Actualidad Política

10 de noviembre de 2026

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La diputada regional del Partido Popular de la Región de Murcia Mari Carmen Ruiz Jódar ha calificado de “bulo” la estrategia de la izquierda para “desprestigiar a la sanidad de la Región” y ha defendido la eficacia del programa de cribado de cáncer de mama en la Región.

La diputada ha afirmado que “ya conocemos la estrategia del PSOE”, que “cada vez que se ven con la corrupción hasta el cuello ponen en marcha toda la maquinaria para desprestigiar, aunque eso suponga crear incertidumbre y miedo y aunque eso suponga utilizar el cáncer”. A estas alturas, “ya sabemos que carecen de escrúpulos y de principios. No tienen límites”.

Ruiz Jódar ha asegurado que la única intención de la oposición “manchar un programa que ha funcionado y sigue funcionando correctamente”.

“El cribado de cáncer de mama es una herramienta preventiva de Salud Pública que merece sensibilidad hacia las mujeres y respeto al criterio de los profesionales sanitarios”, ha señalado la diputada.

“El cribado de cáncer de mama es una herramienta preventiva de Salud Pública que merece sensibilidad hacia las mujeres y respeto al criterio de los profesionales sanitarios”, ha señalado la diputada, quien ha criticado que “el PSOE no debería generar inquietud entre la población, especialmente femenina, máxime cuando su sesgo ideológico les impide reconocer que en la Región de Murcia se sigue un trabajo exhaustivo y riguroso, y que el cribado de cáncer de mama cuenta con doble control de calidad para evitar demoras en la realización de pruebas complementarias”.

“En lugar de sembrar sospecha, miedo e incertidumbre entre las pacientes, el PSOE debería sumarse al llamamiento a las mujeres de la Región y contribuir así a la participación en esta prueba que es una herramienta vital para proteger a la población femenina”, ha incidido la parlamentaria.

La diputada ha recordado que la tasa de participación en el bienio 2021-2022 alcanzó el 70,8% y ha hecho un llamamiento a las mujeres de la Región para que acudan a las citas: “La prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama. Participar en el programa es un acto de autocuidado y responsabilidad que puede marcar la diferencia”.

Finalmente, Ruiz Jódar ha defendido la trayectoria del programa, activo desde 1994, y del que ha destacado “la gran labor realizado por la Asociación Española Contra el Cáncer con los cribados hasta 2024”. Ha recordado que “gracias al cribado y al diagnóstico precoz, la supervivencia ha aumentado hasta acercarse al 86%. No se puede poner en entredicho ni la labor desarrollada durante años ni el trabajo de los profesionales sanitarios, que actúan conforme a los criterios del Ministerio de Sanidad y de la Comisión Europea”.

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha señalado que el archivo por parte de la Fiscalía Superior de la denuncia presentada por el PSPV contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “demuestra que toda la campaña de difamación impulsada por los socialistas estaba basada en falsedades, insinuaciones y ataques personales”.

Martínez ha lamentado “la persecución política y personal” a la que, a su juicio, el PSPV ha sometido al conseller “con el único objetivo de intentar embarrar una gestión sanitaria seria y centrada en mejorar la atención a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

“La izquierda ha decidido utilizar los juzgados como herramienta política cuando no tiene proyecto ni propuestas para la sanidad valenciana. Han intentado generar una sombra de sospecha sobre Marciano Gómez y hoy la Fiscalía deja claro que sus acusaciones no tenían recorrido”, ha afirmado.

La diputada popular ha asegurado que “Diana Morant lleva meses instalando bulos y falsedades sobre la sanidad valenciana para intentar sacar rédito político, pero la realidad vuelve a quitarles la razón. Ha mentido de forma reiterada y hoy la Fiscalía desmonta su estrategia de acoso al conseller”.

“Mientras el PSPV se dedica al ruido, este Consell sigue trabajando para reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera y garantizar una mejor atención sanitaria a todos los valencianos”, ha concluido.

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Urgentes con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda protegida y reducir los plazos de construcción, adaptando el ritmo edificatorio a la creciente demanda derivada del aumento de población.

El Gobierno autonómico refuerza así su compromiso con el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias, mediante medidas que buscan corregir el déficit estructural existente y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.

Entre las principales novedades, la normativa permitirá incrementar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, así como aumentar la altura de los edificios hasta dos plantas adicionales sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que agilizará significativamente los tiempos de ejecución.

Asimismo, se amplían las posibilidades de cambio de uso de suelos y edificaciones, facilitando la conversión de oficinas en viviendas y el desarrollo de promociones en suelos dotacionales de titularidad privada. También se flexibilizan requisitos como el número de plazas de aparcamiento, adaptándolos al contexto actual.

La ley introduce además el silencio administrativo positivo para acelerar la tramitación urbanística, reduciendo cargas burocráticas y facilitando la puesta en marcha de proyectos.

Estas medidas se enmarcan en el Plan de Choque de Vivienda 2026/27, con el que la Comunidad de Madrid prevé facilitar la creación de más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años.

El Ejecutivo regional destaca también los avances del Plan Vive, que ya ha permitido la entrega de más de 5.300 viviendas en régimen de alquiler asequible, con el objetivo de alcanzar las 14.000 durante la legislatura.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid reafirma su apuesta por políticas que impulsen la oferta de vivienda, reduzcan los plazos administrativos y mejoren el acceso a un hogar digno, en línea con los principios de gestión eficaz y apoyo a las familias.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Illes Balears, Miquel Jerez, ha defendido en el Senado la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que permitirá a Formentera contar con un senador propio, subrayando que se trata de una iniciativa “construida desde el consenso” y coherente con la evolución institucional de la isla.

Jerez ha explicado que esta reforma supone culminar un proceso político iniciado con la creación del Consell Insular de Formentera, dando encaje constitucional a una realidad institucional ya consolidada.

El dirigente popular ha insistido en que este nuevo senador debe representar una voz “real, autónoma y con criterio propio”, capaz de defender los intereses de la isla sin subordinación política. “No hablamos de una presencia simbólica, sino de una representación efectiva”, ha afirmado.

En su intervención, ha señalado que esta figura será clave para abordar los principales retos de Formentera, entre ellos la política migratoria. En este sentido, ha defendido la necesidad de una gestión ordenada, con vías legales y seguras, retornos efectivos y una distribución equilibrada de responsabilidades, poniendo el foco en evitar tragedias humanas.

Asimismo, Jerez ha destacado la importancia de adaptar la normativa sobre costas a la singularidad de la isla, defendiendo un equilibrio entre la protección del litoral y la realidad social, económica y patrimonial de Formentera.

El senador popular también ha alertado sobre la necesidad de garantizar el acceso real a los servicios públicos en territorios insulares, subrayando que los derechos deben ir acompañados de condiciones efectivas de acceso en igualdad.

La portavoz adjunta de Economía del GPP, Pilar Alía, reprocha al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que mantenga como su antecesora Montero un afán desmedido por recaudar, que ha llevado a un récord de recaudación en democracia de 180.000 millones de euros desde que gobierna Pedro Sánchez a costa de subir impuestos

Alía asegura que, de lo que recauda, el Ejecutivo malgasta mucho “en vicios y corruptelas”, como se refleja a diario en los medios, y en mantener un Gobierno de 22 ministerios y más de 600 asesores solo en La Moncloa

También en pagar los intereses de una deuda que, según recordó, se ha incrementado en 500.000 millones de euros en términos nominales desde que gobierna Pedro Sánchez

Por todo ello, señaló que el PP insta al Ejecutivo a adaptar la tributación a la inflación, deflactando el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas, al igual que hizo el ministro cuando era consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana

En segundo lugar, se reclama la urgencia en la transposición de la directiva comunitaria que establece el régimen voluntario de franquicia y poder eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, para dejar de castigar al colectivo. “No les dejan ni respirar”, añade

Además, la diputada del PP explica que la moción también pide la aprobación urgente de un fondo transitorio de financiación como paso previo a la reforma del sistema de financiación autonómica y local, algo que el nuevo titular de Hacienda también defendía cuando formaba parte del Gobierno valenciano

El presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato a la reelección de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado su plena disposición a participar en el debate electoral previsto entre las principales fuerzas políticas andaluzas, subrayando su compromiso con la pluralidad y el respeto institucional.

Moreno ha recordado que siempre ha estado abierto a un cara a cara con María Jesús Montero, siempre que existiera un acuerdo con el resto de formaciones políticas, destacando que la ausencia de consenso ha impedido ese formato.

El dirigente popular ha defendido que el debate debe reflejar la diversidad del Parlamento andaluz, señalando que “hay que respetar la pluralidad y la representación de todas las fuerzas políticas”, incluso en escenarios que puedan resultar más exigentes.

Asimismo, ha criticado la falta de coherencia en las propuestas de algunos adversarios políticos, reiterando su disposición a debatir en un marco acordado y equilibrado.

En relación con el debate nacional sobre el arraigo, Moreno ha defendido que este criterio es razonable para el acceso a determinados servicios públicos, especialmente en el caso de las personas más vulnerables, abogando por un enfoque equilibrado y alejado de la confrontación política.

Durante su intervención en la Feria de Abril de Sevilla, el presidente del PP andaluz también ha puesto en valor el impacto económico y cultural de este evento, destacando su relevancia como motor de empleo, actividad económica y proyección internacional de Andalucía.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha acusado al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de continuar con una política económica “fallida” y de mantener una actitud alejada del diálogo con la oposición.

Durante su intervención, Marí Bosó ha señalado que la disposición al diálogo del Ejecutivo “no puede ser una mera declaración”, criticando el bloqueo de iniciativas parlamentarias y la falta de participación de otros grupos en la elaboración de medidas clave.

El dirigente popular ha cuestionado los resultados de la política económica del Gobierno, denunciando un modelo basado en el aumento del gasto público y la presión fiscal, sin avances estructurales en productividad o competitividad.

Asimismo, ha advertido de que el crecimiento económico actual no es “sano ni sostenible”, al no apoyarse en mejoras de eficiencia, y ha alertado sobre el estancamiento de la productividad, el incremento de la deuda pública y las limitaciones de las políticas sociales para reducir la pobreza.

Marí Bosó ha subrayado que “tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza”, poniendo el foco en la precariedad laboral y los bajos salarios, además de criticar la gestión de la inflación y el uso de los fondos europeos, que, a su juicio, no han generado cambios estructurales en la economía española.

Frente a ello, el Partido Popular ha defendido una alternativa económica basada en la mejora del poder adquisitivo, la reducción de la carga fiscal —especialmente en el IRPF—, el impulso a la inversión, la simplificación administrativa y el refuerzo del sistema educativo y la formación profesional.

Asimismo, ha apostado por avanzar en la transformación industrial y tecnológica, así como por revisar la política energética, incluyendo el mantenimiento de las centrales nucleares.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que la comunidad autónoma “vive una anomalía política y económica”, al ser, según ha señalado, la única región donde los ciudadanos soportan una mayor carga fiscal frente a la bajada de impuestos impulsada en otras comunidades gobernadas por el PP.

Núñez ha destacado que los gobiernos autonómicos del Partido Popular han aplicado políticas fiscales orientadas al crecimiento, como la reducción del IRPF, mientras que el Ejecutivo de Emiliano García-Page mantiene una presión fiscal que, a su juicio, perjudica a familias, autónomos y empresas.

El dirigente popular ha afirmado que esta política se traduce en una menor competitividad y en la pérdida de oportunidades, señalando que los castellanomanchegos soportan una mayor carga impositiva mientras perciben menores ingresos en comparación con otras regiones.

Asimismo, Núñez ha vinculado esta situación con los indicadores sociales, alertando del elevado riesgo de pobreza y de las dificultades económicas que afrontan numerosas familias en la comunidad.

El presidente regional del PP ha defendido el modelo de las comunidades gobernadas por su partido, basado en la bajada de impuestos, el impulso a la actividad económica y la atracción de inversión, poniendo como ejemplo recientes reformas aplicadas en otras autonomías.

En este contexto, ha propuesto un cambio de modelo en Castilla-La Mancha que incluya la reducción de la presión fiscal, el apoyo a autónomos y sectores productivos, y medidas para recuperar el poder adquisitivo de las familias.

Además, ha reiterado su compromiso con la mejora de los servicios públicos, incluyendo un plan de choque contra las listas de espera sanitarias y la consolidación de medidas que refuercen el sistema.

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