Redondo exige más vigilancia marítima contra las mafias en Ceuta.
VOX Ceuta ha trasladado a sus representantes en las Cortes Generales una batería de preguntas dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las embarcaciones utilizadas para introducir irregularmente personas desde Marruecos en territorio español.
La formación quiere conocer cuántos patrones de estas embarcaciones han sido detenidos durante los últimos cinco años, cuáles eran sus nacionalidades y qué actuaciones ha desarrollado el Ejecutivo para impedir la proliferación de esta actividad en el Estrecho de Gibraltar. También pregunta si está previsto reforzar los medios de vigilancia marítima disponibles en Ceuta.
VOX pide datos sobre patrones y organizaciones
La iniciativa parte de la detención, el pasado mes de junio, de varios tripulantes de una embarcación que habría acercado a dos personas migrantes en situación irregular hasta la costa ceutí.
VOX sostiene que este episodio no constituye un caso aislado y advierte de la actuación de organizaciones que emplean embarcaciones y sistemas cada vez más sofisticados para transportar personas entre Marruecos y España. La existencia de una detención o investigación no implica, no obstante, una condena, por lo que deberá determinarse judicialmente la responsabilidad de cada implicado.
El partido quiere que el Gobierno detalle el número de arrestos producidos por este tipo de hechos, sus resultados judiciales y las medidas adoptadas para localizar no solo a los patrones, sino también a quienes organizan, financian y obtienen beneficios con las travesías.
Más medios para la vigilancia marítima
VOX también denuncia que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afrontan estas actividades con recursos materiales insuficientes.
La formación recuerda los problemas detectados en una embarcación incorporada recientemente al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta. Según la información difundida en junio, la lancha habría quedado inoperativa pocos días después de su presentación, circunstancia por la que VOX solicitó explicaciones a la Delegación del Gobierno.
«Frente al incremento de organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes, con medios cada vez más sofisticados, encontramos que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con menos recursos», denuncia el partido.
VOX pregunta al Ejecutivo si reforzará las patrullas marítimas, las plantillas especializadas, los sistemas de detección y la coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las autoridades marroquíes.
El Código Penal ya castiga el favorecimiento de la inmigración irregular
La formación también solicita saber si el Gobierno promoverá una reforma legislativa para perseguir con mayor eficacia a quienes utilizan embarcaciones para facilitar entradas irregulares.
El artículo 318 bis del Código Penal ya castiga a quien ayude intencionadamente a una persona de un país ajeno a la Unión Europea a entrar o transitar por España vulnerando la legislación de extranjería. La regulación contempla además supuestos agravados cuando existe ánimo de lucro, pertenencia a una organización o riesgo para la vida de las personas transportadas.
Por tanto, la petición de VOX no parte de una ausencia completa de regulación penal, sino que busca conocer si el Ejecutivo pretende endurecer las penas, ampliar los medios de investigación o introducir nuevas herramientas para actuar contra las redes organizadas.
Conviene distinguir jurídicamente entre el favorecimiento de la inmigración irregular y la trata de seres humanos. Aunque ambas actividades pueden coincidir en determinados casos, la trata exige elementos relacionados con la explotación de las víctimas y cuenta con una regulación penal diferenciada.
La sentencia sobre las devoluciones por vía marítima
VOX relaciona sus preguntas con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las personas interceptadas en el mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta o Melilla.
El fallo establece que el procedimiento excepcional de rechazo en frontera no puede aplicarse automáticamente en esos casos, ya que las personas interceptadas en el mar no están superando los elementos físicos de contención del perímetro terrestre. En su lugar, debe tramitarse el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería, con las correspondientes garantías legales.
La sentencia no impide el control de las fronteras ni la devolución conforme a la legislación vigente, pero obliga a aplicar el procedimiento ordinario cuando la entrada se produce por vía marítima en las circunstancias analizadas por el Supremo.
VOX reclama una respuesta al Gobierno
La formación espera que el Ejecutivo informe sobre el número de detenidos, los medios disponibles en Ceuta y los planes previstos para impedir que las organizaciones sigan utilizando embarcaciones para facilitar entradas irregulares.
VOX insiste en que el refuerzo de la vigilancia debe ir acompañado de medios suficientes para los agentes, coordinación internacional y actuaciones contra quienes organizan y se lucran con estas travesías.
El partido mantendrá la iniciativa en las Cortes Generales para exigir al Gobierno una estrategia específica que refuerce la seguridad marítima y la protección de la frontera ceutí.
Gonzalo de Oro pide decomisos e inspecciones contra las mafias del top manta.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Barcelona defenderá en el próximo Pleno una serie de iniciativas centradas en la venta ambulante ilegal, la seguridad, la gestión del padrón y el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha anunciado que VOX presentará un ruego para exigir al Gobierno de Jaume Collboni la puesta en marcha de un plan permanente y coordinado contra el denominado «top manta».
De Oro sostiene que la presencia habitual de puntos de venta ilegal en espacios como la plaza de Cataluña, el paseo de Gracia, Las Ramblas o el entorno del parque Güell provoca competencia desleal y perjudica a los comerciantes que pagan impuestos, alquileres, licencias y cotizaciones.
«Desde VOX debemos proteger al comercio local y no ver cómo cierran tiendas mientras en sus puertas se venden falsificaciones», ha afirmado.
El Ayuntamiento reconoce oficialmente a Gonzalo de Oro-Pulido como representante del Grupo Municipal VOX en el consistorio barcelonés.
Decomisos e inspecciones contra las redes de distribución
VOX considera que los operativos puntuales no resultan suficientes, porque desplazan temporalmente a los vendedores hacia otras zonas sin actuar sobre la distribución y el almacenamiento de los productos.
Por ello, la formación propone mantener una presión policial continuada, aumentar los decomisos, inspeccionar los almacenes clandestinos y reforzar la coordinación entre la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inspección.
«La falta de presión policial sostenida únicamente traslada el problema de un sitio a otro», ha advertido De Oro.
VOX vincula la distribución de productos falsificados con redes organizadas y reclama que también se investigue a quienes importan, almacenan y suministran la mercancía, más allá de las personas que realizan la venta en la vía pública.
La venta ambulante sin autorización está contemplada como una infracción en la Carta Municipal de Barcelona y en la normativa de convivencia de la ciudad. La regulación municipal también sanciona la compra de productos procedentes de esta actividad.
La formación ya había impulsado anteriormente campañas contra el «top manta» en Cataluña, argumentando que perjudica al pequeño comercio y genera una competencia desigual.
VOX acusa al Ayuntamiento de fomentar el «top manta»
De Oro ha elevado sus críticas contra el Ejecutivo municipal y lo ha acusado de financiar, promocionar y facilitar medios a organizaciones relacionadas con los vendedores ambulantes.
«El Ayuntamiento de Barcelona no solo está tolerando el top manta, sino que lo está financiando, promocionando y equipando con dinero e infraestructuras que son de todos», ha declarado.
Esta afirmación representa la valoración política de VOX. El enfoque municipal y el defendido por la Sindicatura de Greuges han combinado históricamente la intervención sobre la venta no autorizada con medidas sociales dirigidas a abordar la situación administrativa y laboral de los vendedores.
La Sindicatura ha defendido una actuación coordinada entre administraciones y ha recomendado abordar también las causas estructurales del fenómeno, evitando respuestas exclusivamente reactivas.
VOX, por su parte, considera que las políticas sociales no pueden traducirse en permisividad ante la ocupación del espacio público, la venta sin licencia o la distribución de falsificaciones.
Auditoría del padrón municipal
La formación también solicitará una revisión y auditoría de determinados empadronamientos para detectar posibles inscripciones fraudulentas y garantizar que las ayudas y servicios municipales se conceden conforme a los requisitos legales.
De Oro ha relacionado esta petición con los procesos de regularización de personas extranjeras y con la presión que, según VOX, soportan los servicios sociales, la vivienda pública y la gestión administrativa del padrón.
El grupo municipal reclama reforzar las comprobaciones sobre los domicilios declarados, evitar inscripciones ficticias y mejorar el intercambio de información entre administraciones.
Las cifras sobre regularizaciones mencionadas durante la comparecencia —24.000 personas en una estimación inicial y más de 87.000 posteriormente— han sido aportadas por VOX, sin que en el comunicado se precise la fuente, el periodo o el ámbito territorial exacto de esos datos.
Reconocimiento a la Policía Nacional y la Guardia Civil
VOX defenderá además una proposición destinada a institucionalizar el reconocimiento de Barcelona a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La iniciativa incluye la concesión colectiva de la Medalla de Oro al Mérito Cívico de la ciudad y un reconocimiento específico a los agentes desplegados en Cataluña durante octubre de 2017.
La formación también reclama al Gobierno de España que avance en la declaración de ambas fuerzas como profesiones de riesgo y que garantice una equiparación salarial efectiva entre los distintos cuerpos policiales.
«Barcelona tiene una deuda de gratitud moral con la Policía Nacional y la Guardia Civil por su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y por la defensa del orden constitucional», ha afirmado Gonzalo de Oro.
El Ministerio del Interior atribuye a la Secretaría de Estado de Seguridad competencias de dirección y coordinación en materias como el terrorismo, el crimen organizado, la trata de seres humanos y el tráfico de drogas.
VOX rechaza el cambio de nombre de Virrei Amat
El grupo municipal también ha expresado su oposición al cambio de denominación de la plaza de Virrei Amat, en el distrito de Nou Barris.
La propuesta aprobada plantea recuperar el nombre de Joan Salvat-Papasseit, denominación que tuvo la plaza desde 1933 hasta que fue sustituida en 1941. La iniciativa obtuvo el apoyo de PSC, ERC, Junts y Barcelona en Comú, mientras PP y VOX votaron en contra.
VOX considera que esta decisión responde a criterios ideológicos y sostiene que el Gobierno municipal debería concentrar sus esfuerzos en problemas como la inseguridad, la vivienda, la limpieza y la situación del comercio.
De Oro ha concluido reclamando que el próximo Pleno adopte medidas permanentes contra la venta ilegal, refuerce la colaboración policial y reconozca públicamente el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Sonsoles Peralta exige que Canteli dé explicaciones por el caso Cerdeño.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de «esconderse» detrás de los informes técnicos para evitar asumir responsabilidades políticas por la licencia concedida para la construcción de un supermercado en Cerdeño.
La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostiene que el Ejecutivo local no ha respondido de manera directa a las preguntas planteadas por su grupo y se ha limitado a señalar que la licencia continúa vigente y cuenta con informes municipales favorables.
«El equipo de Gobierno evita responder a las preguntas planteadas y se refugia en los técnicos, mientras la legalidad de una licencia está siendo cuestionada por el propio Principado», ha declarado Peralta.
El Principado cuestionó el expediente urbanístico
El expediente se encuentra bajo revisión después de que el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado advirtiera de una posible anulabilidad de las resoluciones que autorizaron la licencia y el inicio de las obras. El Ayuntamiento abrió posteriormente los trámites para una declaración de lesividad.
Según los datos difundidos por VOX, la licencia de obras fue concedida el 22 de agosto de 2025, mientras que el permiso de inicio de los trabajos se aprobó mediante una resolución posterior, fechada el 26 de diciembre de ese mismo año. La formación también cuestiona que el uso comercial autorizado sea compatible con la ordenación aplicable a la parcela.
La apertura del procedimiento no determina por sí misma que la licencia sea ilegal. Los actos administrativos mantienen su validez y eficacia mientras no sean suspendidos o anulados por el procedimiento correspondiente. La declaración de lesividad permite a una Administración impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa un acto favorable que considere anulable.
VOX exige respuestas políticas
Peralta ha aclarado que las preguntas formuladas por VOX no pretendían que los responsables municipales sustituyeran el criterio de los funcionarios, sino conocer las decisiones adoptadas por quienes dirigen políticamente el Ayuntamiento.
«Nuestras preguntas no buscaban una valoración política, sino explicaciones sobre hechos concretos y relevantes que figuran en el expediente administrativo», ha señalado.
La portavoz considera que los informes técnicos no eliminan la obligación del equipo de Gobierno de explicar por qué concedió la licencia, cómo respondió a las comunicaciones recibidas y qué actuaciones adoptará ante las objeciones planteadas por el Principado.
VOX ya había solicitado un informe jurídico motivado, la valoración de una posible revisión de oficio y el estudio de medidas cautelares, incluida la suspensión de la licencia y la paralización de los trabajos mientras se resolvían las dudas existentes.
Peralta denuncia meses de pasividad
La formación afirma que el Ayuntamiento recibió durante meses comunicaciones y denuncias de particulares que alertaban de posibles irregularidades urbanísticas.
VOX reprocha al Gobierno municipal que no actuara con mayor rapidez y considera que la revisión del expediente solo se produjo después de la intervención de la Administración autonómica.
«Una vez más, el PP de Alfredo Canteli demuestra que únicamente actúa cuando no tiene otra alternativa y otras administraciones le obligan a hacerlo», ha manifestado Peralta.
Estas declaraciones representan la valoración política de VOX. La existencia de discrepancias administrativas o de un procedimiento de revisión no acredita por sí sola una actuación ilegal ni una responsabilidad personal de los integrantes del Gobierno municipal.
Riesgo económico para los ovetenses
VOX advierte de que la continuación de las obras mientras se analiza la licencia podría incrementar las consecuencias económicas si finalmente un tribunal o la propia Administración determinan que las autorizaciones no se ajustaron a la normativa.
La formación teme que una eventual anulación pueda derivar en reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. Otros grupos municipales también han solicitado explicaciones sobre este riesgo y sobre las consecuencias de mantener los trabajos durante la tramitación del expediente.
«Si finalmente se confirma que la actuación municipal no se ajustó a derecho, serán los vecinos quienes terminen asumiendo el coste de una gestión deficiente», ha advertido la portavoz.
VOX reclama que se analice el posible impacto sobre las arcas municipales antes de que las obras alcancen un grado de ejecución que dificulte revertir la situación.
Seguridad jurídica para empresas e inversores
Peralta sostiene que las dudas sobre las licencias concedidas por el Ayuntamiento también perjudican la confianza de las empresas interesadas en desarrollar proyectos en Oviedo.
La formación considera que Urbanismo debe ofrecer procedimientos previsibles, criterios transparentes y decisiones que no sean posteriormente cuestionadas por otras administraciones.
«Nadie quiere invertir donde existen dudas sobre la aplicación de la normativa o donde las decisiones administrativas acaban siendo revisadas», ha señalado.
VOX exige al Gobierno municipal que facilite toda la información disponible, explique las decisiones políticas adoptadas y determine qué medidas aplicará para proteger tanto los intereses del Ayuntamiento como los derechos de la empresa promotora.
«La seguridad jurídica, la transparencia y el buen funcionamiento de la Administración son condiciones imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y la confianza en nuestras instituciones», ha concluido Sonsoles Peralta.
Teresa Ramírez cuestiona la integridad exigida por Compromís a Antifraude.
La diputada del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas Teresa Ramírez ha acusado a Compromís de actuar con «cinismo» al presentar enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat para 2026 destinadas a recuperar el funcionamiento de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.
Según ha explicado VOX, las propuestas de Compromís reclaman que la institución vuelva a funcionar con normalidad y disponga de una dirección que actúe con objetividad e independencia.
Ramírez considera contradictorio que la coalición valencianista realice ahora estas exigencias después de haber formado parte de los gobiernos del Botánico.
«Conociendo su manera de actuar durante el Botánico y siendo cómplices con su silencio de la corrupción que denunciamos en el Gobierno de España, observamos una nueva muestra de la superioridad moral de la izquierda», ha afirmado.
VOX cuestiona el modelo defendido por Compromís
La diputada ha recordado que Joan Llinares dirigió la Agencia Valenciana Antifraude durante los gobiernos autonómicos del Botánico. Llinares concluyó en mayo de 2024 su mandato de siete años al frente de la institución, cuya dirección corresponde actualmente a Eduardo Beut.
Ramírez ha señalado que el antiguo director estaría relacionado con actuaciones por una posible responsabilidad contable derivada del despido de una funcionaria.
«¿Este es el modelo de dirección objetiva de la Agencia Valenciana Antifraude que propone Compromís?», ha preguntado.
La diputada utiliza este asunto para cuestionar la coherencia política de Compromís. En todo caso, la existencia de actuaciones o investigaciones no supone por sí misma una declaración de culpabilidad ni acredita una responsabilidad, que tendría que establecerse mediante una resolución firme.
Independencia, transparencia y rendición de cuentas
VOX defiende que la lucha contra la corrupción debe basarse en instituciones independientes, mecanismos de transparencia y una rendición de cuentas efectiva.
«Queremos una independencia total de las instituciones. Es muy cínico ver cómo Compromís exige integridad a la Agencia Antifraude mientras normalizó los escándalos durante la etapa del Botánico», ha declarado Ramírez.
La diputada ya había defendido anteriormente una reforma de la Agencia para reducir duplicidades, controlar sus gastos, reforzar la protección de los denunciantes y mejorar la coordinación con la Sindicatura de Cuentas, la Intervención de la Generalitat y el Ministerio Fiscal.
VOX sostiene que la institución no debe utilizarse como un instrumento al servicio de ningún partido y reclama que su dirección actúe con autonomía respecto de los gobiernos y de las fuerzas parlamentarias.
Compromís cuestiona la gestión actual de Antifraude
Compromís, por su parte, ha criticado durante los últimos años la reforma y la gestión actual de la Agencia. En octubre de 2024 llegó a reclamar la destitución de Eduardo Beut y anunció que no colaboraría en la renovación de otros órganos estatutarios mientras continuara al frente de Antifraude.
La coalición ha presentado más de un millar de enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat para 2026, entre las que se encuentran las propuestas sobre la recuperación y el funcionamiento de la Agencia citadas por VOX.
Ramírez considera que estas iniciativas buscan proyectar una imagen de exigencia ética que, a su juicio, no coincide con la actuación mantenida por Compromís cuando formaba parte del Gobierno valenciano.
VOX acusa a Compromís de guardar silencio ante la corrupción
La representante de VOX también ha reprochado a Compromís no haber condenado con suficiente contundencia los procedimientos judiciales y los escándalos que afectan al entorno del Gobierno de España.
«Tapar la corrupción es igual de grave que cometerla y quien desvía la atención termina convirtiéndose en cómplice político», ha afirmado.
Esta declaración constituye una valoración política de Teresa Ramírez. La responsabilidad penal o contable corresponde exclusivamente a los tribunales y no puede atribuirse de forma general a partidos o personas que no hayan sido condenados.
VOX sostiene que los casos de corrupción provocan una pérdida de confianza ciudadana y deterioran la credibilidad de las administraciones.
Ramírez ha concluido asegurando que su grupo parlamentario continuará defendiendo el refuerzo de la transparencia, la independencia de los organismos de control y la rendición de cuentas de todos los responsables públicos.
Joan Garriga reclama un homenaje a los campeones del mundo.
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado varias iniciativas para que el Parlament de Cataluña rinda homenaje a la Selección Española de Fútbol tras conquistar el Mundial de 2026.
España logró su segundo título mundial después de derrotar a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final disputada el 19 de julio. El gol de Ferran Torres en el minuto 106 permitió al equipo dirigido por Luis de la Fuente levantar nuevamente la Copa del Mundo.
El portavoz parlamentario de VOX, Joan Garriga, solicita que los jugadores y el cuerpo técnico sean recibidos oficialmente en la Cámara catalana y que la selección sea reconocida con la Medalla de Honor del Parlament.
«Queremos llevar al Parlament lo que ya se ha celebrado en las calles de toda Cataluña: el orgullo por la Selección Española», ha afirmado.
Recepción oficial y Medalla de Honor
VOX ha presentado un escrito dirigido a la Mesa para organizar una recepción institucional y reconocer especialmente la aportación de los jugadores catalanes al triunfo de España.
La formación también ha solicitado iniciar los trámites necesarios para conceder a la selección la Medalla de Honor del Parlament, la máxima distinción de la Cámara.
Esta condecoración es otorgada mediante un acuerdo de la Mesa del Parlament. En ediciones anteriores, el órgano rector de la Cámara ha aprobado su concesión para reconocer trayectorias, instituciones y contribuciones consideradas especialmente relevantes para Cataluña.
Garriga considera que el título mundial constituye un motivo de orgullo compartido y que las instituciones catalanas deben reconocer a los deportistas que han contribuido a situar a España en lo más alto del fútbol internacional.
La propuesta solo recibe el apoyo del PP
La propuesta para que el Parlament recibiera oficialmente a los jugadores catalanes fue rechazada en la Junta de Portavoces.
El Partido Popular fue el único grupo que respaldó la petición de VOX, mientras PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana votaron en contra. La solicitud incluía tanto la recepción institucional como el reconocimiento al conjunto de la Selección Española.
Entre los campeones se encuentran ocho futbolistas catalanes: Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Cucurella, Eric García, Joan García, Marc Pubill y Víctor Muñoz.
Garriga ha agradecido el respaldo del PP y ha acusado al resto de formaciones de actuar de espaldas a los ciudadanos que celebraron el triunfo en Barcelona, L’Hospitalet, Salou, Ripoll, Manlleu y otras localidades.
«Personas de todas las sensibilidades políticas han celebrado juntas la victoria de la selección, mientras el Parlament vuelve a alejarse de la calle», ha señalado.
«El separatismo es tristeza y el patriotismo es alegría»
El portavoz de VOX considera que la respuesta de los grupos parlamentarios demuestra la distancia existente entre una parte de las instituciones catalanas y el sentimiento expresado por numerosos ciudadanos tras el Mundial.
Garriga también ha criticado que ERC continúe defendiendo la oficialidad de una selección catalana y sitúe, según su valoración, a los deportistas ante una elección política entre representar a Cataluña o a España.
«El separatismo es tristeza y el patriotismo es alegría», ha afirmado el portavoz, quien sostiene que el deporte debe servir para unir a la sociedad y no para profundizar en sus divisiones.
VOX seguirá reclamando que el Parlament reconozca oficialmente el triunfo y homenajee a una selección que, según Garriga, representa un motivo de orgullo para millones de españoles y numerosos catalanes.
VOX recurrirá la posible sanción del Parlament
Durante su comparecencia, Garriga también se ha referido al expediente abierto contra él por la Comisión del Estatuto del Diputado.
La comisión ha considerado que determinadas actuaciones del portavoz podrían constituir una infracción leve del Código de Conducta. La Mesa del Parlament deberá decidir ahora si impone una amonestación o una sanción económica, por lo que todavía no existe una sanción definitiva.
VOX sostiene que el procedimiento pretende limitar la libertad de expresión de sus diputados y ha anunciado que recurrirá la decisión ante todas las instancias disponibles si finalmente se impone una sanción.
«No va de reglamentos ni de disciplina parlamentaria; es un nuevo intento de acallar a VOX porque somos la única oposición real», ha manifestado Garriga.
La formación ya había anunciado que emprendería una «batalla política y judicial» contra las sanciones y que solicitaría toda la documentación y los informes jurídicos relacionados con los expedientes.
Infraestructuras y seguridad en el próximo Pleno
VOX también ha anunciado dos interpelaciones para la próxima sesión plenaria.
La primera abordará el estado de las infraestructuras estratégicas de Cataluña. Garriga pedirá explicaciones por los problemas de Cercanías, la red viaria, las infraestructuras hidráulicas y energéticas y el bloqueo de la ampliación del aeropuerto de Barcelona.
La segunda interpelación se dirigirá a la Consejería de Interior y estará centrada en el aumento de los tiroteos y la actividad de bandas criminales denunciado por la formación.
VOX volverá a defender una reforma del Código Penal para ampliar la expulsión de personas extranjeras condenadas por delitos y favorecer que cumplan sus penas en sus países de origen.
El Código Penal ya contempla la sustitución de penas de prisión superiores a un año por la expulsión de ciudadanos extranjeros en determinados supuestos, aunque la medida corresponde a los jueces y está sometida a excepciones relacionadas con la gravedad del delito, el arraigo y las circunstancias personales del condenado.
Garriga ha concluido asegurando que VOX continuará promoviendo el homenaje a los campeones y llevando al Parlament las preocupaciones relacionadas con la seguridad, las infraestructuras y la unidad nacional.
Wenceslao Font exige simplificar los trámites urbanísticos de Huelva.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para reducir los tiempos de concesión de las licencias urbanísticas y facilitar la construcción de nuevas viviendas en la capital.
El portavoz municipal de VOX, Wenceslao Font, sostiene que los retrasos administrativos están incrementando los costes de las promociones, frenando inversiones y agravando las dificultades de acceso a la vivienda.
«Si queremos aumentar la oferta y facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, el Ayuntamiento no puede seguir siendo un obstáculo con procedimientos burocráticos que se prolongan durante meses e incluso años», ha afirmado.
VOX denuncia esperas de hasta 26 meses
Según la información trasladada a la formación por constructores, promotores y profesionales del sector, una licencia de obra nueva tarda actualmente entre nueve y dieciocho meses en resolverse, aunque determinados expedientes habrían alcanzado los 26 meses.
VOX considera que estos plazos resultan incompatibles con las necesidades residenciales de Huelva y con la obligación municipal de ofrecer seguridad jurídica a quienes quieren invertir o construir.
«En algunos casos, obtener la licencia tarda lo mismo o incluso más que ejecutar las propias viviendas», ha advertido Font.
La formación señala que estas demoras aumentan los gastos financieros, laborales y técnicos de las promociones. Esos costes pueden terminar repercutiendo sobre el precio de venta o alquiler que pagan los ciudadanos.
La ley fija un plazo máximo de tres meses
El artículo 140 de la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía establece que el Ayuntamiento debe dictar y notificar una resolución expresa en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la documentación completa.
La norma también exige que el procedimiento incorpore los correspondientes informes técnicos y jurídicos, además de las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias. El silencio administrativo no permite adquirir derechos contrarios a la normativa urbanística.
VOX reclama que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para cumplir habitualmente ese plazo y no lo convierta en una excepción.
Más personal, simplificación y herramientas digitales
La propuesta plantea revisar en profundidad los procedimientos administrativos utilizados actualmente por el área de Urbanismo.
Entre las medidas reclamadas se encuentran el refuerzo de los servicios técnicos con más recursos humanos y materiales, la simplificación de trámites, una mejor coordinación entre departamentos y el desarrollo de herramientas digitales que permitan conocer el estado de cada expediente.
VOX también pide identificar los trámites que provocan mayores demoras, establecer plazos internos de resolución y facilitar a promotores y particulares una información clara sobre la documentación que deben presentar.
«No basta con hablar de vivienda; hay que actuar para que las licencias dejen de convertirse en un cuello de botella», ha señalado Font.
El Ayuntamiento defiende avances en la tramitación
El Gobierno municipal aseguró en junio que durante los cinco primeros meses de 2026 había autorizado la construcción de 342 viviendas, de las que 134 eran protegidas.
El Ayuntamiento vinculó estos resultados a una reorganización administrativa, al refuerzo de recursos y al desbloqueo de expedientes pendientes. Las promociones autorizadas representarían una inversión superior a 92 millones de euros.
VOX considera que el número de viviendas autorizadas no permite ignorar los expedientes que continúan acumulando retrasos y reclama la publicación de información detallada sobre los tiempos medios y máximos de tramitación.
Más vivienda y seguridad para las inversiones
La formación pedirá al Gobierno municipal datos sobre el número de licencias solicitadas, concedidas y pendientes, así como el tiempo medio de resolución de cada tipo de expediente.
Para VOX, agilizar Urbanismo permitiría aumentar la oferta residencial, favorecer nuevas inversiones y reducir los costes que soportan empresas y compradores.
«Cuando existe consenso sobre la necesidad de construir más viviendas, también debe existir un compromiso real para eliminar las trabas administrativas que impiden hacerlo», ha concluido Wenceslao Font.
Miguel Ángel Flores denuncia el bloqueo a su iniciativa para familias vulnerables.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha lamentado el rechazo de PP, PSOE e IU a su propuesta para estudiar nuevas medidas municipales de apoyo a las familias con hijos a cargo que atraviesan situaciones de especial dificultad económica o de conciliación.
La moción, debatida en el último pleno ordinario, no planteaba conceder ayudas de manera automática, sino encargar a los servicios técnicos, jurídicos y sociales del Ayuntamiento un análisis sobre las necesidades existentes y la viabilidad de aplicar medidas específicas. La propuesta fue rechazada con los votos en contra de los otros tres grupos municipales, según ha informado VOX.
Apoyo mediante tasas y servicios municipales
La iniciativa fue defendida por el concejal y portavoz municipal de VOX, Miguel Ángel Flores. El texto proponía estudiar bonificaciones o condiciones favorables en tasas, precios públicos y servicios relacionados con la educación, el deporte, la cultura y la conciliación familiar.
VOX planteaba que cualquier medida se concediera mediante criterios objetivos y verificables, como la renta familiar, el número de hijos a cargo y la situación económica acreditada.
La formación también pedía prestar especial atención a familias afectadas por circunstancias como la viudedad, la custodia exclusiva, el impago de pensiones alimenticias o el abandono familiar.
«No pedíamos un cheque en blanco, sino estudiar cómo ayudar a padres y madres que sacan adelante a sus hijos en situaciones muy difíciles», ha explicado Flores.
VOX critica la ausencia de alternativas
El portavoz considera «incomprensible» que la Corporación rechazara incluso estudiar posibles soluciones sin que los grupos contrarios presentaran enmiendas o propuestas alternativas.
VOX sostiene que el objetivo era obtener un diagnóstico técnico que permitiera determinar qué actuaciones son legal y económicamente viables dentro de las competencias municipales.
«PP, PSOE e IU han preferido cerrar la puerta al debate antes que trabajar para buscar soluciones que beneficien a quienes peor lo están pasando», ha denunciado Flores. Esta afirmación constituye la valoración política de VOX sobre el sentido de la votación.
La familia como prioridad municipal
El Grupo Municipal ha reafirmado su intención de seguir presentando iniciativas dirigidas a facilitar la conciliación y reducir las cargas que soportan los hogares en situaciones de vulnerabilidad.
VOX defiende que el Ayuntamiento puede estudiar medidas específicas en los servicios que gestiona, siempre que se establezcan requisitos objetivos, transparencia presupuestaria e igualdad en su aplicación.
La formación anuncia que continuará reclamando políticas municipales que sitúen a las familias entre las prioridades de Azuqueca de Henares y proporcionen apoyo a quienes acrediten mayores dificultades económicas, familiares o sociales.
Martínez Alpañez: «VOX llevará a la Asamblea la retirada de posidonia en las playas»
VOX llevará a la Asamblea Regional una iniciativa para facilitar la retirada de los restos de posidonia acumulados en las playas de la Región de Murcia, especialmente durante la temporada turística.
El anuncio se ha producido durante una visita a la playa de Calabardina, en Águilas, realizada por el portavoz parlamentario, Rubén Martínez Alpañez; el diputado regional Ignacio Arcas y el portavoz municipal de VOX, Isidro Carrasco. Los dos primeros forman parte del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea, mientras Carrasco representa a la formación en el Ayuntamiento aguileño.
VOX sostiene que las limitaciones actuales dificultan una limpieza suficientemente rápida cuando las acumulaciones afectan al acceso al agua, generan malos olores o perjudican la actividad turística y hostelera.
«Vamos a llevar una iniciativa a la Asamblea Regional para poner como prioridad la riqueza y el bolsillo de los ciudadanos», ha anunciado Martínez Alpañez.
Calabardina, en el centro de la iniciativa
Ignacio Arcas ha denunciado la presencia de grandes acumulaciones de restos vegetales en Calabardina y otros puntos del litoral murciano.
«Los bañistas tienen que soportar auténticas montañas en descomposición, con malos olores, que impiden un baño normal», ha afirmado.
La posidonia no es técnicamente un alga, sino una planta marina protegida. Sus restos, conocidos como arribazones, cumplen una función ambiental relevante al reducir la erosión, estabilizar la arena y proteger la costa frente al oleaje.
VOX defiende que esa protección debe compatibilizarse con la accesibilidad, el uso recreativo de las playas y las necesidades económicas de los municipios turísticos.
La normativa permite retiradas con autorización
El Real Decreto 191/2026 establece como principio general que los restos permanezcan en la costa siempre que sea posible. No obstante, permite su retirada autorizada en playas urbanas durante la temporada turística, comprendida entre el 15 de marzo y el 15 de octubre. También la admite en playas naturales durante ese periodo, salvo cuando exista una regresión costera significativa.
La norma impone condiciones técnicas: no se pueden retirar restos de la zona húmeda emergida ni de la parte sumergida, la maquinaria debe trabajar sobre superficies secas y deben evitarse actuaciones que arrastren arena o dañen los sistemas dunares.
Por tanto, la iniciativa anunciada por VOX no parte de una prohibición absoluta, sino que pretende revisar, flexibilizar o agilizar los procedimientos y las limitaciones que, según la formación, impiden responder adecuadamente ante acumulaciones extraordinarias.
En mayo, el Ayuntamiento de Águilas recibió autorización autonómica para retirar restos en Calabardina y La Cola después de más de un mes de espera desde la solicitud municipal, un retraso que volvió a situar el procedimiento administrativo en el centro del debate local.
VOX señala a PP y PSOE
Martínez Alpañez y Arcas atribuyen estas restricciones a las políticas ambientales respaldadas por PP y PSOE en las instituciones nacionales y europeas.
«El fanatismo climático está llevando a la ruina a nuestros municipios», ha afirmado Martínez Alpañez.
Esta expresión constituye una valoración política de VOX. La regulación estatal busca conservar las praderas de posidonia y aplica el marco europeo de protección y restauración de los ecosistemas marinos, aunque permite determinadas retiradas durante la temporada turística.
La formación reclama criterios más flexibles que permitan intervenir cuando los arribazones dificulten el baño, la accesibilidad o la actividad económica, manteniendo controles para evitar daños en la arena y en las praderas marinas.
Isidro Carrasco alerta del impacto económico
El portavoz municipal de VOX ha pedido una solución inmediata para Calabardina y ha advertido del daño que la situación puede provocar sobre la imagen turística de Águilas.
«Nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud», ha manifestado Isidro Carrasco.
VOX considera que la acumulación prolongada perjudica a los establecimientos hosteleros, alojamientos y comercios que dependen de la temporada estival.
La situación de Calabardina ya ha llegado al debate municipal y otras formaciones también han planteado modificar o adaptar la normativa para facilitar intervenciones justificadas por razones de accesibilidad, seguridad y uso público.
Equilibrio entre conservación y uso turístico
La iniciativa parlamentaria buscará que la Comunidad Autónoma adopte medidas para agilizar las autorizaciones, ampliar los supuestos de retirada y ofrecer seguridad jurídica a los ayuntamientos costeros.
VOX reclama protocolos claros que permitan limpiar las zonas más utilizadas sin dañar las praderas vivas ni provocar una pérdida de arena.
La formación continuará impulsando actuaciones tanto en el Ayuntamiento de Águilas como en la Asamblea Regional para recuperar el uso de Calabardina y proteger uno de los principales atractivos turísticos del municipio.