Francisco Bernabé acusa a Lucas de intentar silenciar las denuncias sobre la seguridad del litoral murciano.
El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha denunciado lo que considera “prácticas intimidatorias promovidas” por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con el objetivo, según sostiene, de silenciar sus críticas a la gestión de la llegada de narcolanchas a las costas murcianas.
Bernabé ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa acompañado por los senadores Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga, así como por los diputados nacionales Juan Luis Pedreño y Violante Tomás.
El senador ha asegurado que estas actuaciones no impedirán que continúe ejerciendo su labor de control parlamentario.
Bernabé vincula la polémica con su visita al Puerto de Cartagena
El dirigente popular ha explicado que el pasado 26 de agosto acudió a las instalaciones del Puerto de Cartagena, concretamente a la zona donde se encuentran las embarcaciones de la Guardia Civil del Mar.
Según Bernabé, el objetivo era comprobar la situación de los tres barcos asignados a la Región después de que la Asociación Unificada de la Guardia Civil hubiera denunciado que se encontraban averiados y amarrados a puerto.
Tras la visita, el senador difundió un vídeo en sus redes sociales denunciando la falta de medios disponibles para afrontar la llegada de embarcaciones vinculadas, según el PP, a las redes de tráfico de personas.
El PP cuestiona el escrito remitido a la Autoridad Portuaria
Bernabé ha explicado que cinco días después, el 31 de agosto, la senadora socialista María Dolores Flores presentó un escrito dirigido a la Autoridad Portuaria de Cartagena solicitando información sobre su acceso a las instalaciones.
Entre otras cuestiones, el documento preguntaba, según relata el senador popular, si disponía de autorización para acceder y tomar imágenes, quién habría concedido dichos permisos y qué medidas podrían adoptarse en caso de no existir autorización.
Bernabé atribuye políticamente esta iniciativa a Francisco Lucas y considera que pretende condicionar su función como representante público.
“¿Quién es una senadora del PSOE para pedir explicaciones a la Autoridad Portuaria de Cartagena?”, ha preguntado.
“No nos van a callar”
El senador ha defendido que su actuación se enmarca en la función constitucional de control al Gobierno que corresponde a los parlamentarios de la oposición.
Bernabé considera que pedir explicaciones sobre su presencia en el Puerto constituye un intento de “matar al mensajero” después de haber denunciado públicamente la situación de los medios marítimos de la Guardia Civil.
“No les basta con las listas negras de periodistas: ahora quieren amedrentar a la oposición, instituciones y organismos”, ha señalado.
El senador ha utilizado además una dura comparación histórica al afirmar que han regresado “las prácticas más siniestras del franquismo”, una valoración política con la que ha querido denunciar lo que considera un intento de intimidación.
El PP mantiene el foco en la protección de las costas
Más allá de la polémica política, Bernabé ha insistido en que la cuestión de fondo continúa siendo la disponibilidad de medios suficientes para la Guardia Civil frente a las mafias que operan en el Mediterráneo.
El PP de la Región de Murcia viene reclamando explicaciones al delegado del Gobierno sobre los recursos disponibles para combatir las narcolanchas y proteger el litoral. Días antes, el portavoz parlamentario Joaquín Segado había solicitado también la comparecencia de Lucas para explicar si los medios disponibles son suficientes y qué actuaciones ha solicitado al Gobierno de España.
Bernabé ha asegurado que el Partido Popular continuará denunciando cualquier situación que, a su juicio, suponga una desprotección de las costas murcianas.
Bernabé reivindica su labor de oposición
El senador popular ha advertido de que no dejará de ejercer su función de fiscalización de la acción del Gobierno pese a las actuaciones que denuncia.
“Ni les tememos, ni nos van a callar”, ha afirmado.
Bernabé ha recordado además otro episodio anterior en el que fue denunciado después de entregar en el Senado una bolsa de arena de Portmán a una vicepresidenta del Gobierno y ha reiterado que seguirá planteando públicamente las reivindicaciones de la Región de Murcia.
El Partido Popular reclama al Gobierno de España más medios para la Guardia Civil, transparencia sobre la situación de las embarcaciones disponibles y explicaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del litoral murciano.
Javier de Andrés reclama una nueva Ley de Educación tras los resultados de Euskadi.
El Partido Popular Vasco llevará al Parlamento autonómico una proposición no de ley para solicitar la derogación de la Ley de Educación aprobada en 2023 y la elaboración de una nueva normativa basada en los modelos educativos que ofrecen mejores resultados.
El presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Gipuzkoa y portavoz popular de Educación, Muriel Larrea, han reclamado un “giro de timón absoluto” en las políticas educativas y han defendido que el sistema debe volver a situar en el centro la formación de los alumnos, la calidad y el servicio público.
“Lo importante en este momento es dejar a un lado los objetivos ideológicos y dar un servicio público”, ha defendido De Andrés.
El PP reclama actuar ante el deterioro educativo
Los populares consideran que los últimos resultados de PISA confirman una tendencia negativa que no puede explicarse como un episodio aislado.
Muriel Larrea ha advertido de que Euskadi se encuentra entre las comunidades con peores resultados en comprensión lectora y ha rechazado las explicaciones ofrecidas por el Departamento de Educación.
Para el PP Vasco, los resultados reflejan problemas que vienen produciéndose desde hace años y que requieren medidas concretas, no únicamente nuevos procesos de análisis.
“En vez de empezar a reflexionar”, han señalado los dirigentes populares, es el momento de “actuar”.
La formación ya había denunciado días antes que situarse únicamente por delante de Ceuta y Melilla en comprensión lectora evidenciaba, a su juicio, el fracaso de las políticas educativas del Gobierno Vasco.
“Un modelo educativo que hace aguas”
Larrea ha advertido de las consecuencias que puede tener para los jóvenes finalizar la enseñanza obligatoria sin dominar suficientemente competencias básicas como la comprensión lectora.
Para el Partido Popular, un sistema que no garantiza los conocimientos básicos establecidos en la propia legislación genera un problema educativo, social y económico a medio y largo plazo.
El PP Vasco sostiene que otras comunidades autónomas obtienen mejores resultados y reclama estudiar aquellos modelos que han demostrado mayor eficacia.
La formación había reclamado también recientemente transparencia sobre las evaluaciones PISA y había advertido de que los problemas educativos no se solucionan modificando los instrumentos de diagnóstico, sino abordando las causas del deterioro.
Derogar la Ley de Educación de 2023
Javier de Andrés ha señalado directamente a la legislación educativa aprobada en diciembre de 2023 y ha defendido su derogación como punto de partida para cambiar el modelo.
El PP trasladará al Parlamento Vasco una proposición no de ley para impulsar una nueva normativa “conforme a unos criterios de servicio público, de formación del alumnado, y no con un objetivo ideológico”.
Los populares recuperarán buena parte de los planteamientos que ya defendieron en su enmienda a la totalidad durante la tramitación de la norma de 2023.
Más libertad para las familias
Entre los principios que el Partido Popular quiere incorporar al nuevo modelo figura una mayor libertad de elección para las familias, tanto respecto al centro como al modelo educativo.
El PP plantea asimismo revisar estructuras como los Consejos Educativos Municipales y establecer mecanismos permanentes de evaluación que permitan detectar problemas y reaccionar ante ellos antes de que se consoliden.
Para los populares, las políticas educativas deben evaluarse por sus resultados y ser modificadas cuando los indicadores demuestren que no están funcionando.
El PP pide proteger la enseñanza concertada
De Andrés y Larrea han mostrado además su preocupación por la enseñanza concertada.
El PP Vasco sostiene que el Gobierno autonómico está trasladando al modelo concertado algunos de los errores que atribuye a la gestión de la red pública y reclama respetar su autonomía y su capacidad para ofrecer alternativas educativas a las familias.
La formación defiende la convivencia de las redes pública y concertada y rechaza enfrentar ambos modelos.
De Andrés pide mirar a los modelos de éxito
El presidente del PP Vasco ha instado al Gobierno autonómico a analizar las políticas desarrolladas en comunidades que están obteniendo mejores resultados educativos.
De Andrés ha mencionado expresamente modelos como el de Castilla y León y ha defendido que Euskadi debe aprender de aquellas políticas que consiguen elevar los resultados académicos.
El Partido Popular sostiene que el debate debe alejarse de planteamientos identitarios y centrarse en la preparación de los estudiantes, la excelencia académica, la libertad de las familias y la evaluación permanente de los resultados.
“Dejar a un lado los objetivos ideológicos”
El PP Vasco reclama, en definitiva, una rectificación profunda de la política educativa y considera insuficiente introducir retoques parciales sobre el modelo vigente.
“En materia educativa no se puede renunciar al servicio público por una obsesión ideológica”, ha advertido De Andrés.
El Partido Popular defiende una nueva ley que tenga como prioridades el conocimiento, la calidad, la libertad educativa y la preparación de los jóvenes para su futuro académico y profesional.
Jaime de los Santos exige soluciones y no más visitas institucionales a Ceuta.
El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha reclamado este viernes al Gobierno explicaciones sobre lo sucedido en Ceuta y ha pedido que se permita actuar con plena independencia a la Justicia para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
“¿Dónde está el Gobierno?”, se ha preguntado De los Santos durante una entrevista con Antena 3 desde Ceuta.
El dirigente popular ha reclamado “explicaciones” al Ejecutivo y que “se deje actuar a la Justicia para que se aclaren todas las responsabilidades”.
De los Santos: “Los vecinos están desesperados”
El vicesecretario popular ha cuestionado la presencia y actuación de los ministros en la ciudad y ha reclamado que conozcan directamente las dificultades que, según denuncia, siguen afrontando los ceutíes.
“Los vecinos están desesperados”, ha afirmado.
De los Santos sostiene que, semanas después de los acontecimientos de finales de julio, la ciudad todavía no ha recuperado plenamente su normalidad y reclama al Ejecutivo respuestas concretas en materia de seguridad, educación y atención a los ciudadanos.
El dirigente del PP ya había reprochado anteriormente al Gobierno su respuesta ante la crisis y había reclamado que atendiera las peticiones planteadas desde Ceuta.
El PP pone el foco en la vuelta al colegio
De los Santos ha denunciado especialmente las consecuencias que la situación está teniendo para alumnos y familias.
Según ha señalado durante la entrevista, uno de cada cuatro estudiantes ceutíes no habría acudido a clase durante la vuelta al colegio, mientras otros menores habrían necesitado acompañamiento de seguridad o autorizaciones de sus padres para abandonar los centros.
El dirigente popular ha defendido que la vuelta a las aulas debe producirse en condiciones de plena seguridad y normalidad para todos los menores.
El PP ya había advertido días antes de las dificultades que, a su juicio, estaba generando la situación de Ceuta para la libertad y seguridad de las familias y los alumnos.
De los Santos denuncia la situación de una escuela infantil
El vicesecretario popular ha mencionado también el centro de educación infantil de 0 a 3 años Nuestra Señora de África, que, según ha denunciado, no puede desarrollar su actividad habitual por encontrarse próximo a uno de los campamentos habilitados por el Gobierno.
“¿Y ahora esos niños dónde se quedan y quién les va a devolver todas las clases?”, ha preguntado.
Para el Partido Popular, cualquier dispositivo extraordinario debe planificarse evitando perjudicar el funcionamiento de los servicios públicos y, especialmente, la educación y seguridad de los menores.
El PP reclama que la Justicia esclarezca lo ocurrido
De los Santos ha insistido en que deben ser los tribunales quienes determinen los hechos y las responsabilidades relacionadas con los acontecimientos de Ceuta.
El PP defiende que ninguna valoración política o diplomática debe condicionar las investigaciones abiertas y reclama respeto absoluto a la independencia judicial.
La formación considera que el Gobierno debe facilitar toda la información necesaria para esclarecer qué avisos recibió, qué medidas adoptó y cómo respondió durante las horas previas y posteriores a los acontecimientos.
Críticas al Gobierno tras el comunicado de Marruecos
El vicesecretario popular ha rechazado también la respuesta del Ejecutivo después del reciente comunicado de Marruecos.
De los Santos mantiene la valoración política del PP de que lo ocurrido en Ceuta no puede reducirse únicamente a una crisis migratoria y ha reclamado una defensa firme de la integridad territorial y de las fronteras españolas.
El Partido Popular ha defendido en las últimas semanas que la relación con Marruecos debe mantenerse desde la cooperación, pero también desde la reciprocidad y el respeto pleno a la soberanía española.
Preocupación por Loma Colmenar
Tras visitar algunas de las zonas más afectadas, De los Santos ha trasladado también su preocupación por la situación en Loma Colmenar, donde, según ha explicado, existen 80 viviendas que la Ciudad Autónoma prevé destinar al alquiler.
El dirigente popular ha cuestionado que pueda recuperarse plenamente la actividad residencial mientras persista la percepción de inseguridad que, según sostiene, expresan numerosos vecinos.
Para el PP, recuperar la normalidad exige seguridad efectiva, presencia del Estado y soluciones que permitan a las familias volver a desarrollar su vida cotidiana sin miedo.
“Ceuta necesita Estado”
El Partido Popular reclama al Gobierno que explique su actuación, refuerce la seguridad, atienda las necesidades educativas y sociales de los ceutíes y respete plenamente las investigaciones judiciales abiertas.
De los Santos defiende que los ciudadanos necesitan respuestas y soluciones concretas para recuperar la normalidad y considera que la responsabilidad del Ejecutivo no puede limitarse a visitas institucionales o declaraciones públicas.
Para el Partido Popular, Ceuta necesita presencia del Estado, seguridad, explicaciones y plena colaboración con la Justicia.
Martínez Alpañez alerta del aumento de violaciones y delitos graves en Murcia.
VOX ha denunciado el deterioro de la seguridad ciudadana en la Región de Murcia tras el robo mediante un tirón sufrido por una mujer junto al Jardín de la Seda, un episodio que la formación utiliza para alertar de una situación que, según sostiene, se repite en distintos barrios y municipios.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha calificado la situación de “insufrible” e “insoportable” y ha asegurado que estas quejas les llegan desde Murcia capital y municipios como Torre Pacheco, Moratalla, Villanueva o Beniel.
Martínez Alpañez señala a Sánchez y Francisco Lucas
El portavoz parlamentario ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, de la situación.
“Pedro Sánchez y su delegado del Gobierno, Francisco Lucas, están convirtiendo la Región de Murcia en un santuario del crimen”, ha denunciado Martínez Alpañez.
También ha acusado a Lucas de centrarse en la actividad política mientras, a juicio de VOX, mantiene “abandonados” a ciudadanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Martínez Alpañez ha afirmado que las violaciones han aumentado más de un 20% y los delitos graves más de un 18% durante el último año en la Región, cifras que ha utilizado para reclamar más de 600 policías nacionales y más de 500 guardias civiles, además de mejores medios materiales.
VOX pide más recursos para vigilar la costa
El dirigente de VOX ha denunciado también carencias de medios marítimos para la Guardia Civil y ha pedido al Gobierno regional que estudie un convenio con el Ministerio del Interior para financiar embarcaciones destinadas a la vigilancia de las costas y la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular.
Asimismo, ha criticado el gasto autonómico en atención a inmigrantes en situación irregular mientras, según sostiene, persisten carencias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Feijóo responde a Marruecos: «Ceuta y Melilla son España»
El Partido Popular ha respondido al comunicado emitido por el Reino de Marruecos reafirmando de manera inequívoca la defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de los españoles.
“La defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable para el Partido Popular”, señala la formación.
El PP subraya que ejercerá esa defensa “siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia”.
“Nada está por encima de la defensa de España”, sentencia.
El PP mantiene su posición sobre lo ocurrido en Ceuta
El Partido Popular reafirma su valoración sobre los acontecimientos registrados en Ceuta el pasado 30 de julio y sobre la situación que se mantiene desde entonces.
La formación sostiene que se produjo una “violación grave de la integridad territorial de España y, por extensión, de Europa” y califica lo sucedido como un “ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular”.
Se trata de la posición política expresada por el Partido Popular sobre unos hechos que continúan siendo objeto de investigación y análisis institucional.
Máximo respeto a la Justicia española
El PP reclama también “el máximo respeto” a las instituciones españolas y a la investigación judicial actualmente en curso.
La formación subraya que corresponde exclusivamente a la Justicia española, en ejercicio de su independencia, “determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan”.
“Ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento”, advierte el comunicado.
El Partido Popular defiende que cualquier esclarecimiento de responsabilidades debe producirse dentro del Estado de Derecho y con pleno respeto a la soberanía judicial española.
El PP responsabiliza a Marruecos “por acción u omisión”
El comunicado recuerda que España y Marruecos comparten frontera y, por tanto, una responsabilidad común en su gestión.
A la luz de los informes oficiales desclasificados por el Gobierno de España, el Partido Popular considera necesario realizar una evaluación “rigurosa e inaplazable” de lo sucedido y reclama una actuación “leal y transparente” de todas las partes.
El PP exige además garantías verificables para evitar que unos acontecimientos similares vuelvan a repetirse.
En este contexto, la formación sostiene que “Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión”.
El PP pregunta por los retornos y los menores
El Partido Popular recoge además dos cuestiones planteadas por el propio comunicado marroquí y reclama respuestas al Gobierno de España.
La primera se refiere a por qué no se ejecuta el retorno de las personas que entraron irregularmente si Marruecos, según señala el comunicado, se ha comprometido oficialmente a admitirlas.
La segunda aborda la situación de los menores que permanecen alejados de sus familias pese a que, según el PP, Marruecos habría solicitado su regreso.
“El Gobierno de España está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello”, sostiene la formación.
El Partido Popular defiende que cualquier procedimiento de retorno debe realizarse con las garantías legales correspondientes y, en el caso de los menores, atendiendo siempre a su interés superior y a la normativa aplicable.
Una relación con Marruecos basada en reciprocidad
El PP reafirma su voluntad de mantener una relación “leal y estable” con el Reino de Marruecos y defiende que ambos países están llamados a cooperar en beneficio de sus ciudadanos.
Esa relación, señala el comunicado, solo puede asentarse sobre principios “innegociables” de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados.
El Partido Popular apuesta por una relación estable con Marruecos, pero deja claro que la cooperación bilateral debe desarrollarse desde la igualdad entre Estados y sin cuestionar la integridad territorial española.
“Ceuta y Melilla son España”
El comunicado concluye con un mensaje inequívoco sobre la soberanía española de las dos ciudades autónomas:
“Ceuta y Melilla son España”.
El Partido Popular reafirma así que la defensa de ambas ciudades, de sus ciudadanos y de las fronteras españolas constituye una prioridad irrenunciable y que cualquier relación con Marruecos debe partir del respeto absoluto a esa realidad.
Pilar Alía defiende el rechazo de la Cuenta General del Estado de 2024 por sus «graves irregularidades»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Pilar Alía, ha defendido en el Pleno del Congreso el rechazo al informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024.
“Por su contenido, por sus omisiones y, sobre todo, por sus graves irregularidades, la Cuenta General del Estado debe ser rechazada”, ha afirmado la diputada popular.
El Pleno ha respaldado el dictamen contrario al informe por 177 votos frente a 168, ratificando así la posición que ya había prosperado previamente en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
El PP denuncia la ausencia de nuevos Presupuestos
Pilar Alía ha situado como primera crítica la decisión del Gobierno de afrontar 2024 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados.
La parlamentaria sostiene que el Ejecutivo incumplió el mandato constitucional de presentar unas nuevas cuentas públicas y ha acusado al Gobierno de convertir la prórroga presupuestaria en una práctica habitual.
Para el Partido Popular, disponer de unos Presupuestos actualizados cada ejercicio resulta esencial para someter las prioridades económicas del Ejecutivo al debate y control de las Cortes Generales.
Alía ha cuestionado además que se pueda afirmar que la Cuenta General ofrece una imagen adecuada de la ejecución presupuestaria cuando, según ha denunciado, no existieron nuevos PGE aprobados para ese ejercicio.
77.341 millones en modificaciones de crédito
Uno de los principales argumentos expuestos por la diputada popular se refiere al volumen de modificaciones presupuestarias realizadas durante la prórroga.
Según los datos citados por Alía, las modificaciones de crédito superaron en 77.341 millones de euros los créditos inicialmente prorrogados.
La portavoz popular ha criticado que estas modificaciones se realizaran mediante órdenes ministeriales y acuerdos del Consejo de Ministros y ha cuestionado especialmente la falta de publicidad que atribuye a alguno de esos acuerdos.
Para el PP, este mecanismo no puede sustituir de manera permanente la aprobación ordinaria de unos Presupuestos Generales del Estado.
El PP reclama más control parlamentario
Alía ha defendido que los Presupuestos constituyen uno de los principales instrumentos de control de las Cortes sobre la acción del Gobierno.
La formación considera que encadenar prórrogas y realizar modificaciones de crédito de gran volumen reduce la capacidad del Parlamento para debatir las prioridades de gasto, ingresos e inversión pública.
El Grupo Popular ya había conseguido en junio que la Comisión Mixta rechazara por primera vez la Declaración sobre una Cuenta General del Estado, precisamente la correspondiente a 2024. Aquella votación terminó con 20 votos a favor del rechazo y 15 en contra.
Alía cuestiona que las cuentas reflejen fielmente la situación presupuestaria
La diputada popular ha rechazado que el informe pueda presentar sin objeciones la imagen económica, financiera y patrimonial del Estado y la ejecución presupuestaria de 2024.
A juicio del PP, las modificaciones introducidas durante la prórroga y la ausencia de unas nuevas cuentas aprobadas por las Cortes obligaban a realizar una valoración mucho más crítica.
Por ello, Alía ha defendido que el rechazo al informe responde no solo a cuestiones formales, sino a la necesidad de garantizar transparencia y control sobre la utilización de los recursos públicos.
El PP exige Presupuestos para 2027
La portavoz popular ha concluido reclamando al Ejecutivo que abandone la actual situación de prórroga presupuestaria y convoque elecciones.
“No son aptos para gobernar España. No están cualificados. Convoquen elecciones y déjenos al Partido Popular presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2027”, ha afirmado.
El Partido Popular defiende unas cuentas públicas anuales, transparentes y sometidas al debate parlamentario, con prioridades claras de gasto e inversión y un control efectivo de las modificaciones presupuestarias.
Gamarra defiende que «los jueces elijan a los jueces» para despolitizar el CGPJ.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha defendido este jueves en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PP para que “los jueces elijan a los jueces” y reforzar así la independencia del Consejo General del Poder Judicial.
Durante el debate de toma en consideración de la iniciativa, Gamarra ha reclamado el respaldo de la Cámara a un modelo que reduzca la intervención política en la elección de los vocales judiciales.
“Frente a un Gobierno sometido a la mentira, necesitamos una Justicia aliada de la verdad”, ha afirmado.
La propuesta del Partido Popular establece que los 12 vocales jueces o magistrados sean elegidos directamente por sus compañeros mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, manteniendo en el Parlamento la designación de los ocho vocales juristas que contempla la Constitución.
Gamarra denuncia una “operación para someter al Poder Judicial”
La dirigente popular ha acusado al Gobierno de desarrollar lo que ha calificado como una “operación para someter al Poder Judicial”.
Gamarra ha incluido dentro de esa estrategia los ataques políticos que, según denuncia el PP, han recibido distintos jueces, las acusaciones de lawfare y las críticas dirigidas contra resoluciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo.
“Es una estrategia para buscar su impunidad”, ha sostenido.
El Partido Popular viene reclamando desde hace meses respeto a la separación de poderes y denunciando las presiones que atribuye a miembros del Ejecutivo contra jueces y magistrados.
“Sánchez exige impunidad para los suyos”
Gamarra ha reprochado también a Pedro Sánchez sus críticas a determinadas investigaciones judiciales relacionadas con personas de su entorno.
La dirigente popular considera que el presidente pretende desacreditar decisiones judiciales cuando estas afectan políticamente al Gobierno.
“Sánchez exige impunidad para los suyos, reclama que la Justicia ponga a sus seres queridos por encima de la ley”, ha afirmado.
Se trata de una valoración política formulada por Gamarra durante su intervención parlamentaria.
El PP reivindica a los servidores públicos ante la crisis de Ceuta
La vicesecretaria ha vinculado igualmente la defensa de las instituciones con las recientes controversias sobre Ceuta.
Gamarra ha acusado al Gobierno de haber negado los avisos previos que, según sostiene el PP, recibió antes de los acontecimientos de finales de julio y ha criticado que se cuestione posteriormente la actuación de organismos como el CNI o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“La única defensa del presidente del Gobierno, que no hizo su trabajo en Ceuta, es atacar a los funcionarios que sí hicieron el suyo”, ha señalado.
La dirigente popular ha reivindicado a los servidores públicos que, en palabras de Gamarra, “sí estaban ahí cumpliendo con su deber por España y por Ceuta”.
Gamarra denuncia ataques contra otros poderes del Estado
La dirigente popular ha acusado también al Ejecutivo de intentar evitar los mecanismos de control institucional.
Entre los ejemplos citados durante su intervención ha incluido las críticas a jueces, tribunales, funcionarios y medios de comunicación.
Gamarra ha cuestionado especialmente la elaboración de informes sobre periodistas que el PP considera clasificados ideológicamente y ha preguntado: “¿Cabe mayor criterio antidemocrático?”.
El Partido Popular defiende que la libertad de prensa, la independencia judicial y la autonomía de las instituciones constituyen elementos esenciales del Estado de Derecho.
El PP reivindica el modelo europeo para el CGPJ
Gamarra ha sostenido que la propuesta del Partido Popular responde a las recomendaciones y estándares europeos sobre independencia judicial.
La dirigente popular ha citado al GRECO, la Comisión de Venecia y la Comisión Europea como referencias que, según el PP, respaldan un sistema en el que los vocales judiciales tengan una participación decisiva de sus propios pares en su elección.
“Pasar de los 20 vocales elegidos políticamente a los ocho que la Constitución reserva al Parlamento es un avance indudable”, ha defendido.
La reforma registrada por el PP en 2025 propone precisamente que los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial sean elegidos directamente entre jueces y magistrados.
Un sistema electoral “garantista y transparente”
La propuesta popular contempla además mecanismos dirigidos a evitar, según el PP, una politización interna de la carrera judicial.
Gamarra ha defendido un sistema que garantice la representación de las distintas categorías judiciales, una presencia equilibrada de mujeres y hombres y unas elecciones mediante listas abiertas y voto directo.
Para el Partido Popular, estos elementos permitirían reforzar la legitimidad del CGPJ y reducir la percepción de dependencia respecto de los partidos políticos.
“No hay razones para oponerse a una reforma que fortalece el Estado de Derecho”
Cuca Gamarra ha concluido defendiendo que el debate sobre el CGPJ debe abordarse desde la independencia institucional y los principios europeos.
“No hay razones objetivas para oponerse a una reforma que fortalece el Estado de Derecho”, ha afirmado.
El Partido Popular defiende que la regeneración institucional pasa por reforzar la separación de poderes, garantizar la independencia de jueces y magistrados y reducir la capacidad de los gobiernos y los partidos políticos para intervenir en el órgano de gobierno de los jueces.
Ester Muñoz acusa al Gobierno de no aceptar lo que reflejan los informes sobre Ceuta.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el Gobierno ha quedado “noqueado” después de la publicación de los informes relativos a los acontecimientos de Ceuta y ha acusado al Ejecutivo de intentar imponer a los ciudadanos su propia interpretación de la documentación conocida.
“El Gobierno está noqueado porque no entiende que cuando han desclasificado los papeles la gente no lea lo que ellos leen”, ha afirmado Muñoz en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.
La dirigente popular sostiene que los documentos conocidos reflejan la existencia de avisos previos y ha reprochado al Ejecutivo que, tras comprobar la interpretación que medios de comunicación y ciudadanos estaban haciendo de esos informes, Pedro Sánchez saliera públicamente a explicar “cómo tenemos que leer los avisos”.
Muñoz acusa al Gobierno de atacar a sus propias instituciones
La portavoz popular ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de información y ha acusado al Ejecutivo de intentar trasladar responsabilidades hacia las propias instituciones del Estado.
“Es el primer Gobierno del mundo que ataca a su Estado”, ha afirmado.
El Partido Popular viene defendiendo en las últimas semanas la credibilidad de Policía, Guardia Civil y CNI frente a las distintas versiones ofrecidas sobre la crisis de Ceuta. La propia Muñoz ya había reclamado anteriormente explicaciones sobre qué información tenía el Gobierno y cómo se produjo la entrada masiva.
“La frontera de España la defiende España”
Muñoz ha respondido también a las declaraciones realizadas por Óscar Puente sobre el papel de Marruecos en la vigilancia fronteriza.
“La frontera de España la defiende España, no la defiende Marruecos”, ha sentenciado.
A juicio de la portavoz popular, las declaraciones del ministro evidencian que el Gobierno confiaba en que Marruecos asumiera una parte esencial de la protección de la frontera española.
El PP defiende que España debe disponer de suficientes medios policiales, militares, diplomáticos y europeos para garantizar directamente la seguridad de sus fronteras, independientemente de la cooperación que pueda mantener con terceros países.
El PP reclama esclarecer todos los avisos previos
Muñoz ha insistido en que los informes conocidos deben servir para determinar qué información recibió el Ejecutivo antes de los acontecimientos de finales de julio y qué decisiones adoptó ante esos avisos.
La portavoz sostiene que lo ocurrido en Ceuta respondió a una acción “ordenada y planeada” destinada a desestabilizar la ciudad autónoma y, por extensión, España y la Unión Europea.
Se trata de la interpretación política defendida por el Partido Popular, que reclama que las investigaciones y la documentación disponible permitan esclarecer todos los hechos y responsabilidades.
El PP ya había denunciado a comienzos de septiembre que un informe policial conocido sobre la crisis reflejaba avisos previos al Gobierno.
Muñoz rechaza la “falsa dicotomía” planteada por Sánchez
Ester Muñoz ha rechazado además que el debate sobre la protección de la frontera pueda reducirse a elegir entre permitir una entrada masiva o recurrir a una respuesta desproporcionada contra las personas que intentan cruzarla.
La portavoz popular considera que presentar esas dos únicas alternativas es una “falsa dicotomía” que evita discutir sobre planificación, prevención, medios suficientes y capacidad de reacción del Estado.
El Partido Popular defiende una política fronteriza firme, dentro del Estado de Derecho y con pleno respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales.
Muñoz critica las palabras de Marlaska sobre la inseguridad
La portavoz del GPP ha dirigido también sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de sus declaraciones sobre la percepción de inseguridad en Ceuta.
Muñoz ha rechazado que se hable de “inseguridad subjetiva” y ha reclamado al Ejecutivo que escuche las preocupaciones expresadas por los ceutíes.
El PP considera que la prioridad debe ser recuperar plenamente la normalidad, garantizar la seguridad y ofrecer explicaciones transparentes sobre la actuación del Gobierno.
El PP reclama que Sánchez disuelva las Cortes
Ester Muñoz ha señalado finalmente que ya no espera dimisiones dentro del Ejecutivo y ha reclamado directamente a Pedro Sánchez que convoque elecciones.
La dirigente popular acusa al presidente del Gobierno de “buscar culpables en todos los sitios con tal de no asumir responsabilidades” y sostiene que esta forma de actuar se repite ante las diferentes crisis que atraviesa el país.
Para el Partido Popular, el Gobierno debe explicar qué sabía antes de los acontecimientos de Ceuta, por qué no actuó con mayor anticipación y por qué existen, según denuncia el PP, contradicciones entre su versión y la documentación conocida.
Muñoz defiende que España debe respaldar a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, proteger directamente sus fronteras y ofrecer a los ciudadanos verdad, transparencia y responsabilidades políticas.