Inmaculada Hernández denuncia que el Gobierno del PSOE da “un cheque en blanco a quienes aprietan aprovechando la agonía sanchista”
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senadora por Andalucía, Inmaculada Hernández, ha señalado al Gobierno del PSOE por dar “un cheque en blanco a los que aprietan aprovechando la agonía sanchista”, durante la sesión de control al Ejecutivo, en la que ha acorralado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por la cesión de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional a Cataluña, prevista en el Real Decreto Ley 15/2025.
Hernández ha advertido de que Pedro Sánchez ya anunció que gobernaría sin el Parlamento y ha subrayado que “esta cesión, que ya fue declarada inconstitucional, es un ejemplo más de ese desprecio al control democrático”. En este sentido, se ha dirigido directamente al ministro López para reprocharle que “sus socios les aprietan cada vez más por su debilidad parlamentaria y por la corrupción que les ahoga”.
La dirigente popular ha recordado que hace apenas dos meses el Senado aprobó una Proposición de Ley del Partido Popular para modificar el artículo 92 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, con el objetivo de blindar el carácter estatal de los habilitados nacionales —secretarios, interventores y tesoreros—, garantizando su independencia.
“Es una ley emanada del Senado para proteger a quienes garantizan la legalidad y el control del gasto público, impidiendo su cesión a las comunidades autónomas, y que la presidenta del Congreso mantiene congelada mediante un uso pervertido del procedimiento, que el PSOE aplica de forma sistemática”, ha denunciado.
Sánchez gobierna contra lo que aprueba el Senado
Inmaculada Hernández ha criticado que “el Gobierno utiliza este decreto ley para hacer justo lo contrario de lo que aprueba el Senado” y que, como pago a sus socios independentistas, “cede más competencias a Cataluña”. Una cesión que ha calificado de “estructural para el Estado, sin debate parlamentario, en contra del criterio de la FEMP y de las organizaciones sindicales de funcionarios”.
La portavoz en materia de Función Pública del GPP ha insistido en que “los problemas administrativos requieren soluciones estructurales, no regímenes singulares que rompen la igualdad”, y ha sido tajante al afirmar que “no se puede resolver un problema administrativo con una cesión política”.
Asimismo, ha denunciado que “mientras la UCO y la UDEF se instalan en los ministerios, la corrupción que acorrala al Gobierno actúa como un agente corrosivo que impregna las instituciones, y aun así el Ejecutivo de Sánchez continúa cediendo, como ya hizo con la Ley de Eficiencia de la Justicia o con la Ley de Presupuestos Generales del Estado en favor del País Vasco”.
En este contexto, Hernández ha preguntado al ministro si el objetivo es “desmantelar el cuerpo de funcionarios que fiscaliza y asesora a los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la ley, precisamente porque fueron ellos quienes informaron en contra del referéndum ilegal en Cataluña”.
La senadora popular ha señalado directamente a Óscar López al afirmar que “su Gobierno ataca sistemáticamente a quienes controlan la corrupción: jueces, medios de comunicación, la oposición y, por supuesto, los profesionales que fiscalizan a los políticos”.
Para concluir, Inmaculada Hernández ha contrapuesto este modelo al del presidente Alberto Núñez Feijóo, subrayando que “el Partido Popular defiende la legalidad, la transparencia y la independencia de los funcionarios, sin excepciones y sin cesiones, porque fortalecer las instituciones no es una opción: es la base misma de nuestra democracia”.
Alicia García acorrala al Gobierno por la reunión clandestina de Zapatero y denuncia un “gobierno a la fuga y en descomposición”
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha exigido hoy explicaciones al Gobierno por la reunión clandestina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un presunto delincuente, celebrada en una zona restringida de titularidad estatal, sin cobertura y con escolta reforzada.
Durante su intervención, García ha preguntado de forma directa si en ese encuentro “solo intercambiaron una bolsa con documentos o también favores”, y ha ido más allá al cuestionar si “Zapatero dio el chivatazo y el presunto delincuente borró pruebas”, en referencia a la eliminación de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.
La portavoz popular ha interpelado directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, preguntándole si fue él quien intermedió en esa reunión, y le ha exigido que aclare si el rescate de Plus Ultra fue legal.
“¿Pone usted la mano en el fuego por Zapatero?”, ha preguntado García desde la tribuna.
En este sentido, ha recordado que “no era el primer favor que intercambiaban”, ya que hoy se sabe que Zapatero mantenía reuniones con la SEPI mientras se rescataba la aerolínea Plus Ultra, lo que agrava la sombra de duda sobre la actuación del Gobierno.
Alicia García ha advertido al Ejecutivo de que “por mucho que borren, no podrán borrar la verdad”, y ha subrayado que la UCO, la UDEF, la Justicia y la Fiscalía Anticorrupción están estrechando el cerco.
“El tsunami de corrupción sanchista lo inunda todo”, ha denunciado.
La dirigente del PP ha señalado además que a la corrupción sistémica del sanchismo se suma la violencia sexual machista, exigiendo al Gobierno que no finja amnesia con el caso de Paco Salazar, persona de máxima confianza del presidente.
“Paco Salazar no era un desconocido”, ha afirmado García, recordando que era un “manda más en Moncloa y Ferraz, de absoluta confianza del presidente”.
“Utilizó su poder para acosar, extorsionar y someter a mujeres con prácticas machistas repugnantes. ¿De verdad quiere el Gobierno que creamos que nadie vio nada?”, ha cuestionado.
“Cuando se tapa el acoso, el silencio también es corrupción”, ha sentenciado la portavoz popular.
García ha denunciado también que 13 ministros y el propio Pedro Sánchez hayan plantado al Senado, reprochando que el presidente del Gobierno se vaya de vacaciones hasta febrero “presumiendo de contundencia contra la corrupción y el acoso sexual sin adoptar ni una sola medida”.
“Se agarra a su manual de resistencia porque sabe que la UCO no tendrá clemencia”, ha asegurado, al tiempo que ha denunciado que Sánchez es “un presidente que lleva 21 meses desaparecido del control parlamentario”.
La portavoz del PP ha descrito la imagen del Ejecutivo como la de “un gobierno a la fuga y en descomposición”, con vicepresidentas ausentes, ministros preocupados por registros de la Guardia Civil y una estrategia clara de huida.
“Huyen de dar explicaciones y huyen de la verdad”, ha concluido.
Ester Muñoz: «Si alguien está por encima de todo, ese es Zapatero».
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado el registro de una batería de preguntas parlamentarias para esclarecer “por qué el Gobierno facilitó una zona de uso restringido de Patrimonio Nacional” al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a un empresario relacionado con la compañía Plus Ultra, que 72 horas después de esa reunión secreta fue detenido, tras haber estado borrando correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil.
“Solo así sabremos si es el Gobierno el que ha facilitado un chivatazo a un delincuente o si se ha facilitado un chivatazo entre delincuentes”, ha señalado Muñoz, quien ha advertido de la gravedad institucional de los hechos y de la necesidad de depurar responsabilidades políticas.
La portavoz del GPP ha subrayado que “si hay alguien que está por encima de cualquiera, ese es claramente Zapatero” y ha añadido que “si hay alguien que mantiene relaciones con redes turbias a nivel internacional, ese es Zapatero”, en referencia a las informaciones publicadas en los últimos días.
En este contexto, Muñoz ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones. Una petición ante la que, ha denunciado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha respondido con “silencio” y con “una auténtica tomadura de pelo”.
“Sabe perfectamente que es muy probable que algunos de los socios del Gobierno apoyasen que Sánchez viniera a dar explicaciones, y por eso no permite que se vote”, ha reprochado la portavoz popular.
Muñoz ha señalado directamente a Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, al que ha instado a actuar: “Llevan varios días enfadados, con los puños muy cerrados. Que le digan a Armengol que sería conveniente que Sánchez venga a dar explicaciones”. “Vamos a ver qué ocurre en la Mesa del Congreso y en qué queda todo al final: si acaban huyendo cobardemente o si quieren dar transparencia”, ha añadido.
La portavoz del GPP ha criticado también el balance político realizado por Pedro Sánchez, que ha calificado como “el balance propio de un farsante”, al haber omitido “muchos de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en 2025”, entre ellos el encarcelamiento de Ábalos, Cerdán y Koldo García, la imputación de su mujer y su hermano, los casos de corrupción que afectan a la SEPI o la presunta financiación irregular del PSOE.
Por último, Ester Muñoz ha advertido al presidente del Gobierno de que “los españoles no tienen por qué aguantar su corrupción ni su fango” y ha concluido con un mensaje claro: “No se trata de que usted aguante, señor Sánchez. Se trata de que los españoles ya no aguantamos más”.
Tormo reclama que la convivencia industrial no sacrifique derechos vecinales.
El Ayuntamiento de Almassora ha recibido el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en respuesta a la consulta facultativa planteada sobre la aplicación del decreto ley 6/2025 del Consell, relativo a medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, una norma que el consistorio considera que podría perjudicar los intereses de los vecinos de la playa que residen en las inmediaciones del polígono petroquímico del Serrallo, ubicado en el término municipal de Castelló.
En sus conclusiones, el CJC considera que la introducción de la denominada zona de transición entre usos —figura que ha suscitado la preocupación del Ayuntamiento— no incurre en indefinición jurídica, al establecerse un sistema de determinación caso a caso, sustentado en informes técnicos y auditorías obligatorias. No obstante, el órgano consultivo realiza serias advertencias sobre la necesidad de acotar con rigor su aplicación, así como de implantar controles estrictos, periódicos y mecanismos de compensación efectivos para los vecinos afectados.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha valorado el dictamen como “un respaldo claro a la preocupación legítima que venimos manifestando desde el Ayuntamiento”, subrayando que, aunque el CJC no declara ilegal la zona de transición, “advierte de manera muy contundente que su aplicación exige controles exhaustivos, máximo rigor técnico y medidas compensatorias reales para los residentes afectados”.
Controles reforzados, auditorías y compensaciones
El dictamen del CJC señala que la ausencia de una delimitación normativa previa no genera indefensión para los vecinos, ya que la figura no pretende una delimitación abstracta, sino que solo es aplicable cuando concurren requisitos muy concretos, que deben acreditarse mediante estudios acústicos y declaraciones responsables, supervisados por el órgano ambiental competente. Asimismo, el régimen prevé controles reforzados, auditorías anuales y posibles medidas compensatorias, con el objetivo de proteger el derecho al descanso y a la salud.
El órgano consultivo formula además advertencias expresas a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, autoridad competente en esta materia, ante la solicitud presentada por la Asociación INDES, que agrupa a empresas del Serrallo, para el reconocimiento de dicha zona de transición.
El CJC advierte de que esta figura implica aceptar niveles de inmisión acústica superiores a los del uso residencial, al eximir a la actividad industrial de límites más restrictivos, lo que puede poner en riesgo derechos fundamentales si la Administración no actúa con un control exhaustivo, continuo y técnicamente riguroso.
Obligaciones de la Administración ambiental
El dictamen recuerda que la Administración está obligada a exigir las mejores técnicas disponibles, reducir al máximo la zona afectada y imponer medidas compensatorias, advirtiendo de que, si estas garantías no se aplican con rigor, la zona de transición puede convertirse en una desprotección acústica estructural, contraria a la Ley 7/2002 y a los principios constitucionales de protección del domicilio y la salud.
Asimismo, señala que aceptar zonas de transición extensas, mal justificadas o sin revisión periódica podría suponer una disfunción constitucional, al implicar un sacrificio desproporcionado de los derechos de los residentes frente al beneficio industrial, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Ayuntamiento, del lado de los vecinos
Tras conocer el dictamen, la alcaldesa María Tormo ha reiterado que el Ayuntamiento “siempre va a estar del lado de los vecinos de la playa y va a defender, con todos los instrumentos legales a su alcance, su derecho al descanso, a la salud y a una calidad de vida digna”.
Tormo ha sido tajante al señalar que Almassora “no va a aceptar ninguna decisión que suponga una merma de los derechos de nuestros vecinos en beneficio de intereses industriales”, y ha insistido en que “la convivencia entre actividad industrial y residencial solo es posible si se garantiza, sin excepciones, la protección del derecho al descanso y a la salud”.
La alcaldesa ha advertido además de que el Ayuntamiento “estará muy vigilante ante cualquier reconocimiento de esta zona de transición” y exigirá revisiones periódicas, así como la aplicación de todas las medidas correctoras y compensatorias necesarias.
“El dictamen del Consell Jurídic Consultiu deja claro que cualquier relajación en el control supondría una desprotección inaceptable, y desde este Ayuntamiento no lo vamos a permitir”, ha concluido.
Dolores Esteve: «Los fallos en el CNIO los acaban pagando los pacientes de cáncer».
La senadora del Partido Popular por Alicante, Dolores Esteve, ha alertado de que los fallos de supervisión y control en el CNIO tienen un impacto directo en los pacientes, ya que “cada euro que no se orienta con rigor a la misión científica es un euro que retrasa resultados”.
“Y en cáncer —ha añadido— retrasar la investigación significa llegar más tarde a diagnósticos, terapias y prevención”, ha subrayado durante el debate de la moción consecuencia de interpelación en el Pleno del Senado.
Esteve ha recordado que, a pesar de los informes y advertencias sobre las irregularidades que se estaban produciendo, la actuación de la ministra Diana Morant fue, a su juicio, “no vigilar”, lo que ha tenido consecuencias muy graves para una institución que llegó a ser referente europeo en investigación oncológica.
En este sentido, ha lamentado que una de las consecuencias directas haya sido la pérdida de programas, redes y financiación competitiva, además de la salida de entre 10 y 15 investigadores de perfil muy senior, lo que provoca —ha advertido— “un efecto dominó: menos músculo científico, menos competitividad y menos logros”.
La senadora popular ha alertado también de que cuando se publican informaciones sobre irregularidades “se resiente la confianza y se caen los apoyos de los donantes”, una situación especialmente dañina para un centro que necesita estabilidad y prestigio para atraer talento y recursos.
Por último, Esteve ha advertido de que “hoy el CNIO se encuentra en una situación de incertidumbre jurídica, institucional y reputacional”, una realidad que exige una respuesta inmediata, rigurosa y responsable por parte del Gobierno, en lugar de la pasividad demostrada hasta ahora.
Elena Castillo exige responsabilidades por la falta de control en el CNIO.
El Senado dará luz verde a una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en la que se exigen medidas de control y supervisión en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ante los escándalos acumulados en esta institución clave para la investigación contra el cáncer.
La portavoz de Ciencia del GPP en el Senado, Elena Castillo, ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de fallos prolongados en la supervisión y el control del CNIO, y ha denunciado que “la ministra conocía sobradamente durante meses las alertas internas, las denuncias y las señales evidentes de deterioro institucional y no actuó de forma eficaz”.
Castillo ha defendido que la iniciativa del Partido Popular tiene como objetivo “restaurar la credibilidad institucional del CNIO, garantizar la integridad de los fondos públicos y dejar claro que la investigación contra el cáncer no se puede gestionar ni desde la opacidad ni desde la irresponsabilidad”.
En este sentido, la senadora por Cantabria ha reclamado claridad, responsabilidad, rigor y transparencia en la gestión de una institución financiada con fondos públicos y de enorme relevancia científica y social. A su juicio, los escándalos del CNIO no son un hecho aislado, sino “una consecuencia directa del modo de gobernar del PSOE, donde el discurso sustituye a la responsabilidad y la propaganda tapa los problemas reales”.
Durante su intervención, Castillo se ha dirigido a la bancada socialista para cuestionar su falta de sensibilidad y escucha: “Si no son capaces de escuchar a las mujeres que denuncian abusos, ¿cómo van a escuchar a los investigadores o a los universitarios de este país?”.
Asimismo, ha advertido de que “el silencio, la inacción y la negativa a intervenir no son neutralidad, sino una forma de complicidad”, subrayando que en ciencia, igualdad y defensa de las instituciones públicas, “mirar hacia otro lado también es una decisión política”.
Antes de concluir, la senadora popular ha alertado de que “cada euro mal gestionado no es solo una cifra, es una oportunidad perdida para la ciencia, un avance que no llega y una quiebra de la confianza pública”.
Bautista defiende la gestión del PP en Móstoles: menos impuestos, deuda cero y más vivienda.
El alcalde de la Villa de Móstoles, Manuel Bautista, ha defendido hoy que la buena gestión es la clave para mejorar la vida de los ciudadanos y ha subrayado que esa gestión “empieza con buenos presupuestos y una ejecución presupuestaria eficaz”, una receta que aprendió durante su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que ahora aplica “a rajatabla” en el Ayuntamiento.
Bautista ha puesto en valor que Móstoles haya logrado bajar absolutamente todos los impuestos y, al mismo tiempo, alcanzar una situación de deuda cero, demostrando que “es posible aliviar la carga fiscal a los vecinos y gestionar con rigor y responsabilidad”.
En materia de vivienda, el alcalde ha recordado que, frente a los discursos de la izquierda, el Gobierno municipal del Partido Popular ha pasado “de las palabras a los hechos”. En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento está impulsando 12.600 viviendas en dos grandes desarrollos urbanísticos.
“Móstoles no tiene un problema de vivienda, tiene un problema de suelo, y lo estamos moviendo”, ha afirmado.
Bautista ha destacado además la agilidad administrativa del Consistorio, señalando que Móstoles concede licencias en un plazo de tres meses, cumpliendo así los acuerdos de Zaragoza en materia de simplificación y eficiencia. Frente a ello, ha recordado que el anterior gobierno socialcomunista “no dinamizó ni una sola vivienda en toda la legislatura”.
El alcalde ha subrayado que esta política de vivienda forma parte de la receta del Partido Popular, que se completa con el refuerzo de las prestaciones sociales, las políticas dirigidas a las personas más vulnerables, el apoyo a los mayores, a los jóvenes y a las familias, con un único objetivo: “mejorar la vida de la gente”.
Gracias a este modelo de gestión, Móstoles ha pasado “de la innovación a convertirse en un motor económico” y se ha consolidado como la ciudad más grande del eje de la Nacional V, ha señalado Bautista.
“Móstoles es una gran ciudad y cada vez es una ciudad mejor”, ha afirmado, destacando que el municipio se está convirtiendo en un referente económico y social, así como en un ejemplo de honestidad y buen trabajo.
Por último, el alcalde ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la Navidad en Móstoles, asegurando que la ciudad ofrece “libertad, honestidad y buena gestión”, valores que —ha concluido— “muchas ciudades gobernadas por la izquierda no garantizan”.
Cano: «Los caudales ecológicos de Sánchez no salvan ríos, arruinan agricultores».
El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha denunciado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “utiliza ahora la falta de financiación de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como excusa para propinarnos otro sablazo fiscal”, en lugar de afrontar con responsabilidad la recuperación de los costes ambientales del río Segura.
Cano ha realizado estas declaraciones con motivo de la comparecencia en la Asamblea Regional del presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, donde ha alertado de que el Gobierno central “amenaza con otra subida de impuestos porque es incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que asuman los 287 millones de euros de costes ambientales que corresponden al Estado”.
“El Ministerio impone caudales ecológicos ideológicos que no salvan ríos, pero sí arruinan a los agricultores”, ha advertido el diputado del PP, quien ha criticado que el Ejecutivo actúe “sin rigor técnico, sin planificación y sin una sostenibilidad real”.
En este sentido, Cano ha denunciado que el Gobierno de España está adoptando decisiones “políticas e ideológicas, sin consenso, sin evaluación socioeconómica y sin alternativas viables”, y ha subrayado que la “fijación arbitraria de los caudales ecológicos del Tajo tiene un impacto directo y devastador sobre el Trasvase Tajo-Segura y sobre toda la economía del Levante español”.
El parlamentario autonómico ha calificado este planteamiento como un “expolio hídrico” que “ignora la realidad del campo, de las familias y de nuestra economía”, y ha alertado de que supone “cerrar el grifo de los ingresos que genera el sector agroalimentario en el Levante y en España”.
“El Trasvase aporta más de 3.000 millones de euros al PIB nacional, y ese impacto positivo también se verá recortado por el sectarismo ideológico de un Gobierno al que lo único que le importa es el sillón de Sánchez”, ha señalado.
Asimismo, Cano ha reprochado a los socialistas de la Región de Murcia que “siguen sumisos las órdenes y directrices de Pedro Sánchez, por muy perjudiciales que sean para la Región”, y ha criticado que “se atrevan a llamar ciencia a lo que no son más que ocurrencias sin memoria económica”.
El diputado del PP ha trasladado al presidente de los regantes del Campo de Cartagena “el apoyo firme del Partido Popular en esta cruzada en defensa del Trasvase Tajo-Segura”, y ha recordado que, como ha afirmado el presidente Fernando López Miras, “nuestra posición en materia de agua está clara: es la de los regantes”.
“Que todo el mundo lo tenga claro: en la Región de Murcia, cada vez que falta agua, sobra coraje”, ha concluido Cano. “No vamos a aceptar este castigo injusto ni nos vamos a resignar. Defender el agua de la Región de Murcia es defender la igualdad entre españoles, y esa batalla la vamos a dar hasta el final”.