Ester Muñoz: «El Gobierno veta controlar antecedentes en inmigración»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado el veto del Gobierno a una enmienda del Partido Popular que proponía hacer obligatoria la comprobación de antecedentes policiales y penales en los procesos de regularización de inmigrantes.
Muñoz ha advertido de que esta decisión impide garantizar un proceso “ordenado y seguro”, asegurando que la iniciativa del Partido Popular buscaba evitar que personas con antecedentes delictivos pudieran reincidir en España.
Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo haya impedido que esta enmienda sea debatida en el Congreso, señalando que “sabía que contaba con mayoría suficiente para salir adelante”.
La dirigente popular ha subrayado la necesidad de que cualquier regularización se realice con controles efectivos y conforme al marco legal europeo, garantizando la seguridad jurídica y la protección de los ciudadanos.
En este sentido, ha señalado que el actual proceso de regularización genera preocupación por la falta de mecanismos de verificación suficientes, en un contexto en el que se prevé regularizar a cientos de miles de personas en España.
Muñoz ha denunciado además la situación de bloqueo institucional, señalando la ausencia de presupuestos y las dificultades para tramitar iniciativas parlamentarias, lo que, a su juicio, limita la capacidad de control y decisión de las Cortes Generales.
Por otro lado, ha reclamado al Gobierno que reabra el diálogo parlamentario para mejorar las medidas económicas y sociales, incluyendo propuestas como la actualización del IRPF para aliviar la presión fiscal sobre las familias.
El Partido Popular defiende una política migratoria ordenada, con controles efectivos, seguridad jurídica y respeto al marco europeo, así como una política económica que proteja a las familias y refuerce el crecimiento.
David Muñoz: «El 70% de los nuevos empadronados en 2025 en la Comunidad Valenciana son inmigrantes»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, David Muñoz, se ha dirigido a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para preguntarle «si tiene el Consell prevista alguna estrategia para frenar el plan de reemplazo poblacional impulsado por el Gobierno de España.»
A continuación, el portavoz adjunto ha recordado que «en la Comunidad Valenciana, 1 de cada 5 residentes es extranjero y el 70% de los nuevos empadronados en el último trimestre de 2025 son inmigrantes, lo que supone el mayor crecimiento poblacional de España.»
«Es un plan organizado y ejecutado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. A principios de este año anunciaron una nueva regularización masiva de inmigrantes ilegales. Un total de 500.000 personas de las que desconocemos sus antecedentes penales y que no vienen precisamente a pagar nuestras pensiones.»
A continuación Muñoz ha explicado que «desgraciadamente ya hemos vivido más procesos regulatorios como el que está impulsando Sánchez. Por tanto, frente a este plan de reemplazo poblacional solo podemos oponernos frontalmente. El bipartidismos es el culpable de este reemplazo de españoles por extranjeros.»
Por otro lado, se ha dirigido al Partido Popular y mostrando un gráfico sobre nacionalizaciones del bipartidismo ha afirmado que «aquí pueden comprobar como no han sido precisamente ustedes un dique de contención frente a la importación de inmigrantes ilegales que necesita España, más bien han sido soporte y apoyo de esas políticas de puertas abiertas que tanto daño nos están haciendo.»
Finalmente, ha hecho hincapié en que «las consecuencias de todo esto las estamos viendo en nuestros barrios: el 40% de los detenidos o investigados en la Comunidad Valenciana son extranjeros y casi el 35% de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron cometidos también por extranjeros. No podemos seguir promoviendo la delincuencia.»
Inma Sanz acusa al Gobierno de perder el control de Barajas y de las fronteras.
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha defendido la necesidad de que la inmigración sea “ordenada, legal y regularizada”, asegurando que la actual gestión del Gobierno central está generando un impacto directo en los servicios públicos y en la seguridad.
Durante sus declaraciones, Sanz ha afirmado que España tiene la obligación de defender sus fronteras y ha señalado que, en su opinión, el sistema actual presenta importantes deficiencias de control. “Nuestras fronteras en estos momentos son un coladero total y absoluto”, ha manifestado, haciendo referencia tanto a las entradas por el sur del país como a la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La vicealcaldesa ha expresado su preocupación por la falta de información sobre la situación administrativa de las personas que llegan y sobre el seguimiento posterior una vez abandonan los dispositivos de acogida, citando como ejemplo el cuartel de Arteaga, en Carabanchel.
Sanz ha calificado la gestión del Ejecutivo central como “irresponsable” y ha reiterado que el Ayuntamiento de Madrid continuará exigiendo mayor control y coordinación. Asimismo, ha advertido de posibles irregularidades en procesos de regularización, aludiendo a las advertencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el riesgo de fraude documental.
Desde el Gobierno municipal insisten en que la política migratoria debe garantizar orden, legalidad y seguridad jurídica, al tiempo que asegure la adecuada prestación de los servicios públicos.
Rafa Millán rechaza que El Prat financie asesoramiento migratorio con impuestos de los vecinos.
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha denunciado públicamente la reciente partida presupuestaria de casi 120.000 euros destinada al servicio de asesoramiento jurídico en materia de extranjería. La formación critica que el equipo de gobierno priorice este gasto externo mientras la presión fiscal sobre las familias y comercios del municipio sigue en aumento.
Para VOX, este gasto es un ejemplo claro de la «gestión ideológica» del consistorio, que prefiere destinar recursos públicos a facilitar trámites de regularización en lugar de aliviar la carga económica de los ciudadanos que sostienen el municipio con sus impuestos.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Rafa Millán, ha lamentado que el gobierno local mantenga una política de «puertas abiertas» financiada por el bolsillo de los pratenses: «Es una falta de respeto hacia nuestros vecinos. No se puede permitir que, mientras los pratenses son cosidos a impuestos y tienen dificultades para llegar a fin de mes, el Ayuntamiento dedique 120.000 euros a servicios que no benefician directamente a quienes llevan años contribuyendo al bienestar de nuestra ciudad«.
Millán ha sido tajante al exigir un cambio radical en la gestión de las prioridades municipales, subrayando que el dinero público debe revertir en la mejora de los servicios básicos, la seguridad y la bajada de tributos locales. «Desde VOX lo tenemos muy claro: todos los recursos del consistorio deben gastarse en los vecinos de El Prat de Llobregat. Nuestra prioridad son las familias de aquí, nuestros autónomos y nuestros barrios. No vamos a ser cómplices de un sistema que premia la inmigración ilegal con el dinero de unos contribuyentes que cada vez reciben menos a cambio de su esfuerzo«, ha concluido el portavoz.
Dolors Montserrat: «La regularización masiva rompe la política migratoria europea»
El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo el peligro que supone la regularización masiva de inmigrantes irregulares impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, alertando de sus graves consecuencias para el conjunto de la Unión Europea.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido de que se trata de una regularización que el Ejecutivo pretende imponer “a ciegas, sin verificar antecedentes penales ni policiales y sin debate en el Parlamento nacional”. A su juicio, la medida constituye un “atentado contra la política migratoria europea” porque “sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias y dispara el efecto llamada”.
Montserrat ha subrayado que la decisión es unilateral y con impacto directo en los 27 Estados miembros. “Dar papeles sin garantizar integración real ni futuro laboral no mejora la vida de nadie; aumenta la economía sumergida, tensiona los servicios públicos y genera frustración social”, ha señalado. Asimismo, ha preguntado al comisario europeo Magnus Brunner si es consciente de que, en 48 horas, los regularizados podrían circular libremente por el espacio Schengen.
Por su parte, el eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, ha advertido de la confusión que la propuesta española está generando entre los socios europeos. “No vamos a participar en el disparate ni en la polarización. La política migratoria debe ser firme, responsable y conforme a la ley”, ha afirmado, defendiendo que cualquier regularización debe hacerse caso por caso, con arraigo efectivo, vinculación al empleo y garantías jurídicas.
En la misma línea, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha calificado la iniciativa como “la enésima cortina de humo de un Gobierno en crisis”, criticando que se pretenda aprobar sin debate en el Congreso de los Diputados y con requisitos que, a su juicio, no garantizan seguridad ni integración.
El Partido Popular ha defendido ante la Eurocámara un modelo migratorio “legal, ordenado y coordinado con nuestros socios europeos”, basado en el respeto al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la cooperación en el marco comunitario.
“España no puede actuar de forma unilateral con consecuencias masivas para el resto de la Unión. La inmigración requiere responsabilidad, legalidad y coordinación europea”, han concluido los representantes populares.
Sánchez entra en campaña: regulariza inmigrantes ilegales y cumple promesas antes de pedir el voto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso significativo en su estrategia política con la aprobación de un real decreto para la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular en España. La medida, pactada con Unidas Podemos, permitirá que hasta medio millón de personas que ya residen en el país puedan solicitar y obtener residencia y permiso de trabajo legal si cumplen una serie de requisitos básicos, como acreditar al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros y sin necesidad de convalidación parlamentaria, marca uno de los avances migratorios más ambiciosos del Ejecutivo socialista en los últimos años. Según fuentes oficiales, quienes presenten la solicitud podrán acceder desde abril de 2026 a autorizaciones de residencia inicial por un año, con posibilidad de optar más adelante a permisos ordinarios conforme a la ley de extranjería.
El Gobierno sostiene que esta iniciativa responde a una realidad social y económica existente, donde muchas personas han vivido y trabajado durante años sin cobertura legal y que ahora podrán incorporarse plenamente al mercado formal, cotizar y acceder a derechos fundamentales. Líderes políticos del PSOE han subrayado que esta medida es coherente con un enfoque humanista y vinculada al crecimiento económico, así como una forma de responder a compromisos de justicia social que el partido ha defendido en campañas anteriores.
Sin embargo, la decisión llega también en un momento político crucial. Con elecciones generales en el horizonte, analistas y voces de la oposición han señalado que esta regularización puede tener un impacto significativo en el escenario electoral. La medida —vista por el Gobierno como el cumplimiento adelantado de una promesa de campaña— se interpreta en algunos sectores como un intento de consolidar apoyos entre sectores sociales progresistas y entre quienes simpatizan con políticas migratorias abiertas.
La oposición ha criticado duramente la iniciativa. El Partido Popular sostiene que se trata de una maniobra para desviar la atención de otros problemas nacionales o para influir en la composición del electorado. Líderes conservadores han calificado la medida como un atajo político que evita el debate parlamentario y han prometido revertirla si llegan al poder.
Organizaciones sociales y de derechos humanos, en cambio, han acogido la regularización como un avance en la integración de personas migrantes, destacando que pone fin a situaciones de precariedad y vulnerabilidad para quienes ya forman parte de comunidades y sectores productivos en toda España.
Con esta iniciativa, Pedro Sánchez refuerza una de las señas de identidad de su proyecto político y da un paso adelante en la campaña electoral, cumpliendo con medidas que movilizan tanto apoyos internos como polarizan el debate público en torno a la migración y el modelo de sociedad que se propone para España.
Gavira: «El PSOE quiere fabricar votantes, no proteger españoles»
VOX ha denunciado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de avanzar en la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales, una medida que, según la formación, confirma las advertencias que VOX lleva años realizando sobre las políticas migratorias de la izquierda. “El efecto llamada de esta medida va a tener un impacto brutal en nuestra sociedad. Sánchez quiere sustituir a los españoles por inmigrantes ilegales”, ha manifestado el portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira.
Gavira ha lanzado hoy un mensaje claro y firme: “quien entra en España por la puerta de la ilegalidad, tiene que volver a su casa”. Desde VOX se trabajará y se hará todo lo posible por frenar esta iniciativa. En Andalucía, hace apenas unos meses, “VOX propuso en el Parlamento la supresión del arraigo y del empadronamiento como puertas traseras para la legalización de la inmigración ilegal”, ha mencionado Manuel Gavira. Esta iniciativa fue rechazada con el voto en contra del PSOE y de un PP acomplejado, encabezado por Moreno Bonilla.
VOX recuerda que PSOE y PP han pactado durante años regularizaciones masivas que han alentado la inmigración ilegal y tensionado los servicios públicos al darse “acceso libre a educación, sanidad, ayudas contributivas y no contributivas… Con independencia de si se viene a trabajar o a delinquir”, ha indicado el portavoz de la formación en Andalucía.
“La del sí es sí, los del chalet de Galapagar y el sátrapa de la Moncloa ya tienen claro su objetivo. El objetivo del resto de españoles es echarlos de la Moncloa, echarlos del poder”, ha expresado Manuel Gavira.
La formación subraya que lo conocido en las últimas horas es de extrema gravedad y advierte de que “con este Gobierno no puede pactar nadie y ese nadie es el PP”. VOX anuncia que hará todo lo que esté en su mano para impedir que esta regularización masiva salga adelante y para defender la legalidad, la seguridad y la convivencia en España. “Ya está bien de jugar con el futuro de los españoles”, ha concluido el portavoz de VOX en Andalucía.
Buxadé: «No toleraremos que Schengen se desmorone por la inmigración ilegal»
VOX ha anunciado hoy la activación de una ofensiva europea inmediata frente a la regularización exprés de inmigrantes ilegales impulsada por Pedro Sánchez y sus socios, una medida tramitada por vía de urgencia, sin control parlamentario y sin las garantías necesarias de seguridad y cooperación entre Estados. Según ha reconocido el propio Gobierno de Sánchez, el proceso será rápido y extraordinario, con el objetivo de “dar derechos” a estas personas que ya estaban de manera ilegal en España, paralizando procedimientos de expulsión, y abriendo la puerta a posteriores renovaciones y procesos de arraigo, sin reforzar los controles de seguridad ni las garantías previas exigibles.
VOX, ante la gravedad de esta regularización exprés y la brecha que abre en el control migratorio, ha activado una batería de acciones inmediatas en el ámbito europeo, incluyendo el envío de cartas a todas las representaciones y el contacto directo con sus aliados en los gobiernos europeos, a quienes ha instado a intervenir en el seno del Consejo ante una decisión que, aun siendo competencia nacional, tiene efectos directos sobre la libre circulación, la seguridad y el correcto funcionamiento del espacio Schengen.
Asimismo, VOX ha registrado una petición de debate urgente en la comisión LIBE del Parlamento Europeo, con el objetivo de que las instituciones europeas evalúen el impacto real de esta regularización acelerada sobre la seguridad interior, la cooperación policial y la libre circulación dentro de la Unión.
La formación advierte de que la pasividad de las instituciones europeas ante decisiones de este calibre equivale a asumir sus consecuencias, y reclama una reacción inmediata frente a una política que premia la ilegalidad, pone en peligro la seguridad nacional y debilita el control migratorio.
Inmediata adopción de cautelares
Además, el jefe de la Delegación de VOX en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, ha advertido de “tan pronto se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto, por el cual se apruebe sin pasar por el Parlamento, una medida tan grosera, tan brutal contra los españoles e incluso contra aquellos residentes legales que están contribuyendo al crecimiento de la Nación, vamos a interponer recurso contencioso ante el Tribunal Supremo”. Dicho recurso, ha avanzado Buxadé, pedirá la inmediata adopción de medidas cautelares.
En paralelo, VOX ha dirigido una carta al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, solicitando una reunión urgente para exigir cambios normativos que permitan
A lo largo del día, VOX desarrollará y hará públicas las distintas acciones emprendidas en el ámbito europeo, incluyendo la difusión de las cartas remitidas, así como las reacciones y posicionamientos que se vayan produciendo, con el fin de garantizar la máxima transparencia y de forzar un pronunciamiento claro de las instituciones europeas ante esta regularización exprés.