Actualidad Política

30 de septiembre de 2026

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El senador del Grupo Parlamentario Popular por Baleares, Miquel Jerez, ha exigido explicaciones técnicas y políticas al Gobierno tras la brutal agresión sufrida el pasado 15 de febrero en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) por una mujer que contaba con una orden judicial de protección en vigor.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Jerez ha preguntado directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, si mantiene que el sistema telemático de protección funcionó correctamente el día de los hechos. El dirigente popular ha subrayado que la víctima confiaba en que el dispositivo no fallaría, pero “aquella mañana el tiempo jugó a favor del agresor y el sistema se convirtió en una trampa”.

El senador ha recordado que, tras la agresión, el Ministerio defendió que el sistema funcionó conforme al protocolo. Sin embargo, según ha señalado, tanto la familia de la víctima como el atestado policial y fuentes judiciales apuntan a posibles irregularidades. “No puede haber tres verdades distintas sobre un mismo hecho. O la pulsera funcionó o no funcionó. Esa es la cuestión que la ministra debe aclarar con absoluta transparencia”, ha afirmado.

Jerez ha explicado que hace meses ya se conocieron incidencias técnicas que dejaron a mujeres expuestas a la acción de sus agresores, ante lo cual el Ministerio aseguró que se trataba de fallos puntuales ya corregidos. “Después de lo ocurrido en Ibiza, esa afirmación ya no puede darse por buena”, ha advertido.

El senador balear ha planteado que solo caben dos posibilidades: que los problemas se corrigieran realmente o que el sistema siga presentando fallos estructurales que comprometen la seguridad de las víctimas. “Si se corrigieron, el sistema no podía fallar en el momento más decisivo. Y, al parecer, falló. Y si no se corrigieron, seguimos teniendo un fallo susceptible de mantener a mujeres desprotegidas”, ha manifestado.

Asimismo, Jerez ha recordado que la ministra ya fue reprobada en el Senado por la gestión de las pulseras antimaltrato y ha cuestionado su continuidad al frente del departamento. “La protección de las mujeres exige responsabilidad, transparencia y garantías técnicas. Lo que está en juego es la seguridad de las víctimas”, ha concluido.

La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Marimar Blanco, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “retorcer la Ley para conceder impunidad a terroristas”, asegurando que el Gobierno ha descendido a lo que ha calificado como “un sótano moral” en su política penitenciaria.

Durante su intervención, Blanco ha preguntado al titular de Interior si considera que las víctimas del terrorismo se sienten hoy más respetadas por el Ejecutivo. A su juicio, “el Gobierno ya no engaña a nadie” y ha demostrado con hechos que no ha mostrado el más mínimo respeto hacia las víctimas.

La dirigente popular ha criticado la situación de determinados presos de ETA, citando el caso de ‘Gadafi’, condenado por 20 asesinatos, que actualmente disfruta de un régimen de semilibertad, y el de ‘Txeroki’, condenado a 400 años, que también ha accedido a beneficios penitenciarios sin mostrar arrepentimiento.

Blanco ha denunciado que la política penitenciaria del Ejecutivo responde a un acuerdo político con EH Bildu, afirmando que “Bildu ordena, el PSOE ejecuta y el PNV acata”, en referencia a la gestión de los acercamientos y progresiones de grado de presos de ETA.

Asimismo, ha cuestionado el papel del Gobierno en relación con el caso de ‘Txapote’, señalando que, incluso cuando el propio preso ha rechazado determinados beneficios, la Administración ha insistido en su concesión.

La senadora también ha reprochado las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, donde, según ha indicado, elogió a los herederos de ETA delante de una víctima del terrorismo, María Caballero. En su opinión, el Ejecutivo debería haber pedido disculpas públicamente.

Blanco ha calificado la actual política penitenciaria como “una amnistía encubierta” y ha advertido de que las asociaciones de víctimas han mostrado su preocupación por lo que consideran una cesión política. “Cuando los verdugos celebran, algo profundamente inmoral está ocurriendo”, ha concluido.

El portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senador por Almería, Miguel Ángel Castellón, ha acusado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de haber sumido la planificación y gestión energética del país “en el más absoluto caos”.

Durante una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno, Castellón ha denunciado que el Ejecutivo “tiene la tentación de pactar las inversiones en función de las necesidades de los apoyos parlamentarios”, en lugar de priorizar criterios técnicos y estratégicos.

Red eléctrica saturada y provincias colapsadas

El senador popular ha advertido de que la red de transporte eléctrico —“las autopistas de la electricidad”, dependientes del Gobierno— está saturada al 75%, mientras que las redes de distribución, que abastecen a industrias y nuevas viviendas, alcanzan un 83,4% de ocupación.

Castellón ha mostrado un mapa de España “plagado de puntos rojos”, en referencia a las 36 provincias con nudos de distribución colapsados donde no se conceden nuevas conexiones eléctricas. “La saturación está expulsando industrias a otros países y paralizando nuevos crecimientos”, ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el reciente apagón evidenció “las vergüenzas” del sistema energético español a nivel internacional, con un alto coste reputacional y para la llegada de nuevas inversiones.

Andalucía, “territorio maltratado”

El senador por Almería ha puesto el foco en Andalucía, donde —según ha denunciado— el 70% de los 8.200 millones de euros previstos para el periodo 2021-2026 siguen sin ejecutarse.

Castellón ha criticado que la comunidad disponga de un 40% menos de red eléctrica que la media nacional, pese a producir el 20% de la energía renovable de España. “No se conceden nuevas conexiones y el desarrollo económico puede verse estrangulado”, ha advertido.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha presentado 102 alegaciones al planteamiento del Ministerio.

Finalmente, el portavoz popular ha afirmado que “los andaluces no van a permitir que se mercadee con el desarrollo industrial y el futuro de miles de empleos a cambio de apoyos parlamentarios para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha exigido este martes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le ha preguntado directamente si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero va a imponer también al nuevo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Durante su intervención, García ha recordado que el anterior DAO “lo colocó por orden” del ex presidente del Gobierno y ha cuestionado si Marlaska permitirá que “el presidente en la sombra” vuelva a influir en el nombramiento. “¿Qué más tiene que pasar para que usted dimita?”, ha interpelado la portavoz popular.

El escándalo del DAO y la Comisión Koldo

García ha subrayado que el escándalo del DAO “golpea directamente a la cúpula diseñada por Marlaska”, recordando que fue ascendido y presentado como ejemplo de profesionalidad. Asimismo, ha vinculado la polémica con la reciente comparecencia de Zapatero en la Comisión Koldo-PSOE, donde, según ha señalado, reconoció haber cobrado por asesorías. “Hoy este escándalo llega a la Audiencia Nacional”, ha añadido.

La dirigente popular ha preguntado al ministro “con qué autoridad moral” el Gobierno pretende encabezar la manifestación del 8-M ante la sucesión de controversias que afectan al Ejecutivo.

“Escándalo tras escándalo”

La portavoz del PP ha acusado a Marlaska de “encadenar escándalo tras escándalo”, enumerando episodios como el cese del coronel Pérez de los Cobos, la devolución de menores en Ceuta, los fallecidos en la valla de Melilla, el asesinato de dos guardias civiles en Barbate o la situación en extranjería.

Además, ha reprochado al ministro haber negado su relación con Koldo, asegurando que “las imágenes le desmienten”. “En democracia los escándalos se pagan, aunque en el Gobierno de Sánchez se tapan”, ha afirmado.

Por último, García ha concluido señalando que “no es una cuestión de aguantar, es una cuestión de saber irse”, reclamando la dimisión inmediata del titular de Interior.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Murcia, Antonio Luengo Zapata, ha reprochado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Ejecutivo no esté invirtiendo en infraestructuras hídricas y energéticas en España mientras sí destina recursos a proyectos en Marruecos.

Durante la sesión de control celebrada en el Senado, Luengo ha cuestionado esta política: “Lo que no es normal es que sin tener resueltos los problemas de los españoles inviertan en infraestructuras en Marruecos. ¿Esto es una broma?”, ha preguntado a la ministra.

El senador popular ha afirmado que el Gobierno “tiene hecho un caos el sistema energético español”, señalando que los problemas recientes han tenido consecuencias económicas para los ciudadanos. Asimismo, ha criticado lo que ha calificado como “sectarismo hídrico” y ha asegurado que el Ejecutivo “no ha ejecutado ninguna obra hidráulica”, denunciando una “irresponsable dejadez” en el mantenimiento de presas y embalses.

Inversiones en Marruecos y cambio de postura sobre el Sáhara

Luengo ha preguntado al Gobierno por los motivos que han llevado al presidente Pedro Sánchez a invertir en infraestructuras hidráulicas, energéticas y ferroviarias en Marruecos mientras, según ha señalado, en España no se ejecutan proyectos similares.

Asimismo, ha afeado el cambio de postura del Ejecutivo respecto al Sáhara, afirmando que se ha “roto el consenso existente hasta la fecha”, y ha criticado que se favorezca la entrada de productos agrícolas de Marruecos sin exigir las mismas condiciones que a los agricultores españoles.

El senador murciano ha remarcado que “los españoles no merecen pagar las consecuencias de una mala gestión” y ha insistido en que el Gobierno debería priorizar las necesidades internas antes de destinar recursos fuera del país.

Finalmente, Luengo ha concluido señalando que España necesita “infraestructuras hídricas y energéticas seguras, planificación y transparencia”, y ha reclamado al Ejecutivo que centre sus esfuerzos en resolver los problemas estructurales que afectan a los ciudadanos.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, ha denunciado que “los indicios expuestos apuntan claramente a que José Luis Rodríguez Zapatero tenía una sociedad instrumental para cobrar parte del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas”.

Martínez-Maíllo ha censurado que el expresidente haya optado por “hacerse un Sánchez”, limitándose a responder que “todo es falso” ante preguntas concretas relacionadas con el rescate de la aerolínea y sus vínculos con Venezuela.


Indicios de sociedad pantalla

El senador popular ha señalado que Zapatero se negó a facilitar información sobre los informes que elaboraba, sus comunicaciones con el empresario Julio Martínez —‘Julito’— o su relación con el régimen de Nicolás Maduro. “Si no tuviera nada que ocultar, lo habría presentado”, ha afirmado.

Según Martínez-Maíllo, el expresidente cumple con varios de los indicadores que la OCDE asocia a sociedades pantalla: facturas infladas, ausencia de empleados, informes de escaso contenido y una estructura societaria sin actividad financiera relevante. “Las fechas y cantidades coinciden con el rescate de Plus Ultra”, ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que el patrimonio de Zapatero habría experimentado un importante incremento en los últimos años, con más de seis millones de euros en transacciones inmobiliarias.


Informes bajo sospecha

El dirigente popular ha cuestionado el contenido de los informes atribuidos a Zapatero, señalando que algunos extractos publicados muestran textos que podrían ser “compilaciones de corta y pega de recomendaciones de la OMS”, pese a que, según las informaciones conocidas, se habrían abonado cantidades elevadas por dichos trabajos.

“Si no hay nada que ocultar, que presente los informes completos”, ha reclamado Martínez-Maíllo, quien ha insistido en que “está en juego si se cobró dinero público de todos los españoles”.


Exigencia de transparencia

El senador del PP también ha preguntado al expresidente si se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos para abordar el rescate de Plus Ultra, cuestión que Zapatero negó, pese a que distintas informaciones periodísticas apuntan a presiones en ese sentido.

Martínez-Maíllo ha concluido afirmando que “la suma de casualidades lleva a pensar que estamos ante una sociedad instrumental” y ha reiterado que el Partido Popular seguirá exigiendo transparencia total. “Si no hay nada que ocultar, que lo demuestre. Y si lo hay, los españoles tienen derecho a saberlo”, ha zanjado.

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que inició su labor en Venezuela a petición de la oposición con el objetivo de mediar en un país que atravesaba un fuerte conflicto político.

Según explicó, su mediación se desarrolló con mayor intensidad entre 2016 y 2019. Durante ese período realizó 58 viajes relacionados con el diálogo venezolano: 48 a Caracas y 14 a República Dominicana, donde en 2017 se llevaron a cabo negociaciones con el acompañamiento de Unasur y de los expresidentes Martín Torrijos y Ernesto Samper.

Además, señaló que también viajó a Washington en el marco de la OEA, así como a Roma y Bogotá por asuntos vinculados a Venezuela. Indicó que aproximadamente el 80% de esos desplazamientos se concentraron hasta 2019-2020, y que desde entonces ha viajado una o dos veces al año, principalmente en el contexto de procesos electorales.

Zapatero subrayó que una de sus principales tareas durante estos años ha sido la liberación de presos en Venezuela. Aseguró haber participado, directa o indirectamente, en la liberación de centenares de personas privadas de libertad, afirmando contar con testimonios que respaldan esa labor.

La mediación del expresidente español ha sido objeto de debate político tanto dentro como fuera de Venezuela, en un contexto marcado por la polarización y las tensiones institucionales.

El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno el refuerzo inmediato de los medios humanos y materiales en la frontera de Ceuta a través de una moción aprobada en la Comisión de Interior del Senado, pese al voto en contra del PSOE. La iniciativa fue defendida por la senadora del PP por Ceuta, Cristina Díaz.

Durante su intervención, Díaz ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “conocen perfectamente la realidad estructural y sostenida que está desgastando a la ciudad y, sobre todo, a quienes la protegen cada día: Guardia Civil y Policía Nacional”.

La senadora ha advertido de que “los agentes están al límite física y mentalmente” y ha señalado que quienes prestan servicio en el Tarajal, Benzú y el perímetro fronterizo aseguran que “jamás habían vivido una presión tan constante y prolongada”.

Aumento de entradas y presión permanente

Cristina Díaz ha alertado de un incremento del 40% en las entradas irregulares en tasa interanual de 2024 a 2025, así como de un aumento del 600% en los primeros 45 días del año, con 962 entradas irregulares —168 de ellas menores— según datos oficiales del Ministerio del Interior.

No obstante, ha subrayado que estas cifras no reflejan “toda la presión diaria”, con hasta 200 intentos de entrada cada jornada, tanto por vía terrestre como marítima, que los agentes frenan “con medios insuficientes y en una tensión permanente e insostenible”.

Asimismo, ha lamentado la “cifra insoportable de víctimas mortales”, con 48 cadáveres aparecidos en la costa ceutí, y ha alertado sobre el fenómeno de los denominados “nadadores”, que en muchos casos supone “una tragedia anunciada”.

Falta de medios e infraestructuras deterioradas

La senadora ha denunciado la falta de efectivos para cubrir las 24 horas la combinación de valla y litoral, así como la carencia de vehículos, cámaras térmicas, drones y equipos de rescate marítimo. También ha advertido del grave deterioro del vallado fronterizo y de la necesidad urgente de rehabilitar y ampliar los espigones de Benzú y Tarajal.

“Ceuta no es una abstracción. Es una ciudad acogedora y ejemplo de convivencia, pero soporta una presión que no tiene comparación”, ha afirmado Díaz, quien ha reclamado que el Estado trate a Ceuta como lo que es: “la frontera sur de España y de Europa en África”.

Medidas concretas propuestas por el PP

La moción del GPP insta al Gobierno a:

  • Establecer un plan de refuerzo permanente en la frontera de Ceuta, con incremento estacional de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional.
  • Dotar de medios materiales suficientes y actualizados para garantizar la vigilancia terrestre y marítima.
  • Impulsar la cooperación con Marruecos y la Unión Europea en prevención y respuesta ante flujos migratorios irregulares.
  • Presentar en un plazo máximo de tres meses un informe detallado ante la Comisión de Interior del Senado sobre las medidas adoptadas.
  • Rehabilitar y ampliar los espigones de Benzú y Tarajal y reforzar el vallado perimetral con criterios de seguridad y prevención humanitaria.

El Partido Popular reitera su compromiso con la seguridad de Ceuta, el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la defensa eficaz de la frontera sur de España y de Europa.

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