Actualidad Política

18 de octubre de 2026

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El parlamentario andaluz de VOX por Almería, Rodrigo Alonso, ha denunciado que el gobierno de Moreno Bonilla tiene previsto destinar un importe de 2.478.169,60€, en un periodo de dos años, para menores inmigrantes no acompañados (menas) en Almería, y exige al PP que “se invierta ese dinero público en financiar dependencia y salud mental”.

Alonso ha explicado que el pasado 2 de diciembre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el expediente de contratación de 440 plazas de acogimiento residencial para menores inmigrantes no acompañados (menas) por un gasto de casi 37 millones de euros. Concretamente en Almería “se destinan 32 plazas de recepción y primera acogida por un importe de 2.478.169,60€ para un periodo de dos años”, según datos de la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. El gasto por mena al mes es de 3.549,46€, en niños de entre 16 y 18 años procedentes de Marruecos y Argelia, fundamentalmente, y mientras “se destina el dinero a menas, no se destina a las necesidades urgentes de los almerienses”, critica Alonso.

Ha advertido que los recursos que el Gobierno del Partido Popular está dedicando a estos menas son “muy necesarios” en otros sectores de la sociedad almeriense, por ejemplo, para atender a las personas con necesidades especiales o en situación de dependencia. Ha recordado que solo en esta provincia hay “35.746 almerienses esperando recibir el servicio de Dependencia” con un tiempo medio de espera de 477 días. En Andalucía han muerto, entre enero y febrero, 539 andaluces esperando una resolución de dependencia.

“Nos parece un despropósito que Moreno Bonilla continúe promoviendo políticas migratorias que alienten el efecto llamada”, invirtiendo más dinero en menas que en una plaza en una residencia para un mayor “que ha cotizado toda su vida”, señala Alonso. Asimismo, ha lamentado que con esa inversión “no se mejore la asistencia para la salud mental en Almería o se financien plazas para la atención de adultos con TEA en residencias o en centros de día”.

Moreno Bonilla prioriza a los menas antes que reforzar la asistencia en salud mental y para personas con TEA en edad adulta, ya que rechazó las enmiendas que VOX Almería presentó a los presupuestos de 2026 en las que se pedía aumentar el número de instalaciones y espacios sanitarios especializados en salud mental en los hospitales La Inmaculada, Torrecárdenas y Poniente; más apoyo a la Asociación El Timón; el aumento de las plazas residenciales para personas con TEA en edad adulta y el refuerzo del personal de psiquiatría en centros de atención primaria, por un importe de más de 2,5 millones de euros.

MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El parlamentario andaluz de VOX por Almería, además, ha criticado que el gobierno del PP en la Junta gaste 13.210.816,00 de euros en subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Mientras Moreno Bonilla destina más de 13 millones de euros a atender a países extranjeros, en Andalucía mueren todos los días nueve personas esperando una resolución de dependencia. Es una auténtica vergüenza que merece que Moreno Bonilla deje de ser presidente de la Junta de Andalucía.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pedro Navarro, ha calificado de “magnífica” la labor y el esfuerzo de las hermandades en una Semana Santa marcada por la nefasta gestión del PSOE y AxSí.
“Si Alcalá ha tenido Semana Santa es gracias al magnífico trabajo de las hermandades y sus hermanos, el pueblo de Alcalá, el Consejo local de Hermandades y la profesionalidad de la Policía, sanitarios y Protección Civil”, ha declarado Navarro, quien contrapone este éxito al “suspenso absoluto” del PSOE y AxSI por su falta de previsión y respeto.

Desprecio a la tradición y despilfarro

Navarro ha denunciado el maltrato a todas las hermandades y principalmente a las del Rosario y el Santo Entierro, que sufrieron obras en sus puertas hasta menos de 24 horas antes de salir por culpa de la Casa de la Juventud, que “recordamos que nos ha costado 3,3 millones de euros, lleva 8 años de retraso y además retrasaron la apertura 8 días después de la anunciada por una falsa alarma de lluvia y que lo único que está operativo es el bar, indignante”.

Y no queda solo en esto. “Es un insulto obligar a cambiar recorridos históricos a nuestras cofradías por la obra en la calle La Mina que es un pozo sin fondo: llevamos más de 10 millones de euros para 450 metros; nos sale el metro lineal a unos 23.000 euros de dinero de todos nosotros”. Para nosotros todo el recorrido de una cofradía es “carrera oficial” por respeto a sus hermanos y todo metro andado merece el mismo respeto.

“La alcaldesa no gobierna para los alcalareños, sino para su propio beneficio electoral. Ha preferido el caos de los parches de última hora, que se cambien los recorridos y los atascos con tal de buscar su ‘paseo triunfal’ antes de las elecciones. Su calendario es el político, solo gobierna para ganar elecciones y no para su ciudad; el nuestro, es el del respeto a nuestros ciudadanos, a todos, porque nuestro objetivo es mejorar esta ciudad como merecen sus habitantes”, afirma Pedro Navarro.

Por Keka Alcaide.

La historia muestra un patrón que se repite con una frecuencia inquietante. Cuando un líder o un movimiento logra incomodar de verdad al poder establecido, deja de ser tratado como un adversario político convencional y pasa a convertirse en un problema a neutralizar.

Ocurrió con Jesucristo, cuya ejecución respondió a motivos religiosos, pero sobre todo al temor a la desestabilización política, siendo sentenciado con la crucifixión, condenada con la que se ejecutaba a los considerados “rebeldes”. Sucedió con Sócrates, cuestionando el poder y la moral tradicional a través de una influencia notable en la juventud más crítica, siendo condenado en una Atenas que no toleraba ciertas preguntas. También con Juana de Arco, ante una imperiosa necesidad de desestimación, siendoejecutada por una herejía que encubría un proceso de intereses de poder.

En tiempos más recientes, figuras como Martin Luther King Jr., quien desenmascaró el problema racial establecido, movilizó a la opinión pública y se convirtió en una amenaza para el orden económico y social del sur estadounidense, evidencian que el desafío al sistema, desde distintos ángulos, suele tener un coste elevado. “Crucifícalo”. Una expresión traducida, independientemente de una escena histórica, en una lógica que atraviesa el tiempo, y que pasa por convertir al discrepante en una amenaza, urdir su deslegitimación, reducirlo a un estigma y justificar así su exclusión.

En ese contexto, la situación de VOX en España ha abierto un debate que trasciende lo ideológico. Más allá de las posiciones que defiende el partido, sus actos han sido objeto de protestas agresivas, boicot y episodios de hostigamiento que dificultan el desarrollo normal de su actividad política.

A esa presión se suma un fenómeno más silencioso, pero igual de significativo. El intento de hacer desaparecer políticamente a quien incomoda sin necesidad de prohibirlo. Reducir su presencia en determinados espacios mediáticos, evitar su participación en debates o tratar su existencia como algo marginal contribuye a construir la percepción de que no forma parte del marco político real y, con ello, un evidente intento por diluirlo.

Además, se añade otra dinámica que alimenta esa percepción. Algunas de las propuestas defendidas por VOX han sido rechazadas en el Parlamento para, tiempo después, reaparecer en iniciativas de otros partidos o en medidas adoptadas desde el poder. Ha ocurrido con planteamientos fiscales en contextos de crisis, con debates sobre seguridad o con cuestiones relacionadas con el control migratorio. Se rechaza una idea cuando tiene un origen concreto y se normaliza cuando cambia de emisor, desviando el foco del contenido y a quién lo plantea.

Es ahí donde se entiende mejor la paradoja. Se bloquea la iniciativa, pero no la idea. Se rechaza a VOX, pero el resto de grupos se reparten su discurso. De ahí se desprende una conclusión incómoda para el relato dominante. Reprochar a VOX la ausencia de iniciativas, pese a lo desmontable de la afirmación, forma parte de la malintencionada construcción de una percepción. Si las ideas no se debaten, si no se amplifican y si, además, acaban siendo asumidas por otros, los contrincantes, sin reconocimiento explícito, se genera la sensación de que no existen. Dicho de otra manera, no es que VOX no ponga propuestas encima de la mesa, es que se diluyen deliberadamente hasta que parezca que nunca estuvieron ahí.

El punto relevante es si en una democracia consolidada se acepta que una opción política pueda ser objeto de presión constante, acoso o invisibilización hasta ver reducido su espacio de actuación, se comparta o no el proyecto. Pues el pluralismo no consiste en tolerar a quien resulta cómodo, sino en aceptar la existencia de posiciones que incomodan, que generan rechazo o que cuestionan el consenso dominante.

Cuando el adversario deja de ser considerado legítimo, se pone de manifiesto la existencia de un problema estructural, que traspasa lo político. Porque cuando una sociedad empieza a decidir quién puede hablar y quién debe desaparecer, ya no está defendiendo la democracia, está empezando a vaciarla.

El grupo parlamentario de VOX ha registrado en el Parlamento de Cataluña una amplia batería de preguntas dirigidas al Govern con el objetivo de esclarecer la aplicación de la eutanasia en la comunidad autónoma. La iniciativa se produce tras el caso de Noelia Castillo, que la formación considera de especial gravedad.

La diputada de VOX en el Parlamento catalán y portavoz nacional de Sanidad, María García Fuster, ha denunciado que este caso refleja, a su juicio, un fallo institucional. Según ha señalado, “Noelia es una de las víctimas de un Estado fallido y criminal, que jamás la protegió, ni la cuidó ni se interesó por ella, ofreciéndole la muerte como única salida a su situación”.

En este contexto, VOX ha solicitado información detallada sobre el funcionamiento de la eutanasia en Cataluña desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021. Entre los datos requeridos se incluyen el número total de solicitudes registradas, los informes emitidos por los médicos consultores, los expedientes revisados por la Comisión de Garantía y Evaluación, así como las resoluciones revocadas por este organismo.

La formación también ha pedido un desglose de las solicitudes validadas según patologías, además de información sobre posibles incumplimientos de los requisitos legales por parte de los profesionales implicados, incluyendo la eventual falta de especialización de los médicos consultores. Asimismo, VOX solicita conocer los criterios técnicos empleados en las resoluciones favorables, los mecanismos de control e imparcialidad, la existencia de posibles conflictos de interés y los sistemas de auditoría externa.

En relación con el caso de Noelia Castillo, VOX ha requerido información específica sobre su expediente, como la identidad de los verificadores designados, el contenido de los informes médicos, la existencia de valoraciones psiquiátricas externas y si se tuvo en cuenta la oposición judicial de la familia.

Igualmente, la formación ha pedido explicaciones sobre los casos de eutanasia por motivos de salud mental, el papel de los psiquiatras en estos procesos y la posible influencia de factores socioeconómicos o presiones externas en la voluntad de los solicitantes.

La batería de preguntas incluye también cuestiones relativas a la compatibilidad de cargos, la posible vinculación de miembros de los órganos evaluadores con entidades relacionadas con la eutanasia, así como la transparencia en la designación de verificadores y en la resolución de los expedientes.

Por otro lado, VOX ha solicitado información sobre el presupuesto de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y el reparto de recursos entre la promoción de la eutanasia y los cuidados paliativos. Según la formación, esta iniciativa busca “garantizar la máxima transparencia en un ámbito extremadamente sensible”, al tratarse de decisiones irreversibles que afectan a la vida de las personas.

Desde VOX se ha insistido en que es necesario esclarecer si se están cumpliendo todas las garantías legales, médicas y éticas en estos procesos. En este sentido, García Fuster ha subrayado que la formación continuará impulsando iniciativas para que, en sus palabras, “la cultura de la vida vuelva a inspirar toda la legislación del Estado”.

El diputado de VOX en las Cortes Valencianas, Miguel Pascual, ha alertado durante la sesión de control sobre las dificultades crecientes de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad, señalando como factores relevantes la compra de inmuebles por capital extranjero y el aumento de la demanda.

Durante su intervención, Pascual ha subrayado que en los últimos 15 años el porcentaje de jóvenes propietarios en España ha descendido del 70% a menos del 35%, lo que, a su juicio, refleja un cambio estructural en el acceso a la vivienda.

El diputado ha señalado que una parte de esta situación está relacionada con la creciente presencia de compradores extranjeros en el mercado inmobiliario, indicando que una de cada cinco viviendas adquiridas en España corresponde a este perfil. Asimismo, ha destacado que muchas de estas operaciones se realizan sin financiación, lo que, según ha explicado, dificulta la competencia para los jóvenes.

Pascual también ha hecho referencia a la evolución de la capacidad adquisitiva, indicando que desde la crisis de 2008 esta se ha reducido significativamente para amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes.

Además, ha vinculado el aumento de la demanda de vivienda con factores demográficos y sociales, señalando que la llegada de población ha contribuido a tensionar el mercado inmobiliario.

En este contexto, el diputado ha solicitado al Consell información sobre su política en relación con la compra de vivienda por parte de capital extranjero, así como su posicionamiento respecto a las necesidades habitacionales de los valencianos.

Desde VOX han planteado tres líneas de actuación: la reducción de la carga regulatoria, la bajada de impuestos vinculados a la vivienda y el refuerzo de medidas que favorezcan el acceso a la propiedad para jóvenes y familias.

Finalmente, Pascual ha defendido la necesidad de recuperar un modelo que facilite el acceso a la vivienda en propiedad, considerándolo un elemento clave para la estabilidad económica y social.

El candidato de VOX a la presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado, sobre el viaje en Falcon de Sánchez a Huelva, que mientras para Sánchez “al parecer hay privilegios, para los onubenses lo que hay son desgraciadamente miserias” del Gobierno de España.

“Los onubenses no tienen buenas carreteras, no tienen unas buenas infraestructuras ferroviarias y además las playas de Huelva todavía siguen afectadas por los daños de los últimos temporales”, ha lamentado Gavira.

Del mismo modo, el candidato de VOX ha criticado “lo que estamos viendo en estos primeros días de precampaña”, es decir, “cómo el bipartidismo de socialistas y de populares ya han dejado claro que no quieren que VOX participe en un debate en TVE”. “Los andaluces no llegan a fin de mes, que vivimos en una tierra donde todavía los impuestos son muy altos y los servicios públicos siguen deteriorados y vamos a hablar también de la corrupción del Partido Popular en Almería y la corrupción del Partido Socialista, esa mafia y esa corrupción”, ha señalado el candidato.

Asimismo, Gavira ha criticado que Sánchez “utiliza los recursos de todos los andaluces para estar en Doñana”. En este sentido, el candidato de VOX en Andalucía ha señalado “las carencias” que tiene Huelva como “problemas de carreteras, problemas con el tema de los trenes, que vivimos desgraciadamente con el accidente de Adamuz de hace unas semanas y es la única provincia de costa de España y sobre todo la principal que hay en Andalucía donde no tiene aeropuerto”. “Estamos hablando de una provincia que se encuentra absolutamente olvidada y Sánchez lo que hace es usar sus privilegios mientras los onubenses lo que tienen que hacer es soportar los sacrificios por culpa del Gobierno de España”, ha concluido Gavira.

El diputado por Castellón y portavoz de VOX en la comisión mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, Alberto Asarta, ha defendido con contundencia los pilares de la política migratoria de VOX: “Remigración, repatriación y deportación como única vía para frenar el descontrol migratorio y proteger la seguridad de los españoles”.

Asarta ha anunciado que VOX apoyará la creación de la Ponencia para analizar el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros impulsado por el Gobierno y respaldado por el Partido Popular, aunque ha denunciado la “hipocresía e incoherencia” de los populares.

“Votaron a favor de la regularización masiva en el Congreso, financian en las comunidades donde gobiernan a ONG que fomentan el efecto llamada y en el Senado rechazaron las enmiendas de VOX para expulsar a delincuentes extranjeros”, ha criticado.

Frente a esta política, Asarta ha reivindicado una actuación firme del Estado: “Remigración para quienes vienen a vivir de las ayudas, repatriación de todos los que han entrado ilegalmente y deportación inmediata de los extranjeros que delinquen”.

“El que no respeta nuestras leyes ni nuestras costumbres no puede quedarse en España”, ha subrayado.

El diputado ha insistido en que la ponencia debe abordar con rigor el impacto real de la inmigración ilegal en la seguridad nacional, revisar las políticas actuales que favorecen regularizaciones masivas sin control y plantear medidas eficaces como el refuerzo de fronteras, la lucha contra las mafias y una cooperación internacional basada en resultados.

Por último, ha advertido de que “la seguridad nacional está hoy seriamente comprometida por una política migratoria errática, improvisada y profundamente irresponsable”, y ha defendido que solo con medidas firmes “España podrá recuperar el control de sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

El Grupo Parlamentario VOX ha denunciado en el Pleno de la Junta General el abandono del patrimonio tradicional asturiano por parte del Gobierno de Adrián Barbón, tras defender su iniciativa para la protección y puesta en valor de los hórreos, rechazada por los partidos de Izquierda.

El diputado Javier Jové ha recordado que esta proposición es similar a la que fue presentada hace dos años sin que el Ejecutivo haya adoptado medidas eficaces, a pesar de que “han pasado más de siete años desde el documento de recomendaciones y tres desde el llamado Plan del Hórreo”.

“En este tiempo han caído del orden de 3.000 hórreos en Asturias. Esa es la realidad frente a la propaganda del Gobierno”, ha señalado.

Jové ha criticado que, de las 22 medidas recogidas en ese plan, “no se ha ejecutado prácticamente ninguna”, limitándose la actuación del Ejecutivo a iniciativas “cosméticas e ineficaces”.

El parlamentario también se ha referido al anuncio del Ministerio de Cultura de declarar hórreos del norte de España, entre ellos los asturianos, Patrimonio Cultural Inmaterial. “No queremos que los hórreos sean patrimonio inmaterial, eso es humo, queremos que los hórreos sigan siendo parte de nuestro mensaje, queremos salvar los hórreos de la ruina y no salvar hórreos en ruina”, ha subrayado Jové.

Asimismo, ha denunciado “falta de rigor y transparencia” en las cifras ofrecidas por el Gobierno de Barbón en lo que se refiere a la protección de los hórreos. “Han hablado de más de 2,5 millones destinados a restauraciones, pero la realidad es que han presupuestado menos y ejecutado apenas 1,2 millones. Ni siquiera alcanzan el 70% de ejecución”, ha explicado.

En este sentido, ha advertido de que, al ritmo actual, “harían falta cerca de 800 años y más de 170 millones de euros para conservar los hórreos existentes”.

La clave: dar uso y eliminar trabas

El diputado de VOX ha insistido en que la solución no pasa por aumentar las subvenciones, sino por permitir que los hórreos “dejen de ser una carga para sus propietarios y se conviertan en un activo”.

“La medida clave, que es permitir nuevos usos mediante la modificación del reglamento, sigue sin aplicarse. Y sin utilidad, los hórreos están condenados a desaparecer”, ha señalado.

Jové ha defendido una mayor libertad para los propietarios, permitiendo usos compatibles que mantengan la estructura tradicional. “No se trata de imponer listados cerrados desde un despacho, sino de confiar en la iniciativa de los asturianos. La imaginación de los paisanos es mucho más amplia que la mentalidad de un grupo de burócratas”, ha afirmado.

Durante su intervención, el diputado ha compartido además su experiencia personal con la rehabilitación de un hórreo familiar, denunciando las trabas administrativas. “Invertí casi 17.000 euros y tuve que enfrentarme a una burocracia absurda. Dos años después, Patrimonio ni siquiera ha pasado a revisarlo”, ha relatado.

También ha criticado la imposibilidad de trasladar estructuras caídas para su recuperación. “Ni siquiera permiten mover un hórreo para reconstruirlo. El resultado es que sigue en el suelo deteriorándose”, ha añadido.

VOX exige medidas reales y urgentes

Desde VOX han reclamado al Gobierno que deje de “anunciar planes que no ejecuta” y adopte medidas efectivas para proteger este patrimonio.

“No se puede presumir de asturianismo mientras se permite que uno de los símbolos más reconocibles de nuestra identidad desaparezca a este ritmo”, ha afirmado Jové.

La iniciativa de VOX propone, entre otras medidas, la flexibilización de usos, la simplificación normativa y la adaptación de la regulación para facilitar la conservación activa de los hórreos, evitando así su progresiva desaparición.

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