Wenceslao Font reclama más mantenimiento del viario público.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno la puesta en marcha de un plan específico para reparar los alcorques que permanecen descubiertos, deteriorados o con desniveles respecto al pavimento.
El portavoz municipal de VOX, Wenceslao Font, considera que el estado de estos elementos dificulta el tránsito peatonal y puede provocar tropiezos y caídas, especialmente en aceras estrechas y zonas con una elevada circulación de personas.
«La conservación del viario público es una de las obligaciones esenciales de cualquier Ayuntamiento, tanto para garantizar la seguridad de los ciudadanos como para asegurar una ciudad plenamente accesible», ha señalado Font.
VOX alerta del riesgo para los peatones
La formación reconoce que existen calles donde los alcorques están adecuadamente protegidos mediante rejillas, materiales drenantes, grava compactada u otras soluciones que permiten mantener el arbolado sin obstaculizar el paso.
Sin embargo, VOX asegura que en distintos puntos de Huelva todavía pueden encontrarse alcorques sin protección, con bordes deteriorados o situados a diferente altura respecto a la acera.
Font advierte de que estas deficiencias pueden resultar especialmente peligrosas para las personas mayores, los ciudadanos con movilidad reducida, las familias que utilizan carritos infantiles y quienes tienen dificultades visuales.
La normativa estatal de accesibilidad establece que los alcorques ubicados en zonas peatonales deben situarse preferentemente fuera del itinerario accesible. También recomienda protegerlos mediante rejillas, materiales compactos drenantes u otros elementos similares enrasados con el pavimento para proporcionar la máxima seguridad.
Un inventario de los puntos más deteriorados
VOX propone que el Ayuntamiento elabore un inventario para conocer cuántos alcorques presentan deficiencias y dónde se encuentran los puntos de mayor riesgo.
La formación considera que este diagnóstico permitiría priorizar las intervenciones en función del estado de conservación, la anchura de las aceras, el número de peatones y la proximidad de colegios, centros sanitarios, residencias de mayores o edificios públicos.
El plan solicitado debería incluir un calendario progresivo de reparaciones, una estimación económica y un sistema para que los vecinos puedan comunicar incidencias.
VOX también plantea revisar periódicamente las actuaciones realizadas para comprobar que los materiales utilizados permanecen estables y no vuelven a generar desniveles.
Compatibilizar accesibilidad y conservación del arbolado
Font sostiene que las intervenciones deben mejorar la seguridad sin perjudicar el crecimiento de los árboles ni reducir innecesariamente el espacio disponible para sus raíces.
Por ello, VOX pide que los servicios municipales determinen en cada caso la solución técnica más adecuada: rejillas correctamente instaladas, pavimentos drenantes, materiales compactos o delimitaciones visibles que no invadan el espacio de paso.
La formación reclama que el área responsable del mantenimiento urbano trabaje de forma coordinada con los servicios de Parques y Jardines, Movilidad y Accesibilidad.
El propio Ayuntamiento de Huelva ya realizó anteriormente actuaciones para reparar alcorques en el paseo de Santa Fe con el objetivo declarado de reforzar la seguridad de los viandantes y mejorar el aspecto del espacio público.
VOX considera que este tipo de intervención no debe limitarse a actuaciones puntuales, sino integrarse en un programa permanente que alcance a todos los barrios.
Posibles reclamaciones por accidentes
El portavoz municipal también ha advertido de que el deterioro del viario puede generar consecuencias económicas para el Ayuntamiento cuando provoca accidentes.
La legislación establece que los ciudadanos pueden reclamar una indemnización cuando sufran un daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Para que exista responsabilidad patrimonial debe acreditarse, entre otros requisitos, una relación causal entre el estado del espacio público y la lesión producida.
VOX sostiene que una política preventiva de mantenimiento permitiría reducir el número de accidentes y evitar posteriores reclamaciones contra las arcas municipales.
«No debemos esperar a que se produzca una caída para actuar sobre problemas que son perfectamente visibles y que pueden corregirse mediante una planificación adecuada», defiende la formación.
La iniciativa llegará al próximo Pleno
El Grupo Municipal preguntará en el próximo Pleno si el equipo de Gobierno tiene previsto poner en marcha un plan específico para reparar los alcorques descubiertos, deteriorados o desnivelados.
VOX solicitará información sobre las inspecciones realizadas, las incidencias registradas, las reparaciones previstas y las partidas disponibles para estas actuaciones.
Font reclama que el Ayuntamiento actúe de forma planificada y dé prioridad a los lugares donde el deterioro representa un mayor peligro para los peatones.
La formación concluye que mejorar el estado de los alcorques contribuiría a conseguir unas aceras más seguras, accesibles y cuidadas, al tiempo que permitiría conservar adecuadamente el arbolado urbano.
Sonsoles Peralta rechaza el urbanismo con perspectiva de género en Oviedo.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado la proposición presentada por el PSOE para reforzar la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, considera que la iniciativa socialista introduce planteamientos ideológicos en una herramienta que debería centrarse en facilitar vivienda, mejorar la movilidad, garantizar la seguridad de los espacios públicos y planificar los servicios necesarios para el futuro del concejo.
La proposición del PSOE solicita una incorporación «real y efectiva» de la perspectiva de género al nuevo planeamiento. Entre sus medidas plantea procesos específicos de participación ciudadana, talleres, encuentros abiertos, diagnósticos e indicadores para analizar cómo utilizan la ciudad las mujeres.
«El urbanismo debe responder a las necesidades reales de los ovetenses y no convertirse en una herramienta al servicio de la ingeniería social», ha defendido Peralta.
VOX acusa al PP de compartir el planteamiento socialista
La formación también ha criticado la postura del Partido Popular. Según explica VOX, el PP votó en contra de la proposición, pero reconoció que el Ayuntamiento ya está incorporando la perspectiva de género durante la tramitación del Plan General.
Para Peralta, esta respuesta demuestra que la diferencia entre populares y socialistas no se encuentra en el contenido de fondo, sino en el grado y en los mecanismos utilizados para aplicarlo.
«El PP vota en contra de la perspectiva de género, pero no porque esté en contra, sino porque ya la está aplicando. La comparte y la ejecuta porque asume ese mismo marco ideológico», ha afirmado.
La portavoz sostiene que el debate enfrenta a quienes reclaman ampliar esos criterios y a quienes consideran suficientes los que ya se están aplicando.
«Lo que estamos viendo es una discusión entre quienes quieren más ideología y quienes consideran que con la que ya están aplicando es suficiente. No existe una discrepancia de fondo entre PSOE y Partido Popular», ha señalado.
Esta afirmación constituye la interpretación política de VOX sobre la posición del Gobierno municipal. El voto contrario del PP a la proposición no acredita por sí solo una coincidencia completa con el PSOE, aunque el cumplimiento de la normativa vigente obliga al Ayuntamiento a considerar determinados principios de igualdad en el planeamiento.
La legislación ya contempla la perspectiva de género
VOX recuerda que la normativa nacional ya exige incorporar este enfoque en el diseño urbano y en la planificación de las ciudades.
El artículo 31.3 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que las administraciones públicas deben tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño de la ciudad, las políticas urbanas y la definición y ejecución del planeamiento urbanístico. También señala que deben emplearse mecanismos que favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.
Por tanto, la elaboración del nuevo Plan General de Oviedo ya debe respetar ese marco legal. La proposición socialista pretendía incorporar mecanismos adicionales para profundizar en su aplicación, pero no partía de una ausencia completa de regulación.
El PSOE justificó su iniciativa mediante un diagnóstico previo sobre cuestiones como las cargas de cuidados, las diferencias de movilidad, el envejecimiento, la pobreza y la percepción de inseguridad en determinados espacios públicos.
VOX cuestiona que estos problemas deban abordarse mediante una perspectiva diferenciada por sexos y defiende que la planificación atienda al conjunto de vecinos mediante criterios generales de seguridad, accesibilidad, vivienda y calidad de los servicios.
Vivienda, aparcamiento y seguridad
Peralta considera que el futuro Plan General debe concentrarse en resolver los principales problemas urbanísticos de Oviedo.
«Las familias no preguntan si una calle tiene perspectiva de género. Preguntan si pueden acceder a una vivienda, si encuentran aparcamiento, si sus hijos pueden ir seguros al colegio o si disponen de servicios públicos de calidad», ha declarado.
VOX reclama que el planeamiento facilite la construcción de viviendas, reduzca las trabas administrativas, mejore las comunicaciones entre los barrios y garantice suficientes aparcamientos, zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.
La normativa urbanística asturiana establece que la ordenación del territorio debe buscar una utilización racional del suelo, mejorar la calidad de vida y responder de forma integrada a las necesidades públicas y privadas.
La formación sostiene que estos objetivos deben ocupar el centro del nuevo Plan General y rechaza la creación de estructuras, diagnósticos o procesos que, a su juicio, compliquen la tramitación sin aportar soluciones concretas.
VOX propone sustituirla por la «perspectiva de familia»
Como alternativa, VOX defiende que las decisiones municipales sean evaluadas mediante lo que denomina «perspectiva de familia».
La formación ya presentó en junio una iniciativa para aplicar este criterio de forma transversal a los planes, ordenanzas, presupuestos y políticas públicas del Ayuntamiento. La propuesta planteaba valorar cómo afectan las decisiones municipales a quienes tienen hijos, cuidan de familiares dependientes o desean desarrollar un proyecto familiar en Oviedo.
«Cuando VOX gobierne, sustituiremos la perspectiva de género por la perspectiva de familia», ha asegurado Peralta.
La portavoz sostiene que el urbanismo debe favorecer la formación de hogares, la natalidad, la conciliación y el arraigo familiar, prestando atención a cuestiones como la proximidad de colegios, zonas deportivas, centros sanitarios y servicios para mayores.
Peralta reclama un Plan General sin postulados ideológicos
VOX considera que el nuevo planeamiento será determinante para definir el crecimiento de Oviedo durante las próximas décadas y reclama que su elaboración se guíe por criterios técnicos, económicos y sociales.
La formación pide que el documento facilite el acceso a la vivienda, promueva la actividad económica, mejore la movilidad y ofrezca seguridad jurídica a familias, propietarios y empresas.
«Oviedo necesita un Plan General enfocado a dotar de un futuro próspero al concejo y que deje al margen los postulados ideológicos de la izquierda», ha concluido Sonsoles Peralta.
La portavoz ha reiterado que VOX seguirá fiscalizando el proceso de elaboración del planeamiento y presentando propuestas para situar a las familias y las necesidades cotidianas de los vecinos en el centro de la política urbanística.
José María Llanos: «Estos presupuestos tienen mucho de VOX»
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha celebrado la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y ha destacado la incorporación del principio denominado por su formación como «prioridad nacional».
Las cuentas autonómicas, dotadas con 33.305 millones de euros, han sido aprobadas este miércoles con los 40 votos del Partido Popular y los 13 de VOX. PSPV-PSOE y Compromís han votado en contra. El respaldo de VOX ha resultado determinante para superar la mayoría absoluta de la Cámara.
«Estos son los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional. Los españoles, primero», ha afirmado Llanos, quien considera que la medida supone el inicio de un cambio de orientación en las políticas públicas valencianas.
Vivienda pública y ayudas sociales
VOX defiende que los recursos financiados mediante los impuestos deben atender prioritariamente a quienes mantienen una vinculación estable y prolongada con España y con la Comunidad Valenciana.
Las partidas aprobadas incorporan expresamente el término «prioridad nacional», aunque lo vinculan a la legalidad vigente y a criterios objetivos de arraigo. Entre ellos figuran el empadronamiento histórico, la trayectoria laboral y de cotización, los vínculos familiares y la formación desarrollada en territorio valenciano.
Este principio aparece en programas destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a viviendas en zonas rurales despobladas, en las líneas de vivienda pública en régimen de alquiler o propiedad y en determinadas políticas sociales.
«Es puro sentido común que el dinero de los valencianos sirva, antes que a nadie, para ayudar a los valencianos», ha declarado Llanos.
El portavoz sostiene que estas medidas pretenden corregir las dificultades que afrontan numerosas familias y jóvenes para acceder a una vivienda o a prestaciones públicas.
Más requisitos de arraigo
Las enmiendas impulsadas por VOX proponen introducir la «prioridad nacional» como principio rector de las políticas de vivienda, servicios sociales y Renta Valenciana de Inclusión.
En materia de vivienda pública, la formación ha planteado valorar los años de empadronamiento del solicitante y de sus progenitores, la cotización a la Seguridad Social, la escolarización, la condición de familia numerosa y la edad inferior a 40 años.
VOX también ha defendido elevar los requisitos de residencia para acceder a determinadas modalidades de vivienda pública y ampliar de 15 meses a tres años el periodo de residencia ininterrumpida exigido para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión. Como alternativa, se contempla acreditar diez años acumulados de residencia durante los últimos treinta.
Llanos considera que estos criterios reconocen el esfuerzo de quienes han vivido, trabajado y contribuido durante años al sostenimiento de los servicios públicos.
«Nuestra obligación es garantizar que las políticas públicas respondan, en primer lugar, a las necesidades de quienes sostienen el sistema con su esfuerzo», ha señalado.
La Ley de Medidas completará los cambios
Aunque los presupuestos aprobados incluyen expresamente el principio de «prioridad nacional», una parte de los cambios con mayor impacto jurídico se encuentra en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Organización de la Generalitat.
Esta norma, conocida como ley de acompañamiento, deberá modificar las leyes autonómicas de vivienda, servicios sociales y Renta Valenciana de Inclusión para desarrollar los criterios defendidos por VOX. Su votación definitiva está prevista para el 31 de julio.
Por tanto, las cuentas presupuestarias ya incorporan el concepto y diferentes partidas vinculadas al arraigo, mientras que su desarrollo general en la legislación sectorial dependerá de la aprobación definitiva de la Ley de Medidas.
El PSPV-PSOE ha anunciado que estudiará recurrir estas disposiciones al considerar que podrían vulnerar el principio constitucional de igualdad. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sostiene, por su parte, que las medidas no distinguen por origen o color de piel, sino que refuerzan la valoración del arraigo y el tiempo de empadronamiento.
Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno
Llanos también ha destacado las medidas relacionadas con la política migratoria incluidas durante la negociación presupuestaria.
Entre ellas se encuentra la transformación de la actual Oficina Valenciana de Inclusión en una Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno. VOX pretende que este organismo informe sobre programas de retorno voluntario y reoriente parte de las políticas de integración hacia la residencia legal, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el arraigo.
La formación también ha promovido un estudio sobre el impacto de la inmigración en ámbitos como la vivienda, los servicios públicos y la seguridad.
«Por fin se va a estudiar qué consecuencias tiene la inmigración masiva en nuestra tierra para poder plantear soluciones», ha señalado el portavoz.
«Estos presupuestos no son los de VOX»
Llanos ha defendido el resultado de la negociación con el Partido Popular, pero ha insistido en que las cuentas aprobadas no representan íntegramente el programa de VOX.
La formación también había condicionado su apoyo a medidas relacionadas con la reducción de impuestos, el acceso a la vivienda, la familia y el recorte del gasto considerado innecesario.
«Estos presupuestos son mejores porque VOX ha obligado a cambiar el rumbo, pero no son los presupuestos de VOX», ha manifestado.
El portavoz ha concluido asegurando que su partido continuará reclamando una mayor aplicación de la prioridad nacional, menos gasto político y más recursos para vivienda, sanidad, educación y servicios sociales.
«Estos presupuestos son solo el comienzo de un cambio de rumbo que ha llegado para quedarse», ha afirmado José María Llanos.
Esperanza López pide el expediente de la subvención millonaria de Cúllar Vega.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Cúllar Vega ha registrado tres escritos para solicitar acceso a toda la documentación relacionada con la subvención estatal de 6,5 millones de euros destinada a reparar y modernizar las infraestructuras hidráulicas y diferentes espacios urbanos del municipio.
La portavoz municipal de VOX, Esperanza López, reclama al Gobierno local del PSOE que publique el expediente completo, incluidos la resolución de concesión, el proyecto técnico, los informes jurídicos y el convenio vigente con EMASAGRA.
«Los vecinos tienen derecho a conocer cómo se va a gestionar cada euro de esta inversión pública, quién ejecutará las obras y qué beneficios reales obtendrá el municipio», ha manifestado López.
Una subvención de 6.501.024 euros
El Ayuntamiento anunció el 22 de junio que había recibido una resolución de la Administración General del Estado por la que se le concedían exactamente 6.501.024,97 euros.
Según la información municipal, la ayuda está financiada al 100 % y se enmarca en las medidas aprobadas para reparar los daños provocados por las borrascas y prevenir futuras inundaciones. Las actuaciones incluirían las redes de abastecimiento, saneamiento y recogida de aguas pluviales, así como la renovación del asfaltado, los acerados y el arbolado de las zonas intervenidas. También se contempla una actuación integral en la avenida Andalucía.
El Real Decreto-ley 5/2026 permite al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática conceder subvenciones a entidades locales para reparar, reconstruir, mejorar o ampliar infraestructuras y servicios de titularidad municipal o provincial afectados por los fenómenos meteorológicos adversos. Las ayudas pueden alcanzar hasta el 100 % del coste.
VOX pregunta qué papel desempeñará EMASAGRA
Aunque el Ayuntamiento figura públicamente como receptor de la subvención, VOX solicita conocer cómo se articulará la ejecución de las obras y qué participación tendrá EMASAGRA, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en el municipio.
La formación pide acceder al convenio completo para comprobar qué obligaciones de conservación y mantenimiento corresponden a la empresa y cuáles deben ser asumidas por el Ayuntamiento.
VOX también reclama los informes que determinen si las actuaciones financiadas con fondos estatales se encuentran dentro de las obligaciones ordinarias de la concesionaria o responden a daños extraordinarios y mejoras subvencionables.
«Es razonable preguntar si esta inversión supondrá una mejora real del servicio o si tendrá algún reflejo en el recibo del agua que pagan las familias», ha señalado Esperanza López.
El destino de los fondos
La normativa estatal establece que estas ayudas deben dedicarse a proyectos directamente relacionados con los daños ocasionados por los temporales. También permite financiar mejoras de capacidad, actuaciones preventivas frente a inundaciones y la adaptación de las infraestructuras a futuros episodios meteorológicos.
VOX solicita que el Ejecutivo municipal detalle las obras previstas, sus presupuestos, los plazos de ejecución, los procedimientos de contratación y los mecanismos que se emplearán para controlar y justificar el gasto.
La formación considera necesario diferenciar qué parte de la inversión se destinará a las redes hidráulicas y cuál financiará la reposición superficial de calles, acerados, asfaltado y arbolado.
Petición de informes jurídicos y técnicos
El Grupo Municipal ha pedido que se le facilite la resolución completa de concesión, las memorias presentadas ante el Ministerio, el proyecto técnico y los informes municipales que respaldan la operación.
También solicita conocer si será el Ayuntamiento quien contratará directamente las obras o si alguna parte de la ejecución corresponderá a EMASAGRA mediante el convenio de concesión.
La petición de documentación no implica que se haya acreditado una irregularidad en la concesión o en el destino de los fondos. VOX sostiene que su objetivo es fiscalizar preventivamente una inversión equivalente, según el propio Ayuntamiento, a aproximadamente un presupuesto municipal anual.
VOX pide máxima transparencia
Esperanza López también ha relacionado esta solicitud con unas actuaciones sobre las cuentas municipales de 2025 que, según afirma la formación, habrían sido trasladadas al Ministerio Fiscal tras apreciarse posibles indicios.
El comunicado no incorpora la resolución o documentación que permita comprobar públicamente el alcance exacto de esas actuaciones. En cualquier caso, la existencia de una investigación o traslado de información no acredita por sí sola la comisión de irregularidades ni implica responsabilidad penal o contable.
VOX considera que una subvención de esta cuantía exige una fiscalización especialmente rigurosa y reclama que la información esté disponible tanto para los grupos políticos como para los vecinos.
«Nuestro trabajo como oposición es fiscalizar la acción del Gobierno y defender el interés de los ciudadanos», ha afirmado López.
La portavoz ha concluido exigiendo que los 6,5 millones se gestionen «con absoluta transparencia, dentro de la legalidad y pensando únicamente en el beneficio de Cúllar Vega».
Redondo exige al delegado defender los intereses de España en Ceuta.
VOX Ceuta ha denunciado la «falta de iniciativa política y de gestión» del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y lo ha acusado de convertir la institución en un «instrumento de propaganda del PSOE» y en una prolongación política del Ejecutivo de Juan Vivas.
El presidente y portavoz de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, sostiene que la actividad de la Delegación se ha centrado desde la llegada de Pérez Triano en actos protocolarios, reuniones y presentaciones de proyectos que, según la formación, ya habían sido anunciados anteriormente.
Miguel Ángel Pérez Triano fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta mediante un real decreto aprobado el 10 de febrero de 2026 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día siguiente.
«Los ceutíes no necesitan una campaña electoral permanente financiada con recursos públicos. Necesitan un delegado que impulse, gestione y defienda los intereses de España en Ceuta», ha afirmado Redondo.
VOX denuncia anuncios sin resultados
La formación considera que la Delegación del Gobierno está presentando como novedades actuaciones que llevan años pendientes o que ya habían sido anunciadas por anteriores responsables institucionales.
VOX sostiene que los principales problemas de Ceuta continúan sin resolverse y reclama que Pérez Triano explique qué proyectos ha impulsado desde su nombramiento, cuál es su estado de ejecución y qué plazos maneja el Gobierno de España.
Redondo pide diferenciar entre la comunicación institucional necesaria y una actividad que, según su valoración, estaría orientada a promocionar políticamente al PSOE.
Las acusaciones de utilización propagandística de la Delegación constituyen una valoración política de VOX. La presencia en actos públicos o la celebración de reuniones entre administraciones no demuestra por sí misma un uso partidista de los recursos públicos.
Redondo acusa a Pérez Triano de actuar como «teniente de alcalde»
VOX también critica la estrecha relación institucional que mantiene el delegado del Gobierno con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, quien continúa al frente del Ejecutivo ceutí.
Redondo sostiene que Pérez Triano ha renunciado a ejercer con autonomía su función como representante del Gobierno de España y que actúa, «de facto», como un integrante más del equipo de Vivas.
«Da la sensación de que el verdadero delegado del Gobierno en Ceuta es Juan Vivas y que Miguel Ángel Pérez Triano ha aceptado el papel de vicealcalde o concejal delegado del presidente de la Ciudad», ha manifestado.
La formación considera que la colaboración entre ambas administraciones no debe traducirse en una subordinación política ni impedir que la Delegación exija responsabilidades al Gobierno local cuando existan intereses estatales afectados.
La Delegación debe coordinar los servicios del Estado
VOX recuerda que la Delegación del Gobierno representa al Ejecutivo nacional en Ceuta y dirige y coordina los servicios de la Administración General del Estado presentes en la ciudad.
La Ley 40/2015 atribuye a los delegados del Gobierno funciones de dirección y coordinación de los servicios estatales, colaboración con las administraciones territoriales, protección de derechos y libertades y garantía de la seguridad ciudadana. En Ceuta, además, el delegado asume las competencias que la legislación atribuye a los subdelegados provinciales.
La estructura territorial estatal en Ceuta incluye unidades relacionadas con extranjería, fomento, sanidad, protección civil y atención ciudadana, entre otras áreas.
VOX reclama que Pérez Triano concentre su actividad en asuntos como la frontera, la inmigración, la seguridad, las infraestructuras estatales, las relaciones con Marruecos, el comercio exterior y la coordinación de las inversiones del Estado.
VOX exige una Delegación con mayor peso institucional
Redondo considera que la Delegación atraviesa una etapa de escasa relevancia política y acusa al representante del Gobierno de sustituir la gestión por una «agenda publicitaria».
La formación pide conocer los avances concretos conseguidos en proyectos estratégicos, las gestiones realizadas ante los ministerios y los compromisos asumidos por el Ejecutivo central con Ceuta.
VOX también reclama transparencia sobre el coste de las campañas institucionales, los actos públicos y las acciones de comunicación promovidas desde la Delegación.
«La Delegación del Gobierno no puede convertirse en la oficina de campaña del PSOE ni en una extensión del Ayuntamiento de Juan Vivas», ha señalado Redondo.
Redondo pide menos fotografías y más gestión
VOX Ceuta exige que el delegado recupere el peso institucional que, a su juicio, corresponde a la representación del Estado en una ciudad con una situación fronteriza y geopolítica singular.
La formación anuncia que continuará fiscalizando la gestión de Pérez Triano y reclamando información sobre las actuaciones de la Administración General del Estado.
«Debe dejar de vender humo y empezar a ofrecer resultados. Los ceutíes merecen mucho más que anuncios reciclados y fotografías institucionales», ha concluido Juan Sergio Redondo.
Martínez Alpañez reclama más prevención frente a los incendios.
VOX ha anunciado el registro de una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia para reforzar la prevención de incendios forestales y modificar el modelo de gestión de los montes. La formación trasladará también la propuesta a los ayuntamientos en los que cuenta con representación para reclamar una actuación coordinada entre las administraciones local, autonómica y estatal.
El portavoz de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, sostiene que la falta de mantenimiento y aprovechamiento de los espacios forestales está aumentando la cantidad de combustible vegetal y elevando el riesgo para viviendas y núcleos de población.
«VOX ha venido a imponer cordura en la gestión forestal. Debemos gestionar nuestros bosques y nuestros montes», ha afirmado.
La formación responsabiliza políticamente al Gobierno regional del Partido Popular y al Gobierno de España, dirigido por el PSOE, de mantener unas políticas que considera insuficientes para conservar los montes y anticiparse a los incendios.
Gestión forestal activa durante todo el año
La iniciativa defiende que la prevención no puede limitarse a los meses de mayor riesgo ni concentrarse únicamente en los medios de extinción.
VOX propone realizar de forma permanente trabajos de limpieza, tratamientos selvícolas, retirada de combustible vegetal, conservación de caminos forestales y creación y mantenimiento de cortafuegos activos.
Martínez Alpañez contrapone este modelo a lo que denomina «fanatismo climático», una expresión política con la que VOX critica las restricciones ambientales que, según la formación, dificultan determinados trabajos, aprovechamientos y actividades tradicionales en los montes.
«Están abandonando completamente nuestros bosques, hasta el punto de poner en riesgo la vida de las personas», ha denunciado el portavoz.
La Región de Murcia ya dispone de un Plan Operativo Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para 2026. Este documento organiza las actuaciones preventivas, el sistema de vigilancia, el dispositivo de extinción y las restricciones aplicables durante los periodos de riesgo. La propuesta de VOX pretende reforzar esos mecanismos y modificar su aplicación sobre el territorio.
Más coordinación y recursos para responder a las emergencias
Otra de las medidas planteadas es mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y provincias limítrofes para que los medios puedan intervenir con rapidez cuando un incendio supere la capacidad de respuesta de una administración.
VOX reclama mecanismos estables de colaboración interprovincial, protocolos más ágiles y una mayor dotación de personal, vehículos, maquinaria, sistemas de vigilancia y recursos aéreos.
La formación considera que los dispositivos deben estar dimensionados no solo para extinguir los incendios, sino también para vigilar las zonas de mayor riesgo y ejecutar trabajos preventivos durante todo el año.
El Plan INFOMUR ya establece la organización jerárquica y funcional de los servicios autonómicos y de los recursos aportados por otras administraciones o entidades. VOX pide ampliar la cooperación práctica y garantizar que los medios necesarios estén disponibles cuando se produzca una emergencia.
La legislación estatal también obliga a las administraciones competentes a aprobar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción y a establecer planes de defensa específicos para las zonas declaradas de alto riesgo de incendio.
Agricultura de secano y recuperación de usos tradicionales
VOX propone impulsar la agricultura de secano como una herramienta para mantener el territorio trabajado y reducir la continuidad de la vegetación que puede favorecer la propagación del fuego.
La formación también plantea recuperar actividades y usos tradicionales de los montes, siempre dentro de la legalidad y con las autorizaciones necesarias. Entre ellos se encuentran el pastoreo, la recogida de biomasa, los aprovechamientos forestales y otras labores que contribuyan a conservar caminos, parcelas y zonas de transición.
Según VOX, el abandono de las explotaciones agrícolas y ganaderas está provocando la pérdida del mosaico rural y la acumulación de combustible vegetal.
Martínez Alpañez ya había reclamado días antes una mayor colaboración entre la Administración y los propietarios privados, así como la comparecencia del consejero regional de Medio Ambiente para explicar la política de prevención desarrollada por el Gobierno murciano.
Un censo de personas vulnerables para facilitar las evacuaciones
La propuesta incluye la elaboración de un censo de personas que puedan necesitar asistencia especial durante una evacuación por incendio forestal.
VOX plantea identificar, con las debidas garantías de protección de datos, a vecinos que por razones de edad, dependencia, discapacidad, salud o circunstancias familiares tengan dificultades para abandonar sus viviendas sin ayuda.
El objetivo sería que los servicios de emergencias, protección civil y los ayuntamientos puedan anticipar las necesidades de transporte, asistencia sanitaria y alojamiento cuando un incendio amenace una zona habitada.
La formación reclama que este registro se coordine con los servicios sociales municipales y sanitarios y que su utilización quede limitada exclusivamente a la planificación y respuesta ante emergencias.
VOX responsabiliza a PP y PSOE de la situación
Martínez Alpañez sostiene que tanto el PP como el PSOE deben abandonar las políticas que VOX identifica con la Agenda 2030 y priorizar el mantenimiento de los montes, la protección de las viviendas y la seguridad de los ciudadanos.
Esta acusación constituye una valoración política de la formación. La Comunidad Autónoma cuenta actualmente con instrumentos de prevención y extinción, aunque VOX considera que sus recursos, ejecución y orientación resultan insuficientes.
El grupo parlamentario defenderá que la gestión forestal activa, la cooperación con los propietarios, el refuerzo de los medios de emergencia y la preparación de las evacuaciones se conviertan en prioridades permanentes.
«La mala gestión mata y desde VOX vamos a evitarlo», ha concluido Rubén Martínez Alpañez.
Eva Torres: «Zaragoza avanza en su Ordenanza del Dato con el respaldo de VOX»
El Grupo Municipal VOX ha reafirmado su respaldo a la Ordenanza de Gobierno del Dato de Zaragoza después de participar en la elaboración de un texto que pretende modernizar la Administración municipal y establecer criterios homogéneos para la recopilación, gestión y utilización de la información.
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Eva Torres, ha explicado que su formación ha colaborado durante los últimos meses con el área municipal de Economía y Transformación Digital para reforzar las garantías jurídicas de la norma.
«En VOX defendemos una Administración eficaz, con una digitalización que esté al servicio real del ciudadano y no de su control político», ha afirmado Torres.
La Ordenanza de Gobierno del Dato ha recibido el visto bueno de la Comisión de Economía, Transformación Digital y Transparencia y deberá ser elevada al siguiente Pleno municipal. Su objetivo es ordenar la información que gestiona el Ayuntamiento y establecer un marco común para todas las áreas y entidades públicas dependientes del consistorio.
Protección frente al perfilado y el rastreo masivo
VOX sostiene que una de sus principales aportaciones ha sido reforzar las garantías destinadas a impedir que la información municipal pueda convertirse en una herramienta de vigilancia, perfilado político o seguimiento injustificado de los ciudadanos.
La formación asegura que ha trabajado para que el texto se encuentre alineado con el Reglamento General de Protección de Datos y con los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos.
El RGPD reconoce, entre otros, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. También protege a los ciudadanos frente a determinadas decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados, incluida la elaboración de perfiles.
«El dato debe estar siempre al servicio del ciudadano y de las necesidades reales de la ciudad. Los zaragozanos pueden tener la tranquilidad de que esta ordenanza protegerá sus datos y facilitará su vida diaria», ha manifestado Eva Torres.
VOX reclama que cualquier utilización de información personal responda a una finalidad determinada, legítima y transparente. La AEPD establece, además, que las administraciones deben aplicar el principio de minimización, limitando la recopilación, el acceso y el periodo de conservación a los datos estrictamente necesarios.
Simplificación administrativa y criterios homogéneos
La Ordenanza busca establecer una organización común para los datos que manejan las distintas áreas municipales, evitando duplicidades, diferencias de criterio y procedimientos innecesariamente complejos.
El propio Ayuntamiento justificó la necesidad de la norma señalando que la falta de un modelo integral dificultaba la obtención y gestión coherente de la información. El proyecto pretende regular su recopilación, calidad, explotación, apertura y reutilización, garantizando al mismo tiempo los derechos de las personas.
Entre las aportaciones defendidas por VOX se encuentran:
- La simplificación de los procedimientos administrativos.
- La implantación de criterios homogéneos en todas las áreas municipales.
- Una mayor protección de los derechos relacionados con los datos personales.
- La prevención de usos políticos, rastreos o perfilados injustificados.
- La mejora de la eficiencia y de la relación digital entre el Ayuntamiento y los ciudadanos.
Torres ha recordado que VOX defiende desde su llegada al consistorio en 2019 la transformación digital y la reducción de cargas burocráticas.
«Es necesario actualizar la institución a las necesidades del ciudadano del siglo XXI», ha señalado la portavoz.
Una ordenanza iniciada en 2024
La tramitación comenzó con una consulta pública previa desarrollada entre el 2 y el 17 de enero de 2024. El Gobierno de Zaragoza aprobó inicialmente el proyecto el 26 de marzo de ese año y abrió posteriormente un periodo de información pública entre el 12 de abril y el 8 de mayo.
VOX asegura que durante ese periodo no se presentaron alegaciones vecinales y considera que esta circunstancia respalda el rigor técnico y el carácter garantista del proyecto. La ausencia de alegaciones, por sí sola, no implica necesariamente la existencia de un consenso político o ciudadano completo, aunque la formación la interpreta como una señal de aceptación del contenido normativo.
La norma también contempla instrumentos como un plan municipal de gobierno del dato, mecanismos de evaluación, auditorías y espacios destinados a compartir y reutilizar información bajo determinadas condiciones jurídicas y técnicas.
«El dato debe facilitar la vida de los ciudadanos»
Eva Torres ha defendido que la modernización tecnológica no debe significar una reducción de la privacidad ni un aumento del control institucional sobre las personas.
VOX apoyará la Ordenanza siempre que su aplicación respete los principios de legalidad, seguridad, transparencia y protección de los derechos individuales.
«Nuestro foco está puesto siempre en el bienestar del zaragozano. VOX va a apoyar todo aquello que sea bueno para los ciudadanos y se va a poner enfrente de todo aquello que no les facilite la vida», ha concluido Torres.