Lucía Yeves critica la falta de plan del Gobierno ante la crisis turística por el AVE.
La vicesecretaria del PP de Málaga y senadora, Lucía Yeves, ha preguntado hoy al Gobierno de España qué medidas va a implementar para compensar las pérdidas millonarias en el sector turístico de Málaga por la desconexión del AVE desde hace más de un mes.
La dirigente popular ha advertido de que el sector turístico “ya habla de una caída de las reservas del 35% de cara a la Semana Santa” y ha exigido al Ejecutivo de Sánchez un plan de choque para poner las playas a punto ante la inminente llegada de visitantes.
“Nos preocupa que el Gobierno no se plantee impulsar medidas para ayudar al sector de una provincia eminentemente turística como Málaga; estamos hablando de la principal industria, con un impacto económico que supera los 21.800 millones de euros al año”, ha explicado, marco en el que ha advertido de que el sector turístico se ha visto afectado tanto por los temporales de febrero, como por la desconexión del AVE y el mal estado de las playas.
De este modo, Yeves ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a que, “con la mayor diligencia posible, arregle de una vez por todas el talud derrumbado en Álora por el temporal”, que mantiene a Málaga sin conexión directa por AVE, obligando a los usuarios a combinar autobús y tren, y alargando el recorrido más allá de las cuatro horas de viaje.
“La provincia ha pasado, en siete años, de tener una conexión por alta velocidad con Madrid envidiable a posicionarse como la línea con más retrasos de toda España. Pero esto no nos pilla por sorpresa, dada la escalada de averías, retrasos y cancelaciones que sufre la red ferroviaria de la provincia”, ha subrayado.
Ante ello, Yeves ha señalado “otro nuevo despropósito en el Cercanías” tras la cancelación de cuatro trenes de la línea C-1 hoy mismo en ambos sentidos y “en plena hora punta” por la avería de un tren. “Esta es la dinámica prácticamente diaria a la que nos ha condenado el Gobierno de Sánchez y Puente, de manera que en 2025 se registró una incidencia cada 48 horas en el AVE”, ha recordado.
De esta forma, y según los propios hosteleros, las pérdidas por este “aislamiento ferroviario” han superado ya la barrera de los 300 millones para un sector “clave en la economía malagueña”: “El turismo aporta a la caja común gran parte de los más de 6.000 millones de euros que Montero recauda al año en impuestos en Málaga, por lo que nos preocupa la desidia de un Gobierno sectario que viene castigándolo desde hace años, tal y como vemos en materia de playas”, ha apostillado.
Al respecto, ha insistido en la necesidad de “un plan estructural para la estabilización del litoral malagueño que acabe con los parches de Sánchez”. “No podemos seguir repitiendo, año tras año, los mismos errores por la inacción de este Gobierno. Estamos a un mes de la llegada de Semana Sana y todavía no sabemos si van a ser los ayuntamientos los que vuelvan a cargar a pulmón con el peso económico de la recuperación del litoral”, ha concluido.
Toni Martín: «Andalucía tiene un Gobierno que cumple, no uno que improvisa en campaña»
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha puesto en valor la importancia de “contar con gobernantes que aporten a Andalucía seguridad y estabilidad”, como ha demostrado Andalucía a raíz de los “terribles acontecimientos” de Adamuz y de las sucesivas borrascas que han azotado nuestra comunidad, y ha subrayado que “un gobierno estable y que da seguridad es un gobierno que cumple su palabra, como el de Juanma Moreno”.
Frente a ello ha contrapuesto al Gobierno de Pedro Sánchez que, además de no cumplir en materia de infraestructuras con Andalucía, “a tres meses de unas elecciones autonómicas” se dedica a hacer promesas a través de la vicepresidenta y jefa de filas de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que ha tachado de “ridículas”.
Durante la pregunta dirigida al presidente de la Junta en la sesión de control del Parlamento este jueves, el portavoz popular ha considerado que resulta “casi ridículo escuchar en un momento como éste y a tres meses de unas elecciones a la señora Montero prometer que va a hacer 100.000 viviendas en Andalucía cuando el Gobierno de Pedro Sánchez en seis años ha hecho 18.000 en toda España y ni una sola de ellas en Andalucía”.
“O que a tres meses de las elecciones andaluzas prometa la conexión ferroviaria de Santa Justa con el aeropuerto de Sevilla. Eso sí, sin un solo plazo y sin un solo compromiso económico”, ha añadido, al tiempo que ha enfatizado que hace esas promesas “mientras el Puente del Centenario, ejemplo vivo de la corrupción sanchista, está paralizado y sin una fecha de solución. Por no hablar de la SE-40, que tienen parada y en la que no han puesto un euro desde 2018; o los socavones en Jaén de la A4 y las deficiencias de trazado de esta misma vía en la provincia de Córdoba; o la AP-4 (entre Sevilla y Cádiz) que no recibe un euro desde 2018 y que está al borde del colapso”, ha enumerado Toni Martín.
Asimismo, el portavoz parlamentario popular ha puesto en valor “la mayoría suficiente” que ostenta el Grupo Popular en la Cámara andaluza y gracias a la cual, por ejemplo, se impidió que la oposición en bloque tumbara la convalidación de un decreto Ley que se elevó al Pleno el 12 de noviembre pasado y que regula los anticipos de pago a las entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de Protección Civil y catástrofes públicas.
Herramienta para agilizar las ayudas gracias a la mayoría amplia del PP
“Hace tres meses y con gran clarividencia, el Gobierno andaluz trajo a esta cámara ese decreto y gracias a ello ahora se van a agilizar la ayudas. Qué suerte que el Grupo Popular tenga la mayoría suficiente, porque toda la oposición votó a contra para tumbar la herramienta que va a facilitar que se agilicen ahora las ayudas” a los municipios afectados por el tren de borrascas, según ha explicado Toni Martín.
El portavoz popular ha criticado en particular la actitud del Grupo socialista porque “hace 48 horas” ha registrado una iniciativa sobre “medidas extraordinarias de cooperación económica a los ayuntamientos: Lo mismo que han intentando tumbar hace dos meses, seguramente para intentar enjuagar esa actitud anti andaluza que han protagonizado”.
Para Martín, los gobiernos estables y que aportan seguridad se caracterizan también por “asumir responsabilidades cuando les toca”, cosa que no ha hecho el Gobierno de Sánchez ni en el caso del ex DAO de la Policía Nacional acusado de violación ni en el caso del ex jefe de Gabinete del delegado del Gobierno Rafael Pineda, “que daba pelotazos urbanísticos en el Ayuntamiento de Sevilla y presuntamente hacía chanchullos con narcotraficantes”.
28F: “Un presidente y un Gobierno a la altura de la dignidad del pueblo andaluz”
Respecto a la celebración del 28F, Toni Martín ha garantizado que Andalucía “tiene un presidente y un gobierno a la altura de la dignidad del pueblo andaluz”. “Nosotros estaremos en el Teatro de la Maestranza para aplaudir el talento de andaluces de luz”. Ha criticado la actitud del PSOE de no acudir poniendo “excusas”, porque tiene una candidata que, “por soberbia no soporta volver a tener que tragarse a un teatro entero en pie pidiendo la financiación que Andalucía merece y que ella no nos da”, ha concluido.
Adrián Fernández acusa a Page de dejar solos a los ayuntamientos tras la catástrofe natural.
El alcalde de Malagón, Adrián Fernández, ha reclamado a Emiliano García-Page la activación inmediata del fondo de contingencia y del fondo de imprevistos, así como la correspondiente modificación de crédito necesaria para cubrir el cien por cien de los daños ocasionados por el reciente temporal en los municipios de la provincia de Ciudad Real y del conjunto de la región.
Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Toledo, donde ha denunciado que “no se entiende qué más tiene que pasar para que el Gobierno regional actúe”. “¿A qué están esperando? ¿Tiene que haber daños personales además de materiales para que se active el fondo de contingencia?”, ha cuestionado.
Fernández ha calificado la actitud del Ejecutivo autonómico como “un auténtico portazo al municipalismo y a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha”, al tiempo que ha dicho que los ayuntamientos estén afrontando en solitario las consecuencias de una catástrofe natural que ha provocado graves destrozos en infraestructuras públicas, caminos rurales y servicios esenciales.
El dirigente ‘popular’ ha comparado la respuesta de otras administraciones gobernadas por el Partido Popular con la del Ejecutivo regional. En este sentido, ha destacado la gestión del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, que ya ha anunciado una modificación de crédito de dos millones de euros sobre un presupuesto provincial de 174 millones para atender a los municipios afectados.
Frente a ello, ha censurado que el vicepresidente de la Junta, José Manuel Caballero, haya anunciado una línea de ayudas de siete millones de euros sin concretar si se destinará a toda Castilla-La Mancha o únicamente a la provincia de Ciudad Real, “lo que resulta ridículo e insuficiente si se compara con el presupuesto de la Junta, que asciende a 12.900 millones de euros”.
“Estamos hablando de siete millones frente a casi 13.000 millones de presupuesto, lo que es una cifra claramente insuficiente y una falta de respeto a los ayuntamientos y a los vecinos que están sufriendo las consecuencias del temporal”, ha afirmado.
Fernández ha puesto como ejemplo la situación de Malagón, donde los daños han sido “de los más graves de su historia”, con un pabellón deportivo con el techo levantado, el cementerio gravemente afectado, parques públicos destrozados, daños en el centro ocupacional y en el centro de día, filtraciones en la piscina climatizada, más de 300 kilómetros de caminos rurales intransitables, así como puentes y accesos a explotaciones agrícolas y ganaderas arrasados por la crecida de los ríos.
“Los pueblos necesitamos un Gobierno que esté al lado del municipalismo, que escuche a los alcaldes y que atienda las demandas reales de nuestros vecinos, por lo que no necesitamos anuncios vacíos ni fotos, sino medidas concretas y financiación suficiente para hacer frente a esta emergencia”, ha indicado.
Por ello, ha insistido en la necesidad de un cambio político en la región, liderado por Paco Núñez, “para contar con un presidente que crea en el municipalismo, que actúe con empatía y que, ante situaciones extraordinarias como la vivida, active de inmediato todos los recursos disponibles para ayudar a los municipios”.
Antonio José Mesa exige a la alcaldesa desclasificar 1,5 millones en gastos de protocolo.
El portavoz del Grupo Popular, Antonio José Mesa, ha exigido a la alcaldesa mayor transparencia en la gestión municipal y la publicación de diversa documentación que, según ha denunciado, lleva más de seis meses siendo reclamada por la oposición sin obtener respuesta.
Durante su intervención, Mesa ha instado a la regidora a “desclasificar” la documentación relativa al proyecto del Inma, así como los gastos de protocolo que, según ha señalado, ascienden a 1,5 millones de euros y sobre los que, afirma, el Gobierno municipal se ha negado a facilitar facturas y detalles.
Asimismo, ha reclamado explicaciones sobre las contrataciones en la Policía Local, las horas extraordinarias, la recaudación obtenida a través de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el gasto en la adquisición de diferentes modelos de cubos de basura implantados en la ciudad.
El portavoz popular también ha cuestionado determinados procesos de contratación vinculados a personal que, según ha indicado, “se acogen a la ley como fines propios y posteriormente son contratados”.
Mesa ha advertido que, si el Ejecutivo municipal no hace pública la información solicitada, el Grupo Popular continuará impulsando iniciativas para esclarecer estos asuntos y exigir responsabilidades políticas.
“La transparencia no puede ser selectiva ni depender de intereses partidistas. Los vecinos tienen derecho a conocer en qué se gasta cada euro y cómo se toman las decisiones”, ha concluido.
Marí Bosó: «El escudo social no saca a la gente de la pobreza, la perpetúa»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha asegurado que el denominado “escudo social” promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años es un “fracaso” porque, a su juicio, “no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para sacar a la gente de la vulnerabilidad y no para mantenerla en ella”.
Marí Bosó ha criticado que las políticas sociales del Ejecutivo “no resuelven los problemas, los maquillan”, y ha recordado que “tras siete años de escudo social la realidad es que el 25% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social y casi la mitad de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes”. “Se indignen lo que se indignen, son ustedes una máquina perfecta de enviar a la gente a la pobreza”, ha añadido, señalando que “ocho millones de españoles están en situación de precariedad”.
El dirigente popular también ha acusado al presidente del Gobierno de mezclar en sus decretos “medidas de apoyo a los okupas con otras recurrentes que traen año tras año porque son incapaces de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado”. En este sentido, ha pedido que no se abuse del decreto ley como fórmula habitual de gobierno, ya que debería ser un instrumento excepcional y no la norma.
Marí Bosó ha recordado que en 2015 Pedro Sánchez acusaba a Mariano Rajoy de abusar de los decretos, que entonces suponían el 34% de las iniciativas parlamentarias, mientras que hoy representan el 52%. “De las 338 iniciativas legislativas desde el verano de 2018, 173 han sido reales decretos ley”, ha subrayado, acusando al presidente de “decir una cosa y la contraria en el mismo segundo”.
Finalmente, el portavoz adjunto del GPP ha afirmado que el actual Ejecutivo es el principal “peligro para el bienestar de los españoles” y ha instado a “pasar página de esta etapa sombría” para dar paso a “un Gobierno que gobierne, democrático y sin tics autoritarios”. “Hacen falta más leyes, más debate y menos excepciones”, ha concluido.
José Antonio Sánchez: «Nuevo Centro de Salud y más accesibilidad: el impulso del PP en Fuencarral»
El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, ha mantenido una jornada de trabajo con los compañeros del PP de Fuencarral-El Pardo para abordar las principales inquietudes de los vecinos del distrito en materia de transportes, educación, deporte y sanidad.
Durante el encuentro, Sánchez ha destacado la importancia de escuchar directamente a los representantes locales y continuar avanzando en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida en el distrito. “Seguimos trabajando para mejorar la movilidad, la accesibilidad y las infraestructuras de Fuencarral-El Pardo”, ha subrayado.
Entre los proyectos prioritarios abordados, ha señalado la mejora de la estación de Begoña, una actuación clave para reforzar la conectividad y facilitar los desplazamientos diarios de los vecinos. Asimismo, ha puesto en valor la construcción del nuevo Centro de Salud de Fuencarral, cuya finalización está prevista para 2027, y que permitirá ampliar la atención sanitaria en la zona.
Sánchez ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con el desarrollo del distrito, destacando que el trabajo coordinado entre administraciones y equipos locales es fundamental para impulsar proyectos que den respuesta a las demandas vecinales.
“El objetivo es claro: seguir avanzando en infraestructuras modernas, servicios públicos de calidad y soluciones reales para los vecinos”, ha concluido.
Acedo alerta del efecto llamada y del fortalecimiento de las mafias.
La portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sofía Acedo, ha exigido al Gobierno que aclare cuántos millones de euros destinará a financiar la regularización masiva de inmigrantes en comunidades autónomas, ciudades y ayuntamientos, advirtiendo de que se trata de una medida “irresponsable y profundamente lesiva”.
Acedo ha denunciado que la iniciativa del Ejecutivo “premia la irregularidad y castiga la legalidad”, generando un agravio comparativo para quienes han cumplido los requisitos y han esperado durante años para regularizar su situación en España. “No estamos ante una simple decisión administrativa, sino ante una de las decisiones más graves en política migratoria de los últimos años”, ha subrayado.
La diputada popular ha criticado que el Gobierno impulse una regularización masiva “sin datos fiables, sin planificación, sin recursos y sin coordinación institucional”, y ha acusado a la ministra Elma Sáenz de “no conocer siquiera las cifras reales”, recordando que informes técnicos estiman un posible impacto de hasta 1.200.000 personas.
Asimismo, ha alertado de que el sistema de extranjería ya se encuentra saturado y que esta medida es “imposible de absorber”. A su juicio, la tramitación urgente del Real Decreto busca evitar el control parlamentario, ya que no incluye memoria económica ni evaluación del impacto en los servicios públicos.
Acedo ha advertido del “efecto llamada”, del riesgo para la seguridad y del fortalecimiento de las mafias, señalando que España podría convertirse en el país donde “la irregularidad termina en regularización automática”. En este sentido, ha calificado de “barbaridad” la posibilidad de sustituir certificados oficiales de antecedentes penales por declaraciones responsables.
La portavoz del PP también ha acusado al Ejecutivo de romper la coherencia europea y debilitar el sistema Schengen, recordando que el Pacto Europeo de Migración se basa en el control de fronteras, la responsabilidad compartida y los retornos efectivos.
Además, ha denunciado que el decreto permitiría regularizar incluso a personas con órdenes de expulsión o antecedentes penales, algo que considera “inasumible”.
Frente a esta política, Acedo ha defendido la alternativa del Partido Popular: una inmigración legal y ordenada vinculada al mercado laboral, retornos eficaces y acuerdos con países de origen, expulsión de delincuentes, lucha contra las mafias, blindaje frente al fraude y ayudas condicionadas a la residencia legal y a la contribución al sistema.
Por último, ha reclamado la retirada inmediata del decreto y ha instado al Gobierno a escuchar a comunidades autónomas, ayuntamientos, oficinas de extranjería y fuerzas de seguridad, advirtiendo de que la medida pone en riesgo los servicios públicos, la seguridad jurídica y la credibilidad de España en Europa.
Ángel Ibáñez: «El silencio de Marlaska sobre el DAO agrava el escándalo»
El secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ángel Ibáñez, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de seguir sin dar explicaciones sobre el escándalo que rodea al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía y le ha instado a comparecer “aquí y ahora” en sede parlamentaria.
Ibáñez ha reprochado al titular de Interior que “no ha explicado si lo sabía y lo ocultó”, en referencia a las informaciones conocidas en las últimas semanas. “Nos estamos cansando de que cada vez que pasa un caso asqueroso de los que estamos conociendo en el PSOE nos hablen de actuación inminente y de protocolos cuando todo ya ha pasado”, ha afirmado.
El dirigente popular ha señalado que “a los españoles, y especialmente a las españolas, les iría mejor si el Gobierno hiciera las cosas bien antes, en lugar de limitarse a activar protocolos posteriores para atender a las víctimas”.
Asimismo, Ibáñez ha criticado “el caos, el desorden y la incompetencia” en la implantación de las balizas V-16 obligatorias para 28 millones de conductores, y ha pedido al ministro que aclare si este proceso ha servido para “enriquecer a algunos bajo el Gobierno sanchista, como ocurrió con las mascarillas”.
El diputado del PP ha apuntado a informaciones que relacionan el proceso con “dirigentes del PSOE beneficiados, empresas fantasma con ayudas millonarias, distribuidoras señaladas por presuntas estafas e incluso la implicación de responsables vinculados al entorno socialista en la comercialización de dispositivos”.
Ibáñez ha recordado que el Partido Popular lleva desde el inicio de la legislatura registrando preguntas e iniciativas sobre esta cuestión, incluyendo una Proposición no de Ley aprobada el pasado junio para mejorar la implementación de las balizas, así como hasta 15 solicitudes de comparecencia pendientes en la Comisión de Seguridad Vial, entre ellas la del propio ministro.
“Cuando uno tiene la responsabilidad de mejorar la seguridad vial y lo único que genera es caos e incertidumbre, se convierte en el máximo responsable de cualquier incidencia que pueda producirse”, ha advertido.
Por ello, el PP ha reiterado su disposición a colaborar y ha planteado medidas concretas: impulsar una evaluación integral del sistema V-16, reforzar el control de homologación y del mercado para evitar dispositivos no autorizados, y desarrollar campañas informativas claras para los conductores.
“El Gobierno debe asumir responsabilidades y garantizar que la seguridad vial esté por encima de cualquier interés partidista”, ha concluido Ibáñez.