Dolors Montserrat: «La credibilidad fiscal depende de instituciones independientes»
La secretaria general del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea que analice si la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para nombrar a Inés Olóndriz como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) respeta los requisitos de independencia establecidos por el derecho de la Unión Europea.
Montserrat ha presentado una pregunta parlamentaria por escrito en la que plantea dudas sobre la idoneidad del nombramiento, al considerar que el perfil propuesto podría comprometer la independencia institucional que exige la normativa europea para las autoridades fiscales.
La eurodiputada ha recordado que Olóndriz ocupa actualmente el cargo de secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda y forma parte del equipo más cercano a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A su juicio, esta vinculación directa con el Ejecutivo dificulta garantizar la independencia respecto al Gobierno al que posteriormente debería supervisar.
“Las instituciones europeas exigen autoridades fiscales independientes para garantizar la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros”, ha señalado Montserrat, quien ha advertido de que esta cuestión trasciende el ámbito de la política interna española y afecta a los principios del sistema de gobernanza fiscal europeo.
En su iniciativa, la eurodiputada recuerda que la AIReF fue creada para cumplir con el marco europeo de gobernanza económica, especialmente con la Directiva 2011/85/UE, que obliga a los Estados miembros a contar con instituciones fiscales independientes encargadas de supervisar el cumplimiento de las reglas presupuestarias.
Montserrat ha preguntado a la Comisión Europea si el procedimiento de designación y el perfil profesional propuesto cumplen con los requisitos de independencia institucional exigidos por la legislación europea, así como qué mecanismos tiene Bruselas para actuar en caso de que la independencia de una institución fiscal nacional pueda verse comprometida.
Según la dirigente del PPE, el hecho de que la persona propuesta para presidir la AIReF haya participado en el diseño de políticas económicas desde el propio Ministerio de Hacienda podría generar un conflicto de intereses si posteriormente debe evaluar esas mismas políticas.
“La credibilidad fiscal depende de la independencia”, ha subrayado Montserrat, quien ha defendido que las autoridades fiscales independientes son un pilar esencial del sistema de gobernanza económica de la Unión Europea y deben estar libres de interferencias políticas para garantizar la confianza de los mercados, de las instituciones europeas y de los ciudadanos.
La Comisión Europea deberá responder a esta pregunta parlamentaria en las próximas semanas.
Dolors Montserrat aplaude el nuevo paquete energético de la UE con la nuclear como pilar.
La secretaria general del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha celebrado que el nuevo paquete energético de la Comisión incluya la energía nuclear como “uno de los pilares esenciales” de la política energética europea, poniendo fin así al sectarismo ideológico de la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, quien decidió ausentarse del debate por “cobardía”.
“Hoy la presidenta de la Comisión nos ha dado una gran noticia con el lanzamiento del paquete energético que se aleja de los errores del pasado y que cuenta con la energía nuclear como uno de los pilares esenciales”, ha afirmado durante su intervención.
Montserrat ha subrayado que el nuevo paquete energético liderado por el PPE, junto con nuevas interconexiones, reactores nucleares y medidas para los consumidores, permitirá avanzar hacia una mayor autonomía energética de la Unión Europea.
“Nuevas interconexiones, reactores nucleares y energía para los ciudadanos, que van a lograr algo que muchos creían imposible”, ha señalado, antes de enumerar que permitirá “no depender de Rusia y tener una economía competitiva”, “avanzar hacia un verdadero mercado único con energía barata, segura y limpia” y “aliviar el bolsillo de los ciudadanos”.
AUSENCIA DE TERESA RIBERA EN LA PRESENTACIÓN
En este sentido, la eurodiputada ha defendido la línea política del Partido Popular Europeo. “Así hace política el EPP: anteponiendo los intereses a la ideología”, ha afirmado, al tiempo que ha criticado la ausencia en el debate de Ribera. “Es significativo que el Parlamento debata la nueva estrategia energética y la vicepresidente primera Teresa Ribera, la máxima responsable de Clima, no esté aquí para defenderla. Una falta lealtad al parlamento”, ha afirmado.
A continuación, ha preguntado a los eurodiputados por los motivos de esta ausencia: “¿Saben por qué está escondida? Por cobardía”. Ribera “es cobarde porque es incapaz de explicar porque cuando era ministra, compraba nuclear a Francia mientras cerraba centrales nucleares en España”, pero también por su “irrelevancia”. “La ausencia de Teresa ribera hoy demuestra que no tiene peso, ni voz, ni influencia en Europa”, ha señalado.
La eurodiputada también ha vinculado la ausencia de la vicepresidenta comunitaria con los casos de corrupción que, según ha dicho, afectan a su etapa al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Tiene miedo a la corrupción que apunta a altos cargos de su gabinete cuando era ministra”, ha afirmado.
En este contexto, ha citado el denominado “caso Forestalia”. “Recuerden este nombre: caso Forestalia. Fondos europeos para proyectos ambientales convertidos en mordidas de hasta 5 millones repartidas entre cargos del Partido Socialista”, ha dicho. “Teresa Ribera fue una mala ministra en España y estamos viendo que no es una buena Comisaria. Hoy Europa avanza sin ella. Se acabó el sectarismo climático de ribera”, ha zanjado.
Dolors Montserrat: «Bruselas confirma que España incumplió el procedimiento de notificación exigido por la UE»
La Comisión Europea ha confirmado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, y ha advertido además de que esta imposición puede afectar al mercado interior, al señalar que la introducción de requisitos técnicos nacionales específicos “puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio”. Esta falta de notificación puede tener consecuencias jurídicas relevantes y llegar incluso a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Montserrat, el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné en nombre de la Comisión Europea, afirma expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, al tiempo que reconoce que corresponde a los Estados miembros evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.
En este sentido, la norma europea obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el fin de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. “Si los Estados miembros no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, advierte la respuesta parlamentaria. Ello significa que podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España.
La Comisión recuerda además las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535”.
Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas nacionales de tráfico de los Estados miembros. “No obstante”, recalca, “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE, que las autoridades españolas tendrían que justificar con arreglo al artículo 36 del TFUE o sobre la base de uno de los requisitos obligatorios desarrollados en la jurisprudencia del TJUE”. Este principio forma parte de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
REQUISITOS QUE PUEDEN ALTERAR EL MERCADO INTERIOR
En relación con el impacto sobre el mercado interior, la Comisión Europea subraya igualmente que “la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior con arreglo al artículo 34 del TFUE”, que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión.
Tras conocer la respuesta, Montserrat ha destacado la importancia de esta respuesta: “el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector”.
La eurodiputada ha añadido que “cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.
Asimismo, ha destacado que “la Comisión Europea también advierte de que este tipo de requisitos técnicos nacionales puede constituir una restricción al mercado interior”, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en “ir por libre” en vez de consensuar con el resto de la UE sus decisiones.
Montserrat ha reclamado al Gobierno que “aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad”.
Dolors Montserrat: «La regularización masiva rompe la política migratoria europea»
El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo el peligro que supone la regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alertando de sus graves consecuencias para el conjunto de la Unión Europea.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido de que se trata de una regularización que el Ejecutivo pretende imponer “a ciegas, sin verificar antecedentes penales ni policiales y sin debate en el Parlamento nacional”. A su juicio, la medida constituye un “atentado contra la política migratoria europea” porque “sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias y dispara el efecto llamada”.
Montserrat ha subrayado que la decisión es unilateral y con impacto directo en los 27 Estados miembros. “Dar papeles sin garantizar integración real ni futuro laboral no mejora la vida de nadie; aumenta la economía sumergida, tensiona los servicios públicos y genera frustración social”, ha señalado. Asimismo, ha preguntado al comisario europeo Magnus Brunner si es consciente de que, en 48 horas, los regularizados podrían circular libremente por el espacio Schengen.
Por su parte, el eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, ha advertido de la confusión que la propuesta española está generando entre los socios europeos. “No vamos a participar en el disparate ni en la polarización. La política migratoria debe ser firme, responsable y conforme a la ley”, ha afirmado, defendiendo que cualquier regularización debe hacerse caso por caso, con arraigo efectivo, vinculación al empleo y garantías jurídicas.
En la misma línea, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha calificado la iniciativa como “la enésima cortina de humo de un Gobierno en crisis”, criticando que se pretenda aprobar sin debate en el Congreso de los Diputados y con requisitos que, a su juicio, no garantizan seguridad ni integración.
El Partido Popular ha defendido ante la Eurocámara un modelo migratorio “legal, ordenado y coordinado con nuestros socios europeos”, basado en el respeto al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la cooperación en el marco comunitario.
“España no puede actuar de forma unilateral con consecuencias masivas para el resto de la Unión. La inmigración requiere responsabilidad, legalidad y coordinación europea”, han concluido los representantes populares.
Millones europeos, vías abandonadas y víctimas: Dolors Montserrat exige respuestas.
El Partido Popular ha solicitado una evaluación detallada del uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados al mantenimiento y modernización de las vías de ferrocarril en España, a la luz de los datos revelados tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, donde han muerto 46 personas y más de un centenar de personas resultaron heridas.
La vicepresidenta del Grupo PPE Dolors Montserrat y el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas escritas ante la Comisión Europea en las que solicita un análisis en profundidad de en qué se han destinado los millones de euros que la UE ha invertido en la red ferroviaria española, habida cuenta del colapso que está registrado el sistema.
En la primera pregunta, recuerdan que ADIF es el principal beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España, con más de 5.800 millones de euros recibidos desde 2021, convirtiéndose en el mayor perceptorde fondos Next Generation del país. Sin embargo, los datos conocidos indican que el 84 % del gasto en alta velocidad se ha destinado a nuevas infraestructuras, frente a solo un 16 % dedicado al mantenimiento y conservación de la red existente, pese a que varias de las principales líneas superan ya los veinte años de servicio y soportan hoy un tráfico muy superior al inicialmente previsto.
Este desequilibrio ha desembocado en un aumento significativo de incidencias técnicas, advertencias de profesionales del sector y, recientemente, con una serie de accidentes e incidentes que ya se han cobrado víctimas mortales. Por ello, preguntan a la Comisión cómo valora que la mayor parte de los fondos europeos se concentren en nuevas infraestructuras en lugar de en el mantenimiento, a la luz del envejecimiento de las líneas, los problemas registrados y los accidentes en la red. Asimismo, cuestionan si esta distribución del gasto es coherente con los objetivos del MRR en materia de seguridad, resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras ferroviarias.
CONSECUENCIAS DE LA LIBERIZACIÓN TRANSPORTE FERROVIARIO
En una segunda pregunta, Montserrat y Giménez Larraz abordan el impacto de la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad sobre la infraestructura. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la alta velocidad transportó cerca de 40 millones de pasajeros en 2024, un 22 % más que en 2023 y un 77 % más que en 2019, antes de la apertura del mercado. Este fuerte crecimiento ha incrementado las frecuencias y la circulación de trenes con mayor carga por eje, intensificando la presión sobre una red que, en varios corredores, supera los veinte años de antigüedad.
Ante este contexto, demandan si la Comisión Europea ha evaluado si los hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España garantizan que los fondos del MRR se destinen de forma suficiente al mantenimiento, adaptación y modernización de la red ferroviaria, en coherencia con el fuerte aumento del tráfico. Además, plantean si la Comisión prevé utilizar los mecanismos de condicionalidad del MRR para asegurar que los fondos europeos destinados al ferrocarril contribuyan efectivamente a reforzar la seguridad de la infraestructura y a su adecuación a la nueva realidad de explotación.
A juicio del PP, la seguridad ferroviaria y la sostenibilidad de las infraestructuras deben ser una prioridad en el uso de los fondos europeos, especialmente en un contexto de crecimiento del tráfico y de envejecimiento de la red.
Dolors Montserrat destaca la entrada en la UE como clave del progreso de España.
La eurodiputada del Partido Popular y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha subrayado la vinculación histórica, política y democrática entre España y Europa, afirmando que “la historia de Europa no se entendería sin España, pero la historia de España tampoco sería la misma sin Europa”.
Montserrat ha recordado que, tras la Transición democrática, la entrada de España en la Unión Europea supuso “el inicio de un futuro compartido”, consolidando la democracia, el progreso económico y la plena integración de nuestro país en el proyecto europeo. “Si la Transición fue la conquista de la democracia, la adhesión a la UE marcó el camino de estabilidad, libertad y oportunidades para millones de españoles”, ha señalado.
La dirigente popular ha destacado que el proyecto europeo no es un logro garantizado ni irreversible, sino una conquista que exige compromiso diario. “Europa no se hereda: se defiende cada día”, ha afirmado, apelando a la responsabilidad de las instituciones y de los ciudadanos para proteger los valores fundacionales de la Unión: la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad entre europeos.
El Partido Popular defiende una España protagonista en Europa, comprometida con el fortalecimiento del proyecto común, la defensa de las libertades, la cohesión entre Estados miembros y la construcción de un futuro compartido basado en el respeto, la cooperación y la solidaridad.
Dolors Montserrat: «No podemos permitir que un brote en fauna silvestre ponga en riesgo miles de empleos».
La secretaria general del PPE y vicepresidenta del grupo PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y la vicecoordinadora de Agricultura del PPE, Carmen Crespo, han registrado una batería de preguntas escritas dirigidas a la Comisión Europea para reclamar una actuación inmediata y coordinada que proteja al sector porcino ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña.
El foco, confirmado por ahora en 2 jabalíes en la zona de Collserola, ha provocado la activación de cierres preventivos en más de sesenta municipios, el bloqueo temporal de unos 120 certificados de exportación y una creciente inquietud en un sector clave para la economía española. España es actualmente el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y exporta anualmente en torno a 8.784 millones de euros.
Por esta razón, las eurodiputadas han alertado al Ejecutivo comunitario del “riesgo económico inmediato” al que se enfrentan ganaderos, industria y exportadores si las restricciones comerciales se prolongan a la vez que han reclamado tanto al Gobierno de España como a Bruselas para activar instrumentos de apoyo financiero extraordinario que ayude a los ganaderos afectados.
En sus preguntas, piden a la Comisión que aclare si prevé movilizar fondos europeos, incluidos FEAGA, FEADER o la Reserva Agrícola de Crisis, para cofinanciar indemnizaciones por sacrificios, compensaciones por la paralización comercial u obligaciones reforzadas de bioseguridad. Asimismo, instan al Ejecutivo comunitario a valorar la introducción de flexibilizaciones temporales en las normas de ayudas de Estado, de manera que se puedan compensar “con rapidez y suficiencia” los perjuicios económicos derivados del brote.
Las eurodiputadas también preguntan a la Comisión si el Gobierno de España ha activado de forma inmediata los mecanismos de coordinación con Bruselas y con la Generalitat de Cataluña para reforzar los sistemas de control, gestión de fauna silvestre y bioseguridad. En este sentido, solicitan saber si el Ejecutivo español ha pedido el envío de equipos europeos de evaluación veterinaria para verificar la contención del virus y asesorar en la aplicación de medidas complementarias.
Impacto comercial y diplomático
Montserrat y Crespo exigen a la Comisión que explique qué acciones diplomáticas está llevando a cabo, junto al Gobierno de España, para evitar bloqueos comerciales desproporcionados y para actualizar directrices europeas en materia de regionalización sanitaria, un instrumento clave para evitar vetos totales a exportaciones procedentes de zonas no afectadas.
Finalmente, reclaman saber si Bruselas contempla activar ayudas excepcionales de mercado, en virtud del artículo 219 del Reglamento de la Organización Común de Mercados, a fin de mitigar el impacto económico que podría sufrir un sector “estratégico e indispensable para la economía española”.
“Cataluña es una potencia agroalimentaria y no podemos permitir que un brote circunscrito a la fauna silvestre ponga en riesgo miles de empleos y a un sector estratégico para toda España y para Europa, por lo que la Comisión debe actuar con la máxima urgencia y movilizar todos los recursos disponibles. Es imprescindible una coordinación real entre el Gobierno de España, la Generalitat y la Comisión Europea. No podemos repetir los errores de gestión que hemos visto en otras crisis sanitarias y ambientales”, advirtió Montserrat.
Por su parte, Crespo reclama al Gobierno de España “la activación urgente de ayudas de la PAC, un mayor refuerzo de los servicios de sanidad animal y personal veterinario, máxima bioseguridad, así como una rectificación inmediata de la falta de políticas de control cinegético, puesto que es evidente que la mala gestión en este sentido, especialmente del jabalí, ha contribuido a que esta enfermedad reaparezca en España”.
Estos momentos, exigimos “la máxima responsabilidad, transparencia y una coordinación real del Gobierno de España con las comunidades autónomas y con Europa”. Sin duda, urge “negociar y firmar acuerdos de regionalización con los principales países importadores, de manera que sólo se inmovilicen las zonas afectadas y el resto del territorio pueda seguir exportando con todas las garantías sanitarias. Esa defensa activa de nuestro sector es urgente y no puede esperar”.
Montserrat logra que la Comisión Europea analice el contrato de Interior con Huawei.
La Comisión Europea llevará a cabo una “revisión general” de los contratos nacionales con Huawei en “sectores críticos” por ser un “proveedor de alto riesgo”. La decisión se produce tras una pregunta escrita de la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, quien alertó este verano sobre el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior a Huawei para suministrar infraestructura de almacenamiento del sistema SITEL, que gestiona interceptaciones telefónicas judiciales y cooperaciones policiales internacionales. Montserrat señaló que este contrato ponía en riesgo “la seguridad judicial y la integridad de la cooperación internacional en materia de inteligencia, al depender de un proveedor calificado por la UE como de alto riesgo”.
En su respuesta, la vicepresidenta ejecutiva Virkkunen recordó que en la Comunicación de junio de 2023 titulada «Aplicación del conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G», la Comisión determinó que Huawei y ZTE presentan riesgos significativamente superiores a otros proveedores y que las restricciones adoptadas por los Estados miembros para limitar su uso son justificadas y conformes con el marco europeo de seguridad de redes.
Virkkunen indicó además que, en línea con la estrategia ProtectEU de abril de 2025, la próxima revisión del Reglamento sobre Ciberseguridad examinará de manera más general la seguridad de las cadenas de suministro de TIC y sus infraestructuras, con el objetivo de evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo y reducir los riesgos asociados en sectores estratégicos, como los sistemas judiciales y de inteligencia.
Dolors Montserrat considera necesario “garantizar que ningún contrato con proveedores de alto riesgo comprometa la fiabilidad de España como socio en la cooperación europea e internacional”, por lo que la revisión anunciada por la CE es “una medida imprescindible para proteger la soberanía tecnológica y la seguridad de los ciudadanos europeos”.
La eurodiputada recordó que este tipo de contratos “no solo afectan a la seguridad nacional, sino también a la confianza de los socios europeos en la integridad de nuestras comunicaciones e infraestructuras críticas” y urgió a que se establezcan criterios vinculantes para la extensión de los principios de seguridad de 5G a otros sectores críticos de TIC.
El Gobierno de España mantiene una política errática sobre su relación con Huawei a pesar de las advertencias de la Comisión sobre el riesgo que supone utilizar esta compañía, pues además del contrato del Ministerio del Interior para servidores que almacenan escuchas judiciales, también firmó otro para suministrar e instalar equipos en la red académica RedIRIS, que fue posteriormente cancelado, y un tercero para proveer cabinas de almacenamiento utilizadas por la Seguridad Social, que ha defendido aduciendo que se enfoca en el almacenamiento de información de “tercer nivel” y no datos personales o críticos.