La representante de VOX ha centrado su denuncia en la situación de la A-7, a la que ha definido como la principal arteria de comunicación de la Costa del Sol.
Esta vía conecta los principales municipios costeros y soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico debido a los desplazamientos laborales, turísticos y empresariales.
Según los datos expuestos por Rueda, Málaga recibió 503 millones de euros para esta infraestructura entre 2011 y 2024, lo que situaría a la provincia como la tercera con menor inversión de las nueve por las que discurre la A-7.
Para VOX, esta distribución no se corresponde con el volumen de circulación que soporta la carretera ni con su importancia para la economía malagueña.
«Málaga conoce perfectamente las consecuencias de la falta de inversión del Gobierno de Pedro Sánchez», ha afirmado Rueda, quien acusa al Ejecutivo de mantener a la provincia entre las grandes olvidadas en materia de infraestructuras.
Un plan de choque basado en criterios técnicos
Patricia Rueda ha recordado que VOX ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para reclamar un plan de choque de inversión, conservación y rehabilitación de la Red de Carreteras del Estado.
La proposición plantea corregir el déficit inversor, actualizar la información sobre los tramos con mayor siniestralidad, actuar sobre los puntos negros y distribuir territorialmente los recursos con criterios objetivos. La iniciativa fue registrada por Patricia Rueda junto con los diputados Carina Mejías y Carlos Flores.
VOX exige que el reparto de las inversiones tenga en cuenta el estado real de las carreteras, la intensidad del tráfico, los índices de siniestralidad y la importancia estratégica de cada vía.
«Estamos hablando de salvar vidas», ha subrayado Rueda, que considera imprescindible abandonar decisiones políticas arbitrarias y priorizar las necesidades técnicas de la red.
Seguridad y competitividad para Málaga
La diputada ha defendido que una inversión suficiente en conservación permitiría incrementar la seguridad de quienes utilizan diariamente las carreteras y mejorar la competitividad de los trabajadores y empresas de la provincia.
Rueda sostiene que el Gobierno debe actuar de manera inmediata para rehabilitar los tramos deteriorados y garantizar que Málaga reciba los recursos correspondientes a su población, su actividad económica y la presión circulatoria que soportan sus principales vías.
«La conservación de las carreteras no es un gasto prescindible. La seguridad es esencial para todos los malagueños y para todos los que transitan por nuestras carreteras», ha defendido.
La representante de VOX ha concluido que invertir en conservación significa proteger vidas, reducir los costes de los desplazamientos y garantizar unas comunicaciones adecuadas para la Costa del Sol.
«Málaga no puede continuar siendo una de las grandes olvidadas por el Gobierno de España», ha sentenciado Patricia Rueda.
Mireia Borrás denuncia la subjetividad de las catas del aceite de oliva.
La eurodiputada de VOX Mireia Borrás ha denunciado las deficiencias del sistema utilizado para determinar la categoría comercial del aceite de oliva y ha reclamado una revisión de los controles aplicados tanto a la producción europea como a las importaciones procedentes de terceros países. Borrás figura como miembro del Parlamento Europeo en la actual legislatura.
Borrás ha destacado que el aceite de oliva es uno de los alimentos más regulados y controlados, pero ha advertido de que producir grandes cantidades con elevados estándares de calidad resulta insuficiente cuando el mecanismo encargado de clasificar el producto presenta, a su juicio, problemas de eficiencia y subjetividad.
«Producir mucho y de mucha calidad no sirve de nada si luego llegas a un sistema que decide qué es virgen extra y qué no lo es de una manera ineficiente y completamente subjetiva», ha señalado.
Diferencias entre los análisis químicos y las catas
La representante de VOX ha apoyado sus críticas en el informe especial sobre los sistemas de control del aceite de oliva publicado en enero de 2026 por el Tribunal de Cuentas Europeo.
El documento constata que el 93 % de los análisis físico-químicos realizados en la Unión Europea confirmaron el cumplimiento de los requisitos correspondientes, mientras que ese porcentaje descendió al 68 % en las evaluaciones organolépticas realizadas por los paneles de cata.
Estas evaluaciones sensoriales tienen el mismo valor legal que los análisis físico-químicos, aunque el propio Tribunal de Cuentas Europeo reconoce que conservan un componente subjetivo debido a la complejidad de la percepción sensorial. Para resolver los casos controvertidos, los operadores pueden solicitar dos valoraciones adicionales efectuadas por otros paneles.
«El 93 % de los análisis físico-químicos confirma que el aceite cumple con su categoría, pero solamente el 68 % de las catas de los paneles sensoriales da el visto bueno a esa categoría», ha subrayado Borrás.
VOX considera que esta diferencia demuestra la necesidad de avanzar hacia procedimientos más objetivos, fiables y homogéneos que aporten seguridad jurídica a agricultores, almazaras, cooperativas y empresas del sector.
El informe europeo precisa que los controles se concentran especialmente en productos considerados de mayor riesgo y que, por ello, sus resultados no representan necesariamente la calidad del conjunto del aceite comercializado en la Unión Europea.
Controles limitados al aceite procedente de terceros países
Mireia Borrás también ha denunciado el desequilibrio existente entre las obligaciones impuestas a los productores europeos y la supervisión del aceite importado desde países ajenos a la Unión Europea.
El Tribunal de Cuentas Europeo concluyó que los controles sobre pesticidas y otros contaminantes en el aceite importado eran inexistentes o muy limitados en los cuatro Estados miembros examinados: España, Italia, Grecia y Bélgica. El informe añade que España no analiza sistemáticamente las importaciones de aceite para detectar contaminantes.
La auditoría también constató que ninguno de los países visitados incorporaba expresamente el aceite extracomunitario en sus análisis de riesgos sobre pesticidas y otros contaminantes. En el caso de España, no existía un plan de control específico para las importaciones de aceite de oliva.
«Nuestros productores y nuestra industria tienen los controles más exigentes del mundo, mientras que desde fuera se abre la puerta de par en par sin que se cumplan las mismas garantías que aquí exigimos a los nuestros», ha criticado Borrás.
VOX reclama igualdad de condiciones
La eurodiputada sostiene que las instituciones comunitarias deben garantizar una competencia justa y evitar que el sector europeo tenga que soportar obligaciones que no se exigen con la misma intensidad a los productos procedentes de terceros países.
El informe recuerda que el aceite importado debe cumplir las reglas europeas de seguridad alimentaria y comercialización y someterse a controles basados en el riesgo, ya sea en los puestos fronterizos o en etapas posteriores de almacenamiento, transformación, envasado y venta.
VOX defiende que estos requisitos deben aplicarse de manera efectiva y reclama controles equivalentes para todas las mercancías que entren en el mercado comunitario.
Borrás considera necesario corregir la subjetividad del sistema de valoración, reforzar la seguridad jurídica de los productores y garantizar que el aceite importado compita bajo las mismas normas sanitarias, comerciales y de calidad que el producido en España y en el resto de Europa.
Inés Checa exige recuperar el dinero público del caso del hermano de Sánchez.
La portavoz del Grupo Parlamentario VOX Extremadura, Inés Checa, ha anunciado nuevas actuaciones para esclarecer el posible perjuicio económico causado a las arcas públicas en relación con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
«Hoy nuestra comparecencia se centra en defender el dinero de los extremeños», ha afirmado Checa al presentar las iniciativas que la formación impulsará en los ámbitos judicial, institucional y parlamentario.
VOX ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación contra la absolución de David Sánchez por el delito de tráfico de influencias recogida en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Según expone la formación, la resolución condena al propio David Sánchez, al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y a otros cargos políticos y funcionarios de la institución provincial por un delito de prevaricación administrativa.
VOX cuestiona que la Diputación no reclamara los salarios
Inés Checa ha recordado que, de acuerdo con el contenido de la sentencia, la reclamación de las cantidades abonadas en concepto de salarios solamente podía haber sido ejercida por la Diputación de Badajoz, como entidad pagadora, o por el Ministerio Fiscal.
Sin embargo, según denuncia VOX, la institución provincial no se personó en el procedimiento como entidad perjudicada ni solicitó la devolución del dinero. Esta circunstancia habría impedido que la sentencia penal se pronunciara sobre el posible reintegro de esas cantidades.
«No basta con decir que se respeta la sentencia o que se confía en la Justicia», ha advertido Checa.
La portavoz ha reclamado que la Diputación explique por qué no actuó para defender el patrimonio público y qué medidas piensa adoptar para recuperar las cantidades que legalmente deban regresar a las arcas provinciales.
«La Diputación debe explicar por qué no defendió activamente el patrimonio de todos los pacenses y qué medidas va a adoptar ahora para recuperar el dinero que legalmente corresponda», ha señalado.
VOX solicita conservar todos los expedientes
Ante la falta de actuación denunciada, VOX se ha dirigido formalmente a la Diputación de Badajoz para solicitar que conserve íntegramente todos los expedientes relacionados con los puestos analizados en la resolución judicial.
La formación también reclama que se inicien de manera inmediata los procedimientos legales necesarios para determinar qué cantidades podrían ser recuperadas.
VOX considera imprescindible preservar toda la documentación administrativa para facilitar posibles actuaciones posteriores y esclarecer el coste económico derivado de los contratos, puestos y decisiones examinados por la Justicia.
Checa pide la comparecencia del interventor provincial
En el ámbito parlamentario, VOX ha solicitado la comparecencia del interventor de la Diputación de Badajoz ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura.
La formación quiere que el responsable explique públicamente cuál fue el coste económico de los puestos, contratos y decisiones administrativas relacionados con los hechos recogidos en la sentencia.
«Los extremeños tienen derecho a conocer estas explicaciones», ha defendido VOX.
La comparecencia también deberá servir, según la formación, para determinar si existió un perjuicio económico para las arcas públicas y conocer qué mecanismos tiene la Diputación para reclamar las cantidades correspondientes.
VOX anuncia actuaciones en todos los ámbitos
Inés Checa ha asegurado que su formación continuará impulsando medidas para esclarecer el destino del dinero público y exigir las responsabilidades que procedan.
«VOX está actuando en todos los ámbitos», ha destacado la portavoz parlamentaria.
La formación resume sus objetivos en cuatro actuaciones: conocer cuánto dinero público se destinó a los puestos y decisiones administrativas investigados, determinar si se produjo un perjuicio económico, exigir las responsabilidades correspondientes y recuperar las cantidades que legalmente deban devolverse.
«Nuestro objetivo es claro: conocer cuánto dinero público se destinó a estas actuaciones, determinar si se produjo un perjuicio económico, exigir las responsabilidades que correspondan y recuperar hasta el último euro que legalmente deba volver a las arcas públicas», ha concluido Checa.
Redondo exige dimisiones por la presión migratoria en Ceuta.
VOX Ceuta ha exigido que se depuren responsabilidades políticas ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad y ha reclamado, en primer término, las dimisiones del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
Juan Vivas continúa al frente de la Presidencia de la Ciudad Autónoma, mientras que Pérez Triano tomó posesión como delegado del Gobierno en Ceuta el 25 de febrero de 2026.
La formación también solicita las dimisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quienes responsabiliza políticamente de no haber adoptado las medidas necesarias para controlar las entradas irregulares y reforzar la frontera. Ambos continúan ejerciendo sus respectivos cargos en julio de 2026.
VOX denuncia promesas incumplidas desde mayo de 2021
VOX sitúa el origen de la actual situación en la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando miles de personas accedieron irregularmente a Ceuta desde Marruecos.
Según denuncia el partido, desde entonces los gobiernos nacional y local han realizado anuncios y promesas que no se han traducido en un refuerzo suficiente de los medios fronterizos ni en cambios legislativos destinados a impedir nuevas entradas irregulares.
La formación sostiene que la ciudad ha llegado a una situación límite como consecuencia de la falta de medidas efectivas y de lo que califica como una política continuada de «efecto llamada».
«Se ha practicado una política de engaños destinada a minimizar una invasión, para llamarla episodio y para después dedicarse a fomentar el efecto llamada», ha afirmado el presidente y portavoz de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo.
El dirigente ha advertido de que la presión que soporta actualmente la ciudad constituye, a juicio de VOX, la consecuencia directa de las decisiones adoptadas durante los últimos años.
La denuncia se produce en un contexto de incremento extraordinario de las entradas irregulares y saturación de los recursos de acogida de Ceuta, situación que ha motivado reuniones urgentes entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno.
Redondo rechaza los llamamientos a la unidad institucional
VOX considera que los llamamientos de PP y PSOE a la «unidad institucional» no ofrecen una solución al problema migratorio.
Redondo sostiene que la colaboración mantenida entre ambas formaciones ha contribuido al actual colapso y que, antes de solicitar el apoyo del resto de partidos, deberían asumir sus responsabilidades políticas.
«Pedimos la dimisión de Sánchez y Marlaska, pero para empezar, qué menos que pedir la dimisión de quienes representan el sanchismo más rancio y traicionero en Ceuta: el delegado del Gobierno y el verdadero hombre fuerte del sanchismo en la ciudad, Juan Vivas», ha señalado.
El líder de VOX Ceuta considera que tanto Vivas como Pérez Triano son responsables directos de la gestión realizada ante el incremento de la presión migratoria.
VOX acusa a PP y PSOE de ignorar sus propuestas
La formación critica que PP y PSOE hayan permanecido durante años «mirando para otro lado» ante la presión ejercida por Marruecos sobre la frontera de Ceuta.
Redondo recuerda que VOX ha planteado en reiteradas ocasiones medidas como la ampliación de los espigones fronterizos, el incremento de los medios disponibles para la Guardia Civil y la Policía Nacional y la introducción de reformas legales que permitan agilizar el retorno de quienes entren irregularmente en España.
Según denuncia el partido, estas propuestas fueron rechazadas o desatendidas por el bipartidismo y ahora ambas formaciones reclaman la declaración de una emergencia nacional y apelan a la coordinación institucional.
«Durante años han desechado nuestras propuestas para ampliar los espigones, reclamar más medios para nuestros guardias civiles y policías nacionales y llevar a cabo los cambios legislativos que permitan el retorno inmediato de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad», ha reprochado Redondo.
VOX reclama medidas concretas en la frontera
VOX advierte de que no participará en lo que considera un nuevo ejercicio de «hipocresía» política por parte de PP y PSOE.
La formación sostiene que las administraciones competentes tenían capacidad para adoptar medidas preventivas y reforzar la seguridad fronteriza antes de que la ciudad alcanzara la situación actual.
Para el partido, una nueva declaración conjunta de lealtad institucional únicamente serviría para aplazar las decisiones necesarias y evitar que los responsables políticos asuman las consecuencias de su gestión.
«Son responsables porque en sus manos estaba adoptar las medidas necesarias para impedir esto», insiste VOX.
La formación reclama que las administraciones abandonen los anuncios, refuercen de forma inmediata los medios humanos y materiales en la frontera y promuevan los cambios legales que considera necesarios para frenar las entradas irregulares.
«Ahora volveremos a ver una pantomima apelando a la lealtad institucional que no servirá más que para dejar pasar el tiempo sin dar ninguna solución a este problema», concluye VOX Ceuta.
Fernando Navas exige a la alcaldesa de Úbeda soluciones para el Mercado de Abastos.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Úbeda, Fernando Navas, ha exigido a la alcaldesa, Toñi Olivares, que explique públicamente qué medidas piensa adoptar el Gobierno municipal después de que la licitación para reformar el Mercado Municipal de Abastos haya quedado desierta.
El concurso público concluyó sin que ninguna empresa presentara una oferta para ejecutar las obras. Ante esta situación, VOX reclama información sobre las causas del fracaso del procedimiento y sobre las alternativas que maneja el Ayuntamiento para desbloquear el proyecto.
Navas considera que el resultado de la licitación pone de manifiesto la falta de previsión del equipo de Gobierno y apunta a un posible desfase entre el presupuesto previsto y el coste real de las actuaciones.
«Sacan un proyecto a licitación, dicen que cuesta un dinero y la realidad es que cuesta mucho más. Las empresas ven que no hay rentabilidad y no participan en esa licitación», ha señalado el portavoz municipal.
VOX denuncia el silencio del Gobierno local
El representante de VOX también ha criticado la falta de explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo municipal desde que se conoció que el procedimiento había quedado desierto.
Según Navas, el Gobierno local anunció un periodo de «reflexión técnica» para analizar lo ocurrido, pero todavía no ha presentado una solución concreta ni una alternativa viable para continuar con la reforma.
VOX considera que el Mercado Municipal de Abastos es una infraestructura fundamental para el comercio de proximidad y para la actividad económica del centro de Úbeda. Por ello, reclama que el Ayuntamiento informe con transparencia sobre el estado del proyecto, su presupuesto y los nuevos plazos previstos.
Críticas a la gestión y al presupuesto del proyecto
Fernando Navas atribuye el bloqueo de la reforma a una «nula capacidad de gestión» y a la «falta de previsión» del Gobierno municipal.
El portavoz sostiene que el presupuesto planteado para las obras no habría resultado suficientemente atractivo para las empresas, una circunstancia que explicaría la ausencia de ofertas en el concurso público.
Ante esta situación, VOX pide que el Ayuntamiento revise las condiciones económicas y técnicas del proyecto y determine si es necesario modificar el presupuesto antes de convocar una nueva licitación.
La formación reclama además que se aclare si la reforma sufrirá nuevos retrasos y cómo afectará esta situación a los comerciantes y usuarios del mercado.
VOX pide una hoja de ruta clara para el Mercado de Abastos
Navas ha instado al equipo de Gobierno a abandonar la ambigüedad y explicar cuál es su compromiso real con el futuro del tradicional espacio comercial.
«Que diga si apuesta decididamente por el Mercado Municipal de Abastos o si no lo hace», ha reclamado el portavoz de VOX.
La formación considera imprescindible que la alcaldesa detalle las medidas previstas para garantizar la viabilidad de la actuación y evitar que el proyecto permanezca paralizado indefinidamente.
VOX concluye que Úbeda necesita una respuesta clara, un presupuesto ajustado a la realidad y una planificación que permita recuperar y modernizar el Mercado Municipal de Abastos.
José Luis Serrano critica los presupuestos de «pan y circo» del PSOE en Chinchill.
El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, José Luis Serrano, ha valorado negativamente la aprobación de los presupuestos municipales presentados por el Gobierno local del PSOE, que han salido adelante tras el acuerdo alcanzado con las dos concejalas de Ciudadanos.
Serrano ha criticado que este respaldo se haya producido a cambio de actuaciones concretas, entre las que se encuentra la instalación de un semáforo en la avenida de Levante. A juicio del edil, el acuerdo no resuelve las principales carencias del municipio y consolida unas cuentas continuistas que no contemplan inversiones suficientes para mejorar los servicios públicos.
«Las cosas siguen igual en nuestra ciudad y sus ocho pedanías, pues siguen igual sus calles, sus jardines y el resto de los servicios», ha señalado el representante de VOX.
Según Serrano, el presupuesto mantiene las líneas de las cuentas anteriores y no incluye actuaciones que permitan prever una mejora significativa de Chinchilla y sus pedanías. Esta falta de inversión motivó el voto contrario de VOX y del resto de la oposición.
VOX alerta de problemas de accesibilidad en el nuevo semáforo
El concejal ha centrado buena parte de sus críticas en el semáforo instalado en la antigua carretera de Valencia, en un paso de peatones utilizado habitualmente por estudiantes para desplazarse hasta el instituto.
VOX sostiene que la configuración definitiva de la infraestructura presenta problemas de accesibilidad que podrían poner en riesgo a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas y vecinos que necesitan andadores.
Serrano ha explicado que el paso existente ha sido elevado y que el mástil del semáforo se encuentra rodeado por una especie de isleta con rampas únicamente en dos puntos.
«Por su propia configuración se ha convertido en una trampa peligrosa para las personas de movilidad reducida», ha advertido el edil, quien considera que un descuido podría provocar una caída o un accidente debido a los desniveles existentes.
Tiempos de espera excesivos y poco margen para cruzar
VOX Chinchilla asegura haber presentado peticiones para que se subsanen las deficiencias técnicas detectadas en el dispositivo.
Entre los problemas señalados se encuentra el tiempo que tarda el semáforo en detener el tráfico después de que los peatones pulsen el botón. Según Serrano, esta demora provoca que algunas personas terminen cruzando antes de que los vehículos tengan la obligación de detenerse.
La formación también considera insuficiente la duración de la fase verde para los peatones, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida, que podrían verse obligadas a atravesar la calzada con demasiada rapidez.
VOX advierte de que estas circunstancias incrementan el riesgo en una vía que ya cuenta con cuatro pasos elevados y una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora.
El semáforo ya necesitó una modificación urgente
El concejal también ha recordado que la infraestructura tuvo que ser modificada poco después de su instalación porque los vehículos estacionados ocultaban las señales luminosas situadas en uno de los márgenes de la calzada.
Para VOX, esta actuación refleja una falta de planificación previa y pone de manifiesto la necesidad de revisar tanto el diseño como el funcionamiento del semáforo.
La formación reclama que se corrijan los problemas de accesibilidad, se reduzca el tiempo de espera para los peatones y se amplíe la duración de la fase verde para garantizar que todas las personas puedan cruzar con seguridad.
Críticas a las partidas destinadas a festejos
Serrano ha relacionado las deficiencias del semáforo con lo que considera una mala gestión general de los servicios públicos municipales.
El concejal ha criticado que las partidas destinadas a festejos populares y patronales se mantengan sin cambios mientras continúan pendientes actuaciones básicas en calles, aceras, zonas verdes y alumbrado público.
VOX denuncia la existencia de calzadas con el asfalto deteriorado, aceras que dificultan el tránsito peatonal, espacios sin iluminación suficiente y problemas de limpieza y mantenimiento.
«Las fiestas duran unos pocos días de los 365 que tiene un año», ha afirmado Serrano, quien sostiene que el Ayuntamiento debe priorizar las necesidades cotidianas y la seguridad de los vecinos.
La formación considera que los presupuestos aprobados responden a una política de «pan y circo» y reclama que los recursos municipales se destinen preferentemente a mejorar los servicios esenciales, la accesibilidad y el estado de los espacios públicos de Chinchilla y sus ocho pedanías.