Gerardo Camps: «Más impuestos, peor gestión y peores servicio»
El portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Gerardo Camps, ha denunciado el “sometimiento y la asfixia fiscal” que, a su juicio, sufren los españoles por parte del Gobierno, pese a los récords históricos de recaudación tributaria.
Durante la sesión de control al Ejecutivo, Camps ha criticado que “se recauda más, se reparte mal, se planifica peor y se gasta donde no se debe”, advirtiendo además de un incremento de la deuda que, según ha señalado, “hipoteca el futuro de los jóvenes”.
El dirigente popular ha preguntado al ministro de Hacienda, Arcadi España, cómo justifica que los ciudadanos paguen más impuestos sin percibir mejoras en su bienestar ni en los servicios públicos. En este sentido, ha enumerado el aumento de la presión fiscal en los últimos años, con subidas de impuestos y cotizaciones y un incremento significativo de la recaudación.
Camps ha subrayado la contradicción que, a su juicio, representa que, con niveles históricos de ingresos, no se traduzcan en mejores servicios. Ha citado ejemplos como deficiencias en el transporte, dificultades en el acceso a servicios públicos o el deterioro de infraestructuras.
Asimismo, ha denunciado la falta de un nuevo modelo de financiación autonómica tras años de Gobierno, lo que, según ha indicado, mantiene tensionados servicios esenciales como la sanidad y la educación.
El senador popular también ha cuestionado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años y ha criticado el nivel de gasto público en determinadas partidas, reclamando mayor eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos.
El Partido Popular defiende una política económica basada en la eficiencia del gasto, la reducción de la presión fiscal y la mejora de los servicios públicos, en línea con los principios de buena gestión recogidos en su proyecto político.
Alejandra Hernández: «Page ha tenido que rectificar tras 11 años»
La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha recalcado que los sanitarios han derrotado a García-Page y forzado la recuperación de la carrera profesional sanitaria.
Así lo ha señalado durante una rueda de prensa esta mañana en Toledo, donde Hernández ha mostrando la “satisfacción” de su formación por la recuperación de la carrera profesional sanitaria.
“Los sanitarios han derrotado a Emiliano García-Page. La recuperación de la carrera profesional sanitaria se trata de una buena noticia para nuestra sanidad y para todos los castellanomanchegos. Han sido años de lucha por parte de los profesionales sanitarios, así como de iniciativas parlamentarias impulsadas por el presidente del PP regional, Paco Núñez”.
La portavoz ha destacado que esta medida contribuirá a la “estabilización del sistema sanitario público” y permitirá que Castilla-La Mancha deje de ser la única comunidad autónoma sin carrera profesional sanitaria.
No obstante, ha advertido que desde su formación estarán “vigilantes para que se cumplan los acuerdos”, señalando que García-Page “es muy proclive a no cumplir absolutamente nada de lo que dice, pero tampoco aquello que firma”, por lo que ha insistido en que “no es de fiar”.
Hernández ha recordado que el Gobierno regional votó en contra de esta medida en 63 ocasiones en las Cortes y que durante años se han puesto “excusas” para evitar su aprobación. Asimismo, ha criticado que el presidente autonómico llegara a “amenazar” con despidos masivos si se implantaba la carrera profesional, algo que, según ha indicado, se ha demostrado falso.
“Ningún trabajador de nuestra sanidad pública irá a la calle y la firma del acuerdo desmiente cada una de sus mentiras. García-Page se ha visto obligado a rectificar por sus urgencias electorales, tras 11 años negándose a aplicar esta medida”.
Asimismo, Hernández ha denunciado que durante años se han utilizado argumentos que han resultado ser falsos, como la necesidad de despidos, cambios en la financiación autonómica o nuevas leyes. Y ha acusado al presidente regional de intentar presentarse ahora como “el salvador” tras haber “pisoteado a los profesionales sanitarios” todos esos años.
Por todo ello, Hernández ha reiterado la necesidad de supervisar el cumplimiento del acuerdo y evitar “más trabas, más mentiras y más excusas”. Ha señalado que la responsabilidad de su partido como alternativa de Gobierno es garantizar que se establezcan “bases sólidas”.
“A Page le importa muy poco el sistema sanitario público y su actuación responde únicamente a tacticismo electoral. Los sanitarios han derrotado a García-Page, el presidente está tocado y hundido”, ha zanjado.
Martínez-Maíllo denuncia la injerencia del Gobierno en la Justicia.
El senador del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha denunciado que las instituciones europeas han “desautorizado” al Gobierno en relación con sus actuaciones en materia judicial, señalando que el comisario europeo de Justicia ha reprochado al Ejecutivo sus críticas a los tribunales y su cuestionamiento de la independencia judicial.
Martínez-Maíllo ha advertido de que las valoraciones del Gobierno sobre decisiones judiciales suponen, a su juicio, una injerencia en el poder judicial. “Eso se llama intervencionismo”, ha afirmado, alertando del riesgo que estas prácticas representan para el equilibrio institucional.
En este sentido, el dirigente popular ha instado al Ejecutivo a actuar con “extrema prudencia y cautela”, especialmente en asuntos que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, subrayando la necesidad de preservar la independencia de las instituciones.
El senador ha defendido que la separación de poderes es “un valor esencial de nuestra democracia” y ha advertido de que su cuestionamiento supone un deterioro grave del Estado de Derecho.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la independencia judicial, el respeto institucional y la defensa de los principios democráticos, en línea con su proyecto político.
María Jesús Bonilla denuncia la «imposición» de la baliza V16 sin garantías.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Bonilla, ha denunciado que el Gobierno ha obligado a millones de españoles a adquirir la baliza V16, un dispositivo cuya “legalidad es cuestionada, su eficacia no está probada y su implantación se ha realizado sin notificar a Europa”.
Durante el Pleno del Senado, Bonilla ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en qué se basa el Ejecutivo para imponer la obligatoriedad de este dispositivo, señalando además problemas en su homologación y dudas sobre la transparencia en los procesos relacionados con su comercialización.
La dirigente popular ha afirmado que los ciudadanos “no merecen más cargas económicas ni falta de transparencia”, y ha exigido responsabilidades políticas al ministro, reclamando su dimisión.
Bonilla ha recordado que organismos como asociaciones de la Guardia Civil han cuestionado la eficacia técnica del dispositivo y ha reclamado la publicación de informes independientes que avalen su utilidad. Asimismo, ha denunciado que la Dirección General de Tráfico ha tenido que retirar la homologación de algunas balizas, lo que ha afectado a ciudadanos que adquirieron dispositivos posteriormente invalidados.
En este sentido, la senadora ha planteado si el Gobierno compensará a los afectados y ha exigido garantías de igualdad y transparencia en la competencia empresarial vinculada a estos dispositivos.
Además, ha advertido del impacto económico de la medida, estimando que supondrá un coste superior a los 1.500 millones de euros para los conductores, y ha cuestionado si responde a criterios de seguridad vial o recaudatorios.
Bonilla también ha criticado la desigualdad que, a su juicio, genera la normativa, al obligar únicamente a los conductores españoles a utilizar este sistema, mientras que vehículos de otros países pueden seguir empleando métodos tradicionales.
Finalmente, ha señalado que la Comisión Europea ha indicado que España no siguió el procedimiento de notificación previo, cuestionando el proceso de implantación de la medida y reclamando explicaciones sobre sus resultados en materia de seguridad vial.
El Partido Popular reitera su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la defensa de los intereses de los ciudadanos, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
Juan José Matarí alerta del abandono del Gobierno a la seguridad en las costas andaluzas.
El senador del Partido Popular por Almería, Juan José Matarí, ha denunciado que la “pasividad y falta de inversiones” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad está teniendo “graves consecuencias” en las costas andaluzas, donde, según ha señalado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad alertan de una situación de desprotección frente al auge del crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal.
Durante la sesión de control al Gobierno, Matarí ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que refuerce de manera urgente los medios humanos y materiales de la Guardia Civil en Andalucía, especialmente ante la llegada del verano, cuando se intensifican estos fenómenos.
El dirigente popular ha criticado las “precarias condiciones de trabajo” de guardias civiles, policías y agentes aduaneros, señalando como responsables de la falta de inversiones tanto al titular de Interior como a María Jesús Montero, por la ausencia de presupuestos que permitan mejorar los recursos.
Matarí ha advertido de la situación “crítica” en distintas provincias andaluzas, destacando el caso de Almería, donde, según ha indicado, existen patrulleras obsoletas, falta de helicópteros y deficiencias en infraestructuras como el cuartel de Roquetas de Mar. Asimismo, ha señalado carencias en Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, con vehículos no operativos y cuarteles en mal estado.
El senador del PP ha alertado también del incremento de la criminalidad en los últimos años, con subidas significativas en delitos graves, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar de manera urgente la seguridad en la región.
En este contexto, ha puesto en valor la labor de los agentes, calificando de “heroica” su dedicación pese a las dificultades, y ha reclamado que se reconozca la profesión de riesgo para policías y guardias civiles, tal y como propone el Partido Popular.
El Partido Popular reitera su compromiso con el refuerzo de las plantillas, la mejora de los medios y la dignificación de las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en línea con los principios de seguridad y servicio público recogidos en su proyecto político.
Tania Andicoberry: «Page no incomoda a Sánchez ni cuando el campo lo necesita»
La vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada regional, Tania Andicoberry, ha criticado que Emiliano García-Page haya vuelto a optar por el escenario “que menos incomoda a Pedro Sánchez” para hablar de agricultura y, ni aun así, haya sido “capaz de esquivar sus contradicciones”.
Andicoberry ha señalado que Page “presume” de llevar el problema del relevo generacional a Bruselas, pero lo hace en un órgano consultivo como el Comité de las Regiones, que no decide ni el presupuesto europeo ni la Política Agraria Común, “que es donde realmente está en juego el futuro de nuestros agricultores y ganaderos”.
“Frente a la política de escaparate de Page, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ya trasladó en noviembre esta cuestión directamente al comisario europeo de Agricultura, y ha mantenido reuniones con los negociadores del Parlamento Europeo para la PAC”, ha recordado, destacando que “mientras Page busca titulares, Paco Núñez trabaja en las instituciones donde sí se toman decisiones”.
En este sentido, Andicoberry ha lamentado que Page “no haya hecho lo único verdaderamente útil que estaba en su mano, exigir a Pedro Sánchez que defienda una PAC fuerte en el Consejo de la Unión Europea”. “Pero, una vez más, Page prefiere no incomodar a su jefe de filas”, ha añadido.
La dirigente ‘popular’ ha denunciado además la “enorme incoherencia” del Gobierno socialista en materia agraria. “Page intenta ahora presentarse como defensor del campo, cuando su partido lleva años señalando al sector, aumentando la burocracia y reduciendo apoyos. Primero generan el problema con políticas ideologizadas y después pretenden ponerse la medalla”, ha afirmado.
Andicoberry ha reprochado que “el PSOE siga recurriendo a parches y discursos vacíos en lugar de afrontar los problemas estructurales del campo”. “Si de verdad quieren atraer a jóvenes, lo que hay que garantizar es rentabilidad, con precios justos, costes energéticos asumibles y una competencia en igualdad de condiciones. De eso, Page no habla”, ha indicado.
Por ello, ha incidido en que los jóvenes deben contar “no solo mejores planes de mejora si no derechos hídricos para una agricultura rentable y del siglo XXI”.
Finalmente, ha cuestionado la falta de acción real del presidente regional: “Resulta especialmente llamativo que Page hable como si esto no fuera con él, cuando su propio partido tiene responsabilidades directas en Bruselas. ¿Cuántas veces se ha reunido con Teresa Ribera para defender a nuestros agricultores y ganaderos?”.
“Frente a las contradicciones permanentes del socialismo, el Partido Popular de Castilla-La Mancha seguirá defendiendo al campo con coherencia, trabajo y presencia en los espacios donde se decide su futuro”, ha concluido Andicoberry.
Rosa Sánchez Gándara pide al Gobierno rebajar ya el IVA a servicios de peluquería.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Ourense, Rosa Sánchez Gándara, ha exigido al Gobierno que deje de vulnerar la legalidad constitucional y proceda de inmediato a la rebaja del IVA aplicado a los servicios de peluquería, barbería y estética.
Durante la sesión de control en el Senado, Sánchez Gándara ha reclamado al ministro de Hacienda que cumpla con el mandato parlamentario aprobado en 2021, que establecía la reducción del IVA al 10%, y que posteriormente fue vetado por el Ejecutivo pese a haber sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
La dirigente popular ha denunciado que esta situación supone un “flagrante ataque a la separación de poderes” y ha criticado el bloqueo legislativo que mantiene paralizada la iniciativa en el Congreso. “El Gobierno ignora las sentencias y da la espalda a miles de profesionales”, ha señalado.
Asimismo, ha subrayado el impacto “devastador” que sufrió el sector durante la pandemia, con la pérdida de más de 52.000 empleos y el cierre de miles de negocios, muchos de los cuales aún no se han recuperado.
Sánchez Gándara ha cuestionado la actitud del Ejecutivo hacia este colectivo, preguntando “qué tiene el Gobierno contra los profesionales de la peluquería, estética y barbería”, especialmente cuando otros sectores sí han visto reducida su carga fiscal.
La senadora ha puesto en valor la importancia social y económica del sector, destacando su papel en el empleo de jóvenes y mujeres, que representan la gran mayoría de los trabajadores. También ha recordado las más de 500 movilizaciones realizadas por los profesionales para reclamar una fiscalidad justa.
Por todo ello, ha instado al Gobierno a “revertir la situación, cesar el bloqueo institucional y rebajar ya el IVA”, en cumplimiento de la legalidad y en defensa de un sector esencial.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la justicia fiscal, el respeto institucional y el apoyo a los sectores productivos, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
Sol Cruz Guzmán: «El problema no es la vivienda, es el Gobierno»
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sol Cruz Guzmán, ha denunciado que el Gobierno utiliza el problema de la vivienda “para enfrentar a los españoles”, contraponiendo propietarios con inquilinos, el alquiler con la compra y a unas comunidades autónomas con otras.
Cruz Guzmán ha criticado que el Ejecutivo ha convertido la vivienda en “arma propagandística”, basada en anuncios reiterados que no se materializan, y ha calificado de “ocurrencias” algunas de sus propuestas.
Frente a ello, el Partido Popular defiende que la solución pasa por aumentar la oferta: “La mejor receta es construir más vivienda”, ha subrayado, recordando el objetivo planteado por Alberto Núñez Feijóo de alcanzar un millón de nuevas viviendas, “un millón de proyectos de vida”.
Asimismo, ha lamentado que la Proposición de Ley del PP quede paralizada en el Congreso, señalando que más de 40 iniciativas se encuentran bloqueadas, entre ellas la ley contra la ocupación, y ha exigido responsabilidades a Francina Armengol.
La diputada popular ha defendido que las medidas del PP nacen del diálogo con administraciones, expertos y el sector, y que buscan agilizar la construcción, garantizar la seguridad jurídica y devolver la confianza al mercado del alquiler.
Además, ha advertido de que las políticas del Gobierno han reducido la oferta de vivienda disponible, denunciando que “han sacado del mercado cientos de miles de viviendas”, lo que agrava la crisis habitacional.
“El Partido Popular defiende que los ladrillos no tienen ideología”, ha afirmado, apelando a la necesidad de alcanzar acuerdos amplios que permitan resolver uno de los principales problemas de los ciudadanos.
El Partido Popular reitera su compromiso con políticas eficaces que impulsen la construcción, faciliten el acceso a la vivienda y garanticen seguridad jurídica, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.