Cristina Peláez: «La ZBE no limpia el aire, ensucia la vida del trabajador».
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla reclamará en la comisión de fiscalización y control del próximo viernes 15 de noviembre la derogación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), su inmediata suspensión y la anulación de las más de 20 mil sanciones impuestas desde su entrada en vigor en julio de 2024.
En su exposición de motivos, VOX explica que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son el resultado directo de un marco ideológico impuesto desde Bruselas por el bipartidismo y que en España se aplica contra los intereses de los españoles. La Unión Europea, bajo el pretexto de la lucha contra la contaminación, ha convertido sus políticas climáticas en un instrumento de control que impone uniformidad normativa e invade competencias nacionales y locales, imponiendo desde hace años un modelo único y rígido. La Directiva 2008/50/CE, presentada como una simple medida técnica para garantizar la calidad del aire, fue en realidad el primer paso de una agenda climática cada vez más coercitiva, cuyo desarrollo ha derivado en restricciones masivas a la movilidad en toda Europa.
VOX argumenta que, en algunos países como Francia, han empezado a dar marcha atrás, cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento. En España, el gobierno de Pedro Sánchez trasladó fielmente esas exigencias europeas al ordenamiento jurídico, sin matices. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, aprobada por el Gobierno socialista con la abstención del PP, transformó esa orientación europea en una obligación legal y sancionable para todos los municipios de más de 50.000 habitantes —y para aquellos de más de 20.000 que superen ciertos valores de contaminación—. El Real Decreto 1052/2022 culminó este entramado normativo, obligando a los ayuntamientos a implantar Zonas de Bajas Emisiones siguiendo las directrices impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sin ningún margen para adaptar las medidas a la realidad de sus vecinos.
El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, prosigue que, en lugar de permitir que cada municipio diseñase soluciones adaptadas a su realidad urbana, social y económica, el gobierno impuso un modelo basado en la exclusión de vehículos, afectando sobre todo a las familias con menos recursos. De este modo el coste político, económico y social de una agenda europea mal concebida y peor aplicada ha recaído sobre los vecinos, que sufren las consecuencias de unas normas ideológicas, uniformes y de dudosa eficacia ambiental. El consenso climático de todas las fuerzas políticas salvo VOX, es el origen directo de las Zonas de Bajas Emisiones y de las restricciones que hoy padecen las familias, los trabajadores y los pequeños autónomos.
Para VOX, las ZBE encarecen la vida cotidiana de las familias, dificultan el acceso al trabajo, al colegio o a los servicios sanitarios y castigan de forma desproporcionada a los autónomos y pequeños transportistas que dependen del vehículo privado. La renovación forzosa del parque móvil se ha convertido en un impuesto encubierto, que recae precisamente, sobre quienes menos recursos tienen. Las ZBE se han convertido en un instrumento derivado del fanatismo climático que, lejos de mejorar la calidad del aire, han roto la movilidad urbana y multiplicado la desigualdad entre municipios.
Los efectos más gravosos de las Zonas de Bajas Emisiones son los sancionadores, que han transformado una medida supuestamente ambiental en una máquina de recaudar. Miles de vecinos reciben multas automáticas por circular con vehículos que hasta hace poco podían hacerlo sin problema. Se castiga así a familias trabajadoras, jubilados y pequeños autónomos que no pueden renovar su coche o furgoneta, mientras se beneficia a quien puede permitirse un vehículo nuevo con etiqueta “verde”. Esta política ha fracturado el tejido social urbano, generando una brecha entre quienes pueden pagar por moverse y quienes quedan confinados en sus barrios. Las ZBE no han mejorado el aire, pero sí han agravado la desigualdad y la sensación de abandono de los sectores más humildes, que son multados por necesidad mientras se toleran fuentes mucho más contaminantes.
En la propuesta a debatir en el Ayuntamiento de Sevilla, VOX esgrime que las Zonas de Bajas Emisiones simbolizan hoy el fracaso de una política ambiental desconectada de la realidad. No reducen la contaminación, pero sí limitan la libertad de movimiento y aumentan los costes para quienes menos tienen. Corresponde ahora a los ayuntamientos defender a sus vecinos frente a estas imposiciones que perjudican su vida y su entorno, y reclamar al Estado y a la Unión Europea un modelo conservacionista basado en la libertad, la proporcionalidad y el interés real de las familias y los trabajadores.
Del Muro de Berlín al muro digital: Europa derribó uno de hormigón y levanta otro de código.
Redacción.
El 9 de noviembre de 1989 el mundo vio caer el Muro de Berlín. Fue el triunfo del pueblo sobre el totalitarismo, de la libertad sobre la vigilancia, de la dignidad sobre el miedo.
Treinta y seis años después, Europa celebra aquel símbolo de liberación mientras levanta nuevos muros, menos visibles, pero igual de poderosos: los del control digital, la vigilancia económica y la imposición ideológica.
Porque los muros ya no se construyen con cemento, sino con algoritmos, regulaciones y dogmas.
El euro digital: el muro del control financiero
La Unión Europea avanza hacia el euro digital, presentado como una modernización del sistema financiero, pero que en la práctica podría entregar al Estado un poder de supervisión sin precedentes sobre la vida económica de los ciudadanos.
Cada transacción quedaría registrada. Cada pago, trazado. Cada compra, potencialmente evaluada por criterios “verdes” o “éticos”.
La promesa de comodidad esconde un riesgo: pasar de tener dinero en el bolsillo a tenerlo bajo vigilancia permanente.
El muro ya no separa a Este y Oeste. Separa a los ciudadanos libres de los ciudadanos controlados.
El Pacto Verde y las ZBE: la nueva frontera del ciudadano común
En nombre de la sostenibilidad, Bruselas y muchos gobiernos nacionales han impuesto zonas de bajas emisiones (ZBE) que expulsan a trabajadores, autónomos y familias del centro de las ciudades.
Los mismos que no pueden pagar un coche eléctrico son ahora culpables climáticos.
El Pacto Verde Europeo, convertido en dogma, se aplica sin debate, sin consenso y sin compasión. Europa no construye libertad, construye culpa.
Y bajo esa culpa, una nueva élite decide quién contamina, quién se mueve y quién se queda fuera.
La era del muro digital
El muro de 1961 se levantó para impedir que la gente escapara del control del Estado.
El muro de 2025 se levanta para impedir que la gente escape del sistema digital del Estado.
Hoy el control no se impone con alambradas, sino con pantallas, apps y pasarelas de pago.
No se encarcela al disidente, se le silencia en el algoritmo.
Europa, que fue el continente de la libertad, se ha convertido en el laboratorio del control amable.
La nueva frontera europea
Mientras se celebran las luces del aniversario del muro de Berlín, Bruselas construye otro muro, esta vez invisible, hecho de datos, burocracia y control ambiental.
En nombre del progreso se limita la libertad individual.
En nombre del planeta se castiga al trabajador.
En nombre de la democracia se vigila al ciudadano.
Europa olvida que el muro no cayó por decreto: cayó porque millones de personas se atrevieron a decir “basta”.
Y hoy, si no se alza la voz, el nuevo muro no caerá a martillazos, sino que se quedará instalado en cada pantalla.
El muro de Berlín cayó porque la gente quería vivir libre.
El muro digital crece porque la gente tiene miedo a dejar de estar conectada.
Y sin embargo, la libertad no consiste en tener una app para todo, sino en poder decir “no” cuando el poder se vuelve invasivo.
El futuro de Europa no se juega entre Este y Oeste, sino entre libertad y control.
“Los muros de ayer cayeron con martillos; los de hoy solo caerán con conciencia.”
José Antonio Gilabert: «Las ZBE son el nuevo muro invisible que divide nuestras ciudades».
VOX ha celebrado este sábado las Segundas Jornadas Municipalistas organizadas por VOX Barcelona en la ciudad de Mataró, bajo el lema “Los vecinos primero”, un encuentro destinado a reforzar la acción municipal del partido y a reivindicar el papel de los ayuntamientos en la defensa de la familia, la identidad y la prosperidad.
El concejal de VOX en Sitges, José Antonio Gilabert, ha afirmado que “la opción más segura para acabar con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es votar a VOX: “Cuando gobernemos, revertiremos todas las ZBE”. Ha calificado como “descabellado” que los ciudadanos sean discriminados por su coche o su moto, advirtiendo que estas políticas vulneran principios y derechos fundamentales, refuerzan la brecha entre el centro urbano y las periferias y actúan como frontera entre clases sociales. Además, ha subrayado que generan una transición ecológica desigual, son políticamente cuestionables y económicamente inviables para las clases medias: “El bipartidismo es el destructor de la clase media en España”, ha concluido, recordando que, en los municipios donde VOX gobierna, ya se han tomado medidas para revertir las ZBE.
Durante su intervención, el concejal de VOX en Castellón, Alberto Vidal, ha exigido la derogación de todas las restricciones ideológicas que penalizan a los vecinos y ha exigido apostar por soluciones que permitan moverse y trabajar sin imposiciones absurdas, recordando que “desde VOX defendemos una movilidad sostenible, pero que no castigue a quienes dependen de su vehículo para su vida diaria”.
Vidal ha denunciado que las administraciones están aplicando políticas de movilidad sin tener en cuenta la realidad de los vecinos y priorizando criterios ideológicos. Frente a ellas, ha propuesto aplicar incentivos a vehículos, mejorar el transporte público y crear vías de acceso seguras para los vecinos, así como implementar campañas de concienciación, en lugar de la imposición de restricciones y sanciones.
Las Jornadas Municipalistas de VOX Barcelona han reunido a concejales, cargos orgánicos y simpatizantes del partido, que han compartido experiencias y propuestas sobre vivienda, seguridad, conciliación, natalidad y apoyo a las familias, siempre bajo el lema “Los vecinos primero”.
Tasende: «Las familias no pueden pagar más por moverse y por sacar la basura».
VOX Melilla ha presentado en la Asamblea una moción para que la Ciudad se posicione contra la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la nueva tasa municipal de residuos —popularmente conocida como “tasazo de basuras”— y, además, inste al Gobierno de España a retirar las obligaciones derivadas de la Ley 7/2021 (cambio climático) y de la Ley 7/2022 (residuos). La iniciativa, defendida por José Miguel Tasende, diputado de VOX en la Asamblea y portavoz del Grupo Mixto, reclama también que la Ciudad revierta la ZBE aprobada y aún no implementada en Melilla, por su impacto negativo en la movilidad diaria, el comercio de barrio y el bolsillo de las familias.
Según la moción, las ZBE —impuestas a municipios de más de 50.000 habitantes— obligan de facto a sustituir vehículos que muchas familias necesitan para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o atender a mayores, sin aportar soluciones reales ni proporcionadas a la situación de Melilla. En paralelo, la tasa de residuos introduce una carga fija adicional que —lejos de mejorar el servicio— amenaza con sucesivas subidas y agrava la desigualdad entre municipios, con una implantación confusa y poco transparente.
Tasende sostiene que estas políticas “verdes” han fracasado allí donde se han aplicado sin medir su efecto social y económico, y recuerda que VOX ha sido la única fuerza que ha combatido estas imposiciones en las instituciones y en los tribunales. “Melilla no puede ser laboratorio de agendas ajenas a la realidad de nuestra ciudad; necesitamos medidas eficaces y justas, no prohibiciones y tasas que empobrecen a los de siempre”, señala.
“El Gobierno local debe hacer su parte y, además, exigir al Gobierno de la Nación que retire las obligaciones que están detrás de la ZBE y del ‘tasazo de basuras’”, afirma Tasende. “No aceptaremos que se limite la libertad de movimiento de los melillenses ni que se cargue sobre las familias un coste creciente por un servicio que no mejora”.
La moción de VOX Melilla plantea cuatro acuerdos concretos:
- Que la Asamblea muestre su disconformidad con las políticas del bipartidismo en Bruselas y su agenda climática ideologizada.
- Instar al Gobierno de la Ciudad a solicitar al Gobierno de la Nación la revocación de la implantación obligatoria de las ZBE.
- Solicitar la anulación de la normativa estatal que impulsa la tasa de residuos.
- Declarar favorable la reversión de la ZBE aprobada en Melilla y todavía no implementada.
“No permitiré que se impongan en Melilla restricciones y tasas que castigan a nuestras familias y a nuestros autónomos. Exigiré en todas las instancias la retirada de la ZBE y del ‘tasazo de basuras’ y defenderé una alternativa sensata, eficaz y justa para nuestra ciudad.” — Tasende
Patricia Rueda: «Ni coche eléctrico ni impuestos verdes: queremos libertad».
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha denunciado con firmeza la imposición de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y otras medidas impulsadas por PSOE y PP que, bajo el pretexto de las políticas climáticas, suponen un perjuicio directo para los ciudadanos más vulnerables.
“Las ZBE son una excusa para restringir libertades y expoliar a las clases trabajadoras, las más castigadas por décadas de una casta bipartidista corrupta que trabaja contra los intereses de los españoles”, ha afirmado Rueda.
La diputada ha planteado ejemplos reales que afectan a los malagueños: “¿Multas para enfermos que vengan desde la Axarquía para su quimioterapia? ¿Para el autónomo que no llega a fin de mes y no puede cambiar su furgoneta? ¿Para la jubilada que no tiene pensión suficiente para el último modelo de coche eléctrico?”.
Rueda ha denunciado que estas medidas no tienen en cuenta la realidad de las familias y trabajadores que no pueden asumir los costes que imponen las normativas ideológicas, calificándolas como “una imposición más de aquellos que legislan contra los españoles y alejados de la realidad”.
En respuesta, VOX ha registrado una proposición de ley en el Congreso para eliminar tanto las Zonas de Bajas Emisiones como la tasa de basuras en Málaga, con el objetivo de frenar lo que consideran un “infierno fiscal” para los ciudadanos.
“Solo VOX dice no a las ZBE”, ha concluido Rueda, reafirmando el compromiso de su grupo parlamentario con la libertad, la justicia fiscal y la defensa de los españoles frente al fanatismo climático promovido por el bipartidismo.
Joan Garriga: «Solo VOX defiende el derecho a trabajar y circular libremente».
El portavoz del grupo parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha asegurado durante la rueda de prensa que su formación es “el único partido que se opone a las Zonas de Bajas Emisiones”. En este sentido, ha afirmado que “VOX va a dar la batalla hasta que gobernemos para impedir la implantación de las ZBE”.
Según Garriga, esta medida “castiga a las clases medias, a las clases trabajadoras, a la gente más humilde, a la gente que no se puede cambiar el coche ni la moto y que necesita el coche para ir a trabajar”. Así pues, ha lamentado que el argumento de los defensores de las ZBE sea la contaminación, cuando “no está demostrado que un coche contamine más por tener más años”. “Quieren salvar el planeta sacrificando la vida diaria de la gente más humilde”.
Por eso ha anunciado que VOX ha presentado “una gran ofensiva para frenar por tierra, mar y aire estas zonas de bajas emisiones, como ya lo hemos hecho presentando alegaciones en todos los municipios donde quieren imponer o ampliar estas zonas de bajas emisiones, como por ejemplo Hospitalet, Cornellà, Terrassa, Gavà. Además, ha anunciado que se reservan la posibilidad de acudir a la vía judicial contra aquellos ayuntamientos que insisten en aplicarlas”.
En conclusión, “VOX está con la gente humilde, VOX está con los trabajadores y con las familias que tienen un coche que no se pueden cambiar”.
Red MENAs en Tarragona
También durante la rueda de prensa, el portavoz de VOX ha lamentado el escándalo que se destapó la semana pasada sobre una red de MENAs en Tarragona, un ejemplo “que demuestra lo mal que funciona el sistema de MENAs, que no se comprueba nada: si son MENAs, de dónde vienen, si son menores, si no lo son”.
Este fraude supone de momento una cantidad de 1,5 millones de euros, un dinero que “debería ir, por ejemplo, a familias catalanas con necesidad, a los mayores, a servicios para jóvenes, para la vivienda”, ha asegurado Joan Garriga.
Así pues, ha criticado que “es un despilfarro auténtico y hay unas causas y unas políticas que son las culpables: La política de puertas abiertas, de efecto llamada, que ha convertido Cataluña en un foco de atención para la inmigración ilegal y los fraudes y las redes criminales. Y esto lo dice VOX porque lo dicen los datos, se demuestra y todo el mundo lo sabe”.
Supermercados 24 horas
Por último, el portavoz de la formación ha denunciado la “proliferación” de supermercados de 24 horas y se ha preguntado por qué los negocios de toda la vida tienen que cerrar, pero sí pueden abrir estos tipos de establecimientos.
Para afrontar esta situación desde VOX proponen “hacer muchísimas más inspecciones, reforzar las inspecciones ahora y, por supuesto, soluciones a corto y largo plazo, que es limitación de apertura de estos negocios”.
En este sentido, ha asegurado que “hay que cerrarlos. Los ayuntamientos han de ser responsables. No se puede dar licencias a todo el mundo”.
«Esto no va de ecología, va de control y expolio»: VOX denuncia la trampa climática.
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado ha dejado hoy en minoría a VOX. En concreto, han votado que no al veto de la formación al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Una norma que incluye, entre otras cosas «una doble imposición injusta para los españoles», al gravar de forma adicional el uso de infraestructuras que ya se financian con impuestos generales, y que sufrirán las familias, pymes y autónomos.
El veto de VOX pone también el foco en el texto que refuerza la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una línea roja para VOX, porque «restringen la circulación en miles de municipios y castigan a quienes no pueden adquirir un vehículo nuevo o eléctrico», generando una «discriminación social» bajo el pretexto medioambiental.
Aunque el Grupo Popular, mayoritario en el Senado, se ha opuesto en Comisión al veto, todavía puede redimirse en el Pleno del Senado, ya que VOX solicitará que se pueda defender y votar esta semana. Es decir, que la PL de Movilidad Sostenible puede decaer si el PP apoya la impugnación de VOX a la norma.
Para la formación que preside Santiago Abascal, «estas políticas son discriminatorias, ineficaces y puramente ideológicas». Y es que «no mejoran el medio ambiente, pero sí aumentan la presión fiscal y la dependencia del ciudadano frente al Estado». Por ello, el veto presentado ofrece al PP «la oportunidad de frenar este disparate».
Fuentes de la formación aseguran que «si no lo apoya -el veto-, ya no tendría la excusa de que las ZBE o muchos condicionantes vienen impuestos». «Se puede combatir y el primer paso es apoyar el veto», afirman desde VOX. «Cuando el PL vuelva vetado al Congreso existe la posibilidad real de impedir la entrada en vigor de esta norma. Se debe elegir entre los intereses de España o los de fuera y dar una victoria o no a Pedro Sánchez», concluyen.
Fúster: «No hay nada ecológico en empobrecer a las familias».
El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, ha anunciado una ofensiva institucional “en todos los parlamentos y ayuntamientos de España” para derogar las Zonas de Bajas Emisiones y el “tasazo” de basuras derivados de las leyes climáticas aprobadas por PP y PSOE. Además, VOX presentará mociones para eliminar las multas y sanciones impuestas a los vecinos y exigir la devolución de las ya cobradas. “No seremos cómplices ni del robo ni de la estafa del bipartidismo”, ha subrayado Fúster.
En este sentido, el portavoz nacional ha señalado que VOX ha tumbado la Zona de Bajas Emisiones en Valencia hace apenas una hora. “Mientras el Partido Popular votaba a favor y ofrecía a la izquierda ampliar el perímetro de la zona a cambio de su abstención”, ha denunciado, haciendo hincapié en que “el PP y el PSOE promueven políticas de fanatismo climático que dañan la libertad, la prosperidad y la vida de familias y trabajadores españoles”.
Además, Fúster ha dejado claro que “VOX no estafa a su gente” y ha animado a los gobiernos locales a “poner a trabajar a sus equipos jurídicos para litigar contra las directrices abusivas de Bruselas”, reiterando que “nadie ha preguntado a los españoles si quieren pagar un tasazo o ser multados por usar su coche”.