Luis Mariano Camacho: «Jaén no es menos que nadie y necesita conexiones dignas»
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha anunciado una moción para el próximo pleno provincial con la que reclama al Gobierno de España medidas frente a la interrupción de los servicios ferroviarios y actuaciones para mejorar las conexiones de Jaén.
“Clama al cielo el apagón ferroviario total que sufre la provincia; los jiennenses no somos menos que nadie y necesitamos conexiones dignas”, ha afirmado Camacho.
La iniciativa se debatirá en el pleno provincial previsto para el 29 de septiembre.
Las obras de la Autopista Ferroviaria
La interrupción se produce por las obras de adaptación de la línea para los futuros servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Madrid-Zaragoza.
Camacho cuestiona que los trabajos se ejecuten mediante una interrupción que obliga a sustituir parte de los trayectos ferroviarios por carretera y sostiene que existían alternativas para desarrollar las actuaciones por fases.
El portavoz popular también advierte de las consecuencias que la situación tiene para viajeros y para el transporte de mercancías.
Una moción con medidas concretas
La iniciativa del PP reclama aprovechar el periodo de obras para modernizar la infraestructura ferroviaria de la provincia y mejorar las prestaciones futuras.
Entre las propuestas planteadas figuran la renovación de los trenes, el aumento de frecuencias, la reducción de los tiempos de viaje y actuaciones sobre la línea Alcázar de San Juan-Jaén.
El PP provincial también propone impulsar el trazado Mora-Alcázar de San Juan-Linares y avanzar en las conexiones de Jaén con Madrid, Sevilla, Granada y Almería.
Camacho recuerda los compromisos de Transportes
Camacho ha recordado la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la Diputación de Jaén y sostiene que las mejoras anunciadas entonces no han resuelto los problemas que denuncia actualmente el PP.
El Gobierno y Adif, por su parte, mantienen actuaciones ferroviarias en la provincia y en los corredores que la atraviesan, incluidas inversiones vinculadas a la Autopista Ferroviaria.
El portavoz popular reclama que esas inversiones se traduzcan también en una mejora efectiva de los servicios de viajeros y de la conectividad de la provincia.
Impacto económico y territorial
Camacho ha puesto igualmente el foco en las consecuencias del corte para el tejido empresarial y el transporte ferroviario de mercancías.
El dirigente popular sostiene que la modernización ferroviaria debe servir no solo para adaptar el corredor logístico Algeciras-Zaragoza, sino también para reducir el aislamiento que atribuye a Jaén y mejorar las conexiones de sus municipios.
“Jaén no es menos que nadie y necesita conexiones dignas”, ha concluido.
Antonio Fernández exige activar las medidas de Jerez como Ciudad Antibullying aprobadas en 2023.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Fernández, llevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para reclamar que se pongan en marcha de forma efectiva las medidas asociadas a la declaración de Jerez como Ciudad Antibullying, aprobada por el Pleno en noviembre de 2023 a propuesta de su formación.
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Fernández pide al Gobierno municipal del PP que detalle qué actuaciones se han desarrollado durante estos tres años y cuáles se pondrán en marcha durante el presente curso.
«No sirve de nada tener un título si no protegemos a nuestros niños», sostiene el portavoz, que reclama pasar de las declaraciones institucionales a medidas concretas de prevención, detección y acompañamiento frente al acoso escolar.
Jerez aprobó en 2023 convertirse en Ciudad Antibullying
La iniciativa tiene su origen en el Pleno del 24 de noviembre de 2023. VOX presentó entonces por la vía de urgencia una propuesta para declarar Jerez Ciudad Antibullying, después de que no fuera posible sacar adelante previamente una declaración institucional.
La propuesta fue aprobada por mayoría y contó también con la colaboración del Partido Popular. La Confluencia votó en contra.
El acuerdo contemplaba actuaciones como la creación de un equipo de trabajo con participación de servicios sociales, educación y seguridad municipal, formación para familias y profesionales, campañas permanentes de concienciación, atención a las familias afectadas y protocolos para responder ante situaciones de acoso.
«En 2023 aprobamos que Jerez fuera oficialmente Ciudad Antibullying. Se habló de formación para padres y profesores, campañas de prevención, un grupo de trabajo y protocolos de actuación para los colegios de Jerez. Tres años después, queremos saber qué se ha hecho y, sobre todo, qué se va a hacer este curso», afirma Fernández.
VOX pide prevención, formación y seguimiento de los casos
La nueva iniciativa plantea reforzar las campañas municipales de prevención y sensibilización, crear un grupo de trabajo para realizar un seguimiento de las actuaciones, impulsar formación dirigida a las familias y a profesionales de la comunidad educativa y mejorar la coordinación ante casos de acoso y ciberacoso.
Fernández defiende que las familias deben disponer de canales claros a los que acudir cuando detecten que un menor puede estar sufriendo una situación de este tipo.
«Un niño tiene que ir al colegio a aprender, a hacer amigos y a crecer. No a tener miedo. Y cuando un padre o una madre detecta que algo no va bien, tiene que saber a quién acudir y tener la seguridad de que alguien va a actuar», señala.
Para VOX, la respuesta no debe llegar únicamente cuando un caso adquiere repercusión pública, sino que debe existir un sistema estable de prevención, detección temprana y acompañamiento.
El 14,1% del alumnado afirma conocer situaciones de acoso o ciberacoso
La reclamación coincide con la publicación del VIII Informe «La opinión de los/as estudiantes», elaborado por Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña.
El estudio, realizado a partir de una muestra de 9.127 alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, señala que el 14,1% del alumnado afirma que él mismo o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar, ciberbullying o ambas formas de violencia. El porcentaje era del 12,3% el curso anterior.
Además, el 27,6% de las situaciones de acoso presencial conocidas por los alumnos se prolonga durante más de un año. En el ciberacoso, ese porcentaje alcanza el 22,8%.
El informe también detecta un incremento del uso de la inteligencia artificial en el ciberbullying: el 23,5% de las agresiones digitales analizadas utilizó IA para manipular imágenes de la víctima.
«Antes el acoso podía terminar cuando el niño salía del colegio. Hoy puede seguir en el móvil durante todo el día. Y ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial abre nuevas formas de humillación y violencia», advierte Fernández.
Un Plan Nacional contra el acoso escolar pendiente de desarrollo
VOX reclama asimismo implicación del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía.
La Comisión de Educación del Congreso aprobó el pasado 20 de mayo una proposición no de ley que insta al Gobierno a impulsar, junto a las comunidades autónomas, un Plan Nacional contra el acoso escolar, con criterios comunes de prevención, detección temprana, intervención y seguimiento, además de financiación específica y medidas frente al ciberacoso y las nuevas amenazas vinculadas a la inteligencia artificial. La iniciativa original había sido presentada por el Grupo Parlamentario VOX y fue aprobada con modificaciones.
Por su parte, el Ministerio de Educación publicó en agosto una guía para diseñar protocolos contra el acoso escolar y el ciberacoso. El documento establece indicadores de alerta temprana, canales seguros de comunicación y una hoja de ruta para la intervención en los centros, y pretende servir de referencia común para las comunidades autónomas.
Fernández reclama que esas medidas se traduzcan en recursos suficientes y pide también a la Junta de Andalucía reforzar los programas de prevención temprana y la formación de la comunidad educativa.
«Que la víctima no sea quien tenga que cambiar su vida»
El portavoz municipal insiste en que el objetivo de la iniciativa es recuperar el contenido efectivo del compromiso adquirido por Jerez en 2023 y comprobar su grado real de desarrollo.
«Lo que queremos es muy sencillo: que ningún padre de Jerez tenga que preguntarse qué hacer si su hijo está sufriendo acoso. Que haya prevención, que se detecte a tiempo y que se proteja al que lo está sufriendo», afirma.
Fernández concluye reclamando que las actuaciones prioricen la protección del menor afectado: «No puede ser que la víctima sea quien tenga que marcharse o cambiar su vida para solucionar el problema».
Manuel Vela alerta de posibles incumplimientos técnicos en la nueva piscina cubierta de Chiclana.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuel Vela, ha cuestionado el proyecto de la nueva piscina cubierta de La Longuera al considerar que presenta deficiencias técnicas que podrían obligar a modificarlo antes de su ejecución. La formación señala aspectos relacionados con la ventilación y la aportación de energías renovables y reclama al Gobierno municipal que aclare estas cuestiones antes de adjudicar las obras.
Las críticas de VOX se producen coincidiendo con la presentación pública del proyecto por parte del alcalde, José María Román. El Ayuntamiento ha informado de que seis empresas se han presentado al procedimiento de licitación, cuyo presupuesto base asciende a 6.414.403,58 euros, y que las ofertas se encuentran actualmente en estudio.
«Queremos la piscina para Chiclana, pero no a cualquier precio», ha señalado Vela, que exige solucionar cualquier posible deficiencia sin que suponga un coste adicional para los vecinos.
Vela cuestiona la ventilación prevista para la piscina
Una de las principales objeciones planteadas por VOX se refiere al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Según los cálculos expuestos por Vela, el proyecto contempla un caudal de ventilación exterior de 2.131 metros cúbicos por hora, mientras que la formación sostiene que, atendiendo a las características de la instalación, deberían alcanzarse 8.609 metros cúbicos por hora. Estas cifras concretas proceden del análisis realizado por VOX y no han podido ser contrastadas en la documentación pública localizada del proyecto.
El portavoz considera que la diferencia no podría solventarse mediante una corrección menor, ya que, según su planteamiento, aumentar ese caudal obligaría a revisar equipos de tratamiento de aire, conductos, difusión y cálculos energéticos.
«Multiplicar por cuatro el aire exterior obliga a rehacer la unidad de tratamiento, los conductos, la difusión y toda la justificación energética», afirma Vela.
El Código Técnico exige un 70% de contribución renovable
VOX señala también un posible incumplimiento del Documento Básico HE del Código Técnico de la Edificación en relación con la climatización de la piscina.
En este punto, la normativa sí establece que la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables debe cubrir al menos el 70% de la demanda energética anual de climatización de una piscina cubierta.
Vela asegura que los cálculos incluidos en el proyecto sitúan la aportación de la bomba de calor seleccionada en el 69,42%, ligeramente por debajo de ese umbral. El porcentaje concreto citado corresponde a la revisión realizada por VOX y también ha sido recogido por la prensa local.
El RITE remite igualmente a las exigencias de contribución renovable establecidas en la sección HE4 del Código Técnico para la climatización de piscinas cubiertas.
VOX añade otras objeciones relacionadas con el análisis de alternativas de alta eficiencia y la documentación necesaria para la certificación energética, cuestiones sobre las que reclama explicaciones técnicas al Ejecutivo municipal.
Un proyecto de 6,4 millones cofinanciado con fondos FEDER
La nueva piscina forma parte del Plan de Actuación Integrado de Chiclana y está cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, además de recursos propios municipales. El expediente de licitación fue aprobado en agosto y establece un plazo máximo de ejecución de 24 meses una vez adjudicadas las obras.
El Ayuntamiento proyecta una instalación con un vaso principal de 25 por 16,5 metros, otro destinado a enseñanza, vestuarios, graderío, dependencias auxiliares y marquesinas fotovoltaicas para autoconsumo. El Gobierno municipal sostiene además que el diseño se ha elaborado con participación de técnicos municipales y representantes del ámbito deportivo.
El Consistorio presenta la actuación como una de las principales inversiones deportivas previstas dentro del PAI y defiende que permitirá disponer de una segunda piscina municipal cubierta.
VOX advierte sobre una eventual devolución de fondos
Vela considera que, si las deficiencias que denuncia obligaran a modificar sustancialmente el proyecto o afectaran al cumplimiento de las condiciones de financiación, podrían existir consecuencias sobre los fondos europeos.
La posibilidad de una devolución es, por ahora, una advertencia formulada por VOX. No consta en las fuentes consultadas que la administración financiadora haya iniciado un procedimiento para reclamar fondos ni que exista una resolución administrativa que determine que el proyecto incumple las condiciones de la ayuda.
El portavoz de VOX también acusa al alcalde de utilizar la presentación del proyecto con fines electorales, una valoración política que el Gobierno municipal no comparte. Román, por su parte, ha defendido públicamente la actuación y ha anunciado que las obras serán adjudicadas una vez finalice el estudio de las seis ofertas presentadas.
«Ahora Román debe solucionar esta papeleta y sin que cueste un solo céntimo de euro a los chiclaneros», concluye Vela.
Gonzalo García de Polavieja acusa a Sanz de «incapacidad» para ejecutar los acuerdos pactados en Sevilla.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de «incapacidad» para convertir en actuaciones concretas parte de los compromisos presupuestarios alcanzados entre PP y VOX y ha calificado de «frustrante» el documento remitido por el Gobierno municipal sobre su grado de cumplimiento.
García de Polavieja ha precisado que su grupo no atribuye al alcalde una voluntad deliberada de romper los acuerdos. Su crítica se centra, según ha explicado, en la capacidad de gestión del Ejecutivo local y en los retrasos que VOX aprecia en diferentes medidas.
«No creemos que el problema de José Luis Sanz sea que tenga intención de incumplir los acuerdos con VOX. El problema es que existe una evidente incapacidad para gestionar Sevilla y convertir los compromisos en realidades», ha afirmado.
VOX considera «frustrante» la respuesta del Gobierno municipal
Las críticas llegan después de que el Gobierno de Sanz remitiera a VOX información sobre el estado de los compromisos presupuestarios. Según la valoración realizada por el grupo municipal, diversas actuaciones continúan en fases de estudio, planificación o tramitación, mientras otras dependen de futuros contratos o procedimientos administrativos.
«Un Gobierno municipal tiene que ser capaz de pasar de los anuncios a los hechos. Estudiar, valorar o planificar puede ser un primer paso, pero no puede presentarse como si el compromiso estuviera cumplido», sostiene García de Polavieja.
El portavoz considera que la cuestión va más allá de la ejecución individual de cada medida y critica lo que define como una falta de «ilusión» y de proyecto para transformar la ciudad.
«Lo verdaderamente preocupante es comprobar que detrás de esos incumplimientos no hay una estrategia de transformación de Sevilla ni un proyecto de ciudad», ha manifestado.
Del soterramiento de la Ronda Norte a la incorporación de policías
La tensión por el cumplimiento del pacto se había hecho pública días antes. El 15 de septiembre, VOX dio al Gobierno municipal una semana para concretar un calendario de ejecución de los compromisos pendientes tras una reunión de seguimiento entre ambas partes.
Entre las actuaciones señaladas por VOX figuran el estudio para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, el proyecto de transporte fluvial, la modificación de la Zona de Bajas Emisiones, actuaciones de asfaltado y acerado, la Oficina Antiocupación y cambios relacionados con las viviendas de uso turístico.
La relación incluye también la incorporación de 250 policías locales, actuaciones contra la venta ambulante ilegal, los proyectos de los museos de la Semana Santa, Historia de Sevilla y Flamenco, cámaras de seguridad en el Huevo de Colón y un Plan de Prevención del Suicidio Juvenil.
VOX ya había solicitado en julio la convocatoria urgente del Comité de Seguimiento del acuerdo al considerar necesario revisar medida por medida qué compromisos se habían ejecutado y cuáles sufrían retrasos.
Los presupuestos de 2026 fueron aprobados con el acuerdo PP-VOX
El enfrentamiento se produce en torno a unos acuerdos que facilitaron la aprobación de las cuentas municipales para 2026. El presupuesto fue aprobado inicialmente por el Pleno el 23 de diciembre de 2025 y recibió su aprobación definitiva el 29 de enero de este año.
Las cuentas consolidadas ascienden a 1.380 millones de euros, según los datos publicados por el Ayuntamiento. Entre las medidas incorporadas se encuentra una nueva reducción del 1% del IBI y distintas partidas de inversión y servicios municipales.
La discrepancia actual no se centra, por tanto, en la existencia de los compromisos, sino en su grado de ejecución. La afirmación de que existe incumplimiento o incapacidad de gestión corresponde a la valoración política de VOX a partir del documento remitido por el Ejecutivo municipal.
García de Polavieja reclama pasar «de los anuncios a los hechos»
El portavoz de VOX sostiene que los compromisos presupuestarios deben traducirse en expedientes, dotación económica, contratación y ejecución material y rechaza considerar cumplidas actuaciones que permanezcan únicamente en etapas preparatorias.
«Los sevillanos no votaron para que las cosas se estudien indefinidamente. Quieren que se hagan. Quieren ver mejores servicios, mejores barrios, más limpieza, mejores infraestructuras y una ciudad que avance», ha defendido.
García de Polavieja ha insistido en que su formación no aprecia «ánimo de incumplir» por parte de Sanz, pero sí una falta de capacidad para materializar lo pactado.
El dirigente de VOX ha añadido además que los puntos que su grupo considere incumplidos pasarán a formar parte de sus prioridades políticas de cara al próximo ciclo municipal.
La presión sobre el Gobierno del PP se produce en un Ayuntamiento en el que Sanz necesita apoyos de otros grupos para sacar adelante determinadas votaciones, una circunstancia a la que García de Polavieja también se ha referido al reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Luis Manuel Pomares critica que el PP rechace una estación fija de ITV para Roquetas de Mar.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha criticado al Gobierno municipal del PP después de que rechazara la moción de la formación para reclamar a la Junta de Andalucía y a la empresa pública VEIASA la instalación de una estación fija de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el municipio.
El portavoz municipal de VOX, Luis Manuel Pomares, defendió la iniciativa durante el Pleno celebrado este jueves y argumentó que disponer de una estación propia evitaría desplazamientos a los conductores de Roquetas que actualmente utilizan las instalaciones de otros municipios.
«No tiene sentido que el Gobierno de Gabriel Amat rechace esta iniciativa cuando solamente busca un bien para los conductores de Roquetas de Mar», afirmó Pomares.
Los conductores tienen que acudir a Vícar
VOX pone el foco especialmente en la estación fija de Vícar, situada en la carretera Nacional 340, en el polígono industrial El Cosario. VEIASA incluye estas instalaciones entre sus estaciones fijas operativas y señala que cuentan con líneas para realizar las correspondientes inspecciones de vehículos.
Pomares sostiene que esta situación obliga a los vecinos de Roquetas a invertir más tiempo y combustible para realizar una inspección obligatoria y considera que las consecuencias son mayores para autónomos, transportistas y empresas que dependen diariamente de sus vehículos.
«Hablamos del segundo municipio más poblado de la provincia y, pese a eso, los vecinos tienen que desplazarse hasta Vícar para cumplir con un trámite que es obligatorio», señaló.
Roquetas mantiene efectivamente la segunda posición por población dentro de la provincia, únicamente por detrás de la capital. Los últimos datos anuales publicados por el INE situaban su población en 110.054 habitantes a comienzos de 2025, frente a los 90.617 de El Ejido. Además, el INE señaló que Roquetas estuvo entre las grandes ciudades españolas con mayor crecimiento relativo durante 2025.
VOX pedía realizar estudios técnicos y económicos
La moción no planteaba, según explica VOX, una ejecución inmediata de la estación, sino instar al Gobierno andaluz y a VEIASA a estudiar su viabilidad técnica y económica.
«Con esa moción lo único que pretendemos es mejorar el acceso a este trámite para los ciudadanos y acercarle el servicio a los roqueteros», explicó Pomares, quien defendió que la Junta evaluara las condiciones necesarias para poner en marcha unas instalaciones permanentes en la localidad.
La propuesta figuraba entre los asuntos previstos para el Pleno ordinario del 24 de septiembre. La prensa local había adelantado antes de la sesión que la posible instalación de una ITV en Roquetas sería uno de los temas sometidos a debate.
Pomares vincula la petición al crecimiento de Roquetas
VOX considera que el aumento de población experimentado por el municipio durante las últimas décadas debe ir acompañado de una ampliación de los servicios disponibles para sus habitantes.
El crecimiento demográfico de Roquetas está ampliamente documentado. Un informe municipal sobre el mapa estratégico de ruido describe una fuerte expansión de su población desde las últimas décadas del siglo XX y la sitúa como el segundo municipio con más habitantes de Almería.
El alcalde de Roquetas continúa siendo Gabriel Amat, del Partido Popular, según la información institucional del propio Ayuntamiento.
«Roquetas de Mar ha multiplicado su población en las últimas décadas y sus servicios tienen también que crecer con ella. No es razonable que una ciudad como la nuestra carezca de una estación fija de ITV», concluyó Pomares.
El portavoz de VOX sostiene que disponer de este servicio dentro del término municipal reduciría desplazamientos para particulares y profesionales y reclama que la Junta estudie la viabilidad de implantarlo.
Font lleva al Pleno de Huelva la situación de Santa Lucía, la Casita Blanca y el hospital.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva llevará este viernes al Pleno tres cuestiones relacionadas con la situación de las viviendas de Santa Lucía, el deterioro de la Casita Blanca y los problemas de aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.
Las tres preguntas de VOX figuran en el orden del día oficial del Pleno ordinario del 25 de septiembre: una sobre las bolsas de aparcamiento y accesos al hospital, otra sobre la situación de la Casita Blanca y una tercera sobre el estado actual del proceso de remodelación de las viviendas de la barriada de Santa Lucía.
El portavoz municipal de VOX, Wenceslao Font, preguntará al equipo de Gobierno por el futuro del programa de remodelación «Casa por Casa» y por las actuaciones previstas para las familias que todavía permanecen a la espera de una solución.
«Hay familias que llevan décadas esperando una solución. Queremos saber qué se va a hacer y qué plazos existen para culminar de una vez la remodelación de Santa Lucía», ha señalado Font.
Un programa de vivienda pendiente desde hace años
El programa «Casa por Casa» tiene un largo recorrido administrativo. En 2006, el Parlamento andaluz aprobó una iniciativa relacionada con la eliminación de infraviviendas en Santa Lucía, que posteriormente se desarrolló mediante acuerdos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.
Ya en 2007, el Pleno municipal reclamaba un calendario para la urbanización de Santa Lucía, la construcción de las viviendas, el realojo de los afectados y la demolición de las antiguas edificaciones.
La actuación ha protagonizado desde entonces distintos debates municipales. En 2019, el Ayuntamiento señalaba que aún quedaban viviendas por ejecutar y reclamaba a la Junta que culminara el programa.
VOX quiere ahora que el Gobierno municipal detalle cuál es la situación actual y qué calendario existe para las actuaciones que siguen pendientes.
La Casita Blanca vuelve al Pleno
La segunda cuestión que planteará el grupo municipal se refiere a la Casita Blanca, inmueble propiedad de la Universidad de Huelva y cedido al Ayuntamiento.
La Universidad cedió el edificio al Consistorio en 2002 por un periodo de cuarenta años. Posteriormente, en 2021, el Ayuntamiento formalizó su cesión a Feafes-Huelva para que la entidad pudiera rehabilitarlo y destinarlo, entre otros usos, a un centro terapéutico.
Sin embargo, el edificio continuaba sin uso y presentaba un importante deterioro en mayo de 2026, con cristales rotos, daños en la fachada, humedades y desperfectos interiores.
A comienzos de septiembre, los concejales de VOX Wenceslao Font y María López visitaron nuevamente el inmueble y denunciaron una nueva ocupación, suciedad y problemas de insalubridad.
«La Casita Blanca se está degradando delante de nuestros ojos. Hay que actuar ahora, antes de que termine en ruinas y recuperarla sea mucho más difícil y costoso», sostiene Font, que reclama un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad para determinar el futuro del edificio.
VOX pide más aparcamiento junto al Juan Ramón Jiménez
La tercera pregunta está relacionada con el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y las dificultades de estacionamiento que VOX asegura que sufren trabajadores, pacientes y familiares.
La formación ya planteó públicamente esta cuestión en agosto y propuso habilitar nuevas bolsas de aparcamiento, mejorar los accesos y la señalización y actuar ante la presencia de aparcacoches no autorizados en las inmediaciones del centro sanitario.
La pregunta incluida ahora en el orden del día del Pleno se refiere expresamente a la habilitación de «bolsas de aparcamiento permanentes» y a la mejora de los accesos y la señalización alrededor del hospital.
VOX plantea que el Ayuntamiento coordine posibles actuaciones con la Junta de Andalucía para incrementar las posibilidades de estacionamiento y mejorar la movilidad en el entorno hospitalario.
«Son tres problemas que afectan directamente a los onubenses y que necesitan soluciones. Las administraciones no pueden seguir dejando pasar el tiempo mientras los vecinos soportan las consecuencias», ha concluido Font.
Carmen Infantes reclama mejoras en el polígono de Las Palmeras tras recoger las quejas de empresarios.
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Infantes, ha reclamado al Gobierno municipal actuaciones de mantenimiento en el polígono industrial de Las Palmeras después de visitar la calle Algarrobo junto a empresarios y autónomos de la zona. Las demandas trasladadas se centran en la limpieza, la señalización, la iluminación, el asfaltado y la disponibilidad de contenedores.
Infantes recorrió esta parte del polígono para conocer las reclamaciones de quienes desarrollan allí su actividad. Según la información trasladada por VOX, algunos empresarios aseguran que tienen que ocuparse personalmente de la limpieza de los alrededores de sus naves ante lo que consideran una atención municipal insuficiente.
Problemas de circulación en la calle Algarrobo
Entre las principales reclamaciones figura la ordenación del tráfico. Los empresarios señalan que la calle Algarrobo dispone de circulación en ambos sentidos y permite al mismo tiempo el estacionamiento en sus dos márgenes.
Según explican, esta configuración reduce el espacio disponible y dificulta el paso de furgonetas, camiones y turismos, una circunstancia que puede provocar problemas cuando coinciden vehículos de mayores dimensiones.
Los afectados solicitan por ello una mejora de la señalización y una organización del tráfico que facilite tanto el acceso como la actividad cotidiana de las empresas instaladas en esta vía.
Reclaman iluminación y mejoras en el asfaltado
Las quejas recogidas por VOX incluyen también la escasez de farolas en esta parte del polígono y el estado del pavimento.
Infantes sostiene que la calle presenta «numerosos baches y agujeros» y advierte de que el deterioro puede aumentar con la llegada de las lluvias. La portavoz señala además que otras calles del polígono fueron asfaltadas meses atrás, mientras que Algarrobo quedó fuera de esas actuaciones.
«Hace unos meses se asfaltaron otras calles del polígono, mientras que la calle Algarrobo quedó fuera de estas actuaciones, pese a tratarse de una de las principales vías del recinto y de concentrar un elevado número de naves y negocios», afirma.
La presencia de actividad empresarial en esta calle puede comprobarse también en directorios comerciales que sitúan negocios y naves industriales en la calle Algarrobo del polígono de Las Palmeras.
Más contenedores para los negocios
Otra de las demandas trasladadas durante la visita es la instalación de más contenedores destinados al cartón.
Los empresarios consideran necesario disponer de una mayor dotación para gestionar los residuos generados por su actividad y evitar problemas de acumulación en una zona eminentemente industrial.
Las reclamaciones sobre el mantenimiento de Las Palmeras no son completamente nuevas. Ya en 2024 vecinos de esta zona trasladaron públicamente quejas por problemas de limpieza, mientras que Infantes reclamaba entonces al Ayuntamiento el cumplimiento de actuaciones aprobadas en esta materia.
Infantes pide priorizar las zonas industriales
Tras la visita, la portavoz municipal de VOX ha relacionado el estado del polígono con las condiciones en las que empresarios y autónomos desarrollan su actividad.
«No se puede hablar de impulsar la actividad económica mientras se mantiene en estas condiciones una de las principales zonas industriales de la ciudad», ha señalado.
Infantes sostiene que los autónomos y empresarios «generan empleo y riqueza en Sanlúcar» y reclama al Ayuntamiento que las áreas industriales formen parte de sus prioridades de mantenimiento.
«Las Palmeras debe recibir una atención acorde con la importancia que tiene para la economía de nuestra ciudad», concluye la portavoz de VOX, quien pide actuaciones sobre limpieza, iluminación, pavimentación, circulación y gestión de residuos en la calle Algarrobo.
Javier Navarro alerta de que el 40% del arroz sevillano de 2025 continúa sin vender.
El presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro, y el diputado provincial Rafael García Ortiz han visitado la Cooperativa de Arroceros del Bajo Guadalquivir coincidiendo con el comienzo de una nueva campaña marcada por una paradoja: las perspectivas productivas son favorables, pero una parte muy importante del arroz cosechado el año pasado continúa almacenada sin encontrar comprador.
La Federación de Arroceros de Sevilla cifraba en agosto en alrededor del 40% de la cosecha de 2025 el producto todavía pendiente de comercialización. Su director-gerente, Eduardo Vera, situaba entonces la superficie sembrada este año en 36.500 hectáreas y esperaba una producción similar a la del ejercicio anterior, en torno a 350.000 toneladas.
VOX ha aprovechado su encuentro con representantes del sector para reclamar medidas comerciales que permitan, a juicio de la formación, competir en condiciones más equilibradas con el arroz procedente de terceros países.
“Estamos a las puertas de una nueva cosecha y el gran problema es que las naves y almacenes siguen colapsados”, ha advertido Rafael García Ortiz.
Una cosecha prácticamente completa, pero con problemas para vender
Después de varias campañas condicionadas por la falta de agua, el escenario productivo ha cambiado considerablemente.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizó para 2026 una dotación de 6.000 metros cúbicos por hectárea, frente a los 5.500 del año anterior, en un contexto de recuperación de los embalses. Esa disponibilidad permitió al sector volver a sembrar prácticamente toda la superficie prevista.
El principal problema señalado ahora por los productores no está en el agua, sino en el mercado.
Eduardo Vera atribuyó en agosto parte de las dificultades de comercialización al aumento de la presencia de arroz procedente de Camboya y Myanmar, dos países beneficiarios del régimen europeo de preferencias comerciales para países menos desarrollados.
Rafael García Ortiz considera que la situación amenaza directamente la rentabilidad del cultivo.
“No piden subvenciones ni privilegios; piden algo tan básico como competir en igualdad de condiciones”, sostiene.
Sevilla concentra alrededor del 40% del arroz español
El peso económico del cultivo explica la preocupación.
La Federación de Arroceros sitúa en unas 36.500 hectáreas la superficie arrocera de la provincia y representantes del sector estiman que Sevilla aporta alrededor del 40% del arroz producido en España.
El arrozal del Bajo Guadalquivir mantiene además una estrecha relación con la actividad económica y ambiental de las marismas próximas a Doñana.
García Ortiz ha defendido durante la visita que el cultivo significa “calidad, empleo, riqueza” y desempeña también una función dentro del ecosistema de la zona.
El sector lleva meses pidiendo salvaguardas
Las peticiones planteadas por VOX coinciden en varios aspectos con reivindicaciones que la propia Federación de Arroceros y ASAJA Sevilla han trasladado este año a las instituciones europeas.
En julio, Eduardo Vera defendió en Bruselas mecanismos de salvaguardia más rápidos, controles sobre el origen del producto, mayores comprobaciones sobre residuos fitosanitarios y la aplicación de “cláusulas espejo” para aproximar las exigencias aplicadas a las importaciones a las que soportan los productores europeos.
La Federación sostiene que existen diferencias importantes entre los estándares laborales, ambientales, fitosanitarios y de trazabilidad exigidos dentro de la UE y los aplicables en determinados países productores. Esa es también la base de la denuncia política realizada ahora por VOX.
Esto no significa que el arroz importado entre en la Unión Europea “sin controles”: las importaciones están sujetas a la normativa aduanera y sanitaria comunitaria. El debate planteado por el sector se refiere fundamentalmente a si las condiciones de producción y los estándares exigidos en origen son equivalentes a los europeos.
Andalucía y la Comunitat Valenciana ya han pedido activar las salvaguardas
La presión institucional sobre esta cuestión ha aumentado durante septiembre.
Los gobiernos de Andalucía y la Comunitat Valenciana remitieron conjuntamente al Ministerio de Agricultura una petición para que España promueva ante Bruselas la activación inmediata de las salvaguardas disponibles frente al arroz procedente de Camboya y Myanmar.
El nuevo Reglamento europeo del Sistema de Preferencias Generalizadas incorpora además una salvaguarda automática específica para el arroz, pero comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. Si las importaciones de un país beneficiario superan determinados umbrales históricos, se podrán suspender las preferencias arancelarias y establecer cuotas.
Para 2027 se han calculado umbrales iniciales de 216.047 toneladas para Camboya y 171.862 para Myanmar.
El sector arrocero español considera que esperar hasta el próximo ejercicio puede prolongar las actuales dificultades y ha reclamado utilizar antes los instrumentos comerciales ya disponibles.
Navarro critica las políticas comerciales europeas
Javier Navarro ha responsabilizado políticamente a las directrices comerciales comunitarias de una parte importante de la situación.
“Que nuestros productores empiecen la siega sin haber podido dar salida a la producción anterior es la prueba evidente del fracaso de estas políticas”, ha afirmado.
El dirigente de VOX vincula el problema con la pérdida de soberanía alimentaria y reclama que la producción nacional tenga mayor protección frente a importaciones producidas bajo condiciones distintas.
La Comisión Europea, por su parte, sostiene que el sistema de preferencias persigue compatibilizar el acceso comercial de países en desarrollo con mecanismos capaces de proteger a los productores europeos cuando se produzcan perturbaciones graves en el mercado. Precisamente por ello, el nuevo régimen refuerza desde 2027 las salvaguardas específicas para el arroz.
El arroz almacenado marca el inicio de la campaña
El problema inmediato para el Bajo Guadalquivir será encontrar salida tanto al producto pendiente de 2025 como a la nueva cosecha.
El sector ya advertía en agosto de que aproximadamente cuatro de cada diez toneladas de la campaña anterior seguían sin vender, a pesar de afrontar en 2026 una de las mejores situaciones hídricas de los últimos años.
VOX anuncia que trasladará las reivindicaciones de los productores a las instituciones en las que tiene representación y centra sus demandas en tres puntos: cláusulas espejo, mayores controles sobre las importaciones y mecanismos de salvaguardia capaces de reaccionar con mayor rapidez ante alteraciones del mercado.
“Defender el arroz de Sevilla es defender el empleo, nuestro territorio y el futuro de Doñana”, concluye Rafael García Ortiz.