Actualidad Política

26 de julio de 2026

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La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Bormujos, Isabel Madera, celebrará el próximo martes 2 de junio de 2026 una jornada informativa abierta a todos los vecinos bajo el título “TODO SOBRE VPO”, con el objetivo de explicar las nuevas promociones de vivienda protegida impulsadas en el municipio y resolver dudas relacionadas con el acceso a las mismas.

El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en el Edificio Multifuncional de Bormujos, ubicado en la confluencia de las calles Corral del Pequeño y Juan Gordillo Romero.

Durante la jornada se ofrecerá información detallada sobre las cinco promociones de vivienda protegida actualmente en marcha en el municipio, así como sobre los distintos regímenes de protección, precios, requisitos de acceso y funcionamiento de la Oficina de Vivienda.

Actualmente, Bormujos cuenta con un total de 167 viviendas protegidas entre promociones ya comercializadas y otras en distintas fases de desarrollo.

Entre ellas destacan las 72 viviendas de la promoción Aires del Aljarafe, en régimen especial, que ya se encuentran vendidas al 100%, así como el Edificio Las Portadas, en régimen limitado, que supera ya el 65% de reservas.

Asimismo, durante el acto se informará sobre nuevos proyectos como Bormujos Village, promoción en régimen especial que contará con 36 viviendas, además de otras iniciativas como las 12 viviendas de Edif. Fortex y las 16 previstas frente al centro comercial Megaocio.

La delegada de Urbanismo, Isabel Madera, ha señalado que esta iniciativa busca “facilitar información clara y transparente a los vecinos sobre las oportunidades de acceso a vivienda protegida”, especialmente para jóvenes y familias con dificultades para acceder al mercado libre.

Durante el encuentro también se abordarán cuestiones relacionadas con el precio de las VPO y la normativa autonómica vigente, aclarando las competencias de las distintas administraciones en materia de vivienda protegida.

Desde la Delegación de Urbanismo han animado a todos los vecinos interesados en acceder a una vivienda protegida, resolver dudas o conocer las futuras promociones a participar en esta jornada informativa gratuita y abierta al público.

Por Keka Alcaide:

Durante años, la política exigía algo tan elemental como ideas, gestión y rendición de cuentas. Hoy, en cambio, parece bastar con dominar el algoritmo, sonreír a cámara y construir un personaje amable para consumo digital. Y pocas estrategias representan mejor esa deriva que la de Juan Manuel Moreno Bonilla, ahora “Juanma” para los amigos y posibles votantes.

Después de casi ocho años gobernando Andalucía, resulta llamativo que el eje central de su comunicación ya no sea explicar qué ha hecho, qué ha conseguido —y qué no— o qué piensa hacer en la próxima legislatura. Ante lo pasmoso de la situación, los andaluces han visto cómo su actual presidente ha optado por cambiar las prioridades y, en lugar de escuchar planes sobre cómo mejorar la sanidad, la vivienda, las ayudas sociales, la inmigración ilegal, el paro o la educación, han tenido que conformarse con un intento de cruzar la pasarela al más puro estilo “Operación Triunfo”, con banda sonora incluida.

El señor Moreno Bonilla no habla de listas de espera, de la situación de la atención primaria, del deterioro de la educación pública, de la precariedad juvenil o del acceso imposible a la vivienda, siendo precisamente la Junta de Andalucía la que ha fijado los precios de los módulos de VPO, una de las causas que han provocado el aumento desorbitado de los precios.

Frente a una campaña de demostración de “logros”, de explicación de dónde estamos y de cómo afrontar los problemas de inseguridad que se han instalado en nuestras calles como consecuencia de unas políticas de puertas abiertas, los andaluces se han encontrado con una campaña de “mute” y subtítulos. Mucho titular y poco que contar, compensado con una estrategia emocional en la que las playlists musicales, las referencias a Star Wars, las escenas familiares cuidadosamente editadas y la permanente construcción de una imagen de hombre tranquilo, cercano y simpático tenían el claro objetivo de maquillar una realidad mucho menos agradable.

Cuando la política se convierte en escaparate emocional, suele deberse a una gestión mediocre que previsiblemente no conseguiría los mismos resultados si se analizara desde los hechos. Cuando las redes sociales dejan de ser una herramienta para explicar políticas y pasan a sustituirlas, el relato personal ocupa el espacio que debería corresponder al debate público. Y así, el marketing se convierte en una cortina de humo diseñada para evitar el desgaste natural de ocho años de poder.

Porque gobernar durante casi una década implica asumir responsabilidades. Y Andalucía sigue teniendo problemas estructurales enormes. Una sanidad pública tensionada, jóvenes expulsados del mercado de la vivienda, dependencia económica del turismo y los servicios, desigualdad territorial, precariedad laboral, deterioro progresivo de servicios públicos esenciales y una creciente inseguridad como consecuencia de determinadas políticas migratorias.

Y, para colmo, en el último debate entre candidatos celebrado en Canal Sur, José Ignacio García decidió leer una antigua promesa electoral sanitaria realizada por Moreno Bonilla hace dos legislaturas. Lo llamativo no fue únicamente el contenido, sino comprobar que, ocho años después, el compromiso seguía siendo prácticamente idéntico. Las mismas promesas sobre refuerzo de la atención primaria, mejora de las listas de espera y fortalecimiento de la sanidad pública continuaban reapareciendo como si el tiempo político no hubiese transcurrido.

La escena dejó una imagen incómoda para el Gobierno andaluz, poniendo de manifiesto que, tras dos mandatos completos, el discurso seguía anclado en las mismas promesas iniciales. Una evidencia de que muchos de los problemas estructurales permanecen sin resolver mientras la comunicación institucional se concentra cada vez más en construir un liderazgo emocionalmente atractivo y en desplazar constantemente el foco.

“Menos política y más personaje. Menos proyecto y más percepción. Menos gestión y más emociones”.

Mostrar cercanía permanente para desactivar la crítica, convertir al presidente en alguien agradable antes que en alguien políticamente evaluable y construir una imagen tan cuidadosamente moderada que cualquier cuestionamiento parezca exagerado o injusto responde plenamente a la lógica contemporánea del poder. Ya no hace falta convencer desde los resultados si se consigue conectar desde la simpatía.

Y ahí radica el verdadero riesgo democrático. Cuando la política se banaliza hasta convertirse en contenido aspiracional o entretenimiento ligero, el ciudadano deja de actuar como elector para convertirse en audiencia. Surge así un nuevo sujeto político que ya no analiza decisiones públicas ni compara proyectos. Simplemente consume sensaciones y sigue personajes a golpe de “likes”.

“¡Juanma cruza la pasarela!”, inmerso en este envoltorio musical que lo ha acompañado durante la campaña y habiendo entendido perfectamente el tiempo político que vivimos, se protege tras una estética de normalidad cuidadosamente calculada cuyo objetivo no es otro que anestesiar el conflicto.

Después de ocho años en San Telmo, ya no basta con parecer cercano. Lo exigible es explicar hacia dónde va Andalucía y por qué tantos problemas siguen intactos. Andalucía no necesita un influencer institucional. Necesita un presidente dispuesto a responder políticamente por la realidad de la comunidad que gobierna.

El fuerte incremento del precio de la vivienda en Sevilla capital está desplazando cada vez a más familias y jóvenes compradores hacia el área metropolitana y los nuevos desarrollos residenciales del entorno sevillano. Sin embargo, incluso en estas zonas los precios continúan creciendo de forma significativa, lo que convierte a municipios como Bormujos en una de las principales alternativas residenciales por su apuesta por la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la vivienda asequible.

Según el último análisis elaborado por Foro Consultores Inmobiliarios, que estudia la evolución residencial en zonas como Entrenúcleos, Palmas Altas, Mairena del Aljarafe, Bormujos, Tomares, Alcalá de Guadaíra y Palomares del Río, todas las áreas analizadas presentan crecimiento respecto a 2024, reflejando la fuerte presión de la demanda inmobiliaria en el entorno de Sevilla.

El informe destaca especialmente el caso de Entrenúcleos, el gran desarrollo urbanístico de Dos Hermanas que prevé albergar a más de 60.000 personas en 20.000 viviendas y donde el precio medio de la vivienda ha aumentado más de un 60% en apenas siete años, pasando de 149.000 a 240.000 euros.

En este contexto de subida generalizada de precios, Bormujos se posiciona como uno de los municipios más competitivos del área metropolitana, con un precio medio de la vivienda de 217.000 euros, situándose por debajo de municipios como Tomares (257.000 euros), Mairena del Aljarafe (248.000 euros) o Palmas Altas, que alcanza los 335.000 euros de media y se convierte en la zona más cara de las analizadas.

La diferencia resulta especialmente significativa teniendo en cuenta que Bormujos mantiene una importante apuesta por promociones de vivienda protegida y vivienda asequible, frente a otros municipios donde predomina la vivienda libre y las promociones de precio elevado.

Bormujos, donde VOX gobierna al frente de Urbanismo

Desde el Ayuntamiento de Bormujos destacan que esta situación es consecuencia directa de una política urbanística centrada en facilitar el acceso a la vivienda y en agilizar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.

La gestión impulsada desde la Delegación de Urbanismo, dirigida por Isabel Madera, está permitiendo desbloquear suelo residencial, acelerar tramitaciones urbanísticas y favorecer la construcción de promociones adaptadas a la demanda real de familias trabajadoras y jóvenes compradores.

“Como delegada puedo intervenir en cuestiones relacionadas con la planificación urbanística, la gestión del suelo, la concesión de licencias y la tramitación administrativa de las promociones, pero carezco de capacidad legal para establecer el precio máximo de las viviendas protegidas. En lo que si pongo todo mi empeño es en trasladar a las promotoras el perfil de compradores que tenemos en el municipio, llegando, en caso de las VPO, a acuerdos con ellos para determinar el tipo de vivienda (régimen general, especial y limitado). Y en el caso concreto de las de Régimen Limitado en terreno privado, negociar el precio mínimo de salida

A fecha de hoy, un total de 167 viviendas entre las que figura Aires del Aljarafe, una promoción de 72 viviendas en régimen limitado que ya se encuentra al “100% vendida”, así como el Edificio Las Portadas, también de régimen limitado y actualmente con un 65% de las 31 viviendas vendidas. A estas promociones se suman varios proyectos aún en fase de licitación, como son Bormujos Village, con 36 viviendas régimen especial, Edificio Vortex, con 12 viviendas también de régimen especial y la promoción frente Megaocio, con 16 viviendas previstas en régimen general.

La delegada de Urbanismo, Isabel Madera, ha señalado que “la prioridad es seguir impulsando vivienda accesible y facilitar que los jóvenes y las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Bormujos sin verse expulsados por el incremento de precios”.

Además, la ubicación estratégica del municipio, junto a la presencia del hospital, la universidad y las futuras mejoras en infraestructuras y movilidad, refuerzan el atractivo residencial de Bormujos y consolidan al municipio como uno de los principales polos de crecimiento del Aljarafe sevillano.

Mientras los precios continúan tensionándose en Sevilla capital y en otras zonas metropolitanas, Bormujos se consolida como un ejemplo de crecimiento ordenado y centrado en garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.

Isabel Madera, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Bormujos ha afirmado recientemente que “no tiene competencias legales para fijar el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) que actualmente se están promoviendo en el municipio, ya que esa potestad corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía conforme a la normativa autonómica vigente”. Lo que sí es competencia directa de la delegación de Urbanismo, es el tipo de régimen a aplicar en las construcciones de los terrenos propiedad del ayuntamiento. Y éso es precisamente lo que ha llevado a cabo Madera, licitando los únicos dos terrenos disponibles propiedad del ayuntamiento para la construcción de Vivienda Protegida en régimen especial, el más económico de los tres posibles.

La legislación andaluza en materia de vivienda protegida establece que es la administración autonómica la encargada de determinar los módulos económicos, coeficientes territoriales y precios máximos de venta y alquiler aplicables a las promociones de VPO en toda la comunidad.

En la práctica, el sistema funciona mediante un módulo básico autonómico fijado actualmente en 920,29 euros por metro cuadrado útil, al que se aplican distintos coeficientes en función del municipio y del régimen de protección de cada promoción.

En el área metropolitana de Sevilla, donde se encuentra Bormujos, el coeficiente territorial alcanza el 1,45 debido a la presión inmobiliaria existente en la zona. A ello se suman los coeficientes específicos según el tipo de vivienda protegida: 1,5 para régimen especial, 1,7 para régimen general y hasta 2 para régimen limitado.

Esto implica que una promoción de régimen limitado puede situarse legalmente por encima de los 2.600 euros por metro cuadrado útil, mientras que una vivienda de régimen general ronda los 2.270 euros por metro útil.

“Hay que saber que estos importes vienen fijados por la Junta de Andalucía y no pueden ser modificados por responsables municipales” ha afirmado Madera.

Actualmente, Bormujos cuenta con varias promociones de vivienda protegida en distintas fases de desarrollo y comercialización.

A fecha de hoy, un total de 167 viviendas entre las que figura Aires del Aljarafe, una promoción de 72 viviendas en régimen limitado que ya se encuentra al “100% vendida”, así como el Edificio Las Portadas, también de régimen limitado y actualmente con un 65% de las 31 viviendas vendidas. A estas promociones se suman varios proyectos aún en fase de licitación, como son Bormujos Village, con 36 viviendas régimen especial, Edificio Vortex, con 12 viviendas también de régimen especial y la promoción frente Megaocio, con 16 viviendas previstas en régimen general.

“Como delegada puedo intervenir en cuestiones relacionadas con la planificación urbanística, la gestión del suelo, la concesión de licencias y la tramitación administrativa de las promociones, pero carece de capacidad legal para establecer el precio máximo de las viviendas protegidas.

El debate sobre el coste de la vivienda protegida se ha intensificado en Andalucía tras la actualización de módulos aprobada por el Gobierno andaluz, especialmente en municipios del entorno metropolitano de Sevilla donde algunas promociones protegidas superan ampliamente los 250.000 euros. En ese contexto, expertos en derecho urbanístico recuerdan que la fijación de precios “no depende de decisiones municipales”, sino del marco regulatorio autonómico actualmente vigente.

El candidato de VOX a la presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado sobre la vivienda que, a partir del 17 de mayo en Andalucía, con VOX además de garantizar la prioridad nacional en las ayudas y en el acceso a la vivienda, “vamos a bajar impuestos” tanto el de transmisiones patrimoniales como el de actos jurídicos documentados para que “cada vez haya más andaluces que puedan acceder a los tipos impositivos más bajos”. “No es de recibo que con la necesidad de vivienda que hay en Andalucía, las administraciones se estén frotando las manos y estén ganando dinero”, ha denunciado el candidato.

Durante su visita a Bormujos, Gavira ha subrayado que en este municipio, donde la formación influye en el gobierno municipal, “las prioridades cambian”. Por ello, el candidato de VOX ha señalado que mientras en muchos pueblos y ciudades, la vivienda es un problema que “ha creado la administración ante la falta de suelo”, en Bormujos y gracias al trabajo del Grupo Municipal, su portavoz y delegada de Urbanismo, Isabel Madera, “ha terminado con el secuestro por parte de las administraciones del suelo”.

“Aquí vemos grúas en el aire, obras, y familias jóvenes que están pudiendo acceder a una vivienda social y protegida del Ayuntamiento donde gobierna VOX”, ha afirmado Gavira.

El candidato de VOX ha recalcado que el problema de la vivienda se debe no solo a la falta de oferta sino también al “problema de demanda”. En este sentido, Gavira ha advertido que “no puede ser que los andaluces no puedan acceder a una vivienda digna, mientras los extranjeros acceden a las ayudas”. “Eso es algo que va a cambiar en Andalucía a partir del próximo 17 de mayo, la prioridad será siempre para los andaluces”, ha sentenciado Gavira.

A este respecto, el candidato del partido de Abascal ha afirmado que de lo contrario “tenemos problemas en los servicios públicos, en la vivienda, la sanidad y la dependencia colapsada, y todos los servicios que dependen de la administración andaluza recibiéndolos siempre los extranjeros”.

Para finalizar, Gavira ha añadido que “hay que ayudar a quien construye y a quien va a comprar vivienda” si no los andaluces “vamos a seguir teniendo el problema que nos han creado el Partido Popular y el Partido Socialista”.

Por Keka Alcaide.

La historia muestra un patrón que se repite con una frecuencia inquietante. Cuando un líder o un movimiento logra incomodar de verdad al poder establecido, deja de ser tratado como un adversario político convencional y pasa a convertirse en un problema a neutralizar.

Ocurrió con Jesucristo, cuya ejecución respondió a motivos religiosos, pero sobre todo al temor a la desestabilización política, siendo sentenciado con la crucifixión, condenada con la que se ejecutaba a los considerados “rebeldes”. Sucedió con Sócrates, cuestionando el poder y la moral tradicional a través de una influencia notable en la juventud más crítica, siendo condenado en una Atenas que no toleraba ciertas preguntas. También con Juana de Arco, ante una imperiosa necesidad de desestimación, siendoejecutada por una herejía que encubría un proceso de intereses de poder.

En tiempos más recientes, figuras como Martin Luther King Jr., quien desenmascaró el problema racial establecido, movilizó a la opinión pública y se convirtió en una amenaza para el orden económico y social del sur estadounidense, evidencian que el desafío al sistema, desde distintos ángulos, suele tener un coste elevado. “Crucifícalo”. Una expresión traducida, independientemente de una escena histórica, en una lógica que atraviesa el tiempo, y que pasa por convertir al discrepante en una amenaza, urdir su deslegitimación, reducirlo a un estigma y justificar así su exclusión.

En ese contexto, la situación de VOX en España ha abierto un debate que trasciende lo ideológico. Más allá de las posiciones que defiende el partido, sus actos han sido objeto de protestas agresivas, boicot y episodios de hostigamiento que dificultan el desarrollo normal de su actividad política.

A esa presión se suma un fenómeno más silencioso, pero igual de significativo. El intento de hacer desaparecer políticamente a quien incomoda sin necesidad de prohibirlo. Reducir su presencia en determinados espacios mediáticos, evitar su participación en debates o tratar su existencia como algo marginal contribuye a construir la percepción de que no forma parte del marco político real y, con ello, un evidente intento por diluirlo.

Además, se añade otra dinámica que alimenta esa percepción. Algunas de las propuestas defendidas por VOX han sido rechazadas en el Parlamento para, tiempo después, reaparecer en iniciativas de otros partidos o en medidas adoptadas desde el poder. Ha ocurrido con planteamientos fiscales en contextos de crisis, con debates sobre seguridad o con cuestiones relacionadas con el control migratorio. Se rechaza una idea cuando tiene un origen concreto y se normaliza cuando cambia de emisor, desviando el foco del contenido y a quién lo plantea.

Es ahí donde se entiende mejor la paradoja. Se bloquea la iniciativa, pero no la idea. Se rechaza a VOX, pero el resto de grupos se reparten su discurso. De ahí se desprende una conclusión incómoda para el relato dominante. Reprochar a VOX la ausencia de iniciativas, pese a lo desmontable de la afirmación, forma parte de la malintencionada construcción de una percepción. Si las ideas no se debaten, si no se amplifican y si, además, acaban siendo asumidas por otros, los contrincantes, sin reconocimiento explícito, se genera la sensación de que no existen. Dicho de otra manera, no es que VOX no ponga propuestas encima de la mesa, es que se diluyen deliberadamente hasta que parezca que nunca estuvieron ahí.

El punto relevante es si en una democracia consolidada se acepta que una opción política pueda ser objeto de presión constante, acoso o invisibilización hasta ver reducido su espacio de actuación, se comparta o no el proyecto. Pues el pluralismo no consiste en tolerar a quien resulta cómodo, sino en aceptar la existencia de posiciones que incomodan, que generan rechazo o que cuestionan el consenso dominante.

Cuando el adversario deja de ser considerado legítimo, se pone de manifiesto la existencia de un problema estructural, que traspasa lo político. Porque cuando una sociedad empieza a decidir quién puede hablar y quién debe desaparecer, ya no está defendiendo la democracia, está empezando a vaciarla.

El municipio de Bormujos ha acogido la asamblea anual de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, un encuentro que ha servido para consolidar su posicionamiento como referente gastronómico y hostelero en el Aljarafe.

Durante el acto, el delegado de Comercio, Desarrollo Local y Emprendimiento del Ayuntamiento de Bormujos, Valentín Ayesa, ha destacado la importancia de que la localidad haya sido elegida como sede de este evento, subrayando el compromiso del municipio con el sector hostelero.

En su intervención, Ayesa ha puesto en valor el papel de la gastronomía y la hostelería como motores de desarrollo económico en Bormujos, sectores que han experimentado un notable crecimiento y que constituyen una base fundamental para el empleo y la actividad empresarial local.

Asimismo, el delegado ha presentado el proyecto de creación de una Escuela de Hostelería en el municipio, una iniciativa que busca convertir a Bormujos en un referente formativo en el ámbito gastronómico en la comarca del Aljarafe.

Según ha explicado, esta escuela tendría como objetivo dar respuesta a las necesidades del sector, fomentando la formación de profesionales cualificados, la inserción laboral y el emprendimiento, al tiempo que refuerza el tejido empresarial vinculado a la hostelería.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que este proyecto podría suponer un impulso significativo para el empleo y la competitividad del municipio, además de contribuir a la excelencia y profesionalización del sector.

Por su parte, el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía, Manuel Salinero, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos y ha mostrado su respaldo al proyecto de la Escuela de Hostelería, valorando su impacto positivo en el futuro del sector.

La celebración de esta asamblea en Bormujos refuerza el papel del municipio como enclave estratégico para el desarrollo gastronómico, consolidando su apuesta por la calidad, la innovación y la excelencia en la hostelería.


Por Keka Alcaide.

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Hay algo profundamente paradójico y muy revelador en la última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez como ha sido crear una herramienta para medir el odio en redes y en la conversación pública bajo la etiqueta #Hodio.

La idea, presentada con solemnidad institucional, pretende identificar discursos de odio, cartografiarlos y combatirlos. Sobre el papel suena impecable pues nadie en su sano juicio defendería el odio como valor público. El problema empieza cuando quienes se erigen en árbitros del odio han convertido durante años la polarización en una (su) estrategia política.

Porque conviene recordar que el clima de enfrentamiento que hoy dicen querer medir no surgió de manera espontánea, sino que más bien ha sido cultivado con paciencia desde el propio poder.

En los últimos años el debate público ha estado plagado de etiquetas que no buscan describir al adversario político, sino descalificarlo moralmente. Desde tribunas gubernamentales y desde portavoces del Ejecutivo se ha hablado repetidamente de la “derecha y la ultraderecha” como un bloque homogéneo asociado a amenazas democráticas.

La ministra María Jesús Montero llegó a referirse a determinados medios críticos como “la fachosfera mediática”, una expresión que convertía a periodistas y lectores en una categoría política despectiva.

El propio presidente del Gobierno denunció en 2024 la existencia de una “máquina del fango” mediática que, según él, opera para desestabilizar a su Ejecutivo. La frase se hizo viral y pasó a formar parte del arsenal político cotidiano.

Adjetivos no usados como síntoma de discrepancia política, pero sí como clasificación moral, convirtiendo el debate público en una trinchera alejada de lo que debiera ser una discusión constructiva.

Llegados a este punto, lo paradójico y hasta sarcástico es que ahora, quienes han alimentado ese clima anuncian que van a medir el odio.

Pero pese a los intentos del mandatario por erigirse cabeza de todo menos de turco, este fenómeno no es nuevo. Es difícil no ver aquí una escena casi aristotélica. Aristóteles describía la akrasia, término proveniente del griego en lo referente a la falta de voluntad, como el saber que algo está mal, pero seguir haciéndolo. En la política contemporánea sanchista existe una versión aún más sofisticada que pasa por denunciar públicamente aquello mismo que se practica.

Los filósofos estoicos advertían de esa incoherencia entre discurso y conducta. Epictetus insistía en que la virtud no consiste en hablar de lo correcto, sino en vivir conforme a ello. Y por ende, condenar algo mientras se ejerce lo convertía en estrategia retórica más que en moralidad.

Eso es lo que vuelve tan llamativa la iniciativa del Gobierno. Porque el problema del odio en la política española no se resuelve con indicadores, mapas semánticos o algoritmos que rastreen palabras prohibidas. El problema nace cuando el propio poder adopta la lógica de la confrontación permanente.

Un medido complejo de medir

Medir el “odio” se presenta como un objetivo aparentemente incuestionable. Si el odio deteriora la convivencia democrática, identificarlo y reducirlo parece una tarea legítima del poder público. Sin embargo, el simple hecho de intentar cuantificar el odio plantea un problema conceptual y político de gran calado.

En primer lugar, el odio no es una magnitud física ni un fenómeno fácilmente objetivable. Es una categoría moral y emocional, dependiente del contexto, de la intención del hablante y de la interpretación del oyente. Convertirlo en una variable medible exige definir previamente qué se considera odio y qué no, y esa definición inevitablemente tiene un componente político.

El primer riesgo aparece cuando el poder define qué discursos constituyen “odio”, convirtiéndose también en árbitro de los límites del debate público.

La filosofía política lleva siglos advirtiendo sobre esta tensión. Ya en la tradición clásica se insistía en que la virtud no se mide por declaraciones públicas sino por la coherencia entre discurso y acción. Cuando el poder establece mecanismos para vigilar determinadas expresiones, el problema no es solo qué se pretende medir, sino quién controla el instrumento de medición y con qué intención, pues según el proceso la medición puede transformarse fácilmente en un mecanismo de regulación del lenguaje político.

Por eso el debate no debería centrarse únicamente en si el odio existe —algo evidente— sino en hasta qué punto su medición institucional puede afectar a la libertad de crítica, al pluralismo político y a la confrontación legítima de ideas, que son elementos esenciales en una democracia.

En definitiva, medir el odio no es una operación técnica neutral. Es una decisión política sobre los límites del discurso público, y precisamente por eso exige un escrutinio especialmente riguroso.

La política del ejecutivo tiene la curiosa tendencia de convertir en políticas públicas los problemas que previamente ha contribuido a crear. Se genera el incendio y luego se anuncia el observatorio del fuego”

Así que el verdadero experimento, más que medir el odio en la conversación pública, sería medir el origen político de ese odio. Tal vez entonces descubriríamos que muchos de los discursos que ahora se pretenden vigilar nacieron precisamente en el lugar desde el que hoy se promete combatirlos.

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