Carmona denuncia la crisis del AVE en Málaga y cifra en 300 millones las pérdidas.
El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado hoy que la “nula transparencia” del Gobierno está generando una crisis ferroviaria sin precedentes en la provincia: “La incertidumbre y el daño reputacional es irreparable”.
Carmona ha destacado que “la falta de información del Ministerio de Transporte y de ADIF”, que ha puesto en conocimiento hoy que no habrá conexión por AVE con Madrid hasta el 23 de marzo, “no solo pone en riesgo la temporada turística, sino también la imagen de un servicio que hasta hace pocos años era de excelencia”.
De esta forma, ha acusado a Sánchez y Puente de “falta de criterio y capacidad de anticipación”, además de reprochar al ministro que “no dé la cara y venga a Málaga a explicar la gravedad de la situación”, lamentando este nuevo varapalo para el sector turístico de cara a Semana Santa.
El dirigente popular ha señalado que las pérdidas en el sector productivo malagueño superan los 300 millones de euros “tras tres semanas sin trenes” y que se “disparará muy por encima de esa cifra si se confirma que la conexión ferroviaria no regresará a la provincia cuatro días antes del comienzo de la Semana Santa”.
“¿Qué turistas nacionales van a reservar plaza en los hoteles de la provincia si el medio de transporte por excelencia es el AVE y nadie les garantiza que la línea esté a punto para esas fechas? Es un atentado contra el modelo económico y productivo de Málaga”, ha continuado.
Por ello, Carmona ha destacado que “la incertidumbre se ha apoderado del sector turístico” ante la falta de transparencia “del Gobierno de la desinformación”. “Están produciendo un daño irreparable en la economía provincial”, ha insistido.
“Esta tomadura de pelo no hace más que reforzar la pérdida de confianza de los usuarios en el tren y en este Gobierno, que se ha cargado un servicio ferroviario que rozaba la excelencia para convertirlo en un esperpento”, ha relatado Carmona.
Ante ello, el dirigente popular ha señalado a Sánchez y Puente “por su incapacidad para gestionar la red ferroviaria y por su sectarismo con Málaga”.
“Se jactan de que el tren está en el mejor momento de la historia de nuestro país. Están confirmando su falta de autocrítica, su criterio y nula capacidad de anticipación”, ha relatado.
Finalmente, Carmona ha cargado contra el ministro de Transporte, “que no ha sido capaz de venir a Málaga y dar la cara ante una crisis sin precedentes en el sector que ya acumula siete años de continuas incidencias, cancelaciones y retrasos”.
Sergio Sayas: «Las viviendas de Sánchez son humo para tapar corrupción»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha cargado duramente contra la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de anunciar “miles de viviendas que nunca se construyen” y de utilizar estas cifras como “humo para tapar escándalos”.
Durante su intervención, Sayas ironizó con que, si hubiera leído los anuncios del Ejecutivo “con el tono y la voz de los niños de San Ildefonso, entre pedreas y gordos, habría parecido que estaba cantando premios de la Lotería”. Sin embargo, subrayó que lo que realmente estaba denunciando es “la banalización burda y el humo inadmisible con el que el Gobierno trata la política de vivienda”.
El diputado popular criticó que el Ejecutivo anuncie viviendas “como si fueran los panes y los peces”, pero sin materializarlas. “Las prometen cada vez que quieren tapar algún escándalo. Pero no hay cifra suficiente para ocultar tanta corrupción, tanto machismo, tanta indecencia y tanta práctica mafiosa como estamos viendo en el Gobierno de Pedro Sánchez”, afirmó.
Sayas instó a la ministra de Vivienda a abandonar esta estrategia y centrarse en soluciones reales, recordando que “mientras ustedes se dedican a hacer anuncios, los jóvenes españoles siguen viviendo hasta los 40 años en casa de sus padres o pagando por una habitación lo mismo que antes costaba un piso entero”.
En este sentido, reclamó al Ejecutivo que atienda las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda, entre ellas la aprobación de una nueva Ley del Suelo, medidas antiokupación, la reducción de impuestos, la eliminación de trabas administrativas y la puesta a disposición de más suelo para construir.
“El Partido Popular ha presentado alternativas claras y viables. España tiene esperanza en materia de vivienda, pero esa esperanza empieza cuando ustedes dejen la Moncloa. Espero que sea cuanto antes”, concluyó.
Jesús Cano acusa a Sánchez de «regar fuera lo que seca dentro» tras el recorte del Tajo-Segura.
El Pleno de la Asamblea Regional ha rechazado a iniciativa del Partido Popular, y pese al voto en contra de PSOE y Podemos, el acuerdo por el que el Gobierno de España “quiere financiar en Marruecos las infraestructuras hidráulicas que aquí recorta, como el Tajo-Segura”
Jesús Cano, defensor de la moción, ha retado al PSOE a explicar a los agricultores de la Región “por qué Sánchez les niega el agua y los trasvases aquí, mientras abre la puerta a pagarlos en Marruecos”.
“No es solo un rechazo a un acuerdo concreto con Marruecos, sino a un modelo de política del agua profundamente injusto, incoherente y lesivo para la Región de Murcia”, ha puntualizado cano. “Porque mientras en algunas zonas de España, los trasvases son demonizados, recortados e incluso desmantelados, en Marruecos se financian con dinero español”, ha reprochado.
“Lo que aquí llaman ‘insostenible’, allí lo promueven; lo que aquí califican de ‘agresión ambiental’, allí lo pagan; lo que aquí niegan a Murcia, lo regalan a Rabat”, ha apuntado Cano. “Esto no es política ambiental: es hipocresía institucional”, ha apostillado.
“Mientras se recorta el Trasvase Tajo-Segura, mientras se elevan caudales ecológicos sin consenso técnico real, mientras se dejan perder volúmenes que van a parar al mar, el Gobierno de Sánchez decide financiar infraestructuras hídricas en Marruecos, nuestro principal competidor agrícola”, ha lamentado.
“Porque no se trata de cooperación al desarrollo, sino de competencia directa en los mercados europeos”, ha advertido Cano. “Se trata de precios, de costes, de rentabilidad; se trata de arruinar explotaciones aquí, mientras se fortalece a quien compite con nosotros fuera”, ha añadido.
El diputado del PP ha recordado que “el PSOE de Zapatero y Narbona enterró el Plan Hidrológico Nacional, y el PSOE de Sánchez ha renunciado a una política de Estado del agua, y ha sustituido la planificación por la ideología”. “Sin embargo, ahora sí hay dinero para financiar planes hidráulicos fuera de España”, ha señalado. “Esto no es coherencia: es renunciar a gobernar para tu país”, ha incidido.
“La realidad es que Pedro Sánchez sacrifica al sureste español en el altar de su ideología hídrica y de su política exterior de sumisión”, ha reprochado Cano, que ha lamentado que “mientras aquí estamos mendigando una justa y necesaria partida presupuestaria para la seguridad de nuestras presas y embalses, Marruecos va a recibir inversiones millonarias para almacenar y transportar agua”. “Sánchez va a regar fuera, con nuestros impuestos, lo que está secando dentro”, ha denunciado.
“No estamos ante una anécdota diplomática, sino una decisión política con consecuencias económicas, sociales y territoriales”, ha reseñado el parlamentario. “Es una agresión directa al campo de la Región, una ruptura del principio de solidaridad entre territorios, una política de agua que enfrenta regiones, rompe la cohesión nacional y destruye la igualdad de oportunidades”, ha añadido.
“La Región de Murcia no pide privilegios: exige justicia territorial y planificación”, ha subrayado Cano. “Exige que el agua se gestione como un recurso estratégico de Estado, y no como un arma ideológica contra determinadas regiones”, ha concluido.
Guillermo Mariscal: «Han destruido un sistema robusto por fanatismo ideológico»
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Guillermo Mariscal, ha advertido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, de que su gestión energética “destruye empleos, compromete la economía y el bienestar y aleja la industria de España”, calificándola de “fracaso rotundo”.
Diez meses después del gran apagón del 28 de abril de 2025, Mariscal ha recriminado al Gobierno que no haya ofrecido una explicación clara y veraz sobre lo ocurrido. A su juicio, el Ejecutivo se ha escondido “tras informes y contrainformes” con el objetivo de generar confusión y diluir responsabilidades.
El diputado popular ha cuestionado que, si el sistema estaba tan bien como sostiene el Gobierno, por qué se modificó el mix eléctrico y ahora la energía nuclear vuelve a considerarse estratégica; por qué los consumidores han asumido un sobrecoste superior a 1.100 millones de euros debido al mayor uso de gas; por qué se ha desperdiciado energía renovable; o por qué se ha aprobado la compra de compensadores síncronos para aportar control de tensión al sistema.
“Todos esos cambios son el reconocimiento explícito, por la vía de los hechos, de que convirtieron en frágil un sistema que era robusto, tan frágil que colapsó”, ha afirmado Mariscal, quien ha señalado que el Gobierno y la presidenta de Red Eléctrica arrastraron al país a “un suicidio energético”.
Asimismo, ha defendido que, si la central de Almaraz hubiera estado funcionando al cien por cien el día del apagón y el Ejecutivo no hubiera actuado “contra las leyes de la física ni guiado por el fanatismo climático”, el colapso no se habría producido.
Mariscal ha extendido sus críticas a la política hídrica del Ejecutivo, citando como ejemplo que existen 350.000 viviendas pendientes de entrega por falta de conexión a la red eléctrica o la paralización de infraestructuras hidráulicas en comunidades como Castilla y León.
El Partido Popular reitera su apuesta por una política energética y de agua basada en criterios técnicos, estabilidad regulatoria y garantía de suministro para proteger el empleo, la competitividad industrial y el bienestar de los ciudadanos.
Ester Muñoz a Montero: «¿Cuántos delincuentes entrarán por su culpa?»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, “cuántos delincuentes se van a colar en España por su culpa” como consecuencia del proceso de regularización masiva impulsado por el Ejecutivo.
Muñoz ha advertido de que la política del Gobierno puede convertir la entrada ilegal en España en un “premio”, al permitir la obtención de papeles sin exigir, según ha señalado, los antecedentes penales del país de origen ni los policiales en España.
La dirigente popular ha denunciado que el Ejecutivo está “sumiendo a España en el caos”, con colas de inmigrantes en consulados y mafias traficando con turnos para simular el arraigo. A su juicio, el Gobierno no está actuando con el control y la planificación necesarios.
Asimismo, ha criticado que hasta hace un mes la regularización masiva estuviera “fuera del marco legal europeo” y ha preguntado qué ha cambiado para que ahora el Ejecutivo la impulse. En este sentido, ha señalado que ningún otro gobierno europeo, ni de izquierdas ni de derechas, está llevando a cabo una operación de esta naturaleza “sin control y de espaldas a nuestros socios”.
Muñoz ha acusado al Ejecutivo de radicalizar su política migratoria y ha subrayado que España necesita una política de Estado basada en el cumplimiento de la ley, el control efectivo de fronteras y la coordinación con el marco normativo europeo.
La portavoz del GPP ha concluido que el Partido Popular seguirá defendiendo una política migratoria ordenada, legal y coherente con el Estado de Derecho.
Feijóo se reúne con el Foro de la Profesión Médica tras la huelga contra el Estatuto Marco.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una reunión con el Foro de la Profesión Médica y mañana se sentará con el Comité de Huelga, después de los paros convocados contra el Gobierno como consecuencia de su anteproyecto de Estatuto Marco.
Esta reunión, en la que ha estado acompañado de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, así como de otros cargos y portavoces sanitarios del PP, se enmarca dentro de la ronda de encuentros que se están manteniendo desde el Partido Popular con los profesionales sanitarios.
Esta disposición al diálogo de Feijóo confronta con la actitud de Sánchez, que ni siquiera ha tenido una mención para los médicos y que no se ha hecho cargo de la situación provocada por su Ministerio de Sanidad.
El PP lleva mucho tiempo defendiendo la necesidad de diálogo y consenso tanto con los profesionales como con las comunidades autónomas. Además, ha mostrado su compromiso ante el Foro de la Profesión Médica para encontrar soluciones que fortalezcan la profesión y el sistema sanitario en su conjunto.
Ana Alós: «Solo 7 de cada 100 expulsiones se ejecutan en España»
La portavoz adjunta del GPP señala que en España solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión que se dictan, teniendo en cuenta que entre enero y septiembre de 2025 nuestro país notificó más de 41.000 órdenes de expulsión, por lo que no estamos ante “un fallo puntual”. “Es un fracaso estructural y lanza un mensaje devastador: en España incumplir la ley sale gratis”, dice
Advierte asimismo de que “España no puede ser el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte la irregularidad en antesala de la regularización automática”
“A un ciudadano español se le exige un certificado oficial negativo de antecedentes penales para acceder a un empleo público o a determinadas actividades y, sin embargo, a quien ha entrado o permanecido ilegalmente en España se le va a permitir regularizar su situación con una manifestación unilateral”, apunta sobre la mayor regularización masiva de inmigrantes irregulares de nuestra historia a manos de Pedro Sánchez
“¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿Que eso protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas?”, plantea sobre una regularización que “no solo es injusta para los ciudadanos españoles, sino también para quienes han venido legalmente y han esperado años en trámites burocráticos interminables”
“Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos y así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen”, incide en relación con “el potente efecto llamada” que las mafias están ya utilizando
Resalta que “la propia Fiscalía General del Estado ha advertido de los retrasos y dificultades para materializar expulsiones por colapso judicial, imposibilidad de localización o falta de cooperación consular”. “Es decir, el sistema no funciona y, en lugar de arreglarlo, el Gobierno ha optado por desactivarlo por la vía de la regularización masiva”, denuncia
Además de garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión, exige al Gobierno “aprobar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente en delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno”
También reclama “reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas; revisar los acuerdos con países de origen y tránsito, introduciendo consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en la readmisión; así como reforzar los medios humanos y tecnológicos de nuestras FyCSE y la cooperación con Frontex”
“Esto no va de humanidad frente a firmeza, va de Estado de Derecho, de que las resoluciones administrativas y judiciales se cumplen, de que quien comete delitos graves o reincide dolosamente no puede seguir en nuestro país como si nada hubiera pasado”, añade sobre las propuestas recogidas en la Proposición no de Ley del GPP debatida hoy y que es “coherente” con el nuevo Reglamento de Retorno presentado por la Comisión Europea
Destaca que dicho reglamento, que es “directamente aplicable y vinculante para todos los Estados miembros”, exige que “cuando alguien reciba una orden de salida de la Unión, efectivamente abandone la Unión”
“¿Qué credibilidad tendrá España cuando entre en vigor plenamente este Reglamento si hoy ejecuta solo el 7 % de sus órdenes de expulsión? ¿Cómo vamos a participar en un sistema de reconocimiento mutuo de decisiones, si estas no se cumplen? ¿Qué confianza van a depositar en nosotros los demás Estados miembros?”, pregunta
“España necesita una política migratoria de Estado: con autoridad única, control efectivo de fronteras, criterios objetivos y verificables para cualquier regularización individualizada, y retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos”, hace hincapié puesto que el Gobierno “no puede seguir trasladando a las comunidades y a los ayuntamientos los costes de la improvisación, no pueden tensionar más los servicios públicos legislando sin planificación ni memoria económica”
Paco Núñez propone convertir Castilla-La Mancha en un destino estratégico para la inversión global.
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido de que la región solo recibe el 0,9 % de la inversión extranjera que llega a España, frente al 76 % que capta la Comunidad de Madrid, una realidad que, a su juicio, demuestra la necesidad de un cambio en la política económica autonómica.
Núñez ha señalado que estos datos evidencian que Castilla-La Mancha debe “abrirse al mundo” y facilitar que las empresas encuentren oportunidades y no barreras administrativas a la hora de invertir.
En este contexto, el presidente regional del PP ha mantenido un encuentro con el embajador de China en España, al que ha trasladado un proyecto claro para la región basado en la reducción de trabas burocráticas, mayor agilidad administrativa y medidas concretas que conviertan a Castilla-La Mancha en un territorio atractivo para la industria, la logística y las nuevas tecnologías.
“El potencial de Castilla-La Mancha es enorme, pero necesita un gobierno que lo impulse con decisión”, ha afirmado Núñez, quien ha insistido en que la región debe competir en igualdad de condiciones para captar inversión extranjera, generar empleo y fijar población.
Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha se apuesta por un modelo económico abierto, competitivo y orientado a atraer proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo industrial y tecnológico de la comunidad.