Actualidad Política

27 de marzo de 2026

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La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Irene Garrido, ha criticado el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno, asegurando que llega “tarde, dividido y se queda a medio camino”, sin ofrecer soluciones eficaces a las dificultades económicas de los españoles.

Durante el debate en el Pleno, Garrido ha señalado que el Ejecutivo vuelve a reaccionar con retraso ante una crisis cuyo impacto ya están soportando las familias, denunciando que las medidas adoptadas no incluyen iniciativas que alivien de forma directa el coste de vida.

En este sentido, ha subrayado que el decreto no contempla la adaptación del IRPF a la inflación, una medida que, según ha defendido, permitiría recuperar poder adquisitivo a las clases medias y trabajadoras.

La diputada popular ha criticado también la falta de cohesión dentro del Gobierno, señalando que la respuesta a la crisis ha estado marcada por la división interna y la ausencia de una estrategia clara.

Asimismo, ha reclamado la adopción de medidas urgentes para hacer frente al encarecimiento de la energía, apoyar a la industria y garantizar ayudas directas que lleguen de forma rápida a los ciudadanos.

Garrido ha advertido de que la actual situación genera inseguridad jurídica y ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez, coherencia y eficacia para afrontar los desafíos económicos.

El Partido Popular defiende una política económica basada en la bajada de impuestos, el apoyo a las familias y la adopción de medidas eficaces que protejan el poder adquisitivo y el empleo.

El portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Popular, Héctor Palencia, ha criticado la comparecencia del presidente de ADIF en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, señalando la falta de explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

Palencia ha lamentado el retraso en la comparecencia, producida 65 días después de los hechos, y ha cuestionado la brevedad de su intervención, reclamando mayor transparencia y respeto hacia las víctimas y sus familias.

El dirigente popular ha recordado a los fallecidos y heridos en el accidente, así como a sus familias, subrayando la necesidad de esclarecer lo ocurrido, depurar responsabilidades y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.

En este sentido, ha reclamado al responsable de ADIF explicaciones sobre la gestión previa al accidente, los protocolos de seguridad y las medidas adoptadas tras el suceso.

Asimismo, ha criticado la situación del sistema ferroviario, señalando problemas relacionados con la puntualidad, la seguridad y la gestión de incidencias, y ha reclamado mejoras estructurales para reforzar la fiabilidad del servicio.

Palencia ha insistido en la importancia de adoptar medidas que refuercen la seguridad, la transparencia y la atención a los usuarios del transporte ferroviario.

El Partido Popular defiende un sistema ferroviario seguro, eficiente y transparente, con responsabilidad política y garantías para los usuarios.

El diputado de VOX, Pablo Sáez, ha criticado el incremento del gasto público destinado a medios de comunicación, asegurando que el actual Gobierno busca consolidar un “ecosistema mediático intervenido” desde el poder político.

Durante su intervención, Sáez afirmó que numerosos medios públicos han sido “financiados masivamente con dinero público” con el objetivo de construir un determinado relato político y cultural a lo largo de los últimos años.

En este contexto, señaló como ejemplo la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que —según expuso— recibió cerca de 918 millones de euros entre 2010 y 2012, cifra que, con posteriores aportaciones, superaría los 3.400 millones de euros acumulados hasta la actualidad.

El diputado de VOX también alertó del incremento del gasto en el conjunto de televisiones públicas, incluyendo Radio Televisión Española y las cadenas autonómicas, que —según sus datos— habría crecido un 22% en los últimos tres años, alcanzando un récord cercano a los 2.500 millones de euros en 2025.

Sáez calificó este aumento como un “gasto superfluo” y sostuvo que ni el Gobierno central ni las administraciones autonómicas están dispuestos a reducirlo, ya que, a su juicio, supondría perder capacidad de influencia sobre la información y el debate público.

Asimismo, advirtió de que esta dinámica podría derivar en un modelo en el que el poder político determine qué contenidos son válidos y cuáles deben considerarse desinformación. En este sentido, recordó la idea de que el control de la información implica una influencia directa sobre la opinión pública.

Estas declaraciones se enmarcan en la posición de VOX, que defiende una reducción del gasto público considerado innecesario y una revisión de las estructuras financiadas con recursos estatales, dentro de su propuesta de eficiencia administrativa y control del gasto .

El diputado de VOX, Ricardo Chamorro, ha reivindicado el papel esencial de la caza durante su visita a la principal feria cinegética celebrada en Madrid, donde ha subrayado que esta actividad va más allá de una afición y constituye un elemento fundamental para la gestión del medio natural y la vida en el entorno rural.

Chamorro destacó que “la caza es gestión, equilibrio y responsabilidad”, insistiendo en que desde VOX se ha defendido esta actividad en todas las instituciones como una herramienta necesaria para preservar la biodiversidad, proteger los cultivos y prevenir enfermedades en la fauna.

En este sentido, el dirigente de VOX subrayó que la actividad cinegética contribuye directamente al mantenimiento del medio ambiente y al equilibrio de los ecosistemas, frente a lo que calificó como “discursos ideológicos” que, a su juicio, cuestionan su utilidad.

Asimismo, puso en valor el impacto económico y social de la caza en el mundo rural, destacando su capacidad para generar empleo, fijar población y mantener vivas las tradiciones. “La caza crea riqueza, mantiene a la gente enraizada en el mundo rural y forma parte de nuestra identidad cultural e histórica”, afirmó.

Desde VOX se insiste en que la defensa de la caza está directamente vinculada a la defensa del campo y de quienes sostienen el medio rural en España. Chamorro concluyó que “defender la caza es defender el sentido común y el futuro de nuestra nación”.

Estas declaraciones se enmarcan en la línea política de VOX de apoyo al sector primario y al mundo rural, considerado estratégico dentro de su modelo económico y territorial .

La portavoz de la Comisión de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular, Patricia Rodríguez, ha exigido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que dimita “si de verdad le preocupa la seguridad de las mujeres”, criticando la gestión del Ejecutivo en esta materia.

Durante su intervención, Rodríguez ha asegurado que “no hay eslogan ni pancarta que tape tanta incompetencia”, reprochando al Gobierno su falta de medidas eficaces para garantizar la protección de las mujeres.

La dirigente popular ha criticado también las declaraciones de la ministra en las que calificó de “superhéroe” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionando su gestión en políticas de igualdad y su entorno político.

CRÍTICAS A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

Patricia Rodríguez ha sostenido que el Gobierno no ha priorizado los problemas reales de las mujeres, recordando las consecuencias de la Ley del “solo sí es sí”, los fallos en los sistemas de protección y otras decisiones legislativas que, a su juicio, han generado inseguridad.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de no asumir responsabilidades políticas por estas situaciones y de mantener una estrategia basada en el discurso en lugar de en soluciones efectivas.

La portavoz del GPP ha advertido de que la actual gestión ha supuesto un retroceso en la percepción de seguridad de las mujeres, señalando la caída de España en rankings internacionales desde 2018.

DEFENSA DE LA SEGURIDAD Y LA IGUALDAD REAL

Rodríguez ha reclamado medidas concretas para reforzar la seguridad de las mujeres y garantizar una igualdad real, criticando decisiones parlamentarias que, a su juicio, no contribuyen a este objetivo.

El Partido Popular defiende una política de igualdad basada en la protección efectiva de las mujeres, la responsabilidad institucional y la adopción de medidas reales que mejoren su seguridad y sus derechos.

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elvira Velasco, ha denunciado la “grave falta de rigor, planificación y liderazgo” del Ministerio de Sanidad, al que acusa de haber generado “una crisis sin precedentes” en la convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y de mantener bloqueadas reformas clave para el Sistema Nacional de Salud.

Velasco ha advertido de que la sanidad es uno de los principales problemas para los ciudadanos y ha reprochado al Gobierno haber convertido su gestión en “un espacio de confrontación política”, rompiendo la cogobernanza con las comunidades autónomas y dando la espalda a los profesionales sanitarios.

Fallos graves en la convocatoria FSE

La dirigente popular ha detallado los numerosos errores en el proceso de la FSE, entre ellos el incumplimiento de plazos, errores masivos en la baremación que han afectado al 38% de los aspirantes, la fijación de fechas sin listas definitivas y cambios constantes de calendario.

Asimismo, ha denunciado situaciones de indefensión jurídica para miles de opositores y ha recordado que el Partido Popular ha solicitado una auditoría independiente, tal y como reclaman los propios aspirantes.

Falta de diálogo con los profesionales

En relación con el Estatuto Marco y la huelga médica, Velasco ha criticado la incapacidad del Ministerio para alcanzar acuerdos, así como la ausencia de informes técnicos y económicos que respalden el anteproyecto.

“No se puede despreciar a los profesionales ni cuestionar sus reivindicaciones”, ha subrayado.

Bloqueo del Sistema Nacional de Salud

La portavoz popular ha denunciado que el Ministerio sigue operando con presupuestos prorrogados de 2023, dejando sin ejecutar más del 16% de los recursos.

“No existe política sanitaria sin cuentas públicas”, ha afirmado, acusando al Ejecutivo de priorizar intereses políticos frente a las necesidades reales del sistema.

Retrasos en medicamentos e innovación

Velasco ha alertado de los retrasos en el acceso a medicamentos innovadores, señalando que los pacientes españoles esperan más de 500 días para acceder a nuevos tratamientos, y aún más en el caso de medicamentos huérfanos.

Además, ha criticado la falta de liderazgo del Ministerio para atraer innovación y mejorar el acceso a terapias avanzadas.

Exigencia de cambios urgentes

La dirigente popular también ha advertido de la falta de recursos en organismos clave como la Agencia Española de Medicamentos y el INGESA, así como de la ausencia de medidas en zonas de difícil cobertura.

Por todo ello, Velasco ha reclamado “rigor, estabilidad y respeto” hacia los profesionales sanitarios y ha advertido de que la gestión actual está debilitando pilares fundamentales del sistema sanitario.

“El Partido Popular defiende una sanidad pública de calidad, basada en el diálogo, la planificación y el respeto a los profesionales”, ha concluido.

La portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sofía Acedo, ha exigido al Gobierno que aclare cuántos millones de euros destinará a financiar la regularización masiva de inmigrantes en comunidades autónomas, ciudades y ayuntamientos, advirtiendo de que se trata de una medida “irresponsable y profundamente lesiva”.

Acedo ha denunciado que la iniciativa del Ejecutivo “premia la irregularidad y castiga la legalidad”, generando un agravio comparativo para quienes han cumplido los requisitos y han esperado durante años para regularizar su situación en España. “No estamos ante una simple decisión administrativa, sino ante una de las decisiones más graves en política migratoria de los últimos años”, ha subrayado.

La diputada popular ha criticado que el Gobierno impulse una regularización masiva “sin datos fiables, sin planificación, sin recursos y sin coordinación institucional”, y ha acusado a la ministra Elma Sáenz de “no conocer siquiera las cifras reales”, recordando que informes técnicos estiman un posible impacto de hasta 1.200.000 personas.

Asimismo, ha alertado de que el sistema de extranjería ya se encuentra saturado y que esta medida es “imposible de absorber”. A su juicio, la tramitación urgente del Real Decreto busca evitar el control parlamentario, ya que no incluye memoria económica ni evaluación del impacto en los servicios públicos.

Acedo ha advertido del “efecto llamada”, del riesgo para la seguridad y del fortalecimiento de las mafias, señalando que España podría convertirse en el país donde “la irregularidad termina en regularización automática”. En este sentido, ha calificado de “barbaridad” la posibilidad de sustituir certificados oficiales de antecedentes penales por declaraciones responsables.

La portavoz del PP también ha acusado al Ejecutivo de romper la coherencia europea y debilitar el sistema Schengen, recordando que el Pacto Europeo de Migración se basa en el control de fronteras, la responsabilidad compartida y los retornos efectivos.

Además, ha denunciado que el decreto permitiría regularizar incluso a personas con órdenes de expulsión o antecedentes penales, algo que considera “inasumible”.

Frente a esta política, Acedo ha defendido la alternativa del Partido Popular: una inmigración legal y ordenada vinculada al mercado laboral, retornos eficaces y acuerdos con países de origen, expulsión de delincuentes, lucha contra las mafias, blindaje frente al fraude y ayudas condicionadas a la residencia legal y a la contribución al sistema.

Por último, ha reclamado la retirada inmediata del decreto y ha instado al Gobierno a escuchar a comunidades autónomas, ayuntamientos, oficinas de extranjería y fuerzas de seguridad, advirtiendo de que la medida pone en riesgo los servicios públicos, la seguridad jurídica y la credibilidad de España en Europa.

El diputado de VOX, Ricardo Chamorro, ha defendido una iniciativa parlamentaria en la que reclama la suspensión inmediata del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, así como el rechazo a la aplicación provisional del tratado con Mercosur, al considerar que ambos suponen un grave perjuicio para el sector agrario español.

Durante su intervención, Chamorro ha recordado que VOX mantiene desde su entrada en las instituciones una postura crítica con la política comercial de la Unión Europea, impulsada durante años por el Partido Popular y el Partido Socialista. A su juicio, estos acuerdos de libre comercio han afectado negativamente a sectores estratégicos como el agrícola, fundamentales para la soberanía alimentaria y el equilibrio territorial de España.

El parlamentario ha señalado que el acuerdo con Marruecos está provocando una competencia desleal directa contra el sector hortofrutícola español. “Nuestros productores están sometidos a las normas más exigentes del mundo en materia fitosanitaria, laboral y medioambiental, mientras se permite la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen esos estándares”, ha denunciado.

Según Chamorro, esta situación está generando una caída de precios en origen, pérdida de rentabilidad y abandono del campo, con miles de explotaciones agrarias cerrando por falta de viabilidad económica. “No podemos exigir excelencia al productor español y, al mismo tiempo, permitir un dumping encubierto desde fuera”, ha afirmado.

En segundo lugar, VOX ha presentado una autoenmienda para rechazar la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Chamorro ha advertido de que poner en marcha un tratado de esta magnitud sin plena seguridad jurídica ni control parlamentario supone una “irresponsabilidad”. Además, ha cuestionado la eficacia real de las cláusulas de salvaguardia previstas, calificándolas de insuficientes y tardías.

El diputado ha defendido que VOX no se opone al comercio internacional, pero sí exige reciprocidad real y defensa del interés nacional. “Si un producto entra en España debe cumplir exactamente las mismas exigencias que se imponen a nuestros productores”, ha subrayado.

Finalmente, Chamorro ha afirmado que esta posición no responde a proteccionismo, sino a justicia y soberanía, y ha reiterado que el campo español “no está solo” en la defensa de su futuro.

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