Juan Milián: «Las políticas de vivienda del Gobierno destruyen oferta, elevan precios y castigan a las familias».
El senador por Cataluña del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Juan Milián, reprocha a la ministra Isabel Rodríguez su política intervencionista sobre vivienda: “Cataluña es una prueba más de que el socialismo no funciona”.
En estos términos se expresa tras preguntar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, en su primera intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, si considera que en España debe respetarse el artículo 33 de la Constitución que reconoce el derecho a la propiedad privada.
A renglón seguido, recuerda que la Constitución “debe respetarse” y se interesa en si desde el Ejecutivo “se comprometen a recurrir cualquier norma autonómica que prohíba o limite la compra y venta de vivienda”.
En este punto pone el ejemplo de Barcelona, en donde entre Colau y Collboni han generado en siete años 31 viviendas protegidas –“no 31.000”, remarca- en una ciudad de 1.700.000 habitantes.
Una marca política que, en su opinión, se resume en “intervenir, prohibir y asfixiar”, tal y como se refleja en “el miedo que están provocando entre los pequeños propietarios y un mensaje inequívoco de riesgo para cualquiera que quiera invertir o poner su piso en alquiler”.
Igualmente, Juan Milián lamenta que en la provincia de Barcelona “la limitación de los alquileres ha provocado que se hayan perdido más de 7.000 inmuebles en un año”, en donde los alquileres estén en “máximos históricos” con “decenas de posibles inquilinos” compitiendo por una misma vivienda.
LA MALÍSIMA TRINIDAD: COLLBONI, ILLA Y SÁNCHEZ
Ante esta situación, el senador catalán asevera que “han convertido Cataluña en el laboratorio del peor populismo intervencionista: control de rentas, zonas tensionadas, inseguridad jurídica, ocupación tolerada y ahora pretenden decir a quién debes vender una vivienda y en qué condiciones”.
Una situación que tiene unos responsables: “Sufrimos la mala política de Collboni, la mala política de Illa y la mala política de Sánchez ¡Sufrimos la malísima trinidad!”.
Define a estos responsables como “un triángulo de las Bermudas que engulle la oferta de vivienda y, por lo tanto, el futuro de los españoles”, al tiempo que demanda que reconduzcan sus políticas para que permitan el “aumento de la oferta de vivienda asequible”.
Frente a un Gobierno que “expropia de forma encubierta los derechos de los pequeños propietarios”, Milián recuerda a la ministra que “la función social de la propiedad obliga a las administraciones a hacer política pública de vivienda, construir parque asequible y ofrecer seguridad jurídica”, ya que “sólo los okupas se sienten protegidos en España”.
Sin embargo, el senador catalán remarca que lo que tenemos “son unos irresponsables que nos desgobiernan al grito bolivariano de “¡exprópiese!”.
Juan Carlos García: «Sin control de la fauna salvaje, los ganaderos no pueden frenar el avance de enfermedades».
El portavoz de Ganadería del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Juan Carlos García, denuncia que “el ecologismo ideológico” del Gobierno de Sánchez “donde la naturaleza se tiene que gestionar por sí sola, lo único a lo que nos conduce es a una sobre población de la fauna salvaje y a la transmisión de enfermedades”.
Así se pronuncia el senador por Cantabria tras preguntar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, si puede asegurar que España mantendrá su posición exportadora y que el brote de peste porcina africana no comprometerá el liderazgo del sector.
El dirigente popular “echa de menos” que Planas “no haya tomado las riendas desde el minuto uno”, por lo que le exige que reaccione y coordine cuanto antes a los ganaderos, cazadores, empresas y administraciones autonómicas y locales.
Ante la aparición del primer caso de peste porcina africana en 31 años tras localizarse varios jabalíes muertos con el virus cerca de Barcelona, el senador ironiza con que “son algo gafes”, al tiempo que asegura que “los controles en la frontera no son los más adecuados por la falta de personal cualificado y de presupuestos”.
Juan Carlos García explica que habría que regular dos tercios de la población de jabalí, uno de los mayores transmisores de la tuberculosis y, ahora, de la peste porcina africana. “A diferencia de lo que se hace con la fauna salvaje, en donde no hay el más mínimo control, los ganaderos sacrificamos nuestros animales para erradicar enfermedades, incluso los animales sanos, con escaso resultado. Pero si no se controlan los focos de fauna salvaje poco podemos hacer”, advierte.
FESTIVAL DE LAS ENFERMEDADES SIN COORDINACIÓN
En este punto, recuerda que con Planas al frente del Ministerio “hemos sufrido todo tipo de enfermedades”: Hemorrágica epizoótica, lengua azul, gripe aviar, dermatosis nodular contagiosa y, ahora, la peste porcina africana.
Para concluir, y ante este panorama, Juan Carlos García pide que “convoquen” elecciones, ya que “necesitamos un Gobierno que esté más pendiente de gobernar que de tapar la corrupción”.
Lucía Yeves: «Un solo puerto catalán recibe casi lo mismo que siete puertos andaluces juntos».
La senadora por Málaga del Grupo Parlamentario Popular, Lucía Yeves, critica “la discriminación” que sufren los puertos de Andalucía respecto a los de Cataluña y exige al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible “justicia en la inversión pública” y “proporcionalidad”.
Así se lo transmite a Óscar Puente, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, tras preguntar cómo justifica la discriminación que sufre Andalucía en relación con la inversión en sus puertos.
La dirigente del PP hace referencia al Plan Inversor para los puertos españoles, en donde el Gobierno indica que “el puerto de Barcelona recibirá hasta 2029 una cantidad prácticamente equivalente a la prevista para los siete puertos andaluces de interés general juntos”.
A su parecer, “el criterio del equilibrio territorial y del interés general ha sido sustituido por el del interés político de Pedro Sánchez”, al tiempo que recuerda que esta desproporcionalidad ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones desde Andalucía.
“No hay otra manera de entender que un sólo puerto catalán, el de Barcelona, acumula 1.226 millones de euros, mientras que los siete puertos de interés general de Andalucía deban repartirse apenas 1.300”, añade.
Frente a estos 1.226 millones que recibirá el puerto de Barcelona, Yeves pone el foco en el de Algeciras que, siendo el primer puerto español y cuarto de Europa, “recibirá menos de la mitad de lo que se destina a Barcelona”.
7 VOTOS CATALANES POR ENCIMA DE LOS INTERESES DE ANDALUCÍA
En este punto, la senadora del PP se hace eco de lo que pide la Andalucía portuaria: “proporcionalidad”; ya que, “si nuestros puertos representan el 28% del tráfico de mercancías frente al 25% de los dos puertos catalanes juntos, las inversiones deberían reflejarlo”.
Ante este contexto, Yeves remarca que “lo que se refleja es una discriminación política evidente, pagada con los impuestos de todos los españoles y dirigida a contentar a quienes sostienen al Gobierno con siete votos”.
Como representante por la provincia de Málaga denuncia que “no es la primera vez que esto ocurre en Andalucía y en Málaga. Salimos perdiendo en el reparto de fondos o nos niegan fondos que a otros les facilitan”.
Denuncia que mientras el Gobierno invierte en Cataluña 6.000 millones de euros para rodalíes, “en Málaga tenemos las escaleras mecánicas de la estación de cercanías del aeropuerto rotas desde hace un año, un fiel reflejo de su desidia en el Gobierno”.
Igualmente, Yeves reclama mejoras urgentes en movilidad, puesto que no hay “ni un avance para el tren de la Costa del Sol, mientras avanza el tren litoral del País Vasco.
“Cero kilómetros ejecutados en el tercer carril de la A-7 para la entrada a Málaga y ya se está ejecutando el tercer carril de la A-8 entre Vizcaya y Cantabria”, afea a Puente.
“En Andalucía queremos un modelo de país de producción, de esfuerzo, de potencial logístico y no los intereses de un Gobierno sin alma que arrastra la dignidad de todos los españoles poniendo al Estado al servicio de sus intereses partidistas”, concluye.
Cristóbal Marqués: «El avión no es un lujo: es una necesidad básica para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla».
El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, denuncia que “la falta de presupuestos del Gobierno” está generando muchos problemas en el pago del descuento de transporte por residente y exige a Puente “una solución ya”.
“La conectividad no puede depender del caos del Gobierno y no basta con decir que se resolverá y que la deuda es cero, necesitamos un calendario real y pagos efectivos ya; porque la responsabilidad de esta situación es exclusivamente del Gobierno y es quien tiene que arreglarla”, apostilla el senador del PP”.
Marqués se pronuncia así en el Pleno del Senado, tras preguntar al ministro de Transportes, Óscar Puente: “¿Cuánto debe el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las compañías aéreas en materia de descuento de residente? ¿Y cuándo piensa el Gobierno abonarla en su totalidad para garantizar la conectividad de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla?”.
No es culpa de las aerolíneas ni de los territorios afectados; y desde luego, no es un problema técnico, “el único motivo de esta deuda acumulada es que el Gobierno no ha hecho su trabajo”, denuncia Cristóbal Marqués.
El descuento de residente afecta directamente a miles de personas que viven en las Illes Balears, en Canarias y también en Ceuta y Melilla, “territorios donde la movilidad aérea no es un complemento, sino una necesidad básica”, por lo tanto “es la herramienta que hace posible esa igualdad”, remarca el senador menorquín.
Marqués denuncia que las compañías llevan “meses alertando de que el Gobierno acumula retrasos sistemáticos y una deuda creciente”, y los datos son “contundentes” e indican que “el ejercicio 2024 se cerró con una deuda de 800 millones de euros pendientes de abonar”.
“Eso no es un retraso puntual: es un problema estructural, derivado de la falta de presupuestos y cada demora del Gobierno tiene un impacto directo en la vida de la gente”, remarca, tras lo que evidencia que esta situación afecta tanto a Baleares, como a Canarias, donde el avión es imprescindible para cualquier desplazamiento; y a Ceuta y Melilla, que dependen totalmente del transporte aéreo o marítimo.
Tras escuchar la respuesta de Puente, se dirige al ministro y asegura que “no basta con declaraciones en tono tranquilizador”, porque si hablamos de retrasos millonarios, de expedientes bloqueados y de aerolíneas planteándose reclamar intereses de demora, “es por una razón muy simple: el Gobierno no está pagando porque no tiene Presupuestos, y esa realidad no la pueden disfrazar”.
“Cuando un Gobierno decide prorrogar Presupuestos indefinidamente, cuando es incapaz de aprobar unas nuevas cuentas para responder a las necesidades actuales, lo que ocurre es que se paralizan pagos, se retrasan reembolsos y se tensiona un sistema esencial para millones de personas que dependen del transporte aéreo”, termina.
Raquel González: «No permitiremos que el PSOE condene a muerte el ferrocarril de Miranda de Ebro».
La senadora del PP por Burgos, Raquel González, acusa al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de “aplicar el patrón de abandono del Gobierno de Sánchez a la España de interior con el desmantelamiento y cierre del Taller de Material de Remolcado de Renfe en Miranda de Ebro”.
En estos términos se expresa la dirigente popular en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, tras preguntar a Óscar Puente si efectivamente va a cerrar la instalación de Renfe en la ciudad burgalesa el 30 de junio de 2026.
“La última víctima de Sánchez es el ferrocarril de mercancías, un sector estratégico al que su Ministerio va a asestar el golpe definitivo”, según denuncia la senadora por Burgos.
Advierte que la representación sindical describe “una situación devastadora: un cierre sin justificación técnica, económica ni social, trabajadores ninguneados y con una comunicación extraoficial, que marca la desescalada desde el 1 de enero, hasta su cierre total”.
“Los trabajadores, familias y mirandeses hablaron alto y claro el pasado miércoles y lo denunciaron en la calle. Desde el PP también lo hacemos: no vamos a permitir que el PSOE condene a muerte el ferrocarril de Miranda de Ebro, como ya ha hecho con otras ciudades”, interpela la senadora al ministro Puente.
La dirigente popular muestra su indignación ante “la intención de cerrar el taller de forma directa o encubierta” y recalca que “en Miranda, en Burgos y en Castilla y León estamos hartos de sus abandonos, de sus mentiras y sus desprecios”.
MENOS EMPLEO Y PÉRDIDA DEL VALOR ESTRATÉGICO
En palabras de la senadora Raquel González, el ministro Puente será el responsable de las consecuencias de este cierre y destaca en primer lugar la destrucción de empleo, la reducción de la actividad industrial, y la pérdida del valor estratégico de la zona.
Recalca que el Gobierno lleva tiempo anticipando este cierre: “Cada año menos trabajadores, inversiones mínimas en los talleres y una nave incendiada en 2024 y sin reparar”.
Recalca que, de los más de 600 trabajadores de Renfe Mercancías, hoy apenas quedan 70 y 36 resultarán afectados: “Esta es su política: deslocalizar, despoblar y empobrecer”, afirma.
Acusa al ministro de “vender humo, como cada vez que hablan del Centro de Competencias Digitales”.
“Hoy lo niega, pero si no lo impedimos, en junio habrá ejecutado su plan, cerrado el taller y tirado la llave al río Ebro y dejando a Miranda sin posibilidad de recuperación”, alerta la senadora del PP
En palabras de Raquel González “esto no es una casualidad, sino un plan preconcebido para dejar morir el ferrocarril como servicio público esencial”.
La senadora por Burgos aporta los datos que avalan su afirmación: “Renfe Mercancías ha perdido más de un 35% del volumen transportado en 2025, mientras España es el furgón de cola de Europa en transporte ferroviario y hoy nos hemos enterado de un acuerdo con MSC para que haga el trabajo de remolcado”.
Francisco Bernabé: «Un ministro que anuncia que no cumplirá la ley no está en democracia, está en otra cosa».
El senador del PP por Murcia, Francisco Bernabé, denuncia la intención del ministro Óscar Puente de que Renfe no cumpla con la obligación de devolver el importe del billete cuando acumule retrasos, tal y como recoge la enmienda del PP introducida en la Ley de Movilidad Sostenible: “Llegó al Ministerio cual caballo de Atila y, por donde pasa, ya nunca crece la hierba”, afirma en la sesión de control al Gobierno.
El dirigente popular muestra su indignación por las declaraciones del ministro de Transportes al respecto y le exige que explique si hará que su Ministerio cumpla o no con la disposición impulsada por el PP en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, ratificada por el Congreso e incorporada al texto definitivo.
“¿Qué significa eso de que no va a cumplir con la Ley? Ya sabemos la empatía socialista con la corrupción, pero eso que dice es lo que hacen los delincuentes, ¿De verdad se va a poner en rebeldía legal?”, pregunta el senador del PP al ministro.
Bernabé, que fue ponente de las enmiendas del GPP en dicha Ley, advierte que lo que Puente califica como “una disposición inconstitucional” ha estado en vigor desde 1992, cuando empezó a funcionar el primer AVE, “y ha sido aplicada sin problema por todos los gobiernos, del PP y del PSOE”.
“Durante más de tres décadas tuvimos en España un AVE ejemplar, hasta que llegó usted”, afea a Puente e incide en que “hasta con su antecesor Ábalos, más interesado en prostitutas y mordidas, funcionaba mejor”.
Recalca que las indemnizaciones son de la mitad del precio del billete, si el retraso es superior a 15 minutos y del 100%, cuando supera la media hora, y Puente, “como buen progresista, pretende perjudicar al usuario, elevándolo hasta la media hora y hora y media, respectivamente”.
RESPONSABLE DEL TERCERMUNDISTA CAOS FERROVIARIO
El senador del PP por Murcia acorrala al ministro de Transportes por “el tercermundista caos ferroviario que nos ha avergonzado ante el mundo entero” los dos últimos veranos.
Se refiere a los episodios del verano de 2024, “con cientos de miles de viajeros tirados sin información, ni ayuda en vías, andenes, trenes y estaciones y usted tomándoselo a pitorreo, diciendo que ‘el tren vivía el mejor momento de su historia”.
Recalca que “este pasado verano, tras meses de grotescos meses de trenes averiados y pasajeros desesperados, dijo que ‘ajo y agua’, que todavía vamos a tener dos o tres años por delante de sufrir este esperpento”.
Ante esto, Francisco Bernabé advierte que Sánchez y sus ministros “ya gobiernan sin Parlamento y sin Presupuestos; su misma vicepresidenta Yolanda Díaz llamaba la semana pasada a los ciudadanos a tomar las calles contra el Poder Judicial; y usted da un salto sin paragón contra el Poder Legislativo, afirmando que no va a acatar las leyes”.
“Esto no pasa en las democracias y es un camino muy peligroso el que han emprendido en esta deriva final de sanchismo”, apostilla el dirigente popular.
“Tenga cuidado ministro, ojalá que, por su culpa, no tengamos que lamentar ninguna desgracia, porque cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”, concluye Bernabé, parafraseando al científico y escritor alemán Georg Christoph Litchtenberg.
Luis Santamaría: «Reformas sin presupuesto, anuncios sin contenido y una Justicia sin rumbo».
El senador por Valencia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Luis Santamaría, critica que el programa para la Justicia del ministro Bolaños se resume en “reformas sin dinero y carcajadas, porque a usted nadie le toma en serio”.
El dirigente popular se lo traslada al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tras preguntarle en qué medida afecta a la gestión del Gobierno los problemas judiciales que asedian al presidente, Pedro Sánchez.
El senador valenciano reprocha a Bolaños su gestión, ya que durante los últimos meses “ha venido presumiendo de una reforma de la Administración de Justicia que tiene que ver con las tres leyes de eficiencia, que ya anunció Dolores Delgado en el 2017, y que, sin embargo, usted ha sido incapaz de aprobar”.
Alude a las palabras de Bolaños, quien la semana pasada dijo que “este Gobierno, gobierna”, por lo que se interesa “si lo hace desde Ferraz o desde Soto del Real, porque no vemos política penitenciaria más allá de la amistad Sánchez-Otegui”.
Sobre la corrupción en la que están inmersos, subraya que el Gobierno y el PSOE van “a remolque” de la Comisión de Investigación propuesta por el Grupo Popular en el Senado.
En este punto, Santamaría ironiza cuando Bolaños dice que “tolerancia cero con la corrupción”, al tiempo que asegura que “no pueden sacar pecho” sobre estos temas.
ATAQUES A JUECES Y FISCALES
“No vemos más política fiscal que la de permitir al hermanísimo residir en Portugal para no pagar impuestos. No vemos política de universidades al margen de la catedrática Begoña. No vemos política de inmigración más allá de utilizar a los inmigrantes para financiar las primarias de Sánchez”, enfatiza.
Entre otras cuestiones, el dirigente popular pregunta a Bolaños si “hay política de Justicia que vaya más allá de sus constantes ataques a jueces y fiscales” o si “hay lucha contra el fraude más allá de las bolsas con dinero llevadas a Ferraz y de los sobres con dinero negro del PSOE”.
Fernando Gutiérrez: «El Gobierno abandona a quienes defienden España mientras presume de cifras que no llegan a los cuarteles».
El portavoz de Defensa del GPP, Fernando Gutiérrez, denuncia que la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) repercute “en la escasa o nula mejora de las condiciones laborales de los profesionales de las Fuerzas Armadas”.
Gutiérrez recalca que una de las “principales reivindicaciones” de los profesionales de las Fuerzas Armadas, manifestada por las Asociaciones Profesionales, “es la de promover una revisión al alza de las retribuciones asignadas a este personal, como consecuencia de la considerable pérdida de su poder adquisitivo”.
El senador por Melilla se pronuncia así, tras preguntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Pleno del Senado, “en qué se ha materializado el 35% -porcentaje que dedicaría este año- del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, por un importe de 10.471 millones de euros, anunciado por el presidente del Gobierno el pasado mes de abril para la mejora de las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas”.
El senador del PP pone de manifiesto que “los modestos incrementos y las eventuales asignaciones de incentivos puntuales”, no consiguen compensar el alza de los precios en todos los ámbitos “ni proyectar una imagen a la sociedad que haga atractiva la profesión militar”.
Fernando Gutiérrez alerta de que los efectivos de la Fuerzas Armadas descendieron el pasado año a “su nivel más bajo de los últimos 20 años, posicionándose en 116.410 efectivos”. “Se trata de dignificar la profesión”, apostilla.
Denuncia que España es, desde hace tres años, “un país sin Presupuestos Generales del Estado, lo cual anula la transparencia en la gestión de los fondos públicos e impide a la oposición posicionarse al respecto y plantear sus percepciones al Gobierno”.
Recuerda que, en los últimos presupuestos, los de 2022, el GPP votó a favor de la Sección 14, la de Defensa, por “reconocer como necesario el incremento presupuestario experimentado con respecto al año anterior”; pero manifestó su “posición contraria a la distribución de los recursos”, por considerarlos “desequilibrados” en favor de las adquisiciones de material y “perjudiciales en lo relativo a los recursos humanos en términos de retribuciones, preparación y adiestramiento”.
Avisa de que, lo que se conoce del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa “no invita al optimismo”, ya que, el Gobierno ha hecho públicas las adjudicaciones, de las que, de los 13.000 millones de euros, siete mil son en préstamos y seis mil en adjudicaciones de contratos para armamento y material, “con escasa o nula repercusión en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales y de su preparación”.
Fernando Gutiérrez remarca que la Defensa “no descansa exclusivamente en los proyectos industriales y el desarrollo de importantes programas, absolutamente esenciales por otra parte”.
“La falta de satisfacción de las necesidades básicas de los profesionales conduce a la falta de motivación y al descenso del interés de nuestros jóvenes por las Fuerzas Armadas, con el negativo impacto que ello conlleva para el necesario incremento de efectivos que debemos, ineludiblemente, abordar”, termina el senador del PP.