Javier De Andrés denuncia un trato privilegiado a presos de ETA.
El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha reclamado la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, al considerar que su actuación en política penitenciaria ha supuesto un incumplimiento de la legalidad y un trato de favor hacia presos de la organización terrorista ETA.
De Andrés ha señalado que recientes resoluciones judiciales ponen en cuestión las decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico en materia de progresión de grado y flexibilización del régimen penitenciario, subrayando que estas medidas no se ajustan a los criterios legales establecidos.
El dirigente popular ha criticado que el Gobierno Vasco haya defendido estas actuaciones alegando su adecuación a la ley, cuando, a su juicio, las resoluciones judiciales evidencian lo contrario. En este sentido, ha denunciado una falta de rigor en la aplicación de la normativa y ha reclamado responsabilidades políticas.
Asimismo, ha insistido en que las instituciones deben actuar con firmeza en la defensa del Estado de derecho y en el respeto a las víctimas del terrorismo, evitando cualquier actuación que pueda interpretarse como un trato de favor o una deslegitimación del marco legal vigente.
El Partido Popular reafirma su compromiso con la legalidad, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, así como con una política penitenciaria basada en el cumplimiento estricto de la ley.
Moreno Moya carga contra Page: «Ha sido derrotado por los sanitarios»
El diputado regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha aseverado que “para que la sanidad de Castilla-La Mancha gane, Page ha tenido que perder”.
Así lo ha señalado durante una rueda de prensa esta mañana en Toledo, donde Moreno ha afirmado que los profesionales sanitarios han sido “indiscriminados intencionadamente durante los últimos 11 años” por el Gobierno regional, señalando que han sido sometidos “a una constante y continua mentira hasta que por fin lo han doblegado”.
En este sentido, el diputado popular ha mantenido que el acuerdo alcanzado esta semana viene a evidenciar “la gran derrota de Page” en materia sanitaria. “Una derrota que ha sido posible gracias a la presión ejercida por los profesionales en la calle y en los centros sanitarios, así como por el trabajo desarrollado desde el PP en el Parlamento regional durante los últimos años”.
“Este acuerdo permite avanzar hacia la igualdad del sistema sanitario público de Castilla-La Mancha con el del resto de comunidades autónomas. Ha sido arrancado a fuego y sangre tras años de negativas y excusas por parte del Ejecutivo autonómico”.
Asimismo, ha valorado positivamente que el acuerdo cuente con el respaldo de la representación sindical y ha señalado que tendrá efectos económicos a partir de 2027, con su consolidación definitiva en 2028. “Un acuerdo que ha satisfecho a la Mesa Sectorial de la Sanidad y que, por tanto, goza de nuestro respaldo”, ha indicado.
Moreno Moya ha defendido que “con este acuerdo todos ganamos”: los profesionales sanitarios, que verán reconocidas y remuneradas sus condiciones, y los pacientes, ya que la medida contribuirá a la estabilización del sistema sanitario público. Además, ha destacado que Castilla-La Mancha dejará de ser la única comunidad autónoma sin estos reconocimientos, mejorando así su capacidad para atraer y retener talento sanitario.
No obstante, ha advertido de que el Partido Popular estará “vigilante” para garantizar el cumplimiento de lo firmado, recordando que “no es la primera vez que el presidente regional suscribe acuerdos que posteriormente no cumple”.
Además, ha hecho referencia expresa al acuerdo firmado en febrero de 2023 para el impulso de la Atención Primaria, que ha calificado como “el gran fiasco” y “la gran mentira” al considerar que fue incumplido tras las elecciones. “Aquel documento recogía medidas como el refuerzo de plantillas, la autogestión de agendas o la desburocratización, que no se han llevado a cabo”.
El diputado ha criticado también las contradicciones del presidente regional en relación con la carrera profesional, recordando que en diferentes momentos alegó la necesidad de despidos, de nueva financiación autonómica o incluso de una ley para su implantación, afirmaciones que, según Moreno, “han quedado desmentidas con la firma del acuerdo actual”.
“Page ha sometido a amenazas y engaños a todos los sanitarios de esta región y le ha salido el tiro por la culata, ya que el presidente se ha visto obligado a rectificar por motivos electorales y no por convicción”.
Finalmente, Moreno Moya ha concluido que el acuerdo supone una victoria de los profesionales sanitarios tras años de lucha. “Hoy se da una paradoja muy sencilla que viene siendo la única realidad en materia sanitaria en Castilla-La Mancha: para que la sanidad de la región gane, Page ha tenido que perder”, ha zanjado.
Laura Garrido: «No pueden quedar impunes los ataques a las víctimas»
El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una iniciativa para modificar la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Euskadi con el objetivo de incorporar un régimen sancionador que permita actuar frente a conductas que atentan contra la dignidad de las víctimas.
La portavoz del PP en la Cámara vasca, Laura Garrido Knörr, ha señalado que esta propuesta busca corregir una “disfunción normativa” y saldar una “deuda pendiente” con las víctimas del terrorismo, reforzando los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
Garrido ha explicado que la actual normativa no contempla sanciones administrativas ante la exhibición de mensajes, símbolos o imágenes que resultan ofensivos para las víctimas, lo que, a su juicio, supone una anomalía democrática.
En este sentido, el Partido Popular plantea que estos comportamientos no queden impunes y puedan ser sancionados, especialmente en espacios públicos donde se producen actos que vulneran los derechos y la memoria de quienes han sufrido el terrorismo.
Asimismo, la dirigente popular ha subrayado que esta iniciativa se alinea con otras propuestas impulsadas por el PP a nivel nacional para reforzar la protección de las víctimas del terrorismo.
Durante su intervención, Garrido también ha condenado los recientes ataques contra medios de comunicación, defendiendo la libertad de expresión y la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia o intimidación en democracia.
Juan Fernández: «La regularización masiva crea un efecto llamada peligroso»
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha cargado contra la regularización masiva del Gobierno, que provoca un indiscutido “efecto llamada” y manda el peligroso mensaje de que “en España, entrar de manera irregular puede acabar teniendo premio”. Por eso ha pedido al Gobierno que cambie de postura y sustituya su política migratoria basada en la improvisación y el efecto llamada por una política “seria, coherente y responsable”.
El dirigente popular ha insistido en recalcar que el problema no es la inmigración en sí, sino la falta absoluta de control a causa de la presión a la que se está sometiendo a los Ayuntamientos, que tienen colapsados los servicios de atención a la ciudadanía por la falta de recursos, menor capacidad estructural y funcionarios sobrecargados que no pueden garantizar los mecanismos de control adecuados. “Lo que se está haciendo es tratar a todos por igual, sin distinguir situaciones completamente diferentes, porque no todo inmigrante irregular, por el mero hecho de serlo, es una persona vulnerable”, ha señalado.
Para el parlamentario popular, esta situación debería ser clave cuando se plantea una regularización masiva, porque “desde el PP defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada a la capacidad real de integración de nuestra sociedad”, y es en este sentido que ha defendido que las políticas públicas deben diseñarse pensando en el interés general. En este caso concreto, “defendemos que quien venga a trabajar, a aportar, a respetar nuestras normas y a integrarse, tenga oportunidades reales, pero también hay personas que han venido a aprovecharse del sistema y personas que han venido a delinquir”, y son estos últimos casos los que deberían ser objeto de control estricto. “Nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra del descontrol y defendemos que quien incumpla la ley no reciba el mismo trato que quien la respeta”, ha insistido.
Los ayuntamientos
Fernández ha explicado que la regularización masiva está colapsando los Ayuntamientos, retrasando citas durante semanas, desbordando funcionarios y, “lo más grave, vecinos que ven cómo trámites esenciales quedan bloqueados o ralentizados”, cosa que afecta a los autónomos que necesitan una licencia para abrir su negocio, a las familias que esperan ayudas o al ciudadano que simplemente quiere ser atendido en tiempo y forma.
El portavoz ha señalado que la situación actual “satura los servicios públicos, dificulta la integración, genera tensiones sociales y debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. “Se ha tomado una decisión de enorme impacto sin reforzar a los Ayuntamientos, sin dotarlos de financiación suficiente, sin aumentar plantillas, sin mejorar los sistemas de gestión, se les ha dejado solos y eso es profundamente injusto”, ha declarado.
José Ramón Carmona critica la gestión de Óscar Puente en el AVE de Álora.
El secretario general del Partido Popular de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, su gestión en la provincia, especialmente en relación con las obras del AVE en Álora, denunciando retrasos, falta de planificación y ausencia de soluciones eficaces.
Carmona ha criticado que el Ministerio haya tardado semanas en reconocer la complejidad de la actuación, señalando que esta demora evidencia una gestión ineficiente y alejada de las necesidades reales de los ciudadanos.
Asimismo, ha denunciado la falta de mejoras en la red de Cercanías y en infraestructuras clave como la A-7, donde, según ha afirmado, persisten graves problemas de tráfico sin que se hayan adoptado medidas efectivas para aliviar la situación.
El dirigente popular ha subrayado que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años ha impactado negativamente en el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras en la provincia, agravando los problemas de movilidad.
Durante su intervención, ha reclamado al Gobierno central mayor compromiso con Málaga, instando a la adopción de soluciones reales que mejoren la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.
El Partido Popular de Málaga reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras, la inversión en transporte y la defensa de los intereses de la provincia, en línea con los principios recogidos en su proyecto político.
Beatriz Gascó: «Los sindicatos prefieren el conflicto a mejorar la educación»
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que “los sindicatos alimentan la confrontación rechazando las propuestas del Consell sin importarles el alumnado y sus familias. Es irresponsable y resulta incomprensible que algunos sindicatos rechacen una subida salarial real para el profesorado valenciano únicamente para mantener la confrontación, imponiendo plazos que saben que no son viables”.
Beatriz Gascó ha señalado que “en una negociación todas las partes tienen que estar dispuestas a ceder, no a imponer. Mientras el Consell propone soluciones, los sindicatos las rechazan, entregándose al sectarismo y arriesgando la selectividad. Han pedido diálogo y Educación ha fijado las mesas sectoriales para negociar mejoras como la reducción burocrática o que la subida salarial sea una realidad en el próximo presupuesto. Pero los sindicatos mantienen una actitud de confrontación que va más allá, poniendo en riesgo la calidad de enseñanza de nuestro alumnado. Esta actitud beligerante de los sindicatos de izquierda contrasta con los ocho años del Botànic en el que no solo no consiguieron nada, sino que en 2019 se les incrementó la burocracia a los docentes con tareas administrativas exageradas. Entonces no hubo ninguna huelga reiterada”.
La diputada popular ha alabado la “disposición dialogante de la consellera Ortí, poniendo todas las facilidades para llegar a un acuerdo. Por primera vez en once años está sobre la mesa la valoración de la situación laboral de los docentes. Los sindicatos piden cuestiones que saben que no se pueden aplicar ya. Piden inmediatez poniendo en riesgo que la subida salarial sea una realidad”.
Beatriz Gascó ha señalado que “los sindicatos no pueden engañar a los docentes imponiendo cosas que saben que no se pueden cumplir de forma inmediata. No entendemos que pongan en riesgo una medida tan importante solo por imponer las prisas por una cuestión política. Hay un plazo correspondiente para que esta medida sea efectiva, real y transparente. Tal y como ha dicho la consellera, depende de los presupuestos y meter prisa podría ponerla en riesgo”.
En este sentido, la portavoz de Educación ha defendido que el actual Consell “está mejorando como nunca las condiciones laborales del profesorado, con más docentes, más recursos y un proceso de negociación abierto con los sindicatos. Se ha ejecutado el 89% del Pla Edificant en 2025, la apertura de 8 nuevos centros en 2025 y otros 10 previstos, o la incorporación de más de 8.000 docentes en tres años”.
Por último, Gascó también ha criticado “la hipocresía del PSPV y Compromís por reclamar ahora subidas salariales para el profesorado cuando durante ocho años de gobierno rechazaron de manera reiterada cualquier mejora retributiva. Hasta cinco veces dijo ‘no’ el Botànic a subir el sueldo a los docentes valencianos: No fue un hecho puntual, sino sostenido en el tiempo pese a que en esos años se incrementaron un 40% las transferencias, hubo más fondos FLA, fondos Covid y se incrementó la deuda. Podían haber subido el sueldo un 1% anual, pero no quisieron hacerlo y ahora quieren utilizar a los docentes para hacer política barata”.
Borja Carabante presenta un innovador sistema de seguridad en autobuses.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha puesto en marcha un innovador sistema antiatropello exterior en autobuses urbanos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger a peatones y conductores.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado esta tecnología pionera, que se encuentra actualmente en fase de pruebas y que podría implantarse progresivamente en la flota municipal.
El sistema, basado en sensores inteligentes, monitoriza de forma continua el área frontal y lateral del autobús, detectando situaciones de riesgo cuando el vehículo detenido dificulta la visibilidad de peatones o de otros vehículos.
En caso de peligro, el dispositivo activa alertas visuales y acústicas tanto para el peatón como para el conductor, permitiendo anticipar posibles atropellos. Además, distingue distintos niveles de riesgo —potencial, inminente o inexistente—, lo que mejora la respuesta ante cada situación.
Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno municipal con la seguridad vial y la convivencia en las calles, especialmente en lo que respecta a la protección de los usuarios más vulnerables.
El nuevo sistema se suma a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid para modernizar la flota de EMT y avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente e innovadora.